jueves, 16 de agosto de 2018

CONFIRMADO: ONG del oscuro George Soros financió con más de US$3 millones a IDL

LIMA.- Los llamados “CNM audios” han sido difundidos, en mayor número, por una misma organización: el Instituto de Defensa Legal (IDL), ONG peruana que incursiona en el campo del periodismo a través de IDL Reporteros.

Pero IDL sigue siendo una ONG y, como tal, recibe apoyo de diversas organizaciones internacionales para realizar sus labores.

Una de ellas es el Open Society Institute (OSI) del magnate George Soros, recordado por haber financiado en su momento a Alejandro Toledo tras la caída del régimen de Alberto Fujimori (2000).

Así consta en información entregada por la ONG peruana a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), una rendición de cuentas a la que están sujetas de forma obligatoria todas estas organizaciones y que está disponible para cualquier ciudadano mediante una solicitud de transparencia y acceso a la información pública.

Según la data de APCI de los años 2012 al 2016 a la que tuvimos acceso, el IDL –a diferencia de otras ONG de su misma tendencia- solo desarrolla un único programa al año.

Entre los años 2012 y 2014, este único eje de trabajo se denominó “Programa Institucional: Haciendo frente desde la sociedad civil a tendencias autoritarias en el Perú y América Latina”. Mientras que en los años 2015 y 2016, el nombre elegido fue “Programa Institucional 2015 al 2018 – Acciones para la construcción de una institucionalidad democrática, el respeto a los derechos humanos y la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas”.

Entre los financistas de estos programas figuran, además del OSI, otras organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, la Comunidad Europea, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Diakonia, Oxfam America, la Fundación Ford y The National Endowment for Democracy (NED), Tinker Foundation, y embajadas de diferentes países.

Sin embargo los mayores montos ejecutados por IDL provienen de la ONG de George Soros, con US$ 857,829 en 2012; US$ 783,188 en 2013; US$ 644,739 en 2014; US$ 440,700 en 2015 y US$ 418,000 en 2016. Más de 3 millones de dólares recibidos de esta misma organización en un periodo de 5 años.

Para darnos una idea, la segunda mayor cooperante de la ONG peruana es la Fundación Ford, de cuyos aportes IDL ejecutó un total de US$ 215,000 en el 2012; igual monto en el año 2013; US$ 226,343 en el 2014; US$ 312,938 en el 2015 y US$ 360,662 en el año 2012. Sumados, estos montos ascienden a más de US$1 millón 300 mil, menos de la mitad de lo que les fue donado por el Open Society Institute en el mismo periodo.

En total, el Instituto de Defensa Legal al menos percibió, a través de la cooperación internacional, la cantidad de US$ 2 millones 240,452 en el año 2012; US$ 2 millones 144,174 en el 2013; US$ 1 millón 466,827 en el año 2014; US$ 1 millón 408,223 en el periodo 2015 y un total de US$ 1 millón 567,084 en el 2016. Según la información proporcionada por APCI, esto es lo que suman los montos ejecutados por IDL en cada uno de esos años.

Junto con la información que hoy presentamos, APCI nos señaló oficialmemte:

“Estamos remitiendo adjunto, un cuadro con información proporcionada por la Dirección de Operaciones y Capacitación de la APCI”, indicó en su comunicación.

“La información que se presenta en la variable ‘Monto US$ Ejecutado’ corresponde al gasto efectuado anual, respecto al financiamiento otorgado por fuente cooperante, referido por la citada ONG en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 7191”, refirió.


“Por otro lado, las intervenciones correspondiente al año 2018, serán presentadas por las ONGD en el proceso de declaración anual 2018, a realizarse entre los meses de enero a marzo de 2019”.

Este diario se comunicó con IDL para corroborar esta información. La señorita que atendió nuestra llamada nos señaló que cualquier información que nosotros necesitemos sobre su financiamiento se la debemos solicitar a APCI. Pese a insistir en querer hablar con algún representante de la ONG, la señorita reiteró que cualquier consulta sobre su financiamiento se la debemos trasladar a la mencionada agencia.

La Razón

miércoles, 15 de agosto de 2018

Corte Suprema decidirá sobre el curriculo con enfoque de género el lunes 20 Agosto

LIMA.- La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema del Poder Judicial (PJ) realizó la votación respecto a las apelaciones interpuestas por el Ministerio de Educación (Minedu) y el colectivo Padres En Acción (PEA) sobre la sentencia que anuló parcialmente el enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica.

Sin embargo, de acuerdo al expediente al cual accedió El Comercio, los magistrados de este juzgado aún no alcanzaron la mayoría requerida para emitir una resolución (cuatro votos conformes como mínimo), por lo que han convocado a un sexto vocal supremo, Pedro Cartolín Pastor, para que dirima el caso en un audiencia a realizarse el próximo lunes 20 de agosto.

La votación fue de la siguiente forma:

- Vicente Walde Jáuregui y Samuel Sánchez Melgarejo (2 votos), a favor de que se declare fundada en parte la demanda del colectivo PEA, debido a que "imponer una connotación diferente [al concepto de lo 'masculino' y 'femenino' en el enfoque de igualdad de género] sin la aceptación de los padres, conlleva a una contravención de la Ley General de Educación".

- Julio Wong Abad y Ramiro Bustamante Zegarra (2 votos), a favor de que se declare infundada la demanda del colectivo PEA, debido a que el enfoque de género del currículo escolar "no contiene ninguna expresión que pueda considerarse inexacta o contraria a la Constitución y que no puede calificarse de inconstitucional por inculcar a los estudiantes el respeto por las diferentes formas de expresión de la sexualidad".

- Silvia Rueda Fernández (1 voto) emitió una sentencia interpretativa sobre el caso. Planteó que se declare infundada la demanda del colectivo PEA en cuanto se interprete lo que establece el enfoque de igualdad de género como "El sexo biológico masculino y/o femenino se determina al nacer, y la identidad de género es la que se construye, pudiendo coincidir o no con el sexo biológico".

En el caso de que la votación programada para el día 20 de agosto también quede empatada, se convocará en una siguiente audiencia a un séptimo vocal supremo hasta lograr los cuatro votos conformes requeridos, según estipula el procedimiento.

Este Diario buscó al Minedu para obtener su versión, pero prefirieron no pronunciarse al respecto. Rodolfo Cotrina, vocero del colectivo PEA, señaló que esperan que la resolución del caso sea a favor de los padres de familia que representa, y que se ratifique lo expuesto por un fallo previo: que la Ley General de Educación fue transgredida por el Ejecutivo al no consensuar los contenidos del currículo con ellos.

"Tiene que prevalecer la lógica del derecho. Nosotros consideramos que la lucha contra el machismo no solo depende del enfoque de igualdad de género, el cual nos lo han vendido como si fuese a salvar al Perú. Es un enfoque ideologizado", agregó.

En tanto, Brenda Álvarez, abogada de Promsex, indicó que se espera que Cartolín Pastor "sea un magistrado idóneo para decidir el caso y que tome posición a favor de la lucha contra la violencia machista". "En sus manos está la política nacional para evitar violaciones sexuales, feminicidios y la discriminación contra personas LGTBI", dijo.

−El proceso judicial−

El 29 de agosto del 2017, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió en primera instancia declarar nula –en parte– la Resolución Ministerial 281-2016-Minedu, con la que se aprobó la guía pedagógica, en el extremo en que abordaba el enfoque de igualdad de género.

La sala decidió que se omitiera este texto: “Si bien que aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día, en nuestras interacciones”. Según el juzgado, dicho contenido debió ser elaborado en conjunto por el Minedu y los padres de familia.

Así, se declaró fundada parcialmente la demanda de acción popular presentada por el colectivo PEA, con la que solicitaban la eliminación total de la guía pedagógica, debido a que –según sostenían– el Minedu incluyó en ella disposiciones sobre la sexualidad no acordes con lo que los padres de familia habían consensuado.

−Las apelaciones−
En setiembre del 2017, el Minedu, a través de la Procuraduría
Pública Especializada en Materia Constitucional (PPMC), apeló la sentencia de la Primera Sala Civil para que se revocara la anulación parcial del enfoque de género en el currículo. El sector argumentó, entre otras cosas, que el juzgado había expresado "su opinión subjetiva" al declarar ilegales solo dos líneas de la guía pedagógica.

Por su parte, el colectivo PEA también solicitó la apelación del mismo fallo al considerar que “la eliminación de solo dos líneas del currículo” no suprimía el enfoque de igualdad de género, el cual ellos consideraban que incluía nociones de la denominada ‘ideología de género’. En tal sentido, los padres de familia pidieron la eliminación total de la guía pedagógica.

En marzo de este año, la Primera Sala Civil otorgó una medida cautelar a este grupo de padres de familia, con la cual se suspendió la eficacia de aquel texto en controversia del enfoque de género, que se anuló en primera instancia

"Para que una Sala emita resolución sobre un tema, son necesarios que existan cuatro votos conformes. Si no se llegan a emitir estos cuatro votos conformes en un sentido se produce lo que se conoce como discordia para lo cual es necesario llamar a un sexto vocal dirimente de otra sala. Si tras el voto de este sexto vocal, aún no se lograsen los cuatro votos conformes, se llamará a un séptimo vocal dirimente con el que obtendrán, definitivamente, los cuatro votos para emitir resolución."

−Posibles escenarios−
Son tres los escenarios respecto a la decisión que pueda tomar la Corte Suprema en su votación:

1. Que ratifique la apelación del Minedu, y por ende el currículo escolar se mantenga sin ninguna modificación.
2. Que ratifique la apelación del colectivo PEA, y por lo tanto se anule totalmente el currículo escolar. En este caso, se tendría que regresar a la guía pedagógica previa, que data del año 2008.
3. Que ratifique la decisión de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, y por consiguiente se anule definitivamente el texto suspendido con la medida cautelar.

Comercio

martes, 14 de agosto de 2018

Candidato a la Región Junin Cesar Combina, rechaza la ideología de género.

LIMA . - El candidato a la región de Junin Cesar Combina rechazó de forma tajante la polémica “ideología de género” y consideró que “promueve que cada uno pueda ser lo que le provoca, y no es así”. Para Combina, esta postura, apoyada por la comunidad LGTB, “relativiza todo y no es buena para los niños”.

REFERENCIA. En una entrevista en una radio de Tarma, el candidato presentó los 5 pilares de su plan de gobierno, entre ellos hizo la polémica declaración. “Tenemos que luchar contra una amenaza muy grande que es la ideología de género, que promueve que cada uno puede ser lo que le provoca, tenemos que decirle al niño como se comporta un papá que trabaja, que ayuda a mamá, que enseña a jugar fútbol, a montar bicicleta, decirle a mamá que tiene los mismos derechos que el varón, que puede ser profesional”, manifestó.

Esta postura le podría costar a Combina un cuestionamiento de parte de la comunidad LGTB de la región. Consultado sobre estas afirmaciones señaló que esta es “una ideología sin pies ni cabeza. La única ideología verdadera es el respeto al ser humano”, dijo.

CAMPAÑA. El candidato estuvo en Tarma y aprovechó para lanzar su Plan “Primero el Agro” dijo que hay 130 mil agricultores quienes son perjudicados directamente por la falta de apoyo del Gobierno Regional. “El Plan Primero El Agro garantizará que los agricultores ganen más por medio de la industrialización de los productos regionales como el cafe, el cacao, la papa, el maiz y la leche” señaló en su intervención el candidato del trebol.

En La Oroya (Plan Empoderate Mujer) y en Jauja (Programa Mi Carretera), aprovehco la concurrencia para presentar sus planes.

CORREO

URUGUAY: Padres de familia se oponen al proyecto de ley trans para niños

URUGUAY.-Mientras la comisión encargada lo discute, un grupo de personas se presentó para reclamar en contra del proyecto.

La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado “congeló” este lunes cinco artículos que fueron considerados polémicos del proyecto de ley para personas trans y evaluará si se sacan o si se incluyen de forma definitiva.


Dos de los artículos que fueron puestos a discusión son el 5° y el 17° que permiten el cambio de identidad, sexo y hormonización de los menores que deseen hacerlo sin necesitar el consentimiento de sus representantes legales.


Dentro de los integrantes de la comisión, hay algunos frenteamplistas que tampoco estuvieron de acuerdo con estos artículos ya que consideraron que para realizar este tipo de cambios se debería esperar a cumplir la mayoría de edad.


Mientras se llevaba a cabo la reunión, cientos de personas se presentaron frente a la puerta del Senado para reclamar en contra a la votación del proyecto de ley. “He aquí parte del pueblo uruguayo (…) estamos aquí por nuestros hijos, por nuestros nietos, por la juventud, los adolescentes y los niños debido a que nos sentimos como padres y abuelos despojados de nuestros derechos inalienables de sustento, apoyo, educación, protección y en forma especial de la moral”, informaron durante la lectura de una proclama. “La moral que sostiene y emerge de principios y valores que indiscutiblemente lo faculta y cultiva la familia debidamente constituida por un hombre y una mujer en el momento solemne de la declaración de matrimonio. Principios y valores que siempre fueron defendidos por nuestros constituyentes”, agregaron.

 El proyecto de ley para personas trans tiene, entre otros, el objetivo de reparar los actos de “discriminación y estigmatización” de los que fueron “históricamente víctimas”, según lo que indica en su exposición de motivos.

Además busca que exista una integración tanto a nivel social como cultural así como que tengan derecho a la cultura y a la salud sin “ningún tipo de discriminación y/o patologización por su identidad de género”, según consta en el proyecto de ley.

El pueblo Uruguayo ha manifestado su disconformidad con los privilegios que otorga este proyecto de Ley Trans para aquellos que siguen este estilo de vida. Este lunes se presentaron 40.000 firmas de organizaciones en contra de la ley trans mediante una carta firmada que fue entregada por la misma mujer que la semana pasada se presentó en el Parlamento para dar las rúbricas recogidas en plazas, shoppings y ferias.

Debido a que en la ocasión anterior no había presentado sus datos -como nombre, cédula o si formaba parte de un colectivo- la mujer presentó una carta informando su identidad y propósito.

En la carta además solicitó que su entrega quedara registrada en actas y que se le otorgara una contestación formal.

AGENCIALAVOZ

lunes, 13 de agosto de 2018

ARGENTINA: Maurício Macri insiste incluir el aborto con la Reforma del Código Penal

ARGENTINA.- Aunque la legalización del aborto no podrá ser debatida hasta el 1º de marzo próximo, la posibilidad de despenalizar el aborto sí se discutiría este año, una vez que el presidente Mauricio Macri mande al Congreso la reforma del Código Penal.

La elaboración del anteproyecto de reforma del Código Penal está encomendada a una comisión que integran una docena de juristas, quienes le entregarán el texto al Presidente el 21 de este mes.

El borrador de reforma del Código Penal suaviza la ley en determinados casos y la adapta al fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre aborto no punible.

Hace 20 días, el presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, el camarista federal en lo Penal Mariano Borinsky, anticipó a Los Andes los cambios sugeridos en el Código Penal relacionados con el aborto. La propuesta de la comisión, integrada por diez juristas y dos representantes del Gobierno, no es vinculante, porque es el Congreso el que deberá aprobar una ley para reformar el Código Penal.

En palabras de Borinsky, el anteproyecto de reforma del Código Penal “busca lograr un equilibrio que tutele todos los derechos constitucionales en juego: el derecho a la vida y el derecho a la libre disponibilidad del cuerpo de la mujer”.

Propuesta

El borrador mantiene las dos causales actuales de aborto no punible previstas en el Código Penal y recepta así la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación: establece que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer embarazada no será punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud física o mental de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, o si el embarazo proviene de un abuso sexual”.

Una novedad importante es que agregan “salud mental” a la salud física, además de que declaran que el aborto no es punible en casos de violación, como lo indicó la Corte en su sentencia de 2012 conocida como fallo FAL.

La causal de aborto no punible de la ley actual, sancionada hace casi cien años, es “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.

Decisión del juez

Además, el anteproyecto agrega un párrafo importante al artículo 88 del Código Penal, que establece: “Será reprimida con prisión de uno a cuatro años la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible”.

Sobre este artículo, además de bajar la pena, de tres a un año, los juristas proponen agregar otro párrafo, que establece que “el juez podrá decidir si corresponde eximir a la mujer de pena o disponer que la pena de prisión se deje en suspenso, teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar pena”.

Borinsky negó que esto suponga una despenalización, pero sí supone un ablandamiento con respecto a la redacción actual del Código Penal ante casos de interrupción voluntaria del embarazo.

También, la propuesta que los juristas le llevarán a Macri prevé una pena de hasta dos años de prisión por “aborto imprudente” causado por un tercero -conducta que actualmente no es delito-, y se protege a la mujer ya que se establece que no será penalmente responsable en estos casos.

La comisión también propone sancionar la violencia obstétrica practicada en contra de la mujer con pena alternativa de hasta dos años de prisión o multa y, en ambos casos, inhabilitación hasta dos años.

LOS ANDES

 
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