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LIMA.- Ante las declaraciones del presidente interino José Jerí, quien afirmó estar “a favor de la unión civil para personas del mismo sexo”, diversas voces ciudadanas expresan su firme rechazo a esta postura que constituye un retroceso para la protección de la familia y un claro debilitamiento del marco civil que sustenta nuestra institucionalidad.

Una decisión que desdibuja la estructura jurídica de la familia

Respaldar la unión civil bajo el argumento de que “no es matrimonio” es una posición engañosa. La unión civil, aunque se presente como una figura alternativa, termina equiparándose en la práctica a un matrimonio, generando una vía indirecta para legalizar el matrimonio igualitario. Este mecanismo ya ha sido utilizado en varios países para forzar cambios que no pasaron por la aprobación ciudadana.

Un mensaje político que rompe con los valores mayoritarios del país

El anuncio de Jerí no representa una postura neutral o de diálogo: representa un alineamiento con agendas que no han sido mandatadas por la población, y que van en contra de la visión mayoritaria de los peruanos sobre la estructura natural de la familia, compuesta por un padre, una madre y sus hijos.

Un presidente de transición no debe imponer cambios estructurales

Como presidente interino, Jerí tiene la responsabilidad de mantener estabilidad y no intervenir en temas profundamente sensibles que requieren un debate nacional amplio y un Congreso con mandato pleno.

Respaldar la unión civil en este contexto es una imprudencia política y una falta de respeto al proceso democrático.

Se exige claridad y coherencia

Si bien Jerí intenta suavizar su postura diciendo que no apoyaría la adopción por parte de parejas del mismo sexo, respaldar la unión civil abre automáticamente el camino para exigir todos los derechos asociados al matrimonio, incluida la adopción. Pretender lo contrario es desconocer cómo operan los precedentes legales y las demandas posteriores. --- Conclusión La posición de José Jerí no es un gesto moderado ni equilibrado: es un paso directo hacia la redefinición de la familia y una señal preocupante de que su gobierno está dispuesto a ceder ante presiones ideológicas en lugar de defender los principios que sostienen a nuestra sociedad.

LIMA.- Amplios sectores ciudadanos expresan su respaldo a la recomendación preliminar de suspender por 30 días a la congresista Susel Paredes, luego de que se determinara su responsabilidad en permitir el uso inapropiado de los baños del Congreso por parte de personas transgénero durante un evento realizado en el Parlamento.

La medida es considerada necesaria para restablecer el respeto a las normas internas, garantizar la seguridad del recinto y proteger la privacidad de mujeres y menores que transitan por las instalaciones legislativas.

El uso de baños diferenciados en el Congreso responde a protocolos estrictos que buscan preservar la seguridad y tranquilidad de quienes trabajan y visitan el Parlamento. Las acciones atribuidas a la congresista Paredes generaron incomodidad entre periodistas, trabajadoras y personal del Congreso, motivo por el cual se inició la investigación correspondiente.

El informe técnico señala que los hechos habrían vulnerado el Código de Ética Parlamentaria y afectado la imagen institucional del Legislativo.

Este lunes la Comisión de Ética tomará una decisión

La Comisión de Ética se reunirá este lunes para votar y determinar si se aprueba o no la suspensión propuesta. La expectativa es alta, pues la decisión sentará un precedente en materia de responsabilidad parlamentaria y cumplimiento de normas dentro del recinto legislativo.

Diversos ciudadanos exhortan a la Comisión a actuar con firmeza y coherencia, señalando que la institucionalidad del Congreso debe ser protegida.

Llamado al respeto del reglamento

Se recuerda que todo congresista debe actuar conforme a los protocolos vigentes, especialmente cuando se trata de espacios sensibles destinados a la protección de la privacidad y seguridad de los peruanos.

La decisión de este lunes será determinante para reforzar el mensaje de que la ley y las normas internas deben cumplirse sin excepciones.

LIMA.- El Movimiento Nacional Pro Familia celebra la reciente decisión de eliminar el enfoque de género de las políticas educativas y reemplazarlo por un modelo educativo basado en criterios científicos, biológicos y éticos. Esta medida constituye un avance importante para restablecer el equilibrio en el sistema educativo, fortalecer el rol de los padres y proteger la integridad de los niños, niñas y adolescentes del país.


Durante años, el enfoque de género se convirtió en un instrumento de imposición ideológica en las escuelas, introduciendo conceptos contrarios a la evidencia científica y ajenos a la realidad cultural de millones de familias peruanas. Su implementación generó cuestionamientos, divisiones sociales y materiales educativos que no respetaban la cosmovisión ni los valores de la mayoría del país.

Contrariamente a los objetivos anunciados, el enfoque de género no logró reducir los índices de violencia ni mejorar la convivencia escolar. Por el contrario, generó confusión en los menores y debilitó el principio fundamental de que la educación moral corresponde primero a los padres, no al Estado ni a grupos de presión ideológicos.

La eliminación de este enfoque permitirá que el sistema educativo retome su verdadera misión: formar personas íntegras basadas en la ciencia, la ética, el respeto y los valores universales que sustentan a la familia. 

Asimismo, abre la puerta a políticas públicas más transparentes, equilibradas y sin sesgos que respondan a las verdaderas necesidades del país, como mejorar la calidad educativa, cerrar las brechas de aprendizaje y fortalecer la convivencia social.

El Movimiento Nacional Pro Familia reitera su compromiso con la defensa de la familia peruana, la protección de la infancia y el respeto irrestricto del derecho de los padres a decidir sobre la formación moral y educativa de sus hijos. Seguiremos vigilantes para que esta reforma se implemente con responsabilidad, sin contratiempos y con el foco puesto en el bienestar integral de las futuras generaciones.

AUSTRALIA.- Miles de ciudadanos, organizaciones provida, líderes cristianos y defensores de los derechos humanos se congregaron frente al Parlamento de Nueva Gales del Sur para exigir el fin del aborto selectivo por sexo, una práctica considerada por los manifestantes como una grave forma de discriminación y violencia contra la mujer por nacer.

El multitudinario encuentro —convocado por plataformas provida, movimientos cristianos y sectores civiles— tuvo como objetivo respaldar el proyecto de ley Abortion Law Reform (Sex Selection Prohibition) Amendment Bill 2025, iniciativa presentada por el legislador John Ruddick.

La propuesta busca prohibir explícitamente la interrupción voluntaria del embarazo basada en la preferencia por el sexo del bebé, una práctica vinculada al creciente sesgo en la proporción de nacimientos revelado por diversos estudios.

Durante la manifestación, los organizadores alertaron que los datos poblacionales muestran una preocupante tendencia que podría indicar la existencia de abortos selectivos de niñas dentro de ciertos sectores de la sociedad australiana. Asimismo, remarcaron que, a diferencia de otros países, Australia aún no cuenta con una legislación clara que sancione a quienes realicen o promuevan abortos con motivaciones de selección sexual.

Líderes provida,representantes de Family First, la Australian Christian Lobby y colectivos sociales se dirigieron a la multitud destacando que esta práctica constituye “la forma más extrema de violencia contra la mujer”, pues atenta contra la vida de la niña antes incluso de nacer. Los manifestantes portaron pancartas con mensajes en defensa de las niñas y demandaron al Parlamento tomar medidas urgentes para proteger a las futuras generaciones.

El ambiente se caracterizó por un espíritu pacífico, con presencia de familias, jóvenes, mujeres y comunidades religiosas que se unieron bajo un mismo lema: “Salvar a nuestras niñas”. Los asistentes insistieron en que el Gobierno debe actuar de inmediato para impedir que Australia se convierta en un país que tolere la eliminación de bebés por motivos de sexo.

La protesta frente al Parlamento concluyó con un llamado firme a los legisladores para aprobar la normativa propuesta, garantizando así una protección integral del derecho a la vida y la igualdad de todas las niñas por nacer.

ARGENTINA. - En un hecho sin precedentes en la región, el Gobierno de Argentina oficializó la prohibición de todos los tratamientos médicos destinados a la transición de género en menores de 18 años. La medida —que incluye bloqueadores hormonales, terapias de hormonización cruzada y cirugías— cuenta con el respaldo público y explícito de la Academia Nacional de Medicina, una de las instituciones científicas más antiguas e influyentes del país.

En un reciente comunicado, la Academia Nacional de Medicina afirmó que “no avala ni recomienda intervenciones de transición de género en niños y adolescentes”, sosteniendo que dichos procedimientos carecen de evidencia científica sólida, presentan riesgos irreversibles y podrían acarrear alteraciones físicas y psicológicas de largo plazo.

Asimismo, la entidad enfatizó que países como Finlandia, Suecia, Noruega y Reino Unido han restringido también estas prácticas debido a los efectos adversos observados en menores sometidos a hormonización.

La modificación del marco legal argentino —realizada mediante la reforma al artículo 11 de la Ley de Identidad de Género— establece que toda intervención médica de modificación corporal por motivos de identidad de género queda limitada exclusivamente a mayores de edad.

Para niños y adolescentes, solo se permitirán abordajes de acompañamiento psicológico, psiquiátrico y familiar, priorizando un enfoque integral y no invasivo.

La Academia argumentó que, en la etapa de desarrollo, las intervenciones hormonales “pueden alterar procesos biológicos fundamentales, comprometer la fertilidad y generar cambios permanentes en la salud mental y emocional”. Además, advirtió sobre un incremento de depresiones, arrepentimientos y trastornos posteriores documentados en distintos sistemas sanitarios del mundo. Organizaciones de profesionales de la salud han destacado que la medida busca resguardar el principio de interés superior del niño, protegiendo a los menores de decisiones irreversibles durante una etapa caracterizada por la maduración física, emocional y cognitiva. Con esta decisión, Argentina se convierte en uno de los pocos países de América Latina en establecer una política de restricción estricta sobre la hormonización y cirugías de transición en menores, reforzando un debate internacional cada vez más intenso sobre los límites éticos, médicos y legales de tales procedimientos.