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LIMA.- El año 2025 finalizó en Perú sin la aprobación de ninguna ley LGTBIQ+, y este hecho no es casual ni fortuito: es una clara derrota política de una agenda ideológica que intentó apoderarse del Estado sin apoyo popular.


A pesar de la presión de ONG, lobbys internacionales, embajadas y medios de comunicación, el Congreso de la República no cedió al chantaje político ni al relato de la victimización permanente. A lo largo del año 2025, se presentaron proyectos que buscaban redefinir conceptos fundamentales del ordenamiento jurídico peruano, como la familia, la identidad, el sexo, la educación y la patria potestad, sin pasar por una reforma constitucional ni una consulta ciudadana. Se pretendía legislar por presión y no por representación, imponiendo una minoría ruidosa a una mayoría silenciosa que no votó por esa agenda.

La narrativa de que "no legislar es discriminar" ha sido desenmascarada. El Congreso no tiene la obligación de aprobar ideologías, sino de legislar de acuerdo con la Constitución, la soberanía nacional y el interés general. En 2025, el Parlamento comprendió que aprobar leyes LGTBIQ+ habría significado abrir conflictos legales innecesarios, litigios permanentes y una confrontación directa con los derechos parentales, la libertad religiosa y la biología.

Este cierre legislativo también demuestra el agotamiento político del discurso identitario, que ya no moviliza a la ciudadanía ni genera mayorías. La agenda LGTBIQ+ no logró traducirse en votos, consenso ni legitimidad social. Se sostuvo únicamente mediante la presión mediática, el activismo judicial y el financiamiento externo.

Lejos de ser un retroceso, 2025 marca un punto de contención institucional frente a la colonización ideológica del Estado.

Perú decidió no seguir el camino de países donde estas leyes han generado fractura social, persecución ideológica y censura de quienes piensan diferente. El mensaje político es claro: en Perú no hay legislación contra la familia, ni contra la Constitución, ni contra la voluntad popular.

El reto hacia 2026 no será revivir agendas derrotadas, sino fortalecer políticas públicas reales en seguridad, educación, empleo y familia, sin ideologías importadas ni imposiciones culturales.

Por: Carlos Linares Cerón 
Movimiento Nacional por la Familia 

Bruselas, Bélgica. - Diversos sectores sociales, organizaciones civiles, comunidades religiosas, juristas y defensores de los derechos humanos han expresado serias preocupaciones y críticas frente a la reciente resolución aprobada por el Parlamento Europeo en respaldo a la iniciativa “My Voice, My Choice”, al considerar que dicha postura abre la puerta a una grave vulneración del derecho a la vida y a la soberanía de los Estados miembros.

1. No es una resolución neutral: promueve una agenda ideológica Aunque se presenta como un mecanismo de “solidaridad” y “salud”, la resolución es vista por muchos analistas como un acto político ideologizado, que busca normalizar y promover el aborto como un derecho humano, cuando no existe ningún tratado internacional vinculante que reconozca el aborto como tal.

Críticos señalan que el Parlamento Europeo excede su rol político, alineándose con una agenda cultural específica que ignora deliberadamente la protección del concebido, un principio reconocido en muchas constituciones nacionales y tradiciones jurídicas europeas.

2. Atenta contra la soberanía de los Estados miembros Uno de los cuestionamientos más reiterados es que, aunque la resolución no es formalmente vinculante, sí ejerce presión política y financiera sobre los Estados miembros que mantienen legislaciones protectoras de la vida desde la concepción.

El uso de fondos europeos comunes, financiados por todos los contribuyentes —incluidos aquellos de países donde el aborto está restringido— es considerado por muchos como una imposición indirecta que socava la soberanía nacional y el principio de subsidiariedad, pilares fundamentales de la Unión Europea.

3. Uso de recursos públicos para eliminar vidas humanas Organizaciones provida y expertos en bioética denuncian que esta iniciativa destinaría recursos públicos a la práctica del aborto, lo que implica, en términos reales, financiar la eliminación de seres humanos en su etapa más vulnerable.

Desde esta perspectiva, la medida es vista como éticamente inaceptable, ya que el Estado —o en este caso, una entidad supranacional— debería priorizar políticas de apoyo a la maternidad, a la familia y a la vida, en lugar de promover su eliminación como solución a problemas sociales o económicos.

4. Invisibiliza alternativas reales para las mujeres 
Otra crítica central es que la resolución reduce el concepto de “salud y derechos reproductivos” casi exclusivamente al aborto, dejando en segundo plano alternativas fundamentales como:

Apoyo integral a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad Políticas de acompañamiento psicológico y social

Programas de adopción ágiles y humanos Protección laboral y económica a la maternidad Educación preventiva y responsable Para muchos críticos, esta visión empobrece el debate y presenta el aborto como una “salida fácil”, sin atender las causas estructurales que empujan a muchas mujeres a tomar esa decisión bajo presión.

5. Contradicción con el derecho humano más básico: 
El derecho a la vida Juristas y defensores del derecho natural advierten que no puede hablarse coherentemente de derechos humanos mientras se niega el primero y más fundamental de ellos: el derecho a la vida.

Sostienen que ningún derecho puede construirse sobre la negación de otro ser humano, y que el lenguaje de “libertad” y “autonomía” utilizado en la resolución elude deliberadamente la existencia del niño por nacer, convirtiéndolo en el gran ausente del debate.

6. Profunda división social en Europa Lejos de generar consenso, esta resolución profundiza la polarización en Europa, enfrentando a pueblos, gobiernos y ciudadanos con visiones radicalmente distintas sobre la vida, la familia y la dignidad humana.

Sectores críticos advierten que imponer estas políticas desde instancias supranacionales desconecta a la Unión Europea de sus raíces culturales, humanistas y cristianas, y puede erosionar aún más la confianza ciudadana en las instituciones europeas.

Conclusión crítica
Para sus detractores, la resolución del Parlamento Europeo no representa un avance en derechos humanos, sino un retroceso ético y civilizatorio, al priorizar una agenda ideológica sobre la protección de la vida, la familia y la soberanía de los Estados.

Desde esta óptica, se hace un llamado urgente a defender la vida desde la concepción, fortalecer políticas de apoyo a la maternidad y a la familia, y respetar el derecho de los pueblos a decidir, conforme a sus valores y ordenamientos jurídicos, sobre asuntos tan trascendentales.

ESTADOS UNIDOS - El estado de Carolina del Norte ha dado un paso decisivo en el debate contemporáneo sobre identidad, biología y políticas públicas al promulgar una ley que reconoce oficialmente solo dos sexos: masculino y femenino, y prohíbe el uso de fondos públicos para financiar tratamientos médicos relacionados con la transición de género. La medida, aprobada por la Asamblea General del estado y vigente a partir del 1 de enero de 2026, establece un marco legal claro que define el sexo como una realidad biológica objetiva, determinada por las características físicas, genéticas y reproductivas presentes desde el nacimiento. Esta definición será de aplicación obligatoria en todas las leyes, reglamentos, políticas públicas, procedimientos administrativos y documentos oficiales del estado. 

CLARIDAD JURÍDICA Y PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO 
Según el texto legal, el reconocimiento del sexo biológico busca restablecer la coherencia normativa, evitar interpretaciones subjetivas en la aplicación de la ley y garantizar la seguridad jurídica tanto de las instituciones como de la ciudadanía. Los legisladores que apoyaron la iniciativa señalaron que en los últimos años se ha producido una confusión deliberada entre sexo e identidad de género, lo que ha generado inconsistencias legales, conflictos administrativos y un uso cuestionable de los recursos públicos. La nueva ley corrige esta situación estableciendo criterios objetivos y verificables.

PROHIBICIÓN DEL USO DE FONDOS PÚBLICOS PARA TRANSICIONES DE GÉNERO Uno de los puntos centrales de la norma es la prohibición expresa del uso de dinero estatal para financiar procedimientos de transición de género, incluyendo cirugías, terapias hormonales y bloqueadores de la pubertad, particularmente en: 

Menores, personas privadas de libertad y otros casos cubiertos por programas financiados con recursos públicos. Según las autoridades estatales, esta disposición responde al deber del Estado de proteger a los menores, actuar con prudencia médica y respetar la voluntad de los contribuyentes, quienes no pueden ser obligados a financiar prácticas altamente controvertidas desde un punto de vista científico, ético y social. 

 RESPONSABILIDAD MÉDICA Y REGISTROS CIVILES 
La legislación también introduce cambios relevantes en materia de responsabilidad médica, ampliando los plazos para que los pacientes presenten demandas contra profesionales sanitarios que hayan realizado intervenciones transitorias en menores. En cuanto a los registros civiles, la ley estipula que cualquier cambio relacionado con el sexo en los documentos oficiales debe preservar el registro original, garantizando así la trazabilidad histórica y la integridad de la información pública. 

UN CONTEXTO DE DEBATE NACIONAL E INTERNACIONAL 
La decisión de Carolina del Norte forma parte de un debate cada vez más intenso en Estados Unidos y otros países sobre el alcance de las políticas de género, la protección infantil, la libertad de conciencia y el papel del Estado en materia de identidad personal. Con esta norma, Carolina del Norte se suma a otros estados que han optado por reafirmar el sexo biológico como categoría legal fundamental, priorizando la ciencia, el interés superior del niño y la correcta administración de los recursos públicos. 

IMPACTO Y PROYECCIÓN 
Los analistas creen que esta legislación podría sentar un precedente para futuras iniciativas en otros estados y países, al demostrar que es posible legislar con claridad, firmeza y coherencia, incluso ante fuertes presiones ideológicas. Para amplios sectores de la sociedad civil, esta decisión representa una victoria del sentido común, el respeto a la realidad biológica y el derecho de los ciudadanos a que el dinero público se utilice de forma responsable y transparente.

LIMA.- El Movimiento Nacional Pro Familia emitió un saludo institucional a las familias del país con motivo de la llegada del Año Nuevo 2026, expresando deseos de unión, bienestar y prosperidad para los hogares peruanos.

A través de un comunicado, la organización señaló que el inicio del nuevo año representa una etapa de evaluación y proyección, en la que reafirma su posición en favor de la familia como eje central de la sociedad y elemento fundamental para el desarrollo social del Perú.

Durante el año 2025, el Movimiento Nacional Pro Familia participó activamente en el debate público sobre iniciativas legislativas y políticas vinculadas a la familia, la niñez y la educación, desarrollando acciones de incidencia, formación y articulación ciudadana en distintas regiones del país.

La organización destacó la participación de líderes sociales, profesionales y voluntarios que contribuyeron a la difusión de sus principios y propuestas. De cara al 2026, el Movimiento informó que continuará fortaleciendo su presencia a nivel nacional mediante la organización de actividades de capacitación, espacios de análisis y propuestas de políticas públicas orientadas a la protección de la familia. Asimismo, anunció el impulso de programas formativos y eventos dirigidos a líderes locales y ciudadanos interesados en la defensa de la familia desde un enfoque jurídico, social y cultural.

El comunicado también incluyó un llamado a las autoridades, instituciones y a la sociedad civil para priorizar a la familia en la agenda pública, señalando que su fortalecimiento es clave para la cohesión social y el desarrollo sostenible del país.

Finalmente, el Movimiento Nacional Pro Familia reiteró su mensaje de esperanza para el Año Nuevo 2026 y ratificó su compromiso de continuar participando en el debate público de manera democrática y dentro del marco legal vigente.

ESTADOS UNIDOS.- los últimos días, diversos medios internacionales han informado sobre el retiro de varios libros de bibliotecas escolares en Estados Unidos, entre ellos la serie Heartstopper, obra de la autora Alice Oseman. Dichos reportes señalan que estas decisiones se habrían aplicado en determinadas escuelas vinculadas al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en el marco de revisiones de contenido consideradas “sensibles” o “inapropiadas para menores”.

Es importante precisar que, hasta el momento, no existe evidencia oficial verificable que confirme la emisión de una orden ejecutiva específica del expresidente Donald Trump dirigida exclusivamente a prohibir los libros Heartstopper a nivel nacional. 

Los retiros de material bibliográfico forman parte de un debate más amplio sobre políticas educativas, autonomía de las instituciones escolares y el derecho de los padres a supervisar los contenidos a los que acceden sus hijos.

Este tipo de medidas no constituye una prohibición general de los libros en todo Estados Unidos, sino decisiones administrativas aplicadas en contextos educativos específicos, muchas veces impulsadas por juntas escolares, autoridades educativas o normativas internas. 

En paralelo, organizaciones de padres y colectivos civiles han presentado acciones legales solicitando la restitución de ciertos títulos, lo que demuestra que el tema continúa en discusión dentro del marco democrático y legal.

Desde una perspectiva institucional, este debate vuelve a poner sobre la mesa la importancia de:

La protección del interés superior del niño y del adolescente. 

El derecho preferente de los padres a decidir sobre la educación y formación moral de sus hijos. 

La necesidad de transparencia y diálogo en la selección de contenidos educativos, especialmente en bibliotecas escolares.

El análisis de estos hechos debe realizarse con responsabilidad, evitando la desinformación y diferenciando entre decisiones locales, políticas educativas internas y supuestas órdenes de alcance nacional que no cuentan con sustento documental comprobado.