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ESTADOS UNIDOS.- Un reciente informe de PEN América, organización especializada en el monitoreo de la censura en el sistema educativo, revela que más de 2,000 libros con contenido vinculado a la agenda LGBT han sido retirados de escuelas públicas en los Estados Unidos, configurando uno de los procesos de restricción editorial más amplios de las últimas décadas.

De acuerdo con el documento, las prohibiciones se concentran en 23 estados y 87 distritos escolares, principalmente en Florida, Texas y Tennessee, donde autoridades educativas —en coordinación con asociaciones conservadoras y en sintonía con la actual administración federal— han impulsado políticas destinadas a limitar el acceso de estos títulos en aulas y bibliotecas escolares.

Entre las obras retiradas figuran The Lesbian’s Guide to Catholic School, la novela juvenil Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, así como la popular serie gráfica Heartstopper, entre otros textos dirigidos a niños y adolescentes. El informe también señala que en centros educativos adscritos al Departamento de Defensa, destinados a la formación de hijos de personal militar, se ordenó el retiro de hasta 596 libros, por disposiciones directas emanadas del Poder Ejecutivo.

Diversos analistas y organizaciones civiles advierten que, desde el retorno de Donald Trump al escenario político, se ha producido un giro significativo en las políticas públicas relacionadas con la diversidad sexual. Entre las medidas adoptadas se incluyen la derogación de normativas laborales contra la discriminación, la prohibición de tratamientos de transición de género en menores de edad y el recorte de fondos destinados a programas inclusivos en los sistemas de salud, educación y administración pública.

Este escenario ha reavivado el debate internacional sobre los límites de los contenidos educativos, la protección de la niñez y la adolescencia, y el rol del Estado en la formación de valores dentro del sistema escolar.

LIMA.- El partido político Renovación Popular, liderado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha marcado firme y públicamente su distanciamiento del proyecto de ley que promueve la unión civil entre personas del mismo sexo, reafirmando su identidad provida y profamilia.


Mediante un comunicado oficial, Renovación Popular informó que retiró las firmas de congresistas de su bancada que se habían incorporado a dicha iniciativa legislativa, al considerar que no representa ni se alinea con los principios fundacionales del partido.

La agrupación política sostuvo que su postura responde a una coherencia ideológica, basada en la defensa de la vida desde la concepción y de la familia como institución fundamental de la sociedad, principios que, como se indicó, no están sujetos a negociaciones ni coyunturas políticas. Asimismo, Renovación Popular especificó que su postura no constituye un acto de discriminación, sino el legítimo ejercicio de su derecho a defender un modelo de sociedad acorde con sus convicciones y lo que consideran el sentir mayoritario del país.

Este pronunciamiento se produce en un contexto de intenso debate en el Congreso de la República sobre iniciativas relacionadas con la agenda de género y los derechos civiles, y a pocos meses del inicio del proceso electoral para las Elecciones Generales de 2026.

Diversos sectores ciudadanos y organizaciones defensoras de la familia han acogido con satisfacción esta decisión, enfatizando la importancia de mantener una postura clara y coherente en defensa de la familia y del orden constitucional vigente.

LIMA.- El partido político Renovación Popular, liderado por el alcalde de Lima Rafael López Aliaga, ha marcado de manera firme y pública su distancia frente al proyecto de ley que promueve la unión civil entre personas del mismo sexo, reafirmando su identidad provida y profamilia.

Mediante un pronunciamiento oficial, Renovación Popular informó que retiró las firmas de congresistas de su bancada que habían sido incorporadas a dicha iniciativa legislativa, al considerar que esta no representa ni se alinea con los principios fundacionales del partido.

La agrupación política sostuvo que su posición responde a una coherencia ideológica, basada en la defensa de la vida desde la concepción y de la familia como institución fundamental de la sociedad, principios que —según indicaron— no están sujetos a negociaciones ni a coyunturas políticas. Asimismo, Renovación Popular precisó que su postura no constituye un acto de discriminación, sino el ejercicio legítimo de su derecho a defender un modelo de sociedad conforme a sus convicciones y a lo que consideran el sentir mayoritario del país.

Este pronunciamiento se da en un contexto de intenso debate en el Congreso de la República sobre iniciativas relacionadas con la agenda de género y los derechos civiles, y a pocos meses del inicio del proceso electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026.

Diversos sectores ciudadanos y organizaciones defensoras de la familia han saludado esta decisión, destacando la importancia de mantener una posición clara y coherente en defensa de la familia y del orden constitucional vigente.

ESTADOS UNIDOS.- El Gobierno de Estados Unidos anunció una serie de medidas destinadas a restringir y prohibir los tratamientos médicos para la transición de género en niños y adolescentes, priorizando el principio de protección integral de los menores y la prudencia médica.


Según informaron funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), las disposiciones buscan impedir el uso de fondos federales en hospitales y centros de salud que realizan procedimientos de transición de género en menores de 18 años, como bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales y cirugías irreversibles.

Las autoridades estadounidenses indicaron que estas decisiones responden a la preocupación por los riesgos físicos y psicológicos a largo plazo, así como a la insuficiente evidencia científica concluyente para garantizar la seguridad de dichos tratamientos en las primeras etapas del desarrollo humano.

"Los niños deben estar protegidos de intervenciones irreversibles que pueden marcar sus vidas de forma permanente", declararon portavoces oficiales, enfatizando que el enfoque de las políticas públicas debe priorizar el apoyo psicológico, la atención integral y el papel fundamental de la familia.

Las medidas anunciadas forman parte de un proceso regulatorio, por lo que deben pasar por instancias administrativas y legales antes de su aplicación final. Sin embargo, el anuncio ya ha generado un intenso debate internacional, con reacciones tanto de apoyo como de oposición.

Desde diversos sectores que promueven la defensa de la familia y la infancia, se ha destacado que esta decisión sienta un precedente relevante en el debate global sobre los límites de la intervención médica en menores y el respeto al desarrollo natural de la infancia.

Finalmente, se reafirmó la importancia de que los Estados adopten políticas públicas basadas en el interés superior del niño, el principio de precaución médica y el fortalecimiento del rol de los padres como primeros responsables de la educación y el cuidado de sus hijos.

IRLANDA DEL NORTE.- El caso que ha encendido el debate internacional sobre la libertad religiosa y de expresión se desarrolla actualmente en Irlanda del Norte, donde un pastor cristiano jubilado enfrenta un proceso judicial por predicar públicamente un mensaje bíblico basado en Juan 3:16 cerca de un hospital donde se realizan abortos.

El pastor Clive Johnston, de 76 años, ex presidente de la Asociación de Iglesias Bautistas de Irlanda, fue citado a juicio tras ofrecer un breve sermón al aire libre en las inmediaciones del Causeway Hospital, en la ciudad de Coleraine. Según se ha informado, el mensaje proclamado fue estrictamente bíblico y no incluyó referencias explícitas al aborto, consignas políticas ni llamados a la confrontación.

Las autoridades sostienen que la predicación se realizó dentro de una denominada “zona de acceso seguro”, establecida por la legislación vigente, la cual restringe determinadas expresiones públicas alrededor de lugares donde se prestan servicios de aborto. La acusación se basa en que el mensaje religioso podría haber tenido la intención de “influir” en personas que se dirigían al hospital, y en que el pastor no se retiró inmediatamente del lugar tras una advertencia policial.

Organizaciones cristianas y defensores de los derechos fundamentales han expresado su profunda preocupación, señalando que este caso sienta un precedente alarmante al equiparar la predicación pacífica del Evangelio con una infracción penal. Para estos sectores, la aplicación de la ley en este contexto representa una grave restricción a la libertad de culto, conciencia y expresión, pilares fundamentales de toda sociedad democrática.

El pastor Johnston ha manifestado que su intención nunca fue protestar ni acosar a persona alguna, sino compartir un mensaje de esperanza y fe cristiana, como lo ha hecho durante décadas en espacios públicos.

Este proceso judicial ha reavivado el debate sobre los límites del poder del Estado frente a las convicciones religiosas, y sobre si las leyes creadas para garantizar el orden público pueden terminar criminalizando la fe y la predicación bíblica.

Diversas organizaciones internacionales siguen el caso con atención, advirtiendo que lo que hoy ocurre en Irlanda del Norte podría repetirse mañana en otros países, afectando seriamente el ejercicio de las libertades fundamentales.