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COLOMBIA.- En una reciente entrevista, el titular del Ministerio de Igualdad de Colombia, Juan Carlos Florián, volvió a causar controversia tras pedir que le digan "ministra".

El nuevo titular del Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia, Juan Carlos Florián, pidió que lo llamen “ministra”.

Durante su presentación en el podcast ‘A pelo’, el controvertido funcionario de Gustavo Petro dijo que lo mencionen con el prenombre femenino.

“Yo me nombro en femenino, porque soy una persona y soy una marica (…) Yo no soy gay”, puntualizó.

Florián fue designado en el recientemente creado ministerio para promover la inclusión y diversidad tras la salida de Carlos Rosero.

El nombramiento del ministro generó controversia al conocerse su paso por la actuación en cine para adultos.

Por ende, en la entrevista, además de pedir que lo llamen “ministra”, Juan Carlos también destacó la importancia de una legislación que fiscalice los contratos de la industria.

“Las personas que hacen trabajo sexual y que son profesionales de la industria del sexo son personas que merecen tener las mismas garantías laborales que tiene cualquier persona de la clase trabajadora”, manifestó.

El titular del Ministerio de Igualdad también se refirió a su condición como portador del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Dio a conocer que fue víctima de discriminación, afirmando que incluso ahora siendo funcionario hay quienes intentan deslegitimarlo por su enfermedad.

“Yo siempre he hablado abiertamente que vivo con VIH desde hace 20 años, pero una cosa es que yo lo diga y otra es que lo usen”, lamentó.

Al término, Florián dejó en claro que su intención no es convertir el ministerio en una entidad que solo vele por las poblaciones Lgbtiq+.

Willax
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ESTADOS UNIDOS.- Harrison Tinsley, un padre californiano, logró obtener la custodia legal, y física total de su hijo Sawyer, de cuatro años, tras una intensa disputa con su ex pareja, quien, según afirma, intentaba criar al menor, como no binario.

Tinsley, inició el proceso legal en 2023, preocupado por el bienestar emocional, y psicológico de su hijo. Aunque inicialmente compartían la custodia, el padre comenzó a notar comportamientos, e imposiciones que, asegura, iban en contra de la identidad del pequeño.

Según relató al medio, The Daily Signal, la madre se había declarado no binaria, y pretendía que su hijo también, creciera bajo esa identidad, pese a que él expresaba con firmeza, que se identificaba como niño.

“Sawyer sabe que es un niño, le encanta ser un niño pequeño. Es inflexible al respecto”, declaró Tinsley. “Si le das un juguete femenino, te grita que no es una niña. Estoy extremadamente agradecido, de que tenga una voluntad fuerte”.

El caso incluyó situaciones, que alarmaron al padre, como cuando la madre habría obligado al niño, a usar un vestido en Disneyland, para permitirle subir a las atracciones. “Me dijo que quería usar zapatos de niño. Estaba triste y avergonzado”, contó.

Otro incidente ocurrió, cuando el menor le relató que su madre, lo amenazó con decirle a su padre, que usaba maquillaje, como forma de forzarlo a dormir. “Me dijo que no era cierto, que solo lo dijo para asustarlo. Fue muy triste de escuchar”, agregó Tinsley.

Tras llegar a un acuerdo, con su ex pareja, el padre ganó la custodia total, y describió el momento como un “milagro”. Ahora, dice estar comprometido a ayudar a otros padres, a “proteger a sus hijos”.
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ALEMANIA.- El ministro de Cultura de Alemania, Wolfram Weimer, decretó la prohibición del lenguaje neutral e inclusivo en todos los documentos, comunicaciones y discursos oficiales bajo su jurisdicción.

Desde ahora, no se podrán usar asteriscos, símbolos como “@” ni desdoblamientos de género para buscar neutralidad en el idioma, una medida que afecta a los 470 empleados de su área y busca expandirse a los 15 ministerios federales, medios públicos, escuelas e instituciones culturales.

Weimer instó a que todo se remita al alemán normativo tanto en textos escritos como en conversaciones internas y externas. Por ejemplo, los saludos oficiales volverán a fórmulas tradicionales como “Estimados señoras y señores”, siguiendo las guías del Consejo de Ortografía Alemana.

La iniciativa, apoyada desde la Cancillería alemana, pretende dejar fuera cualquier manipulación lingüística con fines ideológicos.

Aunque la medida enfrenta oposición de partidos y activistas, Weimer defendió que “el género forzado no refleja cómo habla la gran mayoría en nuestro país” y que “profundiza la división de la sociedad, cuando el lenguaje debe conectar, no separar”.

Él aseguró que, en privado, cada persona puede expresarse como desee, pero el lenguaje institucional debe salvaguardar la belleza y unidad del idioma.

La postura del ministro resalta su compromiso con la excelencia y preservación cultural: “Le preocupa la preservación de nuestra cultura lingüística en esta tierra de poetas y pensadores”. Para Weimer, las intervenciones deliberadas por temas de género “no solo son innecesarias, sino que dañan la belleza de nuestro lenguaje”.

Su carrera académica incluye estudios en Historia, Lengua y Literatura alemanas, además de Ciencias Políticas y Economía, y ha sobresalido como editor y defensor de la precisión idiomática. El canciller Friedrich Merz lo eligió como elemento independiente para dirigir la administración de la cultura nacional.

El debate sobre lenguaje inclusivo sigue abierto en Alemania, mientras instituciones, partidos y activistas evalúan el alcance real y social de la medida. La decisión marca un precedente para la relación entre la política, la cultura y la defensa del idioma.
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BOLIVIA.- Este domingo 17 Agosto se celebrará elecciones presidenciales en Bolivia y la posicion de los candidatos es tibia en contra el matrimoio homosexual como que han querido pronunciarse.

Según la encuesta realizada por la empresa IPSOS CIESMORI, quien lidera la intención de voto es Samuel Doria Medina (21,2%) seguido por Jorge Quiroga (20,0%). Le sigue la candidatura Rodrigo Paz (8,3%), en cuarto lugar, se encuentra el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa (7,7%) y Andrónico Rodríguez se ubica en quinto lugar con el 5.5% de la intención de votos. Las demás candidaturas no superan el 3% de intención electoral, requerido para conservar las siglas partidarias hacia adelante. Cabe resaltar que el voto blanco, nulo e indeciso suma un 33.1% superando largamente a las candidaturas en disputa.

Analizando las trayectorias y posicionamientos de los principales candidatos, resalta el desinterés de la agenda LGBTI+ por parte de los tres principales candidatos, todos del espectro conservador y de derechas. Como afirma Rodolfo Vargas, presidente del Colectivo TLGB de Bolivia, históricamente los partidos de este campo no presentan propuestas referidas a la diversidad sexual: “No tienen proyecto político con propuestas claras. Desde un enfoque de derechos humanos, los candidatos tienen obligaciones frente a los tratados internacionales ratificados, no sólo posturas voluntarias”. Por el contrario, se han cuidado de no tocar el tema y menos proponer medidas específicas, limitándose a generalidades sobre “no discriminación”.

En el caso de Samuel Doria Medina del partido Alianza Unidad, es uno de los pocos que se ha pronunciado públicamente sobre el tema. En el programa “DeGeneraciones” de un canal boliviano de streaming, el tiktoker Luis Fernando Sarabia, preguntó a Doria su opinión sobre la comunidad LGBTI+. Al respecto, el candidato respondió: “Soy respetuoso de las diferentes opciones sexuales, está claro que no tengo esa mentalidad del pasado que pensaban cosas absurdas”. Al ser consultado si estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario, respondió que no está en sus propuestas pues su aprobación requeriría cambios a la Constitución, aunque también señaló que de darse el caso “no se opondría”.

Desde la derecha más radical, el candidato de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga ha preferido evadir el tema sobre los supuestos derechos de la población LGBTI+. Sin embargo, en su programa de gobierno, manifiesta su interés en promover los derechos de “grupos históricamente marginados como mujeres, pueblos originarios, campesinos y personas de la diversidad sexual”. Más allá de esta anotación genérica, Quiroga se ha mostrado como defensor de “la familia y los valores tradicionales». El candidato de la fuerza Autonomía para Bolivia, Manfred Reyes Villa, ha evitado pronunciarse sobre el tema, pero circulan en redes sociales videos de la campaña de 2002 donde asegura que la homosexualidad era una “enfermedad” y afirmó que “el VIH/Sida se propagaba por esa orientación”. Ante esas declaraciones, su equipo de prensa manifestó que Reyes Villa ahora “respeta la diversidad”, afirmando que no discrimina a nadie.

Desde el campo progresista que de alguna manera se inscribe dentro del legado del gobierno plurinacional puede contarse a la Alianza Popular liderada por Andrónico Rodríguez quien ha mencionado en distintos documentos que se enfocará en combatir la discriminación de la población LGBTI+ “en conjunto con otros sectores”. También Eduardo del Castillo, quien participa como candidato de las siglas del MAS-IPSP, menciona generalidades como “empleo para grupos vulnerables». Ninguno detalla cómo implementará medidas de protección, reconocimiento o inclusión social para la comunidad LGBTI+.

En conclusion no existe un candidato firme en su decision politica de desterrar la agenda LGTBI del país.
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URUGUAY.- La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó el martes un proyecto de ley para permitir la eutanasia que, de ser avalada por el Senado, convertiría al país en la tercera nación de América Latina en autorizar la muerte asistida.

La iniciativa fue aprobada tras una larga sesión en el Parlamento en Montevideo que obtuvo 64 votos a favor y 29 en contra, cinco años después de que el país —de 3,5 millones de habitantes— empezara a debatir por primera vez la muerte asistida.

Tras el visto bueno de la cámara baja el proyecto deberá ahora ser discutido y votado por el Senado.

Además de casi la totalidad de la bancada oficialista, la propuesta recibió el respaldo de diputados de la oposición para alcanzar el mínimo necesario de 50 de los 99 votos posibles para su aprobación.

“La muerte forma parte de la vida y es necesario hablar de ello, por eso consideramos la eutanasia como un ejercicio de derecho”, dijo en su exposición el diputado del oficialista Frente Amplio, Luis Enrique Gallo, uno de los principales impulsores de la iniciativa. “Cada uno tiene el mismo derecho a elegir su muerte que elegir su vida”.

En América Latina, sólo dos países han permitido la eutanasia: Colombia —que cuenta con un extenso historial de normativas para la muerte digna— y Ecuador, cuyo Tribunal Supremo despenalizó recientemente la práctica en respuesta a la demanda de una mujer con una enfermedad terminal, aunque no se ha aplicado nunca.

Los pacientes que opten por el procedimiento deben ser mayores de edad, estar psíquicamente aptos y que “cursen la etapa terminal de una patología incurable e irreversible” o padezcan “sufrimientos que resulten insoportables”, añade el texto aprobado.

Asimismo, sólo podrán acceder a la eutanasia ciudadanos uruguayos o extranjeros que acrediten residencia fehaciente y los solicitantes deberán recibir el aval de al menos dos profesionales de la salud.

El proyecto de ley sobre muerte digna fue presentado por diputados del Frente Amplio a inicios de este año y en julio fue aprobado por la Comisión de Salud de la cámara baja. En 2022 una iniciativa similar naufragó tras quedar estancada en el Senado.

Si bien Uruguay cuenta desde 2013 con una reglamentación que permite que pacientes terminales se opongan a recibir tratamientos médicos que prolonguen su vida, la eutanasia y el suicidio asistido están prohibidos y se los considera un delito de “homicidio piadoso”, según el Código Penal.

El oficialismo confía que el proyecto en el Senado sea aprobado antes de fin de año ya que el oficialista Frente Amplio cuenta con la mayoría de los escaños en la cámara alta.

En el mundo, un reducido grupo de países permiten la muerte asistida, entre ellos Bélgica, Canadá, Países Bajos, España y algunas partes de Australia y Estados Unidos, entre otros.

En 2022, cuando el Parlamento uruguayo debatía el proyecto que naufragó, un 77% de los uruguayos se mostraron de acuerdo con la ley en determinadas circunstancias, según una encuesta del Portal de Análisis Político, Opinión Pública y Estudios Sociales Factum.
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