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Ciudad de Panamá.- En el contexto legal panameño actual, el matrimonio entre personas del mismo género continúa prohibido, tanto en el ámbito legislativo como en el judicial.


Hasta la fecha, el Congreso de la República no ha aprobado ninguna ley que modifique la definición legal del matrimonio, y la Corte Suprema de Justicia tampoco ha emitido un fallo que lo reconozca o legalice.

La legislación panameña vigente establece claramente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, definición que se mantiene respaldada por el marco constitucional y legal del país. Diversas iniciativas y demandas presentadas en los últimos años no han prosperado en ninguna de las dos instancias del Estado.

Sectores ciudadanos, sociales y religiosos han expresado públicamente su apoyo a este marco legal, señalando la importancia de preservar la institución familiar conforme a lo que consideran su diseño original, un fundamento que, según ellos, contribuye a la estabilidad social y al bien común.

En este escenario, Panamá se suma a otros países de la región que mantienen su soberanía legislativa y judicial frente a presiones externas, reafirmando que cualquier cambio en una institución fundamental como el matrimonio debe ocurrir a través de cauces democráticos internos y de conformidad con su Constitución.

La discusión continúa siendo parte del debate público, pero la situación actual de la legislación panameña es clara: no existe reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo género, ni a través del Congreso ni por resolución de la Corte Suprema de Justicia.

Roma.– Diversos pronunciamientos recientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han generado interpretaciones erróneas sobre una supuesta obligación de Italia de legalizar el matrimonio homosexual.

Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, Italia no está obligada a modificar su legislación interna ni a redefinir la institución del matrimonio. El fallo del TJUE establece que los Estados miembros deben reconocer determinados efectos jurídicos de un matrimonio homosexual celebrado legalmente en otro país de la Unión Europea, únicamente para garantizar derechos vinculados a la libre circulación, como la residencia.

Esta exigencia no implica la legalización del matrimonio homosexual dentro del ordenamiento jurídico italiano.

Italia mantiene desde 2016 un régimen de uniones civiles, el cual reconoce ciertos derechos a parejas del mismo sexo, pero diferencia claramente esta figura del matrimonio, conforme a su marco constitucional y legal vigente.

La definición del matrimonio continúa siendo competencia exclusiva de cada Estado soberano, y ningún órgano de la Unión Europea puede imponer un cambio en esta materia sin vulnerar el principio de subsidiariedad y la identidad constitucional de los países miembros.

En consecuencia, cualquier afirmación que sugiera que Italia “acabará” o “deberá aprobar” el matrimonio homosexual como resultado de decisiones europeas carece de sustento jurídico. El reconocimiento de efectos limitados no equivale a una reforma estructural del derecho de familia italiano.

Italia conserva plenamente su potestad legislativa para definir el matrimonio, conforme a su tradición jurídica, su Constitución y la voluntad democrática de su población.

Canadá.- Un nuevo y preocupante episodio relacionado con la libertad de expresión y la libertad religiosa se ha registrado recientemente en Canadá. El pastor Derek Reimer, de la ciudad de Calgary (provincia de Alberta), fue arrestado tras negarse a acatar una orden judicial que le exigía disculparse públicamente por haber denunciado actividades de adoctrinamiento sexual dirigidas a menores, conocidas como "drag story time", llevadas a cabo en una biblioteca pública.


El caso se originó cuando el pastor Reimer cuestionó públicamente que este tipo de eventos, promovidos bajo el argumento de la "diversidad y la inclusión", tuvieran lugar en espacios públicos y estuvieran dirigidos a menores. Posteriormente, un tribunal dictaminó que se debía emitir una disculpa formal a un funcionario de la biblioteca; sin embargo, Reimer se negó, argumentando que dicha exigencia constituía una expresión forzada y violaba sus convicciones religiosas y su derecho a expresar una opinión crítica.

Como resultado de su negativa, el pastor fue arrestado, un hecho que ha generado una amplia reacción y debate tanto en Canadá como a nivel internacional. Diversas organizaciones, líderes cristianos y defensores de las libertades fundamentales han advertido que este caso podría sentar un precedente peligroso, ya que el Estado penaliza la expresión de una postura crítica basada en convicciones morales o religiosas.

Este suceso se suma a la creciente preocupación en varios países occidentales, donde padres y líderes sociales denuncian restricciones a la libertad de conciencia y la posibilidad de cuestionar las políticas públicas relacionadas con la ideología de género, especialmente cuando involucran a niños, niñas y adolescentes.

El llamado a respetar la libertad de expresión, la libertad religiosa y el derecho de los padres a proteger y educar a sus hijos, pilares fundamentales de toda sociedad democrática, ha sido reiterado desde diferentes sectores.

CANADA.- Diversos sectores religiosos, jurídicos y defensores de la libertad de expresión han manifestado su profunda preocupación ante una propuesta legislativa en Canadá que podría eliminar protecciones legales históricas para expresiones religiosas, incluyendo la cita de textos bíblicos, al ser potencialmente consideradas como “discurso de odio”.

La controversia surge a raíz de una iniciativa legislativa impulsada por el gobierno canadiense que busca modificar su legislación sobre delitos de odio, suprimiendo una defensa legal que hasta ahora protegía las expresiones realizadas de buena fe y basadas en creencias religiosas. De aprobarse, esta modificación abriría la posibilidad de que citas bíblicas tradicionales sean objeto de denuncias, procesos judiciales o sanciones, dependiendo de su interpretación por parte de las autoridades.

Líderes cristianos y organizaciones religiosas en Canadá han advertido que esta propuesta podría generar un efecto de censura, inhibiendo a pastores, sacerdotes, maestros y fieles de enseñar o expresar públicamente doctrinas centrales de su fe por temor a consecuencias legales. La Conferencia Canadiense de Obispos Católicos ha expresado formalmente su rechazo, señalando que la iniciativa pone en riesgo derechos fundamentales garantizados por la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.

Si bien el gobierno canadiense sostiene que la reforma no busca criminalizar la Biblia ni restringir la libertad religiosa, y que dichas libertades continúan protegidas constitucionalmente, críticos señalan que la eliminación explícita de la defensa religiosa crea un precedente peligroso, al dejar dichas expresiones sujetas a interpretaciones ideológicas o judiciales cambiantes.

Hasta el momento, no existe ningún caso en Canadá de personas condenadas por citar la Biblia. Sin embargo, la preocupación se centra en el escenario futuro que podría generarse si se debilitan las salvaguardas legales para la libertad de conciencia, religión y expresión.

Organizaciones defensoras de la familia y la libertad religiosa a nivel internacional observan con atención el desarrollo de este debate legislativo, advirtiendo que lo que hoy ocurre en Canadá podría sentar precedentes para otros países, incluyendo América Latina

Seúl,Corea.- Diversas encuestas nacionales y análisis sociales recientes confirman que la opinión pública en Corea del Sur continúa siendo mayoritariamente contraria a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, reflejando una posición social conservadora profundamente arraigada en la cultura, la tradición y los valores familiares del país.

A pesar de ciertos avances judiciales limitados —como el reconocimiento de algunos beneficios administrativos o de seguridad social para parejas del mismo sexo— el Estado surcoreano no reconoce legalmente el matrimonio homosexual ni las uniones civiles equivalentes, y no existe actualmente consenso social ni parlamentario para modificar la definición legal del matrimonio.

Estudios de opinión muestran que una mayoría significativa de la población considera que el matrimonio debe preservarse como la unión entre un hombre y una mujer, destacando su rol histórico en la estabilidad social, la crianza de los hijos y la continuidad cultural. 

Esta postura es especialmente fuerte entre sectores religiosos, comunitarios y ciudadanos de generaciones adultas, aunque también persiste en parte de la juventud. Asimismo, masivas movilizaciones ciudadanas registradas en los últimos años evidencian una activa participación social en defensa del modelo tradicional de familia, influyendo de manera directa en la agenda política y legislativa del país.

Analistas coinciden en que, si bien existe debate público y presión de organismos internacionales, Corea del Sur mantiene su soberanía jurídica y cultural frente a la imposición de modelos familiares ajenos a su realidad social. El matrimonio igualitario, por tanto, no forma parte de las prioridades legislativas inmediatas.

La situación de Corea del Sur se suma a la de otros países de Asia donde la legalización del matrimonio homosexual no cuenta con respaldo mayoritario, reafirmando que el debate continúa abierto a nivel global y que las decisiones en esta materia responden, principalmente, a la voluntad de los pueblos y no a presiones externas.