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LIMA.- El Movimiento Nacional Pro Familia expresa su reconocimiento a la reciente decisión del Gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald J. Trump, de impulsar una iniciativa diplomática mediante la cual todas sus embajadas y consulados deberán incluir en sus informes anuales de derechos humanos información específica sobre las políticas de aborto en cada país.

La directriz, emitida por el Departamento de Estado, instruye a los servicios diplomáticos estadounidenses a registrar dos aspectos centrales:

1. Si el Estado anfitrión financia o promueve abortos y fármacos abortivos con recursos públicos.

2. El número estimado de abortos anuales realizados en dicho país, tanto en el sistema público como en la práctica privada.

Esta iniciativa constituye un precedente global de gran relevancia, pues establece —por primera vez desde una potencia mundial— que el aborto es reconocido formalmente como una vulneración a la dignidad humana y, por tanto, una violación a los derechos humanos fundamentales.

El impacto internacional de esta política

La medida ha generado un importante movimiento en el escenario diplomático, al colocar el tema del aborto como un indicador clave de la situación de derechos humanos en cada nación. Este enfoque podría influir en evaluaciones internacionales, cooperación bilateral, financiamiento externo, y en la forma en que los países reportan sus compromisos en materia de protección de derechos fundamentales.

Diversas organizaciones pro-vida en Estados Unidos, América Latina y Europa han celebrado esta política, interpretándola como un reconocimiento oficial al derecho a la vida desde la concepción. Señalan además que este paso fortalece la defensa internacional de los sectores más vulnerables: los niños por nacer.

Al mismo tiempo, la iniciativa desafía la narrativa promovida en foros globales donde el aborto suele ser presentado como un “derecho reproductivo”. La directiva estadounidense reubica el debate en su dimensión original: la protección de la vida humana.

Reacciones y expectativas en América Latina

En América Latina, región donde persiste una fuerte confrontación entre políticas pro-vida y agendas que buscan ampliar el aborto, esta decisión de Washington podría revitalizar las discusiones legislativas y sociales en favor de la vida.

Países que han resistido presiones internacionales para legalizar el aborto ven en esta iniciativa un respaldo diplomático que reconoce la soberanía de las naciones para proteger la vida. Para otras naciones donde el aborto ya se practica libremente o con financiamiento del Estado, la medida podría generar cuestionamientos internacionales sin precedentes.

El Movimiento Nacional Pro Familia considera que esta iniciativa norteamericana aporta una luz de referencia para gobiernos, congresos y organismos sociales que trabajan por el fortalecimiento de políticas que protejan tanto a la madre como al niño por nacer.

Una oportunidad para reorientar el debate global sobre derechos humanos

El anuncio del Gobierno de los Estados Unidos invita a la comunidad internacional a revisar con seriedad las bases éticas, jurídicas y antropológicas que sustentan la defensa de los derechos humanos.

El derecho a la vida —reconocido como el primero y más fundamental— constituye el pilar de todos los demás derechos. Sin él, ningún otro derecho puede ser ejercido. Por ello, esta iniciativa no debe interpretarse como una imposición ideológica, sino como un llamado global al respeto y a la protección del ser humano en toda etapa de su desarrollo.

Posición del Movimiento Nacional Pro Familia

El Movimiento Nacional Pro Familia saludó esta decisión que reafirma valores universales y recuerda que el compromiso con la vida no es una postura política, sino una convicción humanitaria.

Reiteramos añaden, nuestra disposición a continuar trabajando de manera articulada con familias, organizaciones civiles, iglesias, autoridades y ciudadanos que creen en una sociedad que protege a los más indefensos. Esta medida internacional sirve como impulso para seguir defendiendo:

El valor de la maternidad.

El cuidado integral de la mujer.

La dignidad del niño por nacer.

La responsabilidad del Estado de proteger la vida desde su inicio.

El Movimiento Pro Familia agregó en su nota de prensa que renueva su compromiso de ser una voz firme y coherente en favor de políticas públicas que restauren la dignidad humana y fortalezcan la institución familiar como núcleo de la sociedad.

PARAGUAY.- El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) informa con satisfacción que, mediante la Resolución N.º 1.803/25, se ha decidido suprimir el uso de la palabra "género" y conceptos asociados, como "enfoque de género", "perspectiva de género" o "igualdad de género", en todos los materiales educativos oficiales, tanto impresos como digitales. En su lugar, se priorizará un lenguaje claro, neutral y acorde con la visión tradicional de la familia, utilizando expresiones como "igualdad entre hombres y mujeres".


Motivos de la decisión:

Protección de los valores familiares tradicionales: El MEC reconoce que la escuela pública debe respetar y preservar los valores culturales y familiares que prevalecen en la sociedad paraguaya. Esta medida garantiza que la educación se ajuste al marco moral y ético que comparten la mayoría de las familias.

Neutralidad ideológica en la educación: Se considera que la inclusión de términos como "ideología de género" representa una imposición ideológica que podría generar conflictos con las convicciones religiosas, morales o culturales de muchas familias. Por lo tanto, el Estado reafirma su papel como garante de una educación laica y objetiva.

Claridad conceptual y pedagógica: 

El uso de un lenguaje binario tradicional (masculino/femenino) facilita la excelencia pedagógica, evitando confusiones terminológicas, ambigüedades o teorías que se perciben como controvertidas. Esta claridad beneficia tanto al alumnado como al profesorado.

Respeto a la diversidad de creencias de padres y tutores: 

La medida responde al derecho de los padres a que la educación de sus hijos respete sus convicciones; con este cambio, se protege su libertad de conciencia y su primacía frente al Estado en la educación de sus hijos.

Prevención del adoctrinamiento ideológico: 

El Estado asume su responsabilidad de evitar que las escuelas públicas se conviertan en espacios de difusión de discursos ideológicos que muchos consideran ajenos a la finalidad educativa tradicional.

¿Qué implica esto para la educación?

Se revisarán y actualizarán los textos escolares para eliminar la terminología vinculada a "género", "equidad de género", "perspectiva de género" o similares, sustituyéndola por expresiones como "igualdad entre hombres y mujeres".

Se reafirma la visión de la escuela como un espacio de formación académica y moral acorde con las creencias de la población mayoritaria, promoviendo un enfoque educativo basado en los valores familiares tradicionales.

El MEC invita a las familias, docentes y autoridades educativas a colaborar en la implementación de esta norma, como medida de respeto al pluralismo ideológico y cultural en Paraguay.

Con esta decisión, el Gobierno y el Ministerio buscan proteger la unidad moral, la neutralidad educativa y el respeto a las convicciones de la comunidad educativa, promoviendo una educación que refleje lo que consideran los valores fundamentales de la sociedad paraguaya.

GINEBRA.- El reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que obliga a todos los países miembros de la Unión Europea a reconocer como válidos los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en cualquier Estado miembro, representa una grave intromisión en la soberanía nacional y una redefinición radical del matrimonio.

1. Soslayamiento de la competencia nacional 

Si bien los propios jueces admiten que “la regulación del matrimonio es competencia de los Estados miembros”, el fallo obliga de facto a todos los países de la UE a aceptar matrimonios LGTB — aun cuando sus leyes internas no lo permitan. Esto equivale a una imposición supranacional que invalida la voluntad democrática de sociedades que han optado por un modelo tradicional de familia.

2. Vulneración de la identidad cultural y constitucional 

Muchos países de la UE reconocen explícitamente en su Constitución o en sus leyes que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, base del orden social, de la familia, maternidad, paternidad y educación. Obligar a reconocer matrimonios del mismo sexo contraría esa definición y podría debilitar el fundamento jurídico de sus sistemas. Por ejemplo, en el caso que originó la sentencia, Polonia alegaba su Constitución para denegar la inscripción de un matrimonio gay celebrado en otro Estado miembro.

3. Imposición de una ideología contraria a la protección de la familia natural 

Este fallo relanza la agenda LGTB como estándar obligatorio en la UE, promoviendo una visión del matrimonio y la familia que desconoce la complementariedad natural de los sexos. Desde la perspectiva de quienes defienden la familia tradicional —estructura fundada en la unión de un varón y una mujer, con posibilidad de procrear y educar a sus hijos dentro de un entorno estable—, reconocer matrimonios entre personas del mismo sexo como equivalentes al matrimonio natural implica normalizar un modelo que no responde al orden biológico ni social que históricamente ha sostenido la civilización.

4. Riesgo de homogeneización jurídica y presión internacional 

La decisión del TJUE sienta un precedente que puede ser utilizado para presionar a Estados miembros —y a terceros países que buscan integrarse a la cultura jurídica internacional— a adoptar leyes internas de “matrimonio igualitario”. Implica una homogeneización normativa que ignora las diferencias culturales, sociales y religiosas entre pueblos.

5. Impacto en los derechos de quienes defienden la familia natural 

Al imponer una definición ideológica del matrimonio, se limita la libertad de los pueblos y de sus autoridades para legislar conforme a sus convicciones morales, culturales o religiosas. Esto puede abrir paso a más demandas de “derechos” que reconfiguren la identidad cultural, familiar y social de una nación.

Conclusión:

La resolución del TJUE representa un paso peligroso hacia la construcción de una visión global de la familia que socava los fundamentos de la sociedad y subvierte el orden natural. El respeto a la soberanía de los Estados, el valor de la familia tradicional y la libertad normativa deben prevalecer. El hecho de que una institución supranacional imponga el reconocimiento generalizado de matrimonios LGTB no solo pone en riesgo la integridad de la institución matrimonial, sino también la capacidad de cada país de proteger y promover el modelo de familia que considera esencial para su futuro.

LIMA.- Ante las declaraciones del presidente interino José Jerí, quien afirmó estar “a favor de la unión civil para personas del mismo sexo”, diversas voces ciudadanas expresan su firme rechazo a esta postura que constituye un retroceso para la protección de la familia y un claro debilitamiento del marco civil que sustenta nuestra institucionalidad.

Una decisión que desdibuja la estructura jurídica de la familia

Respaldar la unión civil bajo el argumento de que “no es matrimonio” es una posición engañosa. La unión civil, aunque se presente como una figura alternativa, termina equiparándose en la práctica a un matrimonio, generando una vía indirecta para legalizar el matrimonio igualitario. Este mecanismo ya ha sido utilizado en varios países para forzar cambios que no pasaron por la aprobación ciudadana.

Un mensaje político que rompe con los valores mayoritarios del país

El anuncio de Jerí no representa una postura neutral o de diálogo: representa un alineamiento con agendas que no han sido mandatadas por la población, y que van en contra de la visión mayoritaria de los peruanos sobre la estructura natural de la familia, compuesta por un padre, una madre y sus hijos.

Un presidente de transición no debe imponer cambios estructurales

Como presidente interino, Jerí tiene la responsabilidad de mantener estabilidad y no intervenir en temas profundamente sensibles que requieren un debate nacional amplio y un Congreso con mandato pleno.

Respaldar la unión civil en este contexto es una imprudencia política y una falta de respeto al proceso democrático.

Se exige claridad y coherencia

Si bien Jerí intenta suavizar su postura diciendo que no apoyaría la adopción por parte de parejas del mismo sexo, respaldar la unión civil abre automáticamente el camino para exigir todos los derechos asociados al matrimonio, incluida la adopción. Pretender lo contrario es desconocer cómo operan los precedentes legales y las demandas posteriores. --- Conclusión La posición de José Jerí no es un gesto moderado ni equilibrado: es un paso directo hacia la redefinición de la familia y una señal preocupante de que su gobierno está dispuesto a ceder ante presiones ideológicas en lugar de defender los principios que sostienen a nuestra sociedad.

LIMA.- Amplios sectores ciudadanos expresan su respaldo a la recomendación preliminar de suspender por 30 días a la congresista Susel Paredes, luego de que se determinara su responsabilidad en permitir el uso inapropiado de los baños del Congreso por parte de personas transgénero durante un evento realizado en el Parlamento.

La medida es considerada necesaria para restablecer el respeto a las normas internas, garantizar la seguridad del recinto y proteger la privacidad de mujeres y menores que transitan por las instalaciones legislativas.

El uso de baños diferenciados en el Congreso responde a protocolos estrictos que buscan preservar la seguridad y tranquilidad de quienes trabajan y visitan el Parlamento. Las acciones atribuidas a la congresista Paredes generaron incomodidad entre periodistas, trabajadoras y personal del Congreso, motivo por el cual se inició la investigación correspondiente.

El informe técnico señala que los hechos habrían vulnerado el Código de Ética Parlamentaria y afectado la imagen institucional del Legislativo.

Este lunes la Comisión de Ética tomará una decisión

La Comisión de Ética se reunirá este lunes para votar y determinar si se aprueba o no la suspensión propuesta. La expectativa es alta, pues la decisión sentará un precedente en materia de responsabilidad parlamentaria y cumplimiento de normas dentro del recinto legislativo.

Diversos ciudadanos exhortan a la Comisión a actuar con firmeza y coherencia, señalando que la institucionalidad del Congreso debe ser protegida.

Llamado al respeto del reglamento

Se recuerda que todo congresista debe actuar conforme a los protocolos vigentes, especialmente cuando se trata de espacios sensibles destinados a la protección de la privacidad y seguridad de los peruanos.

La decisión de este lunes será determinante para reforzar el mensaje de que la ley y las normas internas deben cumplirse sin excepciones.