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Lima, – La presidente de la República, Keiko Fujimori, anunció una reforma integral del sector Educación que contempla la actualización del currículo nacional y afirmó que la nueva currícula escolar no debe estar cargada de ideología, sino sustentarse en datos, estadísticas e información.

El anuncio fue realizado el pasado 14 de septiembre durante la presentación del Plan Nacional de Educación 2026-2031, en la institución educativa José María Arguedas, en Santa Anita.

“La currícula tiene que modernizarse. No tiene que tener ideología, tiene que tener datos, estadísticas e información real”, señaló la mandataria.

Por su parte, el ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que el Gobierno retirará del currículo nacional contenidos considerados ideologizados y señaló que la formación escolar debe recurrir al rigor de la historia y promover el pensamiento crítico de los estudiantes.

EDUCACIÓN SEXUAL CON BASE CIENTÍFICA Este anuncio se produce después de que el Ministerio de Educación aprobara, en mayo de 2026, los “Lineamientos para la Educación Sexual con base científica, biológica y ética”, mediante la Resolución Viceministerial N.° 085-2026-MINEDU.

La norma derogó los anteriores Lineamientos de Educación Sexual Integral aprobados en 2021 y estableció un nuevo marco para la educación sexual en las instituciones educativas públicas y privadas.

El nuevo marco establece que la educación sexual debe desarrollarse sobre bases científicas, biológicas y éticas, en concordancia con la Ley N.° 32535.

PADRES DE FAMILIA, PARTE FUNDAMENTAL DEL PROCESO EDUCATIVO Otro de los anuncios realizados por el Gobierno es el fortalecimiento de la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos.

Como parte de la reforma, el Ejecutivo ha señalado que se retomará una guía para padres de familia con el propósito de involucrarlos directamente en el proceso de aprendizaje. Asimismo, el Gobierno plantea priorizar lectura, escritura, matemáticas, ciencias, educación cívica, valores, inglés y educación financiera.

Para el Movimiento Nacional Pro Familia (MNPF), este anuncio abre una nueva etapa de debate nacional sobre los contenidos que reciben los niños y adolescentes en las instituciones educativas y sobre el papel que corresponde a los padres en la formación de sus hijos.

El MNPF considera fundamental que toda reforma educativa coloque en el centro el bienestar de los niños, la calidad de la enseñanza, el conocimiento científico, la formación en valores y el derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos.

UNA EDUCACIÓN AL SERVICIO DE LOS NIÑOS La actualización del currículo nacional deberá desarrollarse mediante los procedimientos correspondientes y será importante conocer los contenidos concretos que finalmente sean incorporados.

El Movimiento Nacional Pro Familia señala que continuará observando este proceso y participando en el debate público, promoviendo una educación que permita a los niños y adolescentes acceder a conocimientos sólidos y desarrollar pensamiento crítico, respetando el papel fundamental de la familia.
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Massachusetts, Estados Unidos.— El caso de Joseph y Arlene Kutzko, un matrimonio católico de Massachusetts, ha vuelto a poner sobre la mesa un intenso debate sobre los derechos de los padres, la autoridad familiar y las decisiones relacionadas con la identidad de género de los adolescentes.

Según reportes publicados esta semana, los padres llevan cerca de dos años intentando recuperar la custodia de su hija Sophie, quien fue retirada del hogar cuando tenía 15 años y actualmente tiene 17. Los progenitores sostienen que el colegio comenzó a tratarla como varón y a acompañar su transición sin que ellos fueran informados.

La familia sostiene además que su oposición a determinadas decisiones relacionadas con la transición de su hija, basada en sus convicciones religiosas y en su preocupación por su bienestar, terminó enfrentándolos con las autoridades de protección infantil.

El caso permanece en los tribunales. De acuerdo con los reportes disponibles, los padres buscan recuperar la convivencia con su hija y han conseguido, hasta el momento, detener determinados tratamientos hormonales mientras continúa el proceso judicial.

¿QUIÉN DECIDE SOBRE LOS HIJOS? 
El caso plantea una pregunta que trasciende a esta familia: ¿hasta dónde llega la autoridad de los padres sobre las decisiones trascendentales que afectan a sus hijos menores y en qué circunstancias puede intervenir el Estado?

Para quienes defienden los derechos parentales, situaciones como esta generan preocupación por la posibilidad de que decisiones de enorme trascendencia puedan tomarse sin la participación de los padres.

Desde otras posiciones, las autoridades y organizaciones vinculadas a la protección de menores sostienen que la intervención estatal puede resultar necesaria cuando consideran que existe un riesgo para el adolescente. En este caso concreto, existen además alegaciones y antecedentes que forman parte del proceso judicial y que no deben confundirse con hechos definitivamente establecidos.

UN DEBATE QUE TAMBIÉN ALCANZA A LA EDUCACIÓN 
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio el papel de los centros educativos en asuntos relacionados con la identidad de género de menores de edad y el nivel de información y participación que corresponde a los padres.

La discusión no debería reducirse únicamente a una confrontación ideológica. También involucra cuestiones jurídicas y familiares fundamentales: la patria potestad, el derecho de los padres a participar en decisiones que afectan a sus hijos, la protección de los menores y los límites de la intervención del Estado.

El proceso judicial determinará las responsabilidades y decisiones que correspondan.

Mientras tanto, el caso Kutzko se suma a una creciente discusión internacional sobre familia, educación, derechos parentales y decisiones médicas relacionadas con menores de edad.
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LIMA.- Movimiento Nacional Pro Familia destaca años de trabajo y vigilancia en defensa del derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos.

El Movimiento Nacional Pro Familia recuerda que desde el año 2016 viene desarrollando una sostenida labor de información, denuncia y participación ciudadana frente a los contenidos y enfoques educativos que, a criterio de la organización, no deben imponerse sin la participación activa de los padres de familia.

Ha sido un camino largo, difícil y, en muchos momentos, tedioso. Desde el inicio advertimos que esta lucha tomaría años, y el tiempo nos ha dado la razón.

Durante este proceso, el Movimiento Nacional Pro Familia alzó su voz, presentó cuestionamientos, realizó acciones públicas y exigió cambios en las políticas y contenidos educativos.

Asimismo, cuestionó las decisiones adoptadas por distintas autoridades y gobiernos cuando consideró que estas afectaban el derecho de los padres a participar en la formación de sus hijos.

Hoy estamos muy cerca de que este esfuerzo pueda dar sus frutos. Frente al anuncio de una nueva currícula escolar, esperamos que lo señalado se concrete efectivamente y que los textos y materiales educativos sean revisados de manera responsable.

El Movimiento Nacional Pro Familia señala que no basta con los anuncios. 

Estaremos vigilantes para verificar que los contenidos educativos sean coherentes con lo anunciado, porque consideramos fundamental que los padres de familia conozcan y participen en el proceso educativo de sus hijos.

Después de años de perseverancia, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando por la familia peruana.

La educación de nuestros hijos y el derecho de los padres a participar en su formación son principios que seguiremos defendiendo.
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Lima.— El Movimiento Nacional Pro Familia (MNPF) saludó el anuncio realizado por la presidenta de la República, Sra. Keiko Fujimori Higuchi, respecto a que los padres de familia tendrán una participación activa y estarán debidamente informados sobre el proceso de aprendizaje y los contenidos educativos que recibirán sus hijos.

El comunicado emitido se identifica como plataforma ciudadana comprometida con la defensa de la familia y los derechos civiles de los padres, consideramos que la participación de la familia en la educación de los hijos es fundamental. Los padres son los primeros responsables de la formación de sus hijos y, por ello, tienen legítimo derecho a conocer, acompañar y participar en el proceso educativo.

El Movimiento Nacional Pro Familia considera especialmente importante que los padres puedan conocer los contenidos, enfoques y materiales que forman parte de la enseñanza escolar, promoviendo una educación transparente, respetuosa de sus convicciones y orientada al desarrollo integral de niños y adolescentes.

Asimismo, saludamos la disposición anunciada para fortalecer el vínculo entre familia, escuela y Estado, entendiendo que la educación de nuestros hijos no puede desarrollarse al margen de sus padres.

Desde el MNPF expresamos nuestro respaldo a toda medida que fortalezca la participación de los padres de familia y reafirmamos que estaremos atentos a la implementación de estos anuncios, promoviendo siempre el diálogo, la transparencia y el respeto al derecho de los padres a participar en la formación de sus hijos.

Y concluye el comunicado. La educación de nuestros hijos es una responsabilidad compartida, pero el derecho y deber de los padres de acompañarlos y participar en su formación debe ser plenamente respetado.
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Cali, Colombia.– La decisión de un juzgado de Cali de sancionar al documentalista mexicano Samuel Adrián, en el marco de un incidente de desacato, ha generado una intensa controversia en Colombia y otros países de América Latina.

El caso está relacionado con la difusión de grabaciones utilizadas en el documental “Colombia: Fábrica de Niños Trans”, producción que aborda los procedimientos y tratamientos relacionados con la transición de género en menores de edad.

De acuerdo con la información difundida sobre el proceso, la controversia judicial se originó después de que se ordenara retirar determinados contenidos audiovisuales vinculados con grabaciones realizadas durante la investigación. La defensa de Adrián sostiene que la medida constituye una afectación a su libertad de expresión y al ejercicio de su labor documental.

Por su parte, quienes promovieron las acciones judiciales cuestionan la utilización y divulgación de determinadas grabaciones y sostienen que deben protegerse derechos como la reserva de las comunicaciones, la intimidad y el buen nombre.

Según reportes publicados sobre el caso, la sanción comunicada contra Adrián contempla 10 días de arresto y una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, decisión que él ha cuestionado públicamente.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO? 
Más allá de las posiciones enfrentadas respecto de los tratamientos de transición de género en menores, el caso plantea una pregunta fundamental para cualquier sociedad democrática: ¿Hasta dónde puede llegar la justicia para impedir la difusión de información obtenida durante una investigación periodística o documental cuando el asunto abordado es de evidente interés público?

Y, al mismo tiempo: ¿Hasta dónde puede llegar un comunicador en la utilización y difusión de grabaciones cuando existen derechos de terceros y órdenes judiciales que establecen restricciones sobre determinado contenido?

La respuesta exige un análisis serio de ambos derechos y garantías, sin convertir el debate en una disputa ideológica que impida examinar los hechos.

INFORMACIÓN SOBRE MENORES: UN DEBATE QUE NO PUEDE SER SILENCIADO
El tema adquiere especial relevancia porque involucra niños y adolescentes y decisiones relacionadas con su desarrollo físico, psicológico y médico.

Precisamente por tratarse de menores de edad, la sociedad tiene derecho a exigir transparencia, evidencia científica, consentimiento informado, protocolos adecuados y mecanismos de protección que garanticen que cualquier intervención sea realizada bajo los más altos estándares de protección de la infancia.

El caso de Samuel Adrián ha conseguido colocar nuevamente esta discusión en el escenario público. Incluso en Colombia se han producido posteriormente nuevos debates legislativos sobre la regulación de intervenciones relacionadas con menores, a raíz de casos que han generado controversia pública.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN: UN PRINCIPIO QUE DEBE SER PROTEGIDO La libertad de expresión y de prensa constituye uno de los pilares de toda sociedad democrática.

Sin embargo, su defensa también debe ir acompañada del respeto a los derechos de terceros y al debido proceso. Por ello, resulta indispensable que cualquier restricción a contenidos periodísticos o documentales sea sometida a un escrutinio especialmente riguroso y que las decisiones judiciales sean públicas, motivadas y proporcionales.

El caso Samuel Adrián merece, por tanto, ser observado no solamente desde la controversia sobre la transición de género en menores, sino también desde una perspectiva más amplia:

¿Puede una democracia garantizar simultáneamente la protección de los menores, la privacidad de las personas involucradas y la libertad de investigar, informar y cuestionar asuntos de interés público? Esa es la discusión que Colombia y América Latina deben asumir con seriedad.

Porque cuando se trata de nuestros niños, la sociedad tiene derecho a preguntar, investigar y debatir. Y cuando se trata de libertad de expresión, ninguna democracia debería tener miedo a las preguntas difíciles.
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