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LIMA.- María Teresa Benito Orihuela, según ella busca acceder a una "muerte digna" y que desde febrero cuenta con un fallo del Poder Judicial que reconoce ese "derecho". Pero Essalud, a través de los médicos del área de Cuidados Intermedios del hospital Edgardo Rebagliati, aún no designa al profesional que se encargará de cumplir el mandato judicial que consiste, previo acuerdo con sus hijos, en apagar los equipos que la mantienen respirando.

El plazo dado por la jueza Jacqueline Tarrillo Meneses, del Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia, venció hace una semana y la respuesta del Seguro Social es que no hay médicos dispuestos, pues todos, 12 en total, manifiestan tener objeción de conciencia por razones religiosas.

Para la abogada de María Benito, Josefina Miró Quesada, la respuesta de los médicos de Essalud es insólita, pues en este caso, a diferencia del juicio ganado por Ana Estrada, no se requiere de un protocolo para cumplir la decisión judicial ni tampoco hay posibilidad de una responsabilidad penal en el profesional que acepte llevar a cabo el procedimiento.

“Así lo señala la propia jueza en el fallo dictado a inicios de febrero; es decir, hace más de dos meses. Y tampoco va contra el código de ética de los médicos ni la Ley de Libertad Religiosa”.

La abogada advierte que esta actitud dilatoria de Essalud inició a los pocos días de presentado el fallo en favor de María Benito, pues al inicio alegaban que no habían sido notificados y luego argumentaron que necesitaban de una orden expresa.

Esa situación, precisamente, se concretó y en ella la jueza Tarrillo conminó al Seguro Social a cumplir el fallo, o de lo contrario daría cuenta al Ministerio Público para que identifique a los responsables de la demora y sean sancionados.

Pues bien, Essalud respondió hace unos días a la nueva invocación de la magistrada. Y cuando todos esperaban que esta vez acaten el fallo, respondieron: “En el área de Cuidados Intermedios no hay médicos no objetores”.

Asimismo, señalan que están consultando con profesionales de otras especialidades a ver si alguno está dispuesto a cumplir el fallo. Y no solo eso, sugieren a la jueza cambiar su fallo y ordenar que un particular desconecte a María.


ESTADOS UNIDOS.- Tras la decisión de la Corte Suprema de Arizona que prohíbe los abortos, se ha transformado en uno de los temas centrales de las elecciones de noviembre.

De esta forma, Arizona se convierte en uno de los varios estados en donde el aborto podría estar en la boleta electoral este año.

De hecho, Joe Biden lanzó una campaña en la que dice: “Tu cuerpo y tus decisiones te pertenecen a ti, no al gobierno, ni a Donald Trump. Lucharé duro para recuperar tu libertad".

La vicepresidenta Kamala Harris fue a Arizona el viernes, donde destacó la dedicación de los demócratas a preservar el derecho al aborto y culpó a Trump del 'caos' sobre salud reproductiva que hay en EEUU.

“Así es como se ve un segundo mandato de Trump: más prohibiciones, más sufrimiento y menos libertad”, dijo Harris a una multitud en un centro comunitario de Tucson. "Al igual que lo hizo en Arizona, básicamente quiere llevar a Estados Unidos al siglo XIX".

En todo el país, se han intensificado los esfuerzos para plantear cuestiones sobre el derecho al aborto a los votantes desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe vs. Wade y eliminó el amparo federal al aborto en el país. 

Desde esa decisión de 2022, la mayoría de los estados controlados por los republicanos han puesto en marcha nuevas restricciones al aborto, incluidos 14 que lo prohíben en todas las etapas del embarazo. 

Por otra parte, la mayoría de los estados dominados por los demócratas tienen leyes u órdenes ejecutivas para proteger el acceso al procedimiento. Además, los votantes de siete estados (California, Kansas, Kentucky, Michigan, Montana, Ohio y Vermont) se pusieron del lado de los partidarios del derecho al aborto a través de medidas electorales.


LIMA.- El Pleno del Congreso aprobó insistir en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que propone incorporar y promover el uso de lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones escritas y documentos que se elaboren en todas las instancias y niveles de gobierno.

La autógrafa recaído en el dictamen del Proyecto de Ley 3464(2022-CR, modifica el artículo 4, numeral 3, de la Ley 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

La votación tuvo el resultado de 73 a favor, 11 en contra y 17 abstenciones. La aprobación de la insistencia no requiere de segunda votación.

La insistencia indica que el uso de lenguaje inclusivo no implica el desdoblamiento del lenguaje para referirse a mujeres y hombres. Se entiende como desdoblamiento del lenguaje la mención por separado del género masculino y del género femenino en el mensaje cuando exista un término genérico que ya incluya a ambos.

En sus disposiciones complementarias finales, señala que el lenguaje oral o el lenguaje escrito en el ámbito del sector público, referidas a personas y titulares de funciones y responsabilidades en el Estado, no hacen discriminación alguna entre mujeres y hombres, en concordancia con lo establecido en el numeral 3 del artículo 4 de la Ley 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, modificado por la presente ley.

El congresista José Balcázar Zelada (PB), presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, dijo que las observaciones del Poder Ejecutivo no tienen sentido y que no existe ninguna violación constitucional.

“Lo que hacemos con este proyecto es reconocer que en el sector público haya un lenguaje inclusivo”, señaló.

La congresista María Jáuregui de Aguayo (RP), autora del proyecto, señaló que su propuesta nace de una alternativa de solución a esta tendencia de usar más el lenguaje inclusivo.

“Presidente y colegas les pido que protejamos, niños, jóvenes, adolescentes para que ellos puedan avanzar en toda la parte académica estableciendo un lenguaje inclusivo”, dijo.


REPÚBLICA CHECA.- La futura madre acudió al hospital universitario Bulovka en Praga el 25 de marzo, donde se llevó a cabo el procedimiento que resultó en un aborto involuntario.

La confusión ocurrió en la sala de espera cuando la mujer respondió accidentalmente al llamado del nombre de otro paciente, posiblemente debido a una barrera del idioma.

La policía checa ha iniciado una investigación por sospecha de lesiones corporales por negligencia.

Una fuente anónima reveló que la mujer asintió y siguió las instrucciones de la enfermera al creer que era la paciente correcta, incluso después de que se le explicara la operación y firmara la documentación.

«Ella también se dejó preparar voluntariamente para la operación y llevarla al quirófano. Cuando el anestesiólogo se dirigió a ella por su nombre en el quirófano antes de la operación, ella volvió a asentir», dijo la fuente anónima.

El director de la clínica local de ginecología y obstetricia, Michal Zikán, también informó a CNN Prima que se le pidió a la mujer que se cambiara de ropa antes de entrar al quirófano, donde la instaron a recostarse en la cama de operaciones.

Por error, la mujer fue sometida a un legrado en lugar del paciente correcto.

De acuerdo con la Mayo Clinic, un legrado es un procedimiento en el que se extrae tejido del útero de una mujer, comúnmente luego de un aborto espontáneo, pero también se utiliza en abortos.

El Hospital Universitario de Bulovka no ha respondido a la solicitud de comentarios de The Christian Post.

Un vocero del hospital indicó a CNN Prima que este incidente fue resultado de una grave violación de las normas internas por parte del personal involucrado, ofreciendo disculpas a la mujer y asegurando que harán todo lo posible para mitigar los daños y compensarla.

El ginecólogo Jan Jan PÅáda, vicepresidente de la Cámara Médica Checa, mencionó a medios locales que es probable que una paciente de habla checa se oponga activamente a un procedimiento que no comprende.

El personal implicado en el incidente está suspendido a la espera de una evaluación.

Una abogada citada por CNN Prima, Klára Slámová, acusó al hospital de perpetrar un acto criminal, sugiriendo que los empleados involucrados podrían enfrentar penas de prisión.

Slámová expresó su sorpresa por la gravedad del incidente, calificándolo como un fracaso incomprensible y lamentable. Destacó que los responsables podrían enfrentar sanciones de prisión o multas, así como una posible compensación millonaria para la mujer afectada.

Por su parte, el sacerdote Vácha señaló la importancia de implementar normas de seguridad en los hospitales para prevenir tragedias similares, enfatizando que incluso los profesionales cometen errores humanos. ARTÍCULO DE INTERÉS: Ex convicto «por la gracia de Dios» salva a bebé perdida que gateaba en una carretera y la consuela con música cristiana

El sacerdote Vácha también destacó que, si bien el dinero puede compensar en cierta medida, nada puede reemplazar la pérdida de vidas humanas. Insistió en la necesidad de establecer medidas claras para evitar la repetición de este tipo de eventos, enfocándose en la seguridad y el cuidado de los pacientes.

En su opinión, lo más importante es aprender de los errores y trabajar en la prevención de situaciones similares en el futuro.

CNN


ESTADOS UNIDOS.- La Corte Suprema de Arizona dictaminó este martes que se puede aplicar en el estado una ley que data de 1864 y castiga el aborto con penas de entre dos y cinco años de prisión excepto cuando la embarazada esté en riesgo de morir.

Dicha legislación, que impide a las mujeres abortar incluso tras una violación o en caso de incesto, y tampoco toma en consideración complicaciones en el embarazo, no entrará en vigor dentro de 14 días. Ese es el plazo que la Corte dio para que se puedan presentar apelaciones en tribunales inferiores.

La decisión se produce tras meses de disputas legales sobre si la ley, redactada cuando Arizona aún no era un estado de EE.UU., podía aplicarse después de décadas de inactividad y tras aprobarse legislaciones estatales más recientes.

Y es que muchos políticos, expertos y activistas afirman que la ley había sido efectivamente anulada por décadas de legislación estatal, incluida una ley de 2022 que permite el aborto hasta las 15 semanas de embarazo.

BBC