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LIMA.- El sacerdote diocesano, Omar Sánchez, se pronunció sobre la eutanasia de Ana Estrada y advirtió que dicho caso habría transgredido la ley. Ello luego de que la activista accediera al mencionado procedimiento este domingo 21 de abril

Sostuvo que dicha intervención no solo va en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica, sino también en contra del Código Penal de nuestro país. Incluso, aseguró que dicha la vulnerada normativa está respaldada por la Constitución.

"Creo que se ha transgredido la ley, porque hay una ley muy clara en el Código Penal sobre este tema y unas leyes inferiores no pueden estar sobre una ley superior que, además, está respaldada por la Constitución", declaró para nuestro medio.

Si bien el sacerdote diocesano señaló que respeta la decisión de las personas, dejó en claro su rechazo hacia la eutanasia. De hecho, la calificó como un modo de suicidio.

En ese sentido, Omar Sánchez afirmó que, desde un punto de vista teológico, este tipo de procedimientos incurren en un pecado mortal, ya que uno decide quitarse la vida a sí mismo.

"No nos gusta enfrentar las palabras, queremos maquillarlo todo para que suene más bonito para que no nos golpee la conciencia. Eutanasia es un suicidio, una persona decide quitarse la vida. En la teoría, quien se suicida, comete un pecado mortal", agregó.

Del mismo modo, analizó el futuro de la eutanasia en nuestro país y expresó su preocupación por el uso que puede tener esta intervención en casos posteriores.

Ello debido a que considera que se está perdiendo el sentido de la vida y teme que menores de edad opten por este mismo proceso ante cuadros de depresión.

ARGENTINA.- La instrucción de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de imponer orden sobre la Argentina abarca todos los aspectos. Y, desde hace poco, esto también se trasladó a la forma de vestir de los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). A través de una normativa sancionada en febrero, se prohibió el uniforme no binario y la exhibición de tatuajes, entre otras cuestiones que intentan garantizar “respeto”, “seriedad” y, sobre todo, orden.

Se trata de la disposición N° 183/24 en la que se aprobó el “Reglamento Particular de Uniformes, Atributos, Distintivos y Condecoraciones del Personal de la PSA”, firmado por su director nacional, Alfredo Hernán Gallardo, para acatar los lineamientos del ministerio.

Esta normativa reemplaza y deja sin efecto la anterior: la disposición 437/21 que regía durante el mandato de la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en la gestión de Alberto Fernández. Aunque algunos aspectos sí se mantienen, serán “reglamentados”. Según advierten, significa una mejora porque “está todo normado”.

Sin embargo, existen cambios que sí marcan una diferencia. El más rotundo es la prohibición del uniforme no binario. Esto significa que el personal de seguridad femenino tiene su uniforme, mientras que el personal masculino tiene otro específico. Antes, se permitían ambas opciones para todos los efectivos y no existía control sobre ello. De este modo, quedaron establecidos distintos conjuntos para hombres y mujeres que son usados en las distintas tareas durante su función.

ARGENTINA.- El gobierno argentino ha anunciado el veto en toda la administración pública bajo el argumento de que «se ha utilizado como negocio de la política»

El gobierno presidido por Javier Milei ha anunciado un veto en toda la administración pública para la utilización del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género, bajo el argumento de que «se ha utilizado como negocio de la política», sólo unas horas después de que el Ministerio de Defensa también confirmase una medida similar.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, ha explicado que la medida implicará que las administraciones no podrán utilizar el lenguaje de género neutro o símbolos como el arroba (@) o la 'X'. También se evitará «la innecesaria inclusión del femenino», ha afirmado el portavoz de Javier Milei ante los medios.

«El lenguaje que contempla a todos los sectores es el que utilizamos en la lengua castellana, es el español«, ha justificado Adorni, que no ve necesario introducir nuevas »estructuras« para dar cabida a otras sensibilidades.

El ministro de Defensa, Luis Petri, había establecido también el lunes «la obligatoriedad del idioma castellano, conforme a las normas de la Real Academia Española (RAE)». «El objetivo es eliminar formas incorrectas del lenguaje que pueden generar una interpretación errónea de lo que se desee disponer, afectando la ejecución de órdenes y el desarrollo de las operaciones militares», indicó el ministerio en un comunicado publicado.

LIMA.- El Congreso de la República promulgó modificaciones a la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (Ley 28983) en lo que respecta al uso del lenguaje inclusivo en las entidades del sector público.

Estas constan en la ley 32003, publicada hoy en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma recién promulgada fue objeto de observación por parte del Poder Ejecutivo, pero el Parlamento Nacional insistió en su aprobación.

Modificación específica
Las modificaciones efectuadas se centran en el numeral 3 del artículo 4 de la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En dicha sección de la norma se dice ahora que “el uso de lenguaje inclusivo no implica el desdoblamiento del lenguaje para referirse a mujeres y hombres”.

Se precisa que el concepto de “desdoblamiento del lenguaje” consiste en “la mención por separado del género masculino y del género femenino”.

En tal sentido, se establece que no hay obligación de hacer dicha distinción “cuando exista un término genérico que ya incluya a ambos” géneros.


POLONIA.- Miles de polacos contrarios al aborto se manifestaron en Varsovia el domingo para protestar contra las recientes propuestas del nuevo Gobierno para liberalizar las estrictas leyes del país y permitir la interrupción del embarazo hasta la semana 12.

Muchos participantes en la marcha en el centro empujaban carritos de niños, mientras que otros portaban banderas nacionales blancas y rojas o carteles que representaban un feto en el útero.La Iglesia católica de Polonia pidió que el domingo fuera un día de oración “en defensa de la vida concebida” y apoyó la marcha, organizada por un movimiento de ciudadanos.

"Ante la promoción del aborto en los últimos meses, la marcha será una rara ocasión para mostrar nuestro apoyo a la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural", dijo en un comunicado una federación de movimientos contra el aborto.

Los manifestantes se referían al debate en curso sobre las medidas que está tomando el nuevo Gobierno del primer ministro Donald Tusk para relajar la estricta ley introducida por su predecesor conservador.

La semana pasada, el Parlamento de Polonia, dominado por la coalición gobernante liberal y partidaria de una plena integración en la Unión Europea, votó a favor de la continuidad del trabajo legislativo en torno a cuatro propuestas para levantar la casi prohibición de los abortos vigente bajo la normativa actual.

Se espera que el procedimiento, que podría tardar semanas o incluso meses, sea finalmente rechazado por el presidente conservador, Andrzej Duda, cuyo mandato se prolongará por un año más. El mes pasado, Duda vetó un proyecto de ley que habría permitido que la píldora del día después estuviera disponible sin receta a partir de los 15 años.

Polonia, un país de unos 38 millones de habitantes, está buscando maneras de aumentar la tasa de natalidad, que actualmente es de alrededor de 1,2 por mujer, una de las más bajas de la Unión Europea. La sociedad polaca está envejeciendo y menguándose, lo que el gobierno anterior endureció la ley del aborto.

Actualmente, los abortos solo están permitidos en casos de violación o incesto o si la vida o la salud de la mujer está en riesgo. Según el Ministerio de Salud, en 2022 se realizaron 161 abortos en hospitales polacos. Sin embargo, los defensores del aborto estiman que unas 120.000 mujeres en Polonia abortan cada año, en su mayoría obteniendo pastillas en secreto del extranjero.

Las mujeres que intentan abortar no son penalizadas, pero cualquiera que las ayude puede enfrentarse a penas de hasta tres años de prisión. Los defensores de los derechos reproductivos dicen que el resultado es que los médicos rechazan a las mujeres incluso en los casos permitidos por temor a las consecuencias legales para ellos mismos. 

Cuatro propuestas en trámite
Una de las cuatro propuestas que se tramitan en el Parlamento despenalizaría ayudar a una mujer a abortar. Otra, presentada por un partido cuyos líderes son abiertamente católicos, mantendría la prohibición en la mayoría de los casos, pero permitiría los abortos en casos de anomalías fetales, un derecho que fue eliminado por un fallo judicial de 2020. Las otras dos propuestas legislativas pretenden permitir el aborto hasta la semana 12.