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LIMA.- El abogado José Enrique Jerí Oré, de 38 años, acaba de asumir la presidencia del Perú tras juramentar en una ceremonia marcada por la tensión política. La madrugada de este viernes 10 de octubre, recibió la banda presidencial de manos de Rospigliosi.


Miembro del partido Somos Perú, Jerí fue elegido presidente del Congreso para el período 2025-2026 y, antes de la vacancia presidencial de esta noche, asumió la jefatura del Estado según lo establecido por la Constitución. Su ascenso se produce en un momento de alta inestabilidad institucional, cuando el país enfrenta otra crisis política generada por la inseguridad ciudadana. El punto de quiebre para la vacancia de Dina Boluarte fue el atentado contra el grupo de cumbia Agua Marina.

Jerí Oré nació en Lima el 13 de noviembre de 1986. Inició su carrera política en Somos Perú, donde ocupó cargos orgánicos antes de postularse al Parlamento en las elecciones generales de 2021, obteniendo un escaño por Lima. Fue cómplice de Martín Vizcarra y ganó visibilidad como portavoz de su bancada.

También como miembro de la comisión de Justicia y DD.HH. votó a favor de las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

Movimiento Nacional Pro Familia alertó sobre su dedignación en sus redes sociales:

"Estaremos atentos a su gestión, no olvidemos que antes de ser Presidente del Congreso y miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, votó a favor de las uniones civiles entre personas del mismo sexo" #UnionCivilNO #EnDefensaDeLaFamilia #MNPF


Lo que realmente se debe pteocupar para dar solución será la lucha contra la inseguridad ciudadana y no sus conceptos ideológicos.UNION CIVIL: . Los próximos meses serán decisivos para determinar si José Enrique Jerí Oré logra consolidarse como una figura de consenso o se convierte en otro episodio de la inestabilidad que marca la política peruana.

MÉXICO.- Con 17 votos a favor y 14 en contra, el Congreso de Chihuahua aprobó una reforma que elimina el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas estatales. La enmienda al Artículo 8 de la Ley de Educación Estatal establece que el sistema educativo debe "promover el correcto uso de las normas gramaticales y ortográficas del español", una redacción que, según expertos, abre la puerta a la censura de expresiones en la normativa.


El impulsor de la iniciativa, el diputado panista Carlos Olson San Vicente, defendió la medida y argumentó que busca "preservar la correcta enseñanza del idioma" y evitar que las nuevas generaciones pierdan el dominio del español "ante modas digitales o formaciones lingüísticas fuera de las reglas del idioma", según un informe de Animal Político.

El PAN, el PRI y el PVEM apoyaron la reforma, mientras que Morena y el PT votaron en contra. Con esto, Chihuahua se convierte en el primer estado del país en prohibir el lenguaje inclusivo en las aulas, un precedente que podría extenderse a otras entidades, según El Financiero.

"Un triunfo del sentido común", dice el PAN; "una censura ideológica", responde la oposición. Tras la votación, Olson celebró en redes sociales con un mensaje que rápidamente se viralizó:

"¡Lo logramos! Chihuahua es el primer estado del país en prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas. No despertó más confusión: solo la verdad biológica de que hay niños y niñas, no niños".

El diputado insistió en que la medida "no limita la libertad de expresión", sino que "orienta al sistema educativo" para enseñar español de acuerdo con los estándares académicos. También señaló que se inspiró en ejemplos de Francia, Argentina y El Salvador, países que han implementado restricciones similares.

La iniciativa y la falta de apoyo educativo también cuestionaron la medida, tanto por parte de organizaciones civiles como académicas. Según La Verdad Juárez, el documento aprobado por los legisladores (que busca reforzar la ortografía) contiene errores gramaticales y ortográficos como "intrínseco", "perturbado" y "lingüístico".

La activista Romelia Hinojosa, de la Alianza para la Defensa del Estado Laico, consideró que la sentencia "carece de respaldo lingüístico o educativo" y que se trata de una acción "de mala fe" para complacer a un sector conservador.

La diputada Elizabeth Guzmán, del PT, advirtió que la prohibición viola los derechos lingüísticos reconocidos por la Constitución:

"La lengua pertenece a los hablantes, no a los partidos. Pretender legislar cómo hablamos es una forma de control".

Un giro conservador con faltas de ortografía incluidas. Aunque el PAN defendió la reforma como una medida "a favor de la educación científica y el sentido común", diversos analistas consideran que Chihuahua dio un paso hacia la derecha más conservadora, alineada con políticas similares en Argentina o El Salvador.

Paradójicamente, la exposición de motivos del dictamen, que pide "defender las reglas gramaticales", contiene varias faltas de ortografía, un detalle que para los críticos simboliza la contradicción central de la iniciativa.

"Si cuidaran vidas con el mismo empeño con el que defienden muros y palabras, tendríamos una realidad diferente", declaró el diputado Argüelles desde la tribuna.

La reforma entrará en vigor en las próximas semanas, una vez publicada en el Diario Oficial del Estado.

ESTADOS UNIDOS.- Un tribunal federal de Estados Unidos dictó que la fotógrafa cristiana Chelsey Nelson no puede ser forzada a trabajar en bodas de parejas del mismo sexo, protegiendo su libertad de expresión y creencias religiosas frente a las leyes antidiscriminación del estado de Kentucky.

Nelson, quien sostiene que el matrimonio es una unión sagrada entre un hombre y una mujer, desafió las disposiciones municipales de Louisville que prohíben negar servicios por orientación sexual o identidad de género.

La fotógrafa argumentó que dichas leyes vulneraban la libertad de expresión y de ejercicio religioso garantizada por la Primera Enmienda y por la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de Kentucky.

En 2022, la corte dictó que Louisville no podía hacer valer sus normas contra Nelson, aunque la ciudad apeló la decisión. Nelson también solicitó daños nominales, petición inicialmente rechazada.

El caso ganó nueva fuerza cuando la Corte Suprema falló en el caso 303 Creative v. Elenis, estableciendo que los estados no pueden “compeler expresión” en actividades protegidas por la Constitución, sentando precedente fundamental.

Esta decisión llevó a que el tribunal de apelaciones devolviera el caso a la corte de distrito, que ahora ha reafirmado el fallo a favor de Nelson y le ha concedido daños nominales por la violación de sus derechos constitucionales.

Alliance Defending Freedom, organización que representó a Nelson, celebró la resolución, subrayando que la compensación por daños protege libertades fundamentales y previene abuso gubernamental futuro.

El abogado Bryan Neihart declaró: “La libertad de expresión es de todos. El gobierno no puede obligar a ningún ciudadano a proclamar mensajes que contradigan sus convicciones”, siguiendo el principio ratificado por la Corte Suprema. Nelson insistió que “el gobierno no puede forzar a los norteamericanos a decir cosas en las que no creen”, añadiendo que la sentencia defiende a todos los artistas y profesionales de Louisville.

La corte destacó que la Primera Enmienda garantiza la libertad de decidir qué expresar, principio esencial que refuerza la protección a otros creadores de contenido en situaciones similares. Los defensores de los derechos religiosos celebran que la decisión establece límites claros a la intervención del gobierno en la libertad de conciencia y creatividad de los ciudadanos.

Las convicciones del corazón deben expresarse sin temor ni coacción, por eso la defensa de la libertad religiosa en la esfera pública es vital para vivir la fe con integridad y servir al prójimo con autenticidad.

Este fallo judicial marca un precedente clave para los profesionales cristianos en EE.UU, garantizando que derechos constitucionales como la libertad de expresión y religión sean respetados y protegidos activamente.

ESTADOS UNIDOS.- La orden surge tras un informe reciente que reveló que los hombres que se identifican como transgénero han ganado más de 1900 medallas de oro en competiciones deportivas femeninas.


"Los maestros y el personal escolar deben usar las medallas de oro para sus hijos mientras estén en la escuela", o si el menor puede participar en "cualquier programa de consejería o transición social en la escuela que promueva un género diferente al sexo de su hijo".

La reciente orden de Youngkin surge tras un informe publicado en julio por Concerned Women for America, que destacó el efecto de la competencia masculina en deportes femeninos.

El grupo determinó que, desde mediados de la década de 1980, las mujeres habían perdido más de 1900 medallas de oro, junto con cientos de miles de dólares en premios, a manos de hombres transgénero

. "La ideología transgénero", declaró Penny Nance, directora ejecutiva de la organización, a The Epoch Times en agosto.

"Esto solo se refiere a las medallas de oro; no abordamos todos los trofeos, los récords, las becas y las múltiples maneras en que las mujeres han sido perjudicadas".

LIMA.- La Comisión de Mujer y Familia del Congreso aprueba dictamen que propone nueva ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

La Comisión de Mujer y Familia del Congreso aprobó, con nueve votos a favor y uno en contra, el dictamen del Proyecto de Ley 8731/2024-CR, presentado por la bancada de Renovación Popular a iniciativa de la congresista Milagros Jáuregui.

La propuesta plantea una nueva Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, modificando la denominación de “igualdad de género” por “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”.

El proyecto busca aplicar este principio de igualdad exclusivamente a mujeres y hombres, en línea con la intención original de la Ley 28983 de 2007. Además, reemplaza el “enfoque transversal de género” por el “enfoque transversal de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” en todas las instituciones públicas.

La iniciativa también dispone que jueces y fiscales reciban capacitaciones en este nuevo enfoque, las cuales no podrán ser impartidas por ONG que mantengan litigios contra el Estado peruano en instancias nacionales o internacionales.

Otro cambio relevante es la sustitución del término “educación sexual integral” por “educación sexual científica, biológica, ética y con valores”, destacando el derecho de los padres a participar en la formación de sus hijos.

Según la congresista Jáuregui, la medida busca retomar el espíritu original de la ley aprobada en 2007 y “restablecer la sensatez” en el marco jurídico nacional. El dictamen pasará ahora al Pleno del Congreso para su debate y eventual aprobación.