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Seúl,Corea.- Diversas encuestas nacionales y análisis sociales recientes confirman que la opinión pública en Corea del Sur continúa siendo mayoritariamente contraria a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, reflejando una posición social conservadora profundamente arraigada en la cultura, la tradición y los valores familiares del país.

A pesar de ciertos avances judiciales limitados —como el reconocimiento de algunos beneficios administrativos o de seguridad social para parejas del mismo sexo— el Estado surcoreano no reconoce legalmente el matrimonio homosexual ni las uniones civiles equivalentes, y no existe actualmente consenso social ni parlamentario para modificar la definición legal del matrimonio.

Estudios de opinión muestran que una mayoría significativa de la población considera que el matrimonio debe preservarse como la unión entre un hombre y una mujer, destacando su rol histórico en la estabilidad social, la crianza de los hijos y la continuidad cultural. 

Esta postura es especialmente fuerte entre sectores religiosos, comunitarios y ciudadanos de generaciones adultas, aunque también persiste en parte de la juventud. Asimismo, masivas movilizaciones ciudadanas registradas en los últimos años evidencian una activa participación social en defensa del modelo tradicional de familia, influyendo de manera directa en la agenda política y legislativa del país.

Analistas coinciden en que, si bien existe debate público y presión de organismos internacionales, Corea del Sur mantiene su soberanía jurídica y cultural frente a la imposición de modelos familiares ajenos a su realidad social. El matrimonio igualitario, por tanto, no forma parte de las prioridades legislativas inmediatas.

La situación de Corea del Sur se suma a la de otros países de Asia donde la legalización del matrimonio homosexual no cuenta con respaldo mayoritario, reafirmando que el debate continúa abierto a nivel global y que las decisiones en esta materia responden, principalmente, a la voluntad de los pueblos y no a presiones externas.
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Lima, Perú — La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, advirtió públicamente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido sentencias que se apartan del texto original del Pacto de San José, tratado que rige el sistema interamericano de derechos humanos.

En declaraciones a la prensa, Pacheco señaló que algunas interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —como la que sostiene que la vida humana solo comienza con la implantación del embrión— contradicen el contenido expreso de la Convención Americana, que reconoce el derecho a la vida desde la concepción.

La presidenta del TC precisó que los jueces peruanos no están obligados a aplicar sentencias internacionales que contengan errores jurídicos o que violen la Constitución y la propia Convención Americana, ya que esto afectaría la soberanía jurídica del país y el principio de supremacía constitucional.

Asimismo, aclaró que esta postura no implica desconocer el sistema interamericano, sino ejercer un control responsable de convencionalidad, que permite verificar si las sentencias internacionales realmente respetan los derechos humanos de conformidad con los tratados suscritos por el Perú.

Estas declaraciones reabren el debate sobre los límites de la Corte Interamericana, el respeto a la soberanía nacional y la necesidad de que los organismos internacionales no reinterpreten ideológicamente los tratados, especialmente en temas sensibles como la defensa de la vida, la familia y el orden constitucional. Diversos sectores han acogido con satisfacción esta postura, considerándola una firme defensa del Estado de Derecho y un llamado de atención ante decisiones internacionales que podrían exceder sus competencias.
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LIMA.- En los últimos años, diversos medios internacionales han informado sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en más de 30 países. Sin embargo, presentar este fenómeno como un avance global indiscutible resulta impreciso y sesgado, ya que la mayoría de las naciones del mundo no reconocen esta figura legal ni la consideran parte de su ordenamiento jurídico.

Según información difundida por el periódico español ABC, el matrimonio homosexual se concentra principalmente en Europa Occidental y América, mientras que amplias regiones de África, Asia y Oriente Medio mantienen una postura contraria. Incluso dentro de la Unión Europea, persiste una profunda división, ya que varios Estados miembros no permiten esta figura, lo que confirma la ausencia de un verdadero consenso internacional.

En numerosos países donde se ha aprobado el matrimonio homosexual, la decisión no fue resultado de amplios procesos democráticos, sino de sentencias judiciales, reinterpretaciones constitucionales y presiones políticas externas que han modificado una institución histórica sin la debida deliberación social.

Resulta especialmente cuestionable el intento de presentar el matrimonio homosexual como un derecho humano universal, cuando ningún tratado internacional lo reconoce explícitamente.

Esta narrativa busca imponer una redefinición del matrimonio, desvinculándolo de su propósito social, jurídico y antropológico, y reduciéndolo a una mera construcción jurídica adaptable a criterios ideológicos.

En el caso del Perú, no existe reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo, y la Constitución protege el matrimonio y la familia según su concepción histórica y social.

Cualquier intento de imponer este modelo por vía judicial o administrativa representaría una violación del principio democrático y del respeto a la soberanía nacional.

El debate sobre el matrimonio no puede reducirse a la presión mediática ni a las tendencias internacionales, sino que debe abordarse con responsabilidad, respeto a la cultura jurídica del país y plena participación ciudadana.
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LIMA.- El debate sobre el matrimonio homosexual ha vuelto a reactivarse con fuerza en la agenda internacional, luego de recientes acciones judiciales en Estados Unidos y otros países occidentales que buscan revisar o incluso revertir fallos que, en la última década, redefinieron el concepto tradicional de matrimonio.

Esta situación ha generado preocupación en amplios sectores sociales, jurídicos y académicos, que advierten sobre los riesgos de continuar imponiendo cambios estructurales sin respaldo democrático ni consenso social.

Diversos analistas señalan que la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en varios países no fue resultado de procesos participativos, referéndums o amplios debates legislativos, sino de sentencias judiciales que modificaron el sentido histórico, jurídico y antropológico del matrimonio, institución reconocida desde siempre como la unión entre un hombre y una mujer, orientada a la formación y protección de la familia.

En este contexto, se ha advertido que el uso del activismo judicial para redefinir instituciones fundamentales debilita la separación de poderes, erosiona la soberanía de los Estados y limita el derecho de los pueblos a decidir sobre asuntos de alto impacto cultural y social. Especialistas en derecho constitucional sostienen que ninguna corte debería reemplazar la voluntad popular ni imponer transformaciones profundas bajo el argumento de interpretaciones expansivas de los derechos humanos.

Situación en el Perú En el Perú, el matrimonio homosexual no es legal. La Constitución Política del Perú y el Código Civil reconocen el matrimonio como la unión entre un varón y una mujer, fundamento esencial de la familia y de la organización social. En reiteradas oportunidades, iniciativas orientadas a modificar este marco legal han sido rechazadas, archivadas o declaradas improcedentes, reflejando una posición clara del ordenamiento jurídico nacional y del sentir mayoritario de la ciudadanía.

Organizaciones civiles recuerdan que el Perú es un Estado soberano, con una identidad cultural, jurídica y social propia, y que no puede ser obligado a adoptar modelos legales extranjeros que no responden a su realidad ni a la voluntad de su población.

Impacto social y educativo El debate sobre el matrimonio homosexual no se limita a una cuestión de reconocimiento legal, sino que tiene consecuencias directas en múltiples ámbitos, como la educación, las políticas públicas, la libertad de expresión, la libertad religiosa y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y culturales. Experiencias internacionales muestran que, tras la redefinición del matrimonio, se han impulsado cambios obligatorios en los sistemas educativos, sanciones a personas e instituciones que disienten por motivos de conciencia, y restricciones a la libre expresión de opiniones basadas en principios religiosos, científicos o filosóficos.

Llamado al respeto democrático “El verdadero debate no gira en torno a la discriminación, sino al respeto de instituciones fundamentales para el bien común. La igualdad ante la ley no significa eliminar las diferencias naturales ni redefinir conceptos esenciales por presión ideológica o judicial”, señalaron voceros del Movimiento Nacional Pro Familia.

Ante el renovado impulso internacional para imponer el matrimonio homosexual, organizaciones sociales exhortan a las autoridades peruanas a defender la Constitución, respetar la soberanía jurídica del país y garantizar que cualquier discusión sobre temas de esta magnitud se realice mediante mecanismos democráticos, transparentes y participativos.

El Movimiento Nacional Pro Familia reafirma su compromiso con la defensa de la familia, la vida, la libertad y el orden constitucional, promoviendo un debate informado, respetuoso y plural, sin imposiciones externas ni activismo judicial, en defensa del futuro del Perú.
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ESTADOS UNIDOS.- Un nuevo episodio ha reavivado el debate nacional e internacional sobre el matrimonio y la familia en Estados Unidos. Un juez estatal de Texas, con sede en la ciudad de Waco, presentó una demanda federal solicitando a los tribunales que reconsideren y, en última instancia, anulen el histórico caso Obergefell vs. Hodges (2015), mediante el cual la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país.

El magistrado, quien hace años se negó a celebrar matrimonios entre parejas del mismo sexo alegando objeción de conciencia y sinceras convicciones religiosas, ahora sostiene que la decisión de la Corte Suprema fue inconstitucional, imponiendo una redefinición del matrimonio sin una base explícita en la Constitución estadounidense y sin respetar la autonomía legislativa de los estados.

Cuestionando el activismo judicial. Según el contenido de la demanda, el fallo Obergefell vs. Hodges habría representado un claro ejemplo de activismo judicial, al crear un supuesto "derecho constitucional" que no fue aprobado por el Congreso ni ratificado mediante procesos democráticos estatales.

El juez argumenta que la Corte Suprema se extralimitó en sus facultades, sustituyendo el debate legislativo y social por una imposición judicial de alcance nacional. El recurso legal también señala que el matrimonio, históricamente regulado por los estados, fue redefinido sin considerar la tradición legal, cultural y moral que durante siglos lo ha entendido como la unión entre un hombre y una mujer, orientada a la formación de la familia y el bien común.

Libertad religiosa y objeción de conciencia. Uno de los ejes centrales del caso es la libertad religiosa, un derecho fundamental protegido por la Constitución de los Estados Unidos. El juez sostiene que ha sido objeto de sanciones y amonestaciones disciplinarias por mantenerse fiel a sus creencias, lo que, según su defensa, constituye una violación de su libertad de conciencia y expresión religiosa.

En este contexto, la Corte Suprema de Texas modificó recientemente el Código de Conducta Judicial para reconocer que la negativa de un juez a celebrar matrimonios por motivos religiosos no constituye necesariamente una falta disciplinaria, lo que ha fortalecido el argumento legal de la magistrada y ha dado nuevo impulso a su demanda federal.

Posible impacto a nivel nacional Aunque el proceso se encuentra en una etapa inicial, analistas legales coinciden en que este caso podría convertirse en un vehículo legal estratégico para que sectores conservadores vuelvan a llevar el tema del matrimonio igualitario ante la Corte Suprema de Estados Unidos, en un escenario similar al que llevó a la reversión del precedente del aborto con el fallo Dobbs v. Jackson en 2022. De prosperar, la revisión de Obergefell v. Hodges podría devolver a los estados la facultad de definir legalmente el matrimonio, reabriendo un debate que muchos consideraban cerrado, pero que sigue generando profundas divisiones políticas, sociales y culturales.

Repercusiones internacionales Este nuevo desafío legal es seguido con atención fuera de Estados Unidos, especialmente en Latinoamérica y Europa, donde diversos movimientos ciudadanos y organizaciones provida y profamilia observan el caso como un referente clave en la defensa del matrimonio natural, la familia y la soberanía legislativa frente a decisiones judiciales supranacionales. El caso confirma que el debate sobre el matrimonio y la familia no ha terminado, y que sigue siendo uno de los temas más sensibles y determinantes en la agenda política y cultural del siglo XXI.

Fuente: The Texas Tribune.
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