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COLOMBIA.- Samuel Adrián recuperó su libertad después de permanecer detenido durante diez días, en un caso que generó atención pública y abrió un amplio debate sobre la protección de la niñez, la responsabilidad de las instituciones y las decisiones que pueden tener consecuencias en el bienestar y desarrollo de los menores. 

 Su liberación constituye un hecho relevante dentro de un caso que, más allá de sus circunstancias particulares y de las decisiones que correspondan a las autoridades competentes, ha permitido poner sobre la mesa una cuestión que no debería ser ignorada: ¿cómo garantizar que toda decisión relacionada con los niños tenga como prioridad su bienestar y protección?

La niñez representa una etapa fundamental de la vida. Por ello, las decisiones adoptadas por las autoridades, las instituciones y la sociedad deben considerar cuidadosamente las consecuencias que pueden generar sobre los menores, procurando siempre proteger sus derechos, su integridad y su desarrollo.

UN DEBATE QUE NO DEBE CERRARSE 
La recuperación de la libertad de Samuel Adrián no debería significar el cierre de la discusión pública que este caso ha generado. Por el contrario, constituye una oportunidad para continuar promoviendo un diálogo serio, responsable y respetuoso sobre las políticas públicas que pueden afectar directa o indirectamente a los niños.

Hablar de protección de la niñez no significa únicamente reaccionar cuando se presenta un caso que genera preocupación. También implica anticiparse, analizar las decisiones que se adoptan desde el Estado y desde las instituciones, escuchar a las familias y evaluar de manera responsable las posibles consecuencias de determinadas políticas.

En este contexto, resulta legítimo que padres de familia, profesionales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos expresen sus preocupaciones y participen en el debate público, siempre dentro del marco de la Constitución, las leyes y el respeto de los derechos de todas las personas.

LOS NIÑOS DEBEN ESTAR EN EL CENTRO 
Toda política pública relacionada con la infancia debería partir de una pregunta fundamental: ¿qué consecuencias tendrá esta decisión sobre los niños?

El interés y bienestar de los menores deben ser considerados con especial responsabilidad. Esto requiere promover espacios de diálogo donde puedan participar especialistas, padres de familia, educadores, autoridades y representantes de la sociedad civil.

No se trata de convertir la protección de la niñez en una bandera de confrontación, sino de reconocer que existen temas que requieren especial cuidado y que no pueden ser abordados sin considerar las consecuencias que pueden producir en las nuevas generaciones.

La sociedad tiene el derecho y también la responsabilidad de discutir las políticas que afectan a sus hijos. El silencio no puede ser la única respuesta frente a decisiones que generan preocupación en una parte de la ciudadanía.

RESPONSABILIDAD Y DEBIDO PROCESO 
Al mismo tiempo, cualquier análisis del caso debe realizarse con responsabilidad y respetando las garantías que corresponden a toda persona. Las autoridades competentes son las llamadas a determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley y al debido proceso.

El debate público debe evitar conclusiones anticipadas y, al mismo tiempo, permitir que las preocupaciones legítimas de los ciudadanos sean escuchadas.

La defensa de la niñez requiere precisamente ese equilibrio: proteger a los menores, respetar el Estado de derecho y mantener abiertos los espacios de diálogo ciudadano.

UNA REFLEXIÓN PARA LAS FAMILIAS Y LA SOCIEDAD 
El caso de Samuel Adrián ha generado preguntas que merecen ser abordadas con seriedad. ¿Qué mecanismos existen para proteger adecuadamente a los niños? ¿Cómo se evalúan las políticas que pueden incidir sobre ellos? ¿Qué papel corresponde a los padres de familia? ¿Cómo pueden las instituciones garantizar que las decisiones adoptadas tengan como prioridad el bienestar de los menores?

Son preguntas que no deberían quedar relegadas una vez que la atención mediática disminuya.

La protección de la niñez debe ser una tarea permanente y no una preocupación circunstancial. Las familias necesitan espacios para informarse, participar y expresar sus puntos de vista sobre aquellos asuntos que pueden afectar el futuro de sus hijos.

EL DEBATE CONTINÚA 
La recuperación de la libertad de Samuel Adrián marca un nuevo momento dentro de un caso que ha llamado la atención de la ciudadanía. Sin embargo, el debate que se abrió continúa vigente.

Defender a la niñez significa promover políticas responsables, exigir instituciones que actúen conforme a la ley y mantener una sociedad capaz de discutir de manera abierta y respetuosa aquello que considera importante para el bienestar de sus hijos.

Los niños merecen protección. Merecen que sus derechos sean respetados. Y merecen que toda decisión que pueda afectar sus vidas sea analizada con responsabilidad, prudencia y especial consideración por su bienestar.

El debate público sobre la protección de la niñez no debe apagarse. Por el contrario, debe continuar con información, participación ciudadana y responsabilidad.

La niñez no puede quedar fuera de las decisiones que marcarán su futuro.

LIMA.— En su primera intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, presentó ante la comunidad internacional los principales desafíos del Perú y planteó una posición centrada en la defensa de la democracia, la soberanía, la libertad, la familia y el respeto a las particularidades de cada nación.

Uno de los aspectos destacados de su intervención fue su referencia a las agendas que, según señaló, han marcado el debate político y social en América Latina.

La mandataria afirmó que el Perú y otros países de la región han enfrentado “la imposición de agendas que nos han dividido como sociedad, instrumentalizando la política, afectando a la democracia y debilitando la institución de la familia”.

LA FAMILIA EN EL CENTRO DEL DEBATE 
En un escenario internacional donde las políticas sociales y culturales forman parte permanente del debate, Fujimori reivindicó a la familia como “pilar insustituible de la sociedad”, junto con la libertad de las personas, el respeto a las tradiciones, la igualdad ante la ley y la dignidad humana.

Desde esta perspectiva, sus declaraciones colocan nuevamente a la familia peruana en el debate público internacional y abren una discusión sobre el derecho de cada sociedad a preservar sus propias tradiciones y prioridades.

“NO NECESITAMOS PENSAR IGUAL” 
Otro de los mensajes centrales estuvo relacionado con la relación entre las naciones y los organismos internacionales.

La presidenta sostuvo que la comunidad internacional puede compartir principios universales, pero debe reconocer que cada pueblo tiene “su historia, su cultura, sus tradiciones y el legítimo derecho de definir democráticamente su propio camino”.

Asimismo, planteó que las Naciones Unidas deben continuar siendo un espacio de encuentro entre los pueblos, respetando la diversidad de realidades y tradiciones.

Su intervención concluyó con una frase que resumió esa posición:

“No necesitamos pensar igual para respetarnos profundamente. El mundo no requiere democracias idénticas, requiere democracias legítimas. No demanda naciones uniformes, demanda pueblos verdaderamente libres”.

EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
Fujimori también presentó la educación como uno de los grandes desafíos de su Gobierno. Entre las medidas anunciadas mencionó una reforma educativa, el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios digitales, mejores materiales educativos y una escuela de formación de directores.

En particular, destacó la participación de los padres en la formación de sus hijos y cuestionó la incorporación de una agenda ideológica y cultural que calificó como ajena a la realidad peruana.

CARLOS LINARES SALUDA EL DISCURSO DE LA PRESIDENTE 
Tras conocer el contenido de la intervención ante las Naciones Unidas, el Lic. Carlos Linares, presidente del Movimiento Nacional Pro Familia, saludó el discurso de la mandataria y destacó especialmente sus referencias a la familia, la libertad y la soberanía nacional.

“Saludo el firme discurso de la presidenta Keiko Fujimori ante las Naciones Unidas. Sin lenguaje inclusivo y con claridad, personalidad y firmeza, puso sobre la mesa temas que consideramos fundamentales: el rechazo al pensamiento único, la defensa de la libertad y la importancia de la familia”, señaló Linares.

El presidente del Movimiento Nacional Pro Familia destacó particularmente la referencia de Fujimori a las agendas internacionales y sostuvo que el Perú debe participar activamente en el debate sobre aquellas políticas que puedan tener impacto en la familia y en la formación de las nuevas generaciones.

“Consideramos importante que se hable con claridad sobre las agendas internacionales que buscan promover determinadas visiones ideológicas. En el Perú la familia se defiende porque es el eje fundamental de nuestra sociedad, y los padres tenemos el derecho y la responsabilidad de participar en todo aquello que concierne a la formación de nuestros hijos”, afirmó.

Linares también resaltó la frase pronunciada por la presidenta sobre la imposición de agendas y el debilitamiento de la institución familiar.

“Sus propias palabras fueron claras: ‘El Perú ha enfrentado la imposición de agendas para debilitar a la institución de la familia, tan importante para los peruanos’. Consideramos significativo que esta problemática haya sido expuesta desde una tribuna internacional como las Naciones Unidas”, manifestó.

Finalmente, el dirigente señaló que el discurso abre un debate que, a su juicio, debe continuar en el ámbito nacional.

“Hoy, desde las Naciones Unidas, la presidenta Fujimori llevó al escenario internacional un mensaje que pone en el centro el valor de la familia y el derecho del Perú a defender su cultura y su soberanía. Ahora corresponde a los peruanos informarnos, participar y mantener un debate abierto sobre el futuro que queremos para nuestras familias y nuestros hijos”, concluyó Carlos Linares.

LIMA.— Desde hace varios años, los sucesivos gobiernos del Perú han mantenido la participación del país en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Frente a ello, existe preocupación ciudadana respecto de aquellos enfoques y políticas que puedan entrar en contradicción con la defensa de la familia, nuestros hijos y los derechos de los padres.

Hoy estaremos atentos a la exposición que realizará Keiko Fujimori Higuchi ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, a las 11:00 a. m. (hora del Perú).

Escucharemos con atención su mensaje y, especialmente, conoceremos cuál será su posición frente a la Agenda 2030 y a los temas relacionados con la familia, la educación, nuestros hijos y los derechos y responsabilidades de los padres.

Será importante escuchar directamente sus palabras y conocer si plantea una posición diferente respecto de los enfoques sostenidos por los gobiernos anteriores.

Como ciudadanos, tenemos el derecho y el deber de informarnos, escuchar, analizar y evaluar las posiciones que nuestros gobernantes y representantes plantean ante el Perú y ante la comunidad internacional.

Hoy estaremos atentos.

Santa Catarina, Brasil.– Una iglesia evangélica de la ciudad de Içara, en el estado brasileño de Santa Catarina, se encuentra bajo investigación del Ministerio Público luego de participar en un desfile cívico y presentar públicamente mensajes relacionados con la defensa de la familia, el matrimonio, la vida y las convicciones cristianas.

Se trata de la Asamblea de Dios de Içara, que participó en las celebraciones por la Independencia de Brasil realizadas el pasado 7 de septiembre. Cerca de 300 integrantes de la congregación participaron en la actividad.

Durante el desfile, el Departamento de la Familia de la iglesia presentó pancartas con mensajes como “El matrimonio es monógamo y heterosexual”, “Somos contra la ideología de género” y “Dios creó hombre y mujer”, además de expresiones de rechazo al aborto y de defensa de la vida desde la concepción.

Las imágenes y videos difundidos por la propia congregación generaron controversia y posteriormente se presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Santa Catarina, alegando una posible conducta discriminatoria relacionada con orientación sexual, identidad de género y modelos familiares.

El 14 de septiembre, el Ministerio Público confirmó la recepción de la denuncia y abrió un procedimiento para esclarecer las circunstancias de la participación de la iglesia en el desfile y determinar si existió alguna irregularidad.

Entre las diligencias solicitadas figura la recopilación de información sobre la organización del desfile, la autorización de la participación de la congregación y los procedimientos utilizados para evaluar la documentación y los contenidos presentados durante la actividad.

LIBERTAD RELIGIOSA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN El caso vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre libertad religiosa, libertad de expresión y protección contra la discriminación, especialmente cuando las convicciones religiosas son expresadas públicamente. La controversia plantea una pregunta de alcance internacional: ¿hasta dónde puede llegar la expresión pública de las convicciones religiosas sobre el matrimonio, la familia, la vida y el género sin que sea considerada discriminatoria?

La investigación deberá determinar, conforme al ordenamiento jurídico brasileño, si las expresiones exhibidas durante el desfile constituyeron alguna conducta contraria a la legislación vigente.

Es importante precisar que la apertura de una investigación no significa que la iglesia haya sido declarada culpable de una infracción. El procedimiento tiene como finalidad esclarecer los hechos y determinarsi corresponde adoptar alguna medida.

El caso será seguido con atención por organizaciones y ciudadanos interesados en la defensa de la familia, la libertad religiosa y la libertad de expresión, debido a las implicancias que pueda tener para la manifestación pública de convicciones religiosas en espacios ciudadanos.

La defensa de la familia y la libertad de expresar convicciones deben desarrollarse dentro del marco de la ley, respetando la dignidad de todas las personas y las libertades fundamentales.

San José, Costa Rica.– El diputado del Frente Amplio Antonio Trejos Mazariegos presentó el proyecto de ley N.° 25.776, que plantea prohibir y sancionar los denominados Esfuerzos para Cambiar, Reprimir o Suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género (ECOSIG), conocidos comúnmente como “terapias de conversión”.

La iniciativa propone modificar la Ley General de Salud para prohibir la realización, imposición, financiamiento, promoción u ofrecimiento de estas prácticas, así como impedir que profesionales de la salud recomienden o deriven pacientes hacia personas o centros que las realicen. El proyecto contempla multas de entre uno y cinco salarios base y otras medidas administrativas y profesionales.

Según el diputado Trejos, la propuesta no pretende prohibir la vivencia religiosa, las conversaciones familiares, los sermones, las enseñanzas religiosas ni el acompañamiento espiritual que una persona solicite voluntariamente. También sostiene que no busca impedir una atención psicológica legítima ni procesos de exploración personal que no tengan como objetivo predeterminado modificar la orientación sexual o identidad de género.

PREOCUPACIÓN POR LA AMPLITUD DE LA DEFINICIÓN 
Sin embargo, uno de los principales puntos de discusión se encuentra en la definición de ECOSIG utilizada por la iniciativa. El texto comprende cualquier práctica, tratamiento, servicio, consejería o intervención dirigida a modificar, reprimir, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

Esta redacción ha generado preocupación entre representantes religiosos, quienes advierten que podría existir incertidumbre respecto de los límites entre las prácticas sanitarias que el proyecto busca sancionar y el acompañamiento pastoral o espiritual solicitado voluntariamente por una persona.

La discusión plantea, por tanto, interrogantes sobre cómo quedaría delimitada la libertad religiosa y el derecho de las personas a buscar orientación espiritual dentro de sus comunidades de fe.

EL PROYECTO RECIÉN INICIA SU TRÁMITE
El expediente 25.776 fue presentado el 9 de septiembre de 2026 y se encuentra actualmente en etapa legislativa. Deberá ser analizado por las comisiones correspondientes antes de llegar eventualmente al Plenario de la Asamblea Legislativa.

La propuesta retoma y actualiza una iniciativa presentada en 2018 por el entonces diputado José María Villalta, que posteriormente fue archivada debido al vencimiento de su plazo cuatrienal.

El debate en Costa Rica continuará centrado en determinar con precisión el alcance de las conductas que serían sancionadas y las garantías aplicables a la libertad religiosa, la libertad de expresión, el acompañamiento espiritual y la atención profesional.

Fuente: CBN News – Mundo Cristiano; Asamblea Legislativa de Costa Rica; CRHoy.