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CHILE.- El Tribunal Constitucional rechazó por 5 votos contra 4 un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley de matrimonio y de unión civil que impiden el reconocimiento del matrimonio homosexual.

Votaron en contra de acoger el requerimiento que busca reconocer el matrimonio contraído por una chilena y una española los/as ministros/as Iván Aróstica Maldonado, Juan Romero Guzmán, Cristián Letelier Aguilar, José Vásquez Márquez, Miguel Fernández González.

A favor, lo hicieron la presidenta del TC, María Luisa Brahm Baril y los ministro/as Gonzalo García Pino, Nelson Pozo Siva, María Silva Gallinato.

El proceso se había iniciado cuando un pareja de lesbianas que contrajo matrimonio en España presentó al TC un recurso de inaplicabilidad alegando que el artículo 12 de la Ley 20.830 que Crea el Acuerdo de Unión Civil y el artículo 80 de la Ley Nº 19.947 sobre matrimonio igualitario, son inconstitucionales en tanto les impiden el reconocimiento de su vínculo en Chile, además de dejar en la desprotección a su hijo, tras someterse a un proceso de fertilización asistida en mayo del 2009.

“Esta es la segunda vez que el TC se niega a reconocer que la prohibición del matrimonio igualitario violenta derechos constitucionales. La primera vez lo hizo en 2011, pero ahora incurrió en argumentos homofóbicos sin precedentes y que son alarmantes. Vincular a las parejas del mismo sexo y a las familias homoparentales con abusos de menores, en tanto señala que el matrimonio igualitario abrirá la puerta al matrimonio con niños, es infame y refleja un desprecio injustificado a quienes aman a personas de su mismo sexo”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

El Movilh, organismo que presentó un Amicus Curiae en el TC a favor del requerimiento, puntualizó que “hoy el Tribunal Constitucional se ha quedado en el pasado y, sin duda, quedará en nuestra historia registrado como un organismo que vulnera sin piedad los derechos de las parejas del mismo sexo y de sus hijos, violentando así el interés superior del niño”.

En su fallo el TC estableció que “acoger” el matrimonio igualitario es discriminatoria “conduciría a la afectación del orden público matrimonial, cuyas reglas son esenciales y obligatorias para todos los habitantes de la República. Además de aceptarse que dichos preceptos legales originan arbitrariedad, podría ello conducir a extremos intolerables, en relación con legislaciones foráneas que aceptan vínculos matrimoniales sui generis, tales como matrimonios polígamos en países musulmanes, o el matrimonio de niños de países africanos, o aquellos convenidos por los padres en la sociedad japonesa, y las bodas masivas de parejas que se celebran en la secta moon, en Corea del Sur, entre otros”.

Añadió que “en todo caso, no puede hablarse de discriminación por la categoría sospechosa de orientación sexual, ya que la diferencia no radica en si se trata de personas homosexuales o heterosexuales, sino en que la institución matrimonial en Chile es una unión entre hombre y una mujer, por lo que una persona homosexual puede contraer matrimonio en Chile si lo hace con una persona de sexo opuesto”.

“No se advierte que las requirentes sean discriminadas por la aplicación de las normas jurídicas consideradas, en el caso concreto”, apuntaron, para añadir que “vigente un estatuto jurídico que regula la familia, su protección y efectos, no puede darse a todas las uniones afectivas el mismo reconocimiento y protección. Y en lo que respecta a las uniones de personas del mismo sexo, el Estado de Chile reconoce su existencia al dictar la Ley N°20.830, permitiendo la celebración de un contrato solemne cuyas características y efectos, se expresan en dicho cuerpo legal”.

En consecuencia, “el orden público familiar se encuentra estatuido principalmente en los cuerpos legales citados, constituyendo el vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer la forma jurídicamente recomendada para formar familia, aunque después se derive en otros tipos de aquellas, sea por separación de hecho de los cónyuges, estado de viudez, divorcio, nulidad, separación judicial de los cónyuges”, finalizaron.
BRASIL.- El presidente Jair Bolsonaro advirtió con retirar a Brasil de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras considerar que es esta entidad es una “organización política partidista”.

Los comentarios de Bolsonaro llegan una semana después de que el presidente Donald Trump anunció el quiebre de Estados Unidos con la OMS, luego de acusar a la organización de actuar a favor de China.

“Nosotros pensamos para el futuro que si la OMS no deja de trabajar sin prejuicios ideológicos también estaremos afuera. No necesitamos personas del exterior para dar una pista sobre lo que pasa con la salud aquí”, sostuvo Bolsonaro.

En comentarios a periodistas transmitidos por CNN Brasil, Bolsonaro también dijo que la hidroxicloroquina “está de regreso” después de que “falsos” estudios sobre su eficacia fueron retirados.

Bolsonaro ha promocionado la droga como un tratamiento para el coronavirus a pesar de la falta de evidencia científica sobre su efectividad.

Brasil es uno de los países más afectados por el coronavirus en el mundo, ubicándose segundo en número de casos, solamente detrás de Estados Unidos, y tercero entre los fallecidos, superado por el país norteamericano y Reino Unido.
ESTADOS UNIDOS.- Twitter bloqueó un video de campaña de Donald Trump en homenaje a George Floyd por un reclamo de derechos de autor, una medida que se suma a las tensiones entre la red social y el presidente de Estados Unidos, uno de sus usuarios con más seguidores.

La empresa colocó un mensaje sobre el video publicado por la cuenta @TeamTrump en el que decía: “Este contenido ha sido desactivado en respuesta a un reclamo del propietario de los derechos de autor”.

El

video seguía activo en el canal de YouTube del presidente e incluye imágenes de Floyd, cuya muerte a manos de la policía provocó protestas generalizadas en el país, en el inicio.

“Según nuestra política, respondemos a quejas válidas sobre derechos de autor que nos envió un propietario o representantes autorizados", explicó Twitter en un comunicado.

El video, que dura tres minutos y 45 segundos, es un montaje de fotos y videos de marchas pacíficas y agentes de policía abrazando a manifestantes, en el que se intercalan algunas escenas de edificios en llamas y vandalismo, con una suave música de piano y la voz de Trump.
LIMA.- Esta vez no voy a revisar el desastroso manejo gubernamental de la pandemia. Solo subrayaré que la cuarentena extendida evidencia irrefutablemente la ausencia de estrategias funcionales, pésimas ejecuciones sectoriales, manejo ideológico del problema sanitario, corrupción, aplicación de protocolos de curación equivocados y el rechazo a que las FF.AA. cumplan con su rol constitucional de coordinar la Defensa Nacional.

Hoy todo eso voy a dejarlo en el anaquel de pendientes para abocarme a una expresión infeliz que ha utilizado Martín Vizcarra: “debemos prepararnos para una nueva convivencia social”.

¿Se refiere simplemente a que, después de la cuarentena, deberemos continuar las normas de profilaxis? ¿O se trata del desliz de una visión autoritaria y antidemocrática que se proyectará desde el 30 de junio en adelante?

Los signos de un gobierno cada vez más vertical de izquierda se multiplican día tras día: el PCM Zeballos no quería presentarse con el Gabinete ante el Congreso basado en la ignorante tesis de que el Ejecutivo ya estaba “preconstituido” antes que el nuevo Parlamento; el ministro de Salud dos veces se negó a asistir a la comisión de fiscalización; en plena pandemia se está aplicando una política abortista que excede la norma constitucional; se insiste en imponer la ideología de género sin legitimidad alguna; el presidente amenaza al Congreso con que “defenderá” la paridad en las listas electorales, como si fuera un dogma al margen de la potestad parlamentaria; se sigue incrementando la deuda externa en niveles grotescos sin dar cuenta a nadie; se adoptan medidas populistas costosas sin control; las normas legislativas delegadas por la emergencia no pasan control de constitucionalidad; se afecta la autonomía de las FF.AA. con la torpe unificación de sus cuerpos sanitarios bajo el Minsa; se mantiene la subvención corruptora a la prensa y las encuestadoras; se pierden arbitrajes internacionales; se le sigue pagando a Odebrecht, etc.

Mientras el pueblo continúa ensimismado con el Covid-19 el Ejecutivo se ha convertido en un poder sin contrapesos que ni siquiera garantiza las elecciones generales del 2021; y a punta de asesores externos está construyendo un Estado paralelo.

¿Esa es la “nueva convivencia social” del Gobierno? Pues no la aceptaremos. Aquí, movidos por el espíritu liberal y el malestar del pueblo no tendemos el temperamento sumiso de los asiáticos ante la autoridad. Estamos cercanos a la reacción española que acaba de rebelarse contra el gobierno inepto y abusivo de la izquierda. Tome nota, señor Vizcarra.

Por Hugo Guerra
Columnista Diario Expreso


ESPAÑA.- La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como doctrina «que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas».

La sentencia anula el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de 30 de septiembre de 2016, que reconocía la bandera nacional de Canarias (la bandera de las siete estrellas verdes) como uno de los símbolos del pueblo canario acordando su enarbolamiento en un lugar destacado de la sede central del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el 22 de octubre de 2016. El Supremo destaca que ello contravino el ordenamiento jurídico porque «no es la bandera oficial, por lo que no puede atribuírsele la representatividad del pueblo canario como defiende el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife».

En sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Celsa Picó, los jueces del Supremo recuerdan que la administración, incluyendo la municipal, ha de respetar el ordenamiento jurídico, «sin que lo acordado, aunque lo voten la mayoría de los grupos políticos, pueda incardinarse en el marco competencial fijado por el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local».

La sentencia estima el recurso del abogado del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de noviembre de 2017, que dio la razón al Ayuntamiento tinerfeño y consideró que el izado de una bandera no oficial en la acera exterior del edificio, frente a la fachada de la corporación, en un mástil auxiliar, se encontraba perfectamente contemplado dentro del marco de la legalidad institucional española.

Sin embargo, el Supremo repone la sentencia dictada inicialmente, en junio de 2017, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz, que resolvió que el acuerdo municipal era nulo de pleno derecho debido a que las Administraciones Públicas no pueden legalmente exhibir otras banderas que no sean las oficiales.

El acuerdo municipal ahora anulado se contenía de dos puntos y decía textualmente:

«1.- Reconocer en Pleno la bandera nacional de Canarias (la bandera de las siete estrellas verdes) como uno de los símbolos colectivos con los que se siente identificado el pueblo canario, expresión de las luchas históricas que se han sucedido en el archipiélago a favor de la instauración de la democracia, la libertad y la consecución de mayores cotas de bienestar para sus gentes, así como en pro de la construcción de una mayor hermandad entre las islas».

«2.- En virtud de este reconocimiento y cumpliendo la legalidad vigente, la institución acuerda enarbolar en un lugar destacado de su sede central la bandera nacional de Canarias el día 22 de octubre del presente año de 2016 en conmemoración de su 52 aniversario».

Consecuencias de la sentencia

Aunque la sentencia se aplica inicialmente al caso concreto de Santa Cruz de Tenerife, establece una jurisprudencia que podrá aplicarse a cualquer caso en que se use una bandera o símbolo no oficial en un edifició público, algo habitual en Cataluña y en ayuntamientos gobernados por la izquierda en España.