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ESTADOS UNIDOS.- El expresidente Donald Trump dijo en una nueva entrevista que la decisión de enjuiciar a las mujeres por abortar o de vigilar su embarazo se debe dejar en manos de los estados.

En una entrevista publicada el martes en la revista Time, Trump respondió a las preguntas sobre cómo manejaría diversas cuestiones relacionadas con el aborto si resultaba electo diciendo que se debe dejar en manos de los estados.

“No es necesaria una prohibición federal”, dijo el virtual candidato republicano a la presidencia. “El fallo en el caso Roe contra Wade... no fue tanto sobre el aborto, sino sobre regresar la autoridad a los estados. Así, los estados podrían negociar acuerdos. Florida será diferente de Georgia, y Georgia será distinta de otros lugares”.

Cuando se le preguntó si vetaría un proyecto de ley que impusiera una prohibición federal, reiteró que “se trata de los derechos de los estados” y dijo que “nunca se presentará esa oportunidad” porque los republicanos, aun si recuperan el Senado en noviembre, no tendrían los 60 votos necesarios para superar las maniobras dilatorias y someter el proyecto de ley a una votación”.

Trump repitió su invariable respuesta sobre la autoridad de los estados cuando se le preguntó si éstos deberían vigilar el embarazo de las mujeres de manera que el gobierno supiera si abortaron. En medio de los debates sobre la criminalización de las mujeres por abortar, incluso de aquellas que gestionan de forma independiente el aborto con medicamentos, los expertos han advertido sobre cómo las modernas tecnologías de vigilancia podrían ayudar a los organismos policiales a rastrear e investigar los abortos.

Cuando se le preguntó si una mujer debería ser castigada por abortar después de que un estado ha prohibido o restringido el procedimiento, Trump también respondió que eso dependerá de los estados. “Los estados tomarán esa decisión”, dijo Trump. “Los estados tendrán que sentirse cómodos o incómodos, no yo”.

Recientemente, los demócratas retomaron los comentarios que Trump hizo en 2016, cuando señaló que “tiene que haber alguna forma de castigo” para las mujeres que abortan.

El aborto es un tema central de campaña en las elecciones presidenciales de 2024, por lo que Trump busca una postura más cautelosa respecto al tema, que se ha convertido en una vulnerabilidad para los republicanos y ha impulsado el voto por los demócratas. El hecho de que Trump deje el tema en manos de cada estado ha provocado críticas por parte de los demócratas, así como de conservadores y grupos contra el aborto que buscan una prohibición federal.

El grupo nacional antiaborto SBA Pro-Life America señaló en un comunicado que estaba “decepcionado por la postura del presidente Trump de dejar un tema de derechos humanos en poder de los estados”. La organización también afirmó que los demócratas abandonarían las tácticas dilatorias para “imponer su agenda abortiva sin límites en todo el país”.

La SBA aboga por una prohibición nacional del aborto después de las 15 semanas de gestación, con excepciones por violación, incesto y para salvar la vida de la mujer, pero la organización ha expresado su apoyo a los estados con prohibiciones más estrictas.

Durante su mandato, Trump designó a tres jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, quienes le ayudaron a formar la mayoría que derogó el derecho constitucional al aborto, y se ha atribuido a él mismo ese hecho durante su campaña. En abril, dijo que fue “orgullosamente, la persona responsable del fin” del fallo del caso Roe contra Wade, que data de hace 50 años.

Por su parte, el presidente Joe Biden ha culpado a Trump por una avalancha de restricciones estatales al aborto que entraron en vigor desde la revocación del fallo hace dos años. Su equipo de campaña también ha advertido que un segundo mandato de Trump podría generar restricciones al aborto en todo el país. Biden ha responsabilizado a Trump por la prohibición al aborto a partir de las seis semanas de embarazo en Florida.

“Los últimos comentarios de Donald Trump dejan pocas dudas: si es elegido firmará una prohibición nacional del aborto, permitirá que las mujeres que aborten sean enjuiciadas y castigadas, permitirá que el gobierno invada la privacidad de las mujeres para vigilar sus embarazos y pondrá en peligro la fecundación in vitro y la anticoncepción en todo el país”, dijo la jefa de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, en un comunicado en respuesta a la entrevista de la revista Time.

Mini Timmaraju, presidenta de Reproductive Freedom for All, también expresó sus dudas sobre el énfasis de Trump en la moderación al dejar la cuestión en manos de los estados.

“No tengo dudas de que Trump elegirá a los extremistas antiaborto y su horrible agenda por encima de las familias estadounidenses cada vez que tenga la oportunidad”, señaló.

Trump se negó a hablar con Time sobre la mifepristona en un momento en que el acceso a la píldora abortiva se ha sumido en la incertidumbre en medio de una batalla legal que ha llegado hasta la Corte Suprema.

Los defensores de ambas partes del debate sobre el aborto también han presionado durante mucho tiempo a Trump para que aclare su opinión sobre la Ley Comstock, una ley del siglo XIX que ha sido revivida por grupos antiabortistas que buscan bloquear el envío por correo de la mifepristona. Trump declinó hacer comentarios sobre la ley, limitándose a decir que tiene “opiniones bastante firmes” sobre el asunto y que haría una declaración al respecto en los próximos 14 días.

“En los Estados Unidos de Trump, la gente será castigada por abortar, el gobierno vigilará los embarazos de las mujeres y él instrumentalizará y abusará de las leyes Comstock del siglo XIX para intentar criminalizar a los médicos e ilegalizar el aborto en todo el país”, dijo en un comunicado Jenny Lawson, directora ejecutiva de Planned Parenthood 

Los comentarios de Trump fueron coherentes con su reciente estrategia de mostrarse más moderado sobre el derecho al aborto en su intento de atraer al electorado general. Trump ya ha expresado anteriormente su desacuerdo con las restricciones al aborto en estados concretos, como la prohibición de Arizona, que data de la época de la Guerra Civil, y la de Florida, que veta la interrupción del embarazo después de las seis semanas de gestación. En la entrevista de Time, Trump repitió que “pensaba que seis semanas es demasiado severo”. 

AP


BRASIL.- La negativa de una empresa en São Paulo a realizar "invitaciones homosexuales" para una pareja gay ha generado un intenso debate en las redes sociales, donde la situación se ha vuelto viral en cuestión de horas. Todo comenzó cuando Nascimento, uno de los miembros de la pareja, envió un mensaje vía WhatsApp para solicitar un presupuesto de invitaciones de matrimonio. Sin embargo, la respuesta que recibió de Jurgenfeld Ateliê causó conmoción: la tienda se negaba a realizar "invitaciones homosexuales" y sugería que buscaran otro lugar que pudiera satisfacer sus necesidades.

La pareja, consternada por el rechazo, decidió expresar su indignación públicamente, lo que desencadenó una serie de acontecimientos. En un comunicado posterior, la empresa argumentó que su negativa no estaba motivada por "homofobia ni ningún tipo de prejuicio", sino por sus "principios y valores" cristianos.

Henrique, el otro miembro de la pareja, respondió enfáticamente, afirmando que "una empresa no puede discriminar a las personas". Junto con su novio, expresaron su decepción y presentaron una denuncia policial.

"Es con gran decepción que expresamos nuestra profunda insatisfacción con la negativa a proporcionar servicios para nuestra boda, simplemente porque somos una pareja homosexual. Nos impactó y entristeció que se nos informara que nuestra orientación sexual era motivo para negar nuestras invitaciones de boda", escribió Henrique.

¿Qué respondió la empresa tras la polémica? En su primer comunicado, la tienda hizo referencia a la 'heterofobia'. Sin embargo, este fue eliminado por la empresa después de que el caso ganara notoriedad. El dueño reafirmó la posición de la tienda de no ofrecer servicios para bodas o eventos homosexuales.

Según él, la empresa ha estado rechazando "muchos servicios" a parejas homosexuales desde hace dos años. Además, en la leyenda del post, el taller insinuó la existencia de la 'heterofobia', sugiriendo un presunto prejuicio contra personas heterosexuales.

“Hoy, hemos alcanzado nuestro punto máximo. Ya no podemos soportar tantas críticas y cuestionamientos sobre el hecho de no realizar bodas o eventos homosexuales", dice el comunicado.

El equipo de redacción de O Globo ha intentado contactar a Jurgenfeld Ateliê para obtener comentarios adicionales, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. La situación sigue siendo objeto de discusión en las redes sociales y entre la comunidad en general.

O Globo


ESTADOS UNIDOS.- Poco después de conocerse el fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. que devolvió a los estados la regulación del aborto en 2022, nueve estados no tardaron en luchar por la vida. Misuri, Wisconsin, Utah, Kentucky, Luisiana, Dakota del Sur, Oklahoma, Arkansas y Alabama fueron los primeros territorios de 50 que componen el país en vetar esta controvertida práctica.

Aunque aún queda mucho por avanzar, esto se ha hecho posible gracias a Samuel Alito, el juez estadounidense que en junio de 2022 filtró el borrador que permitió al Tribunal Supremo de Estados Unidos revocar el caso Roe vs. Wade, una ley que permitía desde 1973 el aborto en todo el país. Poco después de que el magistrado Alito firmase el fallo del Tribunal Constitucional, Greg Abbott, gobernador de Texas, fue el primer dirigente que se posicionó a favor de la vida.

A pesar de que se sigue luchando por acabar con los infanticidios, el aborto permanece en un limbo en algunos estados. Ejemplo de ello son Arizona, Utah, Nebraska, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida y Georgia, que aunque dicen dar una oportunidad a los nonatos, permiten esta controvertida práctica dependiendo de la semana de gestación.

14 estados del país tienen vetada esta polémica práctica. Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misuri, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee y Texas son ejemplo de ello. Solo está permitido en caso de violación o incesto. Sin embargo, Misisipi no permite el infanticidio en caso de que se produzca gestación entre miembros de la misma familia. En el caso de Idaho, el aborto está prohibido en su totalidad. No pasa lo mismo en Indiana, donde hay excepciones limitadas. Dakota del Norte también tiene otras normas. Esta acción, donde la madre puede deshacerse del nonato, está prohibida cuando se producen violaciones e incesto, pero solo en las primeras seis semanas de embarazo. El último caso es Virginia Occidental. La prohibición es casi total. Además, un juez permitió restringir el uso de pastillas químicas como la mifepristona.

Otros siete estados tienen permitidos los infanticidios siempre y cuando no supere la gestación dictada por el territorio. Así, las mujeres de Utah, Carolina del Sur y Carolina del Norte, Nebraska, Arizona, Florida y Georgia pueden matar a sus hijos entre las seis y las 18 semanas de vida del feto. Desglosado, Utah ha decidido permitir a las familias acudir a los abortorios antes de las 18 semanas de gestación. Carolina del Sur posee una prohibición por «el latido del corazón» del bebé. Por ello, pueden abortar antes de las seis semanas. Georgia y Florida siguen sus mismos pasos. Algo parecido pasa en Carolina del Norte. Sin embargo, extienden las semanas hasta las 12. Lo mismo pasa con Nebraska.

El caso más radical es el de Arizona, ya que la Corte Suprema permite acabar con la vida del futuro bebé hasta la semana 15 de embarazo. Es decir, cuando el feto está a punto de cumplir cinco meses de gestación. A pesar de ello, el Senado estatal de Arizona ha aprobado este miércoles una legislación con la que se espera derogar una ley estatal de 1864 que impone una prohibición casi total del aborto en ese estado.

EL DEBATE


LIMA.- El congresista de Acción Popular es investigado por viajar con la asesora de la congresista Kira Alcarraz, relación que inicialmente negó y posteriormente admitió calificándola como algo 'pasajero'.

El congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, denunciado por supuesto intercambio de favores, generó controversia tras insinuar a sus colegas de una presunta homosexualidad. Además, de contratar a sus parejas.

En declaraciones a la prensa, el exvocero de dicho grupo parlamentario exigió a que también se los investiguen por esta situación.

"Inclusive hay congresistas homosexuales que contratan como asesores a sus maridos, a sus parejas (…) Son homosexuales porque han contratado a sus parejas hombres. Vas a ver un hombre congresista con otro hombre, así son", dijo a los medios.

"Vas a decir no son pareja, pero son homosexuales (…), y se van de viaje. Síganlos también”, exigió un ofuscado Espinoza

La controversia comenzó cuando Espinoza fue investigado por viajar con la asesora de la congresista Kira Alcarraz, relación que inicialmente negó y posteriormente admitió calificándola como algo 'pasajero'.

Su conducta y las acusaciones han llevado a una denuncia ante la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

LIMA.- El Congreso, a través del proyecto de ley N.º 7579/2023-CR, promueve una iniciativa liderada por la congresista Milagros Jauregui de Aguayo, de la Bancada de Renovación Popular, que busca asegurar el derecho de las familias a decidir sobre la educación sexual de sus hijos, basado en la libertad de conciencia y el derecho de los padres a determinar la educación de sus hijos, como lo establece la Constitución.

La propuesta garantiza la libertad de enseñanza, reconociendo que los padres tienen el deber y el derecho de educar a sus hijos y de participar en el proceso educativo, incluyendo la elección de instituciones educativas, de acuerdo con sus propias convicciones, creencias y libertad de conciencia.

“Esta iniciativa busca fortalecer el rol de los padres en la educación de sus hijos, respetando sus valores y creencias”, afirmó la congresista Jauregui de Aguayo.

Además, se establece el derecho de los alumnos a eximirse de cursos de educación sexual integral por motivos de conciencia, creencias o convicciones religiosas, sin que esto afecte su rendimiento académico, siempre y cuando lo autoricen los padres o tutores en el caso de menores de edad.

La modificación propuesta en la Ley General de Educación reafirma el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos según sus convicciones morales, religiosas y libertad de conciencia, definiendo la educación integral como un espacio de enseñanza y aprendizaje que promueve valores, conocimientos y habilidades para una sexualidad saludable y responsable en un contexto de relaciones respetuosas y democráticas, considerando las particularidades de cada etapa de desarrollo y las dimensiones biológicas, sociales, éticas y morales.