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LIMA.- El Congreso de la República debatirá en los próximos días un proyecto de ley que propone excluir el llamado "enfoque de género" de las políticas públicas del Estado, proponiendo que las acciones gubernamentales se rijan por el principio constitucional de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.


La iniciativa legislativa busca eliminar términos y conceptos asociados al enfoque de género en normas, programas y documentos oficiales, y establecer una definición clara del término "género", limitada a la realidad biológica de hombres y mujeres, de conformidad con la Constitución Política del Perú.

Según el alcance del proyecto, las entidades estatales deben ajustar sus políticas públicas dentro de un plazo determinado, priorizando la igualdad ante la ley, sin introducir conceptos ideológicos que, según los promotores de la propuesta, no hayan sido aprobados democráticamente ni estén expresamente incluidos en el marco constitucional.

Asimismo, la propuesta propone ajustes normativos para que la lucha contra la discriminación y la violencia se lleve a cabo sin recurrir a enfoques ideológicos, garantizando la protección efectiva de todas las personas, especialmente de las mujeres, los niños, las niñas y las familias, desde un enfoque de derechos humanos y familiares.

Este debate legislativo se produce en un contexto de creciente debate nacional sobre el rol del Estado en la formulación de políticas públicas y la necesidad de respetar la neutralidad ideológica, así como el derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos.

Diversos sectores de la sociedad civil han señalado que este proyecto representa una oportunidad para reafirmar el enfoque familiar, fortalecer las instituciones democráticas y garantizar que las políticas públicas respondan a las verdaderas necesidades del país, sin imposiciones externas ni agendas ajenas a la realidad nacional.

El proyecto aún se encuentra en fase de debate y debe ser evaluado por las comisiones correspondientes y el Pleno del Congreso.

Londres.— La Premier League ha anunciado que ya no exigirá a los capitanes de sus clubes el uso de brazaletes con la temática arcoíris ni el uso obligatorio de camisetas de calentamiento asociadas con la campaña Rainbow Laces.


La decisión llega tras la finalización del acuerdo que, durante más de una década, la liga inglesa mantuvo con la organización Stonewall, y tras diversas controversias registradas en las últimas temporadas relacionadas con la imposición de símbolos ideológicos a los jugadores.

Según informan medios británicos, la Premier League lanzará en febrero una nueva campaña institucional de inclusión, diseñada y gestionada directamente por la liga, sin obligar a los futbolistas a llevar insignias específicas en su indumentaria oficial. Entre los precedentes más conocidos se encuentra el caso del entonces capitán del Crystal Palace, Marc Guéhi, quien fue amonestado por escribir el mensaje "Amo a Jesús" en un brazalete arcoíris que se le exigió durante una jornada de concienciación.

Asimismo, el jugador Noussair Mazraoui había expresado previamente su negativa a usar ropa con temática LGBTQ durante su etapa en el Bayern de Múnich, alegando motivos de conciencia religiosa. Casos similares se registraron en otras ligas europeas.

Como alternativa, la Premier League está evaluando el uso de elementos institucionales comunes, como un balón conmemorativo, para promover mensajes generales de inclusión, buscando respetar la diversidad de convicciones personales, religiosas y culturales de los futbolistas.

Esta medida supone un cambio significativo en la política de la liga inglesa, al priorizar la libertad de conciencia y evitar la obligación de usar símbolos ideológicos en el ámbito deportivo profesional.

Arequipa.- La Gerencia Regional de Educación de Arequipa informó oficialmente que la Educación Sexual Integral (ESI) no será implementada en los colegios de la región, pese a la existencia de la Ordenanza Regional N.° 538, aprobada en 2025.

Según lo señalado por el gerente regional de Educación, Marco Choque, la decisión se sustenta en que el currículo educativo nacional no contempla la Educación Sexual Integral como un contenido obligatorio, ya que el sistema educativo peruano se organiza por competencias y se rige por el marco normativo nacional vigente.

Asimismo, se precisó que la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres no obliga a la incorporación de la ESI en las instituciones educativas, y que cualquier acción pedagógica debe respetar el enfoque establecido por la legislación nacional, el cual reconoce el rol primordial de los padres de familia en la formación moral y educativa de sus hijos.

En ese sentido, la autoridad educativa regional indicó que solo se realizarán capacitaciones docentes en el marco de la educación sexual permitida por la ley, con un enfoque científico, biológico y ético, sin imponer contenidos ideológicos ajenos al currículo oficial.

Cabe señalar que la Contraloría General de la República también advirtió que la referida ordenanza regional no cuenta con sustento normativo suficiente, ni con planes operativos ni presupuesto aprobado, lo que podría generar actos administrativos incompatibles con el ordenamiento jurídico vigente.

Diversos sectores de la sociedad civil han saludado esta decisión, destacando que la educación de los hijos corresponde principalmente a los padres, tal como lo reconoce la Constitución Política del Perú, y que el Estado no puede imponer enfoques que vulneren ese derecho fundamental.

Finalmente, se reafirma la importancia de promover políticas públicas educativas que respeten la dignidad humana, la patria potestad y el enfoque de familia, garantizando una formación integral sin ideologización en las aulas.

Lima, Perú.– Ante el reciente debate generado en redes sociales y medios de comunicación, diversos sectores de la sociedad civil saludan la posición expresada por la conductora y actriz Johana San Miguel, quien ha manifestado de manera clara y valiente su convicción sobre la realidad del ser humano, basada en la biología y el sentido común.

En un contexto donde expresar opiniones distintas a la corriente dominante suele ser motivo de censura o estigmatización, resulta destacable que una figura pública ejerza su derecho a la libertad de expresión y de conciencia, reafirmando que el hombre y la mujer son realidades objetivas y complementarias, fundamento natural de la familia y de la sociedad.

La defensa de esta verdad no constituye un acto de discriminación ni de odio, sino el legítimo ejercicio de una opinión sustentada en principios universales, científicos y culturales, compartidos por millones de familias peruanas. Reconocer la dignidad de toda persona no exige renunciar a la verdad ni aceptar imposiciones ideológicas ajenas a la realidad.

La familia, como institución natural y célula básica de la sociedad, merece ser protegida frente a discursos que buscan relativizar su significado y debilitar su rol formador. En ese sentido, posiciones como la expresada por la conductora contribuyen a mantener abierto un debate necesario, plural y democrático.

Finalmente, se exhorta a que este diálogo se desarrolle con respeto, sin cancelaciones ni persecuciones mediáticas, garantizando que todas las voces puedan ser escuchadas en igualdad de condiciones.

Defender la verdad y a la familia es un acto de responsabilidad social y de amor al país.

San José, Costa Rica. — Tras su reciente victoria electoral, la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, ha reiterado en diversas ocasiones su firme compromiso con la defensa de la vida y la familia, valores que marcaron su discurso durante la campaña y que continúa reafirmando luego de ser elegida.

Durante el proceso electoral, Fernández fue clara al señalar que su proyecto político se sustenta en principios fundamentales que, según expresó, “han formado a Costa Rica como nación”, entre ellos la protección de la vida humana, el fortalecimiento de la familia y el respeto a los valores morales que sostienen el tejido social.

En encuentros con ciudadanos, líderes sociales y religiosos, la hoy presidenta electa manifestó que la familia constituye la base del desarrollo humano y social, y que el Estado debe promover políticas públicas que la fortalezcan, especialmente en contextos de vulnerabilidad, educación y seguridad. Tras confirmarse su triunfo en las urnas, Laura Fernández volvió a subrayar esta línea de pensamiento en sus primeras intervenciones públicas, señalando que su gobierno trabajará por un país donde la vida sea respetada, la familia protegida y la dignidad humana colocada en el centro de las decisiones políticas.

“Costa Rica necesita recuperar el valor de la vida y el rol fundamental de la familia como núcleo de la sociedad”, expresó en una de sus declaraciones posteriores a la elección, reafirmando así una postura coherente con los mensajes sostenidos a lo largo de su trayectoria política.

Diversos sectores han destacado que esta posición representa un giro hacia una agenda de valores, en un contexto regional donde el debate sobre políticas de familia, educación y derechos fundamentales ocupa un lugar central en la discusión pública.

Con su elección, Laura Fernández se convierte en una figura clave en el escenario político centroamericano, generando expectativa sobre cómo estos principios se traducirán en acciones concretas de gobierno a partir de su próxima toma de posesión.