COSTA RICA.- Hace unos días se realizó un conversatorio sobre cuyo tema central giraba en torno al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El evento, que se realizó en las instalaciones de la Universidad Católica, contó con la participación del Dr. Eduardo Renato Vio Grossi, quien por segundo período consecutivo se encuentra designado como Juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Durante su intervención, aclaró de gran forma dudas relevantes sobre el papel que juega la Corte IDH en la defensa de los Derechos Humanos, y profundizó en la Opinión Consultiva que el Gobierno de Costa Rica envío para preguntar sobre el proceder en el tema del matrimonio gay.

El juez del controversial organismo internacional aclaró que “una opinión consultiva es eso, una opinión”, desmintiendo así las declaraciones dadas donde se aseguraba que la opinión era “un fallo de la Corte” que debía acatarse para evitar ser sancionados como ocurrió con el caso de la fecundación in vitro.

Además de lo anterior, aclaró que la opinión no es ni se convierte en obligatoria salvo que el poder ejecutivo deliberadamente así lo determine. También manifestó que en el documento afirma que una parte de la oposición al matrimonio gay viene “basada en convicciones religiosas o filosóficas” y “reconoce el importante rol que juegan dichas convicciones en la vida y en la dignidad de las personas que la profesan” pero que, pese a ser posiciones que son dignas de ser tomadas en cuenta, la Corte no pudo valorarlas porque “no pueden ser utilizadas como parámetro de convencionalidad puesto que la Corte estaría impedida de utilizarlos como una guía interpretativa para determinar los derechos de seres humanos”

Pese a que la Corte afirmó en la opinión que en las “sociedades democráticas debe existir coexistencia mutuamente pacífica entre lo secular y lo religioso” y que el rol del Gobierno de Costa Rica y de la Corte IDH es “reconocer la esfera en la cual cada uno de éstos habita, y en ningún caso forzar uno en la esfera de otro”, el gobierno costarricense comenzó diligentemente a estudiar el cambio de normas y reglamentos con una intensidad que en cuatro años nunca se le vio en nichos donde se ocupaba que reaccionara verdaderamente.

La intervención del Dr. Vio Grossi no sólo dejó claro un panorama que para el costarricense ha sido una nebulosa, sino que también deja al desnudo al gobierno, a medios de prensa y a unas cuantas ONG’s que mintieron descaradamente sobre la “obligación inminente” de acatar lo recomendado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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