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GINEBRA.– Seis países latinoamericanos —Argentina, Paraguay, Colombia, Perú, Chile y Costa Rica— han sido destacados por sus posiciones en defensa de la vida, la familia, la soberanía nacional y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, en el marco de los debates del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El canciller argentino, Pablo Quirno, celebró esta coordinación internacional, que busca fortalecer posiciones compartidas frente a determinadas expresiones y enfoques promovidos en los foros multilaterales. La articulación ha sido vinculada al Gobierno del presidente argentino Javier Milei y a la fundación Global Center for Human Rights.

Colombia y Costa Rica marcan posición

Uno de los aspectos destacados de las intervenciones en Ginebra fue la posición de Colombia, que se distanció de la expresión «salud y derechos sexuales y reproductivos» y defendió el derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos.

Por su parte, Costa Rica ya había manifestado, en julio, sus objeciones al uso de determinados términos en el ámbito de las Naciones Unidas, entre ellos «violencia reproductiva», «masculinidad patriarcal» e «interseccionalidad».

Estas posiciones reflejan las diferencias existentes entre los Estados sobre el alcance de determinados conceptos utilizados en las políticas internacionales de derechos humanos, así como sobre el papel de la familia y de los padres en la formación de niños y adolescentes.

Soberanía nacional y derechos de la familia

La coordinación de estos seis países representa una señal política relevante para los sectores que defienden la vida desde la concepción, la familia y la libertad de conciencia, y que reclaman que las decisiones sobre políticas públicas respeten la soberanía de cada nación.

Sus posiciones también reavivan el debate sobre el alcance de los acuerdos internacionales y la necesidad de que los Estados puedan expresar sus reservas frente a conceptos o políticas que consideren incompatibles con sus marcos jurídicos, principios constitucionales o convicciones sociales.

Para los sectores provida y profamilia, la participación coordinada de estos gobiernos constituye una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional y promover una mayor presencia de sus planteamientos en los organismos multilaterales.

América Latina busca hacerse escuchar. La defensa de la vida, la familia, la libertad de los padres y la soberanía nacional vuelve a ocupar un lugar importante en el debate internacional, en un escenario donde distintas visiones sobre los derechos humanos continúan confrontándose.

La discusión de fondo es cómo proteger los derechos humanos, respetar la diversidad de posiciones entre los Estados y garantizar que las decisiones relacionadas con la educación de los hijos reconozcan el papel fundamental de sus padres.

HUNGRIA - El Parlamento de Hungría aprobó una reforma legislativa que elimina disposiciones de la ley de protección infantil de 2021 que restringían la representación o promoción de la diversidad sexual y de género en contenidos accesibles a menores de 18 años. La iniciativa obtuvo 139 votos a favor y 51 en contra.

La decisión, adoptada bajo el Gobierno del primer ministro Péter Magyar, supone un cambio respecto de las políticas impulsadas durante la administración de Viktor Orbán. 

¿QUÉ DEBEN TENER EN CUENTA LAS FAMILIAS?

Desde una perspectiva favorable a la familia, esta decisión plantea interrogantes importantes: ¿cómo garantizar que los niños reciban contenidos apropiados para su edad?, ¿qué mecanismos deben asegurar la participación de los padres en las decisiones educativas? y ¿cómo proteger a los menores sin convertir la escuela y los medios de comunicación en espacios de confrontación ideológica?

Las familias tienen un interés legítimo en conocer qué contenidos reciben sus hijos, en qué contexto se presentan y cuáles son los criterios pedagógicos utilizados. Por ello, las políticas públicas sobre educación y protección infantil deben promover la transparencia, la información a los padres y procedimientos claros para evaluar los materiales dirigidos a menores.

UN DEBATE QUE NO HA TERMINADO

La reforma no elimina todas las restricciones existentes en Hungría. De acuerdo con la información publicada por Euronews, estarán vigentes otras disposiciones relacionadas con el reconocimiento legal de la identidad de género, la adopción por parejas del mismo sexo y las limitaciones a determinadas manifestaciones públicas.

La Unión Europea celebró la decisión parlamentaria, mientras que representantes del partido Fidesz, vinculado al anterior Gobierno, criticaron la modificación por considerar que debilita las medidas de protección infantil.

LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA DEBE SEGUIR SIENDO UNA PRIORIDAD

Más allá de las diferencias ideológicas, la protección de los niños frente al abuso, la explotación sexual y los contenidos inadecuados para su edad debe constituir una prioridad de las instituciones públicas.

Al mismo tiempo, resulta fundamental que los padres puedan participar activamente en la formación de sus hijos y que las decisiones educativas se adopten mediante criterios transparentes, con respeto a los derechos fundamentales y sin excluir a las familias del debate.

La infancia merece protección, los padres merecen ser escuchados y toda política educativa debe someterse al debate público, al análisis de sus consecuencias y al respeto de los derechos de las familias.
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TENNESSEE, EE. UU. — En una votación reciente, las autoridades legislativas y educativas del estado de Tennessee aprobaron una medida que establece que en las aulas de las escuelas públicas solo se podrán exhibir de manera oficial la bandera de los Estados Unidos y la bandera del estado de Tennessee.

​La disposición prohíbe la presencia de banderas, pancartas y símbolos vinculados a movimientos sociales o ideológicos dentro del entorno escolar, entre ellos la bandera del orgullo LGBT y del movimiento Black Lives Matter.

​Puntos clave de la medida:

​Símbolos permitidos: Exclusivamente la bandera estadounidense y la bandera oficial del estado de Tennessee.

​Restricción: Queda prohibida la exhibición permanente de banderas o pancartas asociadas a causas políticas, ideológicas o de diversidad en los salones de clase.

​Objetivo expresado por los impulsores: Mantener el entorno educativo enfocado estrictamente en la formación académica y garantizar la neutralidad institucional dentro de las instituciones públicas.

La resolución ha generado opiniones encontradas entre sectores que respaldan la medida en defensa de la neutralidad de la enseñanza y grupos que advierten sobre un posible impacto en la inclusión y expresión de comunidades diversas.

​Quito, Ecuador. — En una firme postura orientada a la protección integral de la infancia y los derechos de la familia, la asambleísta Diana Jácome Silva ha expresado su respaldo a medidas legales contundentes para frenar los procedimientos de cambio de sexo en niños y adolescentes.

​Durante su reciente declaración, Jácome fue enfática al señalar: ​"Cárcel a quien intente cambiar el sexo biológico de un niño y que pierda la patria potestad". ​

La legisladora argumenta que la integridad biológica de los menores debe ser resguardada frente a decisiones o intervenciones irreversibles durante la etapa de desarrollo infantil.

Con este planteamiento, busca endurecer las consecuencias legales contra los adultos o tutores legales que promuevan o faciliten estas intervenciones, sumando a las penas privativas de libertad la pérdida definitiva de la patria potestad.

​Esta iniciativa refuerza el debate público e institucional dentro de la Asamblea Nacional sobre la protección de los menores de edad y el alcance de la autoridad parental frente a la identidad y salud de la niñez.

COLOMBIA.- Colombia se suma a una coalición internacional de más de 40 Estados que suscriben la Declaración del Consenso de Ginebra.

El Gobierno de Colombia se adhirió a la Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, según informó el embajador colombiano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez.

Con esta adhesión, Colombia se incorpora a una coalición internacional de países que comparten una declaración orientada a promover la salud de las mujeres, proteger la vida y reconocer la importancia de la familia.

Uno de los principios expresados en el documento sostiene que «no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación internacional de los Estados de financiarlo o facilitarlo», posición que forma parte de los planteamientos centrales del Consenso de Ginebra.

La adhesión colombiana vuelve a poner sobre la mesa el debate internacional acerca de la salud de la mujer, la protección de la vida, los derechos humanos y las responsabilidades de los Estados en materia de políticas públicas.

La Declaración del Consenso de Ginebra fue impulsada en 2020 como una iniciativa de cooperación internacional que aborda la salud de las mujeres, la protección de la vida y el fortalecimiento de la familia.

La decisión anunciada por Colombia se incorpora a una discusión que continúa generando posiciones diferentes entre los gobiernos y los organismos internacionales respecto del aborto, los derechos reproductivos y el alcance de las obligaciones internacionales de los Estados.