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BRASIL.- El teólogo y pastor presbiteriano Caio Modesto fue citado por la Policía Federal de Brasil tras expresar públicamente, a través de un video en redes sociales, su convicción doctrinal de que el matrimonio, según la enseñanza bíblica cristiana, es la unión entre un hombre y una mujer.


La citación se produjo tras una denuncia que acusaba al teólogo de presuntos delitos de homofobia, a pesar de que sus declaraciones se realizaron en un contexto estrictamente religioso y doctrinal, sin incitaciones a la violencia ni expresiones de odio contra ninguna persona o grupo.

Modesto señaló que sus declaraciones se enmarcan en el derecho a la libertad religiosa y de expresión, reconocido tanto en la Constitución brasileña como en los tratados internacionales de derechos humanos. Asimismo, aclaró que su postura no busca discriminar, sino exponer una enseñanza histórica del cristianismo basada en la Biblia.

El caso ha generado una amplia reacción en sectores cristianos, líderes religiosos y defensores de las libertades fundamentales, quienes advierten sobre un posible uso del aparato estatal para criminalizar las creencias religiosas. Miles de creyentes han expresado su apoyo al teólogo y han llamado a la oración y a la defensa pacífica de la fe.

Organizaciones y juristas han señalado que este episodio reabre el debate sobre los límites entre la legislación antidiscriminatoria y la protección de la libertad de conciencia, especialmente en sociedades democráticas y pluralistas. El proceso se encuentra en una etapa preliminar, mientras crece la preocupación por el precedente que podría sentar para pastores, sacerdotes y líderes religiosos que expresan públicamente las enseñanzas de su fe.

MÉXICO.- Diversas organizaciones civiles de la región han expresado su profunda preocupación ante las recientes decisiones y pronunciamientos judiciales en México que podrían dar pie a la imposición del llamado "lenguaje inclusivo" en el ámbito educativo, sin el consentimiento de los padres.


Según información difundida por plataformas ciudadanas, sectores del poder judicial estarían cuestionando las disposiciones adoptadas por las autoridades locales que buscan preservar el uso del español conforme a sus reglas gramaticales tradicionales en las instituciones educativas. Esta situación ha generado un amplio debate público sobre los límites del Estado en materia educativa y el respeto al derecho preferente de los padres a decidir sobre la formación moral y lingüística de sus hijos.

Especialistas en educación y lingüística recuerdan que el llamado lenguaje inclusivo no forma parte del español estándar, como ha señalado reiteradamente la Real Academia Española, y que su introducción obligatoria en las aulas podría causar confusión en el proceso de aprendizaje, especialmente en niños y adolescentes.

Asimismo, organizaciones pro familia advierten que ninguna autoridad judicial o administrativa debe imponer enfoques ideológicos en la educación sin un amplio debate democrático y sin considerar la opinión de las familias, principales responsables de la educación de sus hijos.

"Este no es solo un debate lingüístico, sino un debate sobre libertades fundamentales. Defender la lengua y el derecho de los padres no es discriminar, es proteger la educación y el desarrollo integral de los menores", declararon portavoces de la sociedad civil.

Finalmente, se hizo un llamado a las autoridades de la región para que respeten el principio de neutralidad ideológica en la educación, garanticen la participación de los padres en las decisiones educativas y eviten imponer agendas que no cuenten con consenso social.

FRANCIA. — Un nuevo caso ocurrido en Francia ha reavivado el debate internacional sobre los límites entre la ética médica, la competencia profesional y las exigencias ideológicas en el sistema de salud.

El ginecólogo Victor Acharian, con consulta en la ciudad de Pau, fue sancionado por el Conseil de l’Ordre des Médecins de Nueva Aquitania con seis meses de suspensión, de los cuales cinco quedaron en suspenso y uno efectivo, tras negarse a atender a una persona transgénero.

El médico argumentó que su negativa no obedecía a discriminación, sino a que no cuenta con la formación ni la competencia médica para atender a pacientes biológicamente masculinos, ya que su práctica profesional está dirigida exclusivamente a mujeres biológicas. Sin embargo, una reseña publicada en Google por el entorno del paciente y la posterior respuesta del doctor —que se viralizó en redes sociales— desencadenaron una fuerte reacción mediática y la intervención del organismo regulador.

Diversas asociaciones de derechos humanos calificaron el hecho como un acto de discriminación hacia personas trans, mientras que otros sectores advierten que la sanción impuesta sienta un precedente preocupante, al castigar a un profesional de la salud por actuar conforme a su criterio médico y a los límites de su especialidad.

Especialistas y analistas señalan que este caso pone en tensión principios fundamentales:

La libertad de conciencia y de ejercicio profesional del médico 
La seguridad del paciente y la correcta praxis médica 
El riesgo de que la ideología se imponga sobre la ciencia y la biología en el ámbito sanitario.

El debate ya no se limita a Francia, sino que se proyecta a nivel internacional, especialmente en países donde se discuten leyes sobre identidad de género, objeción de conciencia y responsabilidades éticas del personal de salud.

Este caso plantea una pregunta central para las democracias modernas: ¿Debe un médico ser sancionado por negarse a ejercer fuera de su competencia profesional?

HONDURAS.- El diputado José Tomás Zambrano Molina, abogado y líder evangélico, fue elegido presidente del Congreso Nacional de Honduras para el período legislativo 2026–2030, en un hecho de alto impacto político que marca un nuevo escenario en la relación entre fe, valores y gestión pública en la región.

La elección de Zambrano se concretó luego de un proceso de diálogo y acuerdos entre las principales fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo hondureño, alcanzando una mayoría parlamentaria que le permitió asumir la conducción del primer poder del Estado. Previamente, había sido designado presidente de la Junta Directiva Provisional, etapa en la que demostró capacidad de conducción y articulación política.

Trayectoria política y formación profesional Tomás Zambrano es abogado, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y cuenta con una trayectoria parlamentaria continua desde el año 2010, representando al departamento de Valle. Antes de ser congresista, se desempeñó como asesor legislativo, lo que le permitió conocer de manera directa el funcionamiento interno del Congreso Nacional.

A lo largo de más de una década de labor parlamentaria, Zambrano ha participado activamente en comisiones legislativas y en debates clave para la institucionalidad democrática del país, consolidándose como una figura influyente dentro del Congreso.

Fe, convicciones y compromiso con la vida y la familia El nuevo presidente del Congreso Nacional ha manifestado públicamente su fe cristiana evangélica, la cual —según ha señalado en diversas ocasiones— orienta su visión ética del servicio público. En ese marco, es reconocido por su postura provida y profamilia, así como por su defensa de principios como la libertad religiosa, la objeción de conciencia y el respeto a la familia como institución fundamental de la sociedad.

Zambrano forma parte de espacios internacionales como el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia y la Unión Iberoamericana de Políticos Cristianos, foros en los que convergen legisladores y líderes públicos de distintos países comprometidos con la defensa de valores fundamentales frente a agendas ideológicas de alcance global. Agenda legislativa y llamado a la unidad nacional

Tras asumir oficialmente la presidencia del Congreso Nacional, Tomás Zambrano hizo un llamado a la unidad nacional, subrayando la necesidad de anteponer el bienestar del país por encima de las diferencias partidarias. En sus primeras declaraciones, afirmó que su gestión buscará fortalecer la estabilidad democrática, la institucionalidad y el respeto al Estado de Derecho.

Asimismo, ha señalado que el Congreso debe legislar escuchando a la ciudadanía y atendiendo las principales preocupaciones sociales, económicas y familiares del pueblo hondureño, en un contexto regional marcado por profundas tensiones políticas, culturales y sociales.

Un mensaje para América Latina La elección de un presidente del Congreso abiertamente evangélico y comprometido con la defensa de la vida y la familia representa un mensaje relevante para América Latina, donde cada vez más ciudadanos reclaman coherencia ética, valores y responsabilidad en el ejercicio del poder público.

Este acontecimiento se inscribe en una tendencia regional en la que líderes con convicciones cristianas comienzan a ocupar espacios estratégicos de decisión, participando activamente en la batalla cultural y política que define el rumbo de las leyes, las políticas públicas y el futuro de las naciones. Diversos sectores sociales han saludado esta designación como una oportunidad para promover un diálogo democrático respetuoso, donde la fe no sea excluida del debate público, sino reconocida como una dimensión legítima de la vida ciudadana. Conclusión La presidencia de Tomás Zambrano al frente del Congreso Nacional de Honduras abre una nueva etapa en la política del país y constituye un referente para los movimientos sociales y ciudadanos que defienden la vida, la familia y las libertades fundamentales en la región. Fuente informativa: Evangelico Digital – Latinoamérica

Santiago de Chile. — En una decisión que ha generado amplio interés y debate en la opinión pública, el Presidente de la República de Chile confirmó oficialmente el nombramiento de una profesora cristiana como nueva Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, en el marco de una reestructuración del gabinete ministerial destinada a fortalecer la gestión pública, la cohesión social y el diálogo democrático.


La nueva ministra es una profesional del ámbito educativo con una reconocida trayectoria académica, trabajo comunitario y participación en políticas sociales. Su perfil se caracteriza por una visión integral de la persona humana, el respeto a la dignidad de la mujer y una clara vocación de servicio público. Asimismo, ha expresado abiertamente su fe cristiana, lo que ha suscitado diversas reacciones, tanto de apoyo como de cuestionamiento, en sectores políticos y sociales.

El Gobierno especificó que el nombramiento no responde a criterios ideológicos o confesionales, sino a la idoneidad profesional, la capacidad técnica y la experiencia de la nueva autoridad. En ese sentido, la Presidenta reafirmó el carácter plural del Estado chileno, recordando que la participación de ciudadanos con diferentes convicciones religiosas, éticas y filosóficas es plenamente legítima en una democracia moderna, siempre que se realice dentro del marco constitucional y legal.

Diversos analistas y observadores políticos han señalado que esta designación podría marcar un nuevo enfoque en la gestión del Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género, priorizando políticas públicas orientadas a la protección efectiva de las mujeres contra la violencia, la promoción de la igualdad ante la ley, el fortalecimiento del rol de la mujer en la familia y la sociedad, y el respeto a la diversidad de pensamiento, sin imposiciones ni exclusiones ideológicas. Asimismo, sectores académicos y sociales destacan que la presencia de una ministra del ámbito educativo podría contribuir a una mirada más preventiva y formativa en materia de equidad, promoviendo el diálogo, la convivencia social y la construcción de amplios consensos. En este contexto, se destaca la importancia de que las políticas públicas se orienten al bien común, respetando las libertades fundamentales y la objeción de conciencia, pilares esenciales de un Estado democrático de derecho.

La nueva ministra, al asumir el cargo, expresó su compromiso de trabajar por todas las mujeres de Chile, sin distinción alguna, reafirmando que su gestión se basará en el respeto, la justicia, la escucha activa y la búsqueda de soluciones concretas a los problemas reales que enfrentan las mujeres, madres, trabajadoras y familias en el país.

El Ejecutivo finalmente reiteró su compromiso con la equidad, la no discriminación, la convivencia democrática y el fortalecimiento institucional, señalando que este nombramiento representa una oportunidad para avanzar hacia políticas públicas más inclusivas, centradas en la persona humana y orientadas al desarrollo integral de la sociedad chilena.