TENDENCIA


Washington, D.C. – Valerie Huber, presidenta y directora ejecutiva del Instituto para la Salud de la Mujer y exfuncionaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, plantea la creación de un “Core Group” internacional provida y profamilia dentro de los espacios multilaterales de las Naciones Unidas.

La propuesta busca fortalecer la coordinación entre países que comparten compromisos relacionados con la defensa de la vida, la familia y la soberanía nacional. Huber sostiene que ya existe una base para esta iniciativa: la Declaración de Consenso de Ginebra, suscrita inicialmente en 2020.

Según Huber, actualmente 41 naciones, que representan aproximadamente 2.000 millones de personas, forman parte de esta coalición, con Estados Unidos ejerciendo actualmente la secretaría. Los países participantes son diversos en materia religiosa, cultural y económica, pero coinciden en cuatro compromisos: mejorar la salud de mujeres y niñas, afirmar que no existe un derecho internacional al aborto, fortalecer a la familia como unidad fundamental de la sociedad y defender la soberanía de cada nación para establecer sus propias políticas sanitarias.

La iniciativa pretende convertir esos compromisos compartidos en una estrategia diplomática coordinada, especialmente durante las negociaciones internacionales. Huber considera que una actuación conjunta permitiría a los países defender sus posiciones con mayor preparación y evitar que cada nación tenga que afrontar individualmente las presiones en los organismos multilaterales.

La propuesta también contempla el marco denominado Protego, orientado a trasladar los compromisos del Consenso de Ginebra a cuatro áreas: salud, educación, derecho y diplomacia. Entre las acciones planteadas figuran consultas previas entre los países, posiciones comunes, declaraciones conjuntas y preparación coordinada antes de negociaciones bilaterales y multilaterales.

Huber considera que el momento es oportuno para avanzar, argumentando que la coalición ya existe y que el desafío principal ahora es transformar ese consenso en una coordinación política y diplomática sostenida.

La propuesta podría marcar un nuevo escenario en los debates internacionales sobre vida, familia y políticas públicas, al buscar una mayor articulación entre los Estados que comparten estos principios.

Chicago, Estados Unidos. — El exjugador de la NBA Enes Kanter Freedom fue expulsado de un partido de la WNBA entre las Chicago Sky y las Indiana Fever, luego de protagonizar un altercado con la jugadora Natasha Cloud.

Kanter Freedom se encontraba sentado junto a la cancha vistiendo una camiseta negra con el mensaje en inglés: “WOMAN: noun, adult human female”, cuya traducción es: “Mujer: sustantivo, ser humano adulto de sexo femenino”.

Durante el tercer cuarto, Cloud se acercó al exjugador y ambos intercambiaron palabras. Kanter Freedom se puso de pie y avanzó hacia la cancha, por lo que el personal de seguridad intervino y lo escoltó fuera del estadio. Posteriormente, el exbasquetbolista afirmó en redes sociales que había sido expulsado por “apoyar a las mujeres”.

El incidente se produce en medio del creciente debate en el baloncesto estadounidense sobre la participación de atletas transgénero en el deporte femenino. Kanter Freedom ha cuestionado públicamente las actuales reglas de elegibilidad de la WNBA y recientemente anunció, de manera provocadora, su intención de presentarse al Draft de la WNBA de 2027.

Las actuales normas de elegibilidad de la WNBA establecen que únicamente las mujeres pueden jugar en la liga, aunque el convenio colectivo no establece una definición específica de “mujer” ni detalla una política particular sobre atletas transgénero.

El caso ha reavivado la discusión sobre sexo biológico, identidad de género y las condiciones de participación en el deporte femenino, convirtiéndose en uno de los episodios más recientes de una controversia que continúa generando posiciones enfrentadas en Estados Unidos.

Washington D. C. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una fuerte advertencia a las escuelas públicas del país respecto de la manera en que se aborda la identidad de género con los menores.

Durante un acto de regreso a clases realizado en la Casa Blanca, Trump afirmó que las escuelas públicas estadounidenses estarán “sobre aviso” y sostuvo que decirle a un niño que está “atrapado en el cuerpo equivocado” constituye, en sus palabras, “abuso infantil”.

La declaración se suma a una política más amplia de la administración Trump orientada a limitar lo que denomina “ideología de género” en las instituciones educativas y a reforzar el papel de los padres en las decisiones relacionadas con sus hijos.

El pronunciamiento ocurre en un contexto de nuevas medidas federales. En agosto, la administración estadounidense finalizó una regulación que busca impedir el uso de fondos federales de Medicaid y del programa CHIP para determinados tratamientos de afirmación de género en menores; la norma está prevista para entrar en vigor el 13 de octubre de 2026, aunque enfrenta posibles desafíos judiciales.

Para sectores que respaldan la política de Trump, estas medidas representan un intento de proteger a los niños y fortalecer la autoridad de los padres frente a decisiones relacionadas con la identidad y los tratamientos médicos de menores. Sus críticos, en cambio, sostienen que las restricciones pueden limitar el acceso de jóvenes transgénero a servicios de salud.

El debate vuelve a colocar en el centro de la discusión internacional el derecho de los padres a participar en la educación y formación de sus hijos, así como los límites que deben tener las instituciones educativas en asuntos relacionados con la identidad de los menores.

ACCRA, GHANA. – Representantes de numerosos países africanos respaldaron una iniciativa orientada a fortalecer la soberanía nacional y defender sus valores familiares, culturales y religiosos frente a presiones externas relacionadas con el aborto, el matrimonio, la educación y las políticas de género.

La iniciativa surgió durante la Cuarta Conferencia Interparlamentaria Africana sobre Familia, Soberanía y Valores, realizada en Accra, Ghana, donde participaron parlamentarios, líderes políticos, representantes religiosos, autoridades tradicionales y organizaciones de la sociedad civil. El encuentro tuvo como resultado la adopción de la Declaración de Accra y el avance de una propuesta de Carta Africana sobre Familia, Soberanía y Valores.

Entre sus principales planteamientos, el documento sostiene que cada nación debe conservar la autoridad para establecer sus propias leyes y políticas, sin que condicionamientos vinculados con ayuda internacional o acuerdos diplomáticos sean utilizados para modificar sus principios culturales y familiares.

La propuesta define la familia sobre la base del matrimonio entre un hombre y una mujer y sostiene que los Estados deben preservar su capacidad de legislar sobre asuntos relacionados con la vida, la familia y la educación. También destaca el papel prioritario de los padres en la formación moral y educativa de sus hijos.

Uno de los puntos centrales es el aborto. La carta sostiene que no existe un derecho internacional al aborto y reivindica la soberanía de cada Estado para establecer sus propias políticas en esta materia. Asimismo, plantea rechazar mecanismos internacionales que, según sus promotores, pretendan imponer obligaciones contrarias a las leyes o valores nacionales.

La iniciativa también cuestiona determinadas políticas relacionadas con la identidad de género y programas de educación sexual dirigidos a menores, al tiempo que plantea una mayor protección de la autoridad de los padres.

No obstante, el acuerdo no contó con la adhesión de todos los participantes. Sudáfrica y Mozambique decidieron no adherirse, y Sudáfrica argumentó que algunas disposiciones entraban en conflicto con su Constitución y su marco de derechos.

Los acuerdos alcanzados en Accra no constituyen automáticamente leyes nacionales. El siguiente paso será que los respectivos parlamentos evalúen las propuestas y, eventualmente, las incorporen a sus legislaciones, presupuestos y políticas públicas.

La decisión representa, para sus impulsores, una señal de que distintas naciones africanas buscan preservar su soberanía legislativa y defender sus concepciones tradicionales sobre la familia, la vida y la educación frente a presiones internacionales.

Buenos Aires, Argentina.— El Gobierno del presidente Javier Milei formalizó la adhesión de Argentina al Consenso de Ginebra sobre Salud de la Mujer y Fortalecimiento de la Familia, declaración internacional que sostiene que no existe un derecho internacional al aborto y reconoce la soberanía de cada Estado para establecer su propia legislación en esta materia.

La decisión representa un nuevo posicionamiento internacional del Ejecutivo argentino en materia de vida, familia y salud, al sumarse a una iniciativa respaldada por más de 40 países y promovida originalmente durante los gobiernos de Donald Trump y Jair Bolsonaro.

La adhesión, sin embargo, no modifica por sí misma la Ley 27.610, vigente en Argentina desde 2021, que establece el régimen de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.

El acto de formalización contó con la presencia del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y de Bethany Kozma, funcionaria del Gobierno estadounidense. La incorporación de Argentina al Consenso ha generado críticas de organizaciones que defienden el aborto legal, mientras que sectores provida consideran que constituye una señal política relevante en favor de la soberanía nacional y del derecho de los Estados a legislar sobre esta materia.

El Consenso de Ginebra plantea, entre otros principios, que no existe un derecho internacional al aborto y que los Estados conservan la facultad de determinar sus propias políticas y leyes relacionadas con la salud, la maternidad y la protección de la vida.

La adhesión argentina abre así un nuevo capítulo en el debate internacional sobre el aborto y refuerza la presencia de países que sostienen que las decisiones sobre esta materia deben permanecer dentro de las competencias soberanas de cada Estado.

Argentina se suma al Consenso de Ginebra y reafirma que las políticas sobre el aborto deben ser determinadas soberanamente