TENDENCIA


San José, Costa Rica. — Tras su reciente victoria electoral, la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, ha reiterado en diversas ocasiones su firme compromiso con la defensa de la vida y la familia, valores que marcaron su discurso durante la campaña y que continúa reafirmando luego de ser elegida.

Durante el proceso electoral, Fernández fue clara al señalar que su proyecto político se sustenta en principios fundamentales que, según expresó, “han formado a Costa Rica como nación”, entre ellos la protección de la vida humana, el fortalecimiento de la familia y el respeto a los valores morales que sostienen el tejido social.

En encuentros con ciudadanos, líderes sociales y religiosos, la hoy presidenta electa manifestó que la familia constituye la base del desarrollo humano y social, y que el Estado debe promover políticas públicas que la fortalezcan, especialmente en contextos de vulnerabilidad, educación y seguridad. Tras confirmarse su triunfo en las urnas, Laura Fernández volvió a subrayar esta línea de pensamiento en sus primeras intervenciones públicas, señalando que su gobierno trabajará por un país donde la vida sea respetada, la familia protegida y la dignidad humana colocada en el centro de las decisiones políticas.

“Costa Rica necesita recuperar el valor de la vida y el rol fundamental de la familia como núcleo de la sociedad”, expresó en una de sus declaraciones posteriores a la elección, reafirmando así una postura coherente con los mensajes sostenidos a lo largo de su trayectoria política.

Diversos sectores han destacado que esta posición representa un giro hacia una agenda de valores, en un contexto regional donde el debate sobre políticas de familia, educación y derechos fundamentales ocupa un lugar central en la discusión pública.

Con su elección, Laura Fernández se convierte en una figura clave en el escenario político centroamericano, generando expectativa sobre cómo estos principios se traducirán en acciones concretas de gobierno a partir de su próxima toma de posesión.

Massachusetts, EE. UU. — Un juez federal emitió un fallo histórico a favor de un padre cristiano que denunció la exposición de su hijo de cinco años a material educativo con contenido LGBT en una escuela pública del estado de Massachusetts, sin previo consentimiento ni notificación a los padres.


El caso comenzó cuando el padre expresó su preocupación al descubrir que su hijo participaba en actividades y lecturas que, según él, contradecían directamente las convicciones morales y religiosas que se enseñaban en su hogar. De manera respetuosa, solicitó a la institución educativa que se le informara previamente y que se le diera la posibilidad de excluir a su hijo de dicho material.

Sin embargo, la escuela rechazó su solicitud y continuó exponiendo al niño a dichos contenidos.

Ante esta situación, el padre, con el apoyo de organizaciones legales cristianas, presentó una demanda contra el distrito escolar, alegando la violación de sus derechos constitucionales y la libertad religiosa, protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Tras evaluar el caso, el tribunal federal falló a favor del padre, determinando que obligar a un menor a participar en actividades contrarias a las creencias religiosas de su familia, sin el consentimiento de sus padres, constituye una violación de los derechos fundamentales. El juez reconoció expresamente el papel primordial de los padres en la formación moral y religiosa de sus hijos.

La organización Liberty Counsel celebró la decisión judicial, señalando que el fallo reafirma un principio esencial en una sociedad libre: el derecho de los padres a guiar la educación y la formación integral de sus hijos según sus convicciones, sin imposiciones ideológicas del Estado.

Diversos sectores consideran que este fallo sienta un precedente relevante en el debate sobre educación, libertad religiosa y derechos parentales, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional.

BRASIL.- El teólogo y pastor presbiteriano Caio Modesto fue citado por la Policía Federal de Brasil tras expresar públicamente, a través de un video en redes sociales, su convicción doctrinal de que el matrimonio, según la enseñanza bíblica cristiana, es la unión entre un hombre y una mujer.


La citación se produjo tras una denuncia que acusaba al teólogo de presuntos delitos de homofobia, a pesar de que sus declaraciones se realizaron en un contexto estrictamente religioso y doctrinal, sin incitaciones a la violencia ni expresiones de odio contra ninguna persona o grupo.

Modesto señaló que sus declaraciones se enmarcan en el derecho a la libertad religiosa y de expresión, reconocido tanto en la Constitución brasileña como en los tratados internacionales de derechos humanos. Asimismo, aclaró que su postura no busca discriminar, sino exponer una enseñanza histórica del cristianismo basada en la Biblia.

El caso ha generado una amplia reacción en sectores cristianos, líderes religiosos y defensores de las libertades fundamentales, quienes advierten sobre un posible uso del aparato estatal para criminalizar las creencias religiosas. Miles de creyentes han expresado su apoyo al teólogo y han llamado a la oración y a la defensa pacífica de la fe.

Organizaciones y juristas han señalado que este episodio reabre el debate sobre los límites entre la legislación antidiscriminatoria y la protección de la libertad de conciencia, especialmente en sociedades democráticas y pluralistas. El proceso se encuentra en una etapa preliminar, mientras crece la preocupación por el precedente que podría sentar para pastores, sacerdotes y líderes religiosos que expresan públicamente las enseñanzas de su fe.

MÉXICO.- Diversas organizaciones civiles de la región han expresado su profunda preocupación ante las recientes decisiones y pronunciamientos judiciales en México que podrían dar pie a la imposición del llamado "lenguaje inclusivo" en el ámbito educativo, sin el consentimiento de los padres.


Según información difundida por plataformas ciudadanas, sectores del poder judicial estarían cuestionando las disposiciones adoptadas por las autoridades locales que buscan preservar el uso del español conforme a sus reglas gramaticales tradicionales en las instituciones educativas. Esta situación ha generado un amplio debate público sobre los límites del Estado en materia educativa y el respeto al derecho preferente de los padres a decidir sobre la formación moral y lingüística de sus hijos.

Especialistas en educación y lingüística recuerdan que el llamado lenguaje inclusivo no forma parte del español estándar, como ha señalado reiteradamente la Real Academia Española, y que su introducción obligatoria en las aulas podría causar confusión en el proceso de aprendizaje, especialmente en niños y adolescentes.

Asimismo, organizaciones pro familia advierten que ninguna autoridad judicial o administrativa debe imponer enfoques ideológicos en la educación sin un amplio debate democrático y sin considerar la opinión de las familias, principales responsables de la educación de sus hijos.

"Este no es solo un debate lingüístico, sino un debate sobre libertades fundamentales. Defender la lengua y el derecho de los padres no es discriminar, es proteger la educación y el desarrollo integral de los menores", declararon portavoces de la sociedad civil.

Finalmente, se hizo un llamado a las autoridades de la región para que respeten el principio de neutralidad ideológica en la educación, garanticen la participación de los padres en las decisiones educativas y eviten imponer agendas que no cuenten con consenso social.

FRANCIA. — Un nuevo caso ocurrido en Francia ha reavivado el debate internacional sobre los límites entre la ética médica, la competencia profesional y las exigencias ideológicas en el sistema de salud.

El ginecólogo Victor Acharian, con consulta en la ciudad de Pau, fue sancionado por el Conseil de l’Ordre des Médecins de Nueva Aquitania con seis meses de suspensión, de los cuales cinco quedaron en suspenso y uno efectivo, tras negarse a atender a una persona transgénero.

El médico argumentó que su negativa no obedecía a discriminación, sino a que no cuenta con la formación ni la competencia médica para atender a pacientes biológicamente masculinos, ya que su práctica profesional está dirigida exclusivamente a mujeres biológicas. Sin embargo, una reseña publicada en Google por el entorno del paciente y la posterior respuesta del doctor —que se viralizó en redes sociales— desencadenaron una fuerte reacción mediática y la intervención del organismo regulador.

Diversas asociaciones de derechos humanos calificaron el hecho como un acto de discriminación hacia personas trans, mientras que otros sectores advierten que la sanción impuesta sienta un precedente preocupante, al castigar a un profesional de la salud por actuar conforme a su criterio médico y a los límites de su especialidad.

Especialistas y analistas señalan que este caso pone en tensión principios fundamentales:

La libertad de conciencia y de ejercicio profesional del médico 
La seguridad del paciente y la correcta praxis médica 
El riesgo de que la ideología se imponga sobre la ciencia y la biología en el ámbito sanitario.

El debate ya no se limita a Francia, sino que se proyecta a nivel internacional, especialmente en países donde se discuten leyes sobre identidad de género, objeción de conciencia y responsabilidades éticas del personal de salud.

Este caso plantea una pregunta central para las democracias modernas: ¿Debe un médico ser sancionado por negarse a ejercer fuera de su competencia profesional?