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Canadá.- Un nuevo y preocupante episodio relacionado con la libertad de expresión y la libertad religiosa se ha registrado recientemente en Canadá. El pastor Derek Reimer, de la ciudad de Calgary (provincia de Alberta), fue arrestado tras negarse a acatar una orden judicial que le exigía disculparse públicamente por haber denunciado actividades de adoctrinamiento sexual dirigidas a menores, conocidas como "drag story time", llevadas a cabo en una biblioteca pública.


El caso se originó cuando el pastor Reimer cuestionó públicamente que este tipo de eventos, promovidos bajo el argumento de la "diversidad y la inclusión", tuvieran lugar en espacios públicos y estuvieran dirigidos a menores. Posteriormente, un tribunal dictaminó que se debía emitir una disculpa formal a un funcionario de la biblioteca; sin embargo, Reimer se negó, argumentando que dicha exigencia constituía una expresión forzada y violaba sus convicciones religiosas y su derecho a expresar una opinión crítica.

Como resultado de su negativa, el pastor fue arrestado, un hecho que ha generado una amplia reacción y debate tanto en Canadá como a nivel internacional. Diversas organizaciones, líderes cristianos y defensores de las libertades fundamentales han advertido que este caso podría sentar un precedente peligroso, ya que el Estado penaliza la expresión de una postura crítica basada en convicciones morales o religiosas.

Este suceso se suma a la creciente preocupación en varios países occidentales, donde padres y líderes sociales denuncian restricciones a la libertad de conciencia y la posibilidad de cuestionar las políticas públicas relacionadas con la ideología de género, especialmente cuando involucran a niños, niñas y adolescentes.

El llamado a respetar la libertad de expresión, la libertad religiosa y el derecho de los padres a proteger y educar a sus hijos, pilares fundamentales de toda sociedad democrática, ha sido reiterado desde diferentes sectores.

CANADA.- Diversos sectores religiosos, jurídicos y defensores de la libertad de expresión han manifestado su profunda preocupación ante una propuesta legislativa en Canadá que podría eliminar protecciones legales históricas para expresiones religiosas, incluyendo la cita de textos bíblicos, al ser potencialmente consideradas como “discurso de odio”.

La controversia surge a raíz de una iniciativa legislativa impulsada por el gobierno canadiense que busca modificar su legislación sobre delitos de odio, suprimiendo una defensa legal que hasta ahora protegía las expresiones realizadas de buena fe y basadas en creencias religiosas. De aprobarse, esta modificación abriría la posibilidad de que citas bíblicas tradicionales sean objeto de denuncias, procesos judiciales o sanciones, dependiendo de su interpretación por parte de las autoridades.

Líderes cristianos y organizaciones religiosas en Canadá han advertido que esta propuesta podría generar un efecto de censura, inhibiendo a pastores, sacerdotes, maestros y fieles de enseñar o expresar públicamente doctrinas centrales de su fe por temor a consecuencias legales. La Conferencia Canadiense de Obispos Católicos ha expresado formalmente su rechazo, señalando que la iniciativa pone en riesgo derechos fundamentales garantizados por la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.

Si bien el gobierno canadiense sostiene que la reforma no busca criminalizar la Biblia ni restringir la libertad religiosa, y que dichas libertades continúan protegidas constitucionalmente, críticos señalan que la eliminación explícita de la defensa religiosa crea un precedente peligroso, al dejar dichas expresiones sujetas a interpretaciones ideológicas o judiciales cambiantes.

Hasta el momento, no existe ningún caso en Canadá de personas condenadas por citar la Biblia. Sin embargo, la preocupación se centra en el escenario futuro que podría generarse si se debilitan las salvaguardas legales para la libertad de conciencia, religión y expresión.

Organizaciones defensoras de la familia y la libertad religiosa a nivel internacional observan con atención el desarrollo de este debate legislativo, advirtiendo que lo que hoy ocurre en Canadá podría sentar precedentes para otros países, incluyendo América Latina

Seúl,Corea.- Diversas encuestas nacionales y análisis sociales recientes confirman que la opinión pública en Corea del Sur continúa siendo mayoritariamente contraria a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, reflejando una posición social conservadora profundamente arraigada en la cultura, la tradición y los valores familiares del país.

A pesar de ciertos avances judiciales limitados —como el reconocimiento de algunos beneficios administrativos o de seguridad social para parejas del mismo sexo— el Estado surcoreano no reconoce legalmente el matrimonio homosexual ni las uniones civiles equivalentes, y no existe actualmente consenso social ni parlamentario para modificar la definición legal del matrimonio.

Estudios de opinión muestran que una mayoría significativa de la población considera que el matrimonio debe preservarse como la unión entre un hombre y una mujer, destacando su rol histórico en la estabilidad social, la crianza de los hijos y la continuidad cultural. 

Esta postura es especialmente fuerte entre sectores religiosos, comunitarios y ciudadanos de generaciones adultas, aunque también persiste en parte de la juventud. Asimismo, masivas movilizaciones ciudadanas registradas en los últimos años evidencian una activa participación social en defensa del modelo tradicional de familia, influyendo de manera directa en la agenda política y legislativa del país.

Analistas coinciden en que, si bien existe debate público y presión de organismos internacionales, Corea del Sur mantiene su soberanía jurídica y cultural frente a la imposición de modelos familiares ajenos a su realidad social. El matrimonio igualitario, por tanto, no forma parte de las prioridades legislativas inmediatas.

La situación de Corea del Sur se suma a la de otros países de Asia donde la legalización del matrimonio homosexual no cuenta con respaldo mayoritario, reafirmando que el debate continúa abierto a nivel global y que las decisiones en esta materia responden, principalmente, a la voluntad de los pueblos y no a presiones externas.

Lima, Perú — La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, advirtió públicamente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido sentencias que se apartan del texto original del Pacto de San José, tratado que rige el sistema interamericano de derechos humanos.


En declaraciones a la prensa, Pacheco señaló que algunas interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —como la que sostiene que la vida humana solo comienza con la implantación del embrión— contradicen el contenido expreso de la Convención Americana, que reconoce el derecho a la vida desde la concepción.

La presidenta del TC precisó que los jueces peruanos no están obligados a aplicar sentencias internacionales que contengan errores jurídicos o que violen la Constitución y la propia Convención Americana, ya que esto afectaría la soberanía jurídica del país y el principio de supremacía constitucional.

Asimismo, aclaró que esta postura no implica desconocer el sistema interamericano, sino ejercer un control responsable de convencionalidad, que permite verificar si las sentencias internacionales realmente respetan los derechos humanos de conformidad con los tratados suscritos por el Perú.

Estas declaraciones reabren el debate sobre los límites de la Corte Interamericana, el respeto a la soberanía nacional y la necesidad de que los organismos internacionales no reinterpreten ideológicamente los tratados, especialmente en temas sensibles como la defensa de la vida, la familia y el orden constitucional. Diversos sectores han acogido con satisfacción esta postura, considerándola una firme defensa del Estado de Derecho y un llamado de atención ante decisiones internacionales que podrían exceder sus competencias.

LIMA.- En los últimos años, diversos medios internacionales han informado sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en más de 30 países. Sin embargo, presentar este fenómeno como un avance global indiscutible resulta impreciso y sesgado, ya que la mayoría de las naciones del mundo no reconocen esta figura legal ni la consideran parte de su ordenamiento jurídico.


Según información difundida por el periódico español ABC, el matrimonio homosexual se concentra principalmente en Europa Occidental y América, mientras que amplias regiones de África, Asia y Oriente Medio mantienen una postura contraria. Incluso dentro de la Unión Europea, persiste una profunda división, ya que varios Estados miembros no permiten esta figura, lo que confirma la ausencia de un verdadero consenso internacional.

En numerosos países donde se ha aprobado el matrimonio homosexual, la decisión no fue resultado de amplios procesos democráticos, sino de sentencias judiciales, reinterpretaciones constitucionales y presiones políticas externas que han modificado una institución histórica sin la debida deliberación social.

Resulta especialmente cuestionable el intento de presentar el matrimonio homosexual como un derecho humano universal, cuando ningún tratado internacional lo reconoce explícitamente.

Esta narrativa busca imponer una redefinición del matrimonio, desvinculándolo de su propósito social, jurídico y antropológico, y reduciéndolo a una mera construcción jurídica adaptable a criterios ideológicos.

En el caso del Perú, no existe reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo, y la Constitución protege el matrimonio y la familia según su concepción histórica y social.

Cualquier intento de imponer este modelo por vía judicial o administrativa representaría una violación del principio democrático y del respeto a la soberanía nacional.

El debate sobre el matrimonio no puede reducirse a la presión mediática ni a las tendencias internacionales, sino que debe abordarse con responsabilidad, respeto a la cultura jurídica del país y plena participación ciudadana.