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Buenos Aires, Argentina.— El Gobierno del presidente Javier Milei formalizó la adhesión de Argentina al Consenso de Ginebra sobre Salud de la Mujer y Fortalecimiento de la Familia, declaración internacional que sostiene que no existe un derecho internacional al aborto y reconoce la soberanía de cada Estado para establecer su propia legislación en esta materia.

La decisión representa un nuevo posicionamiento internacional del Ejecutivo argentino en materia de vida, familia y salud, al sumarse a una iniciativa respaldada por más de 40 países y promovida originalmente durante los gobiernos de Donald Trump y Jair Bolsonaro.

La adhesión, sin embargo, no modifica por sí misma la Ley 27.610, vigente en Argentina desde 2021, que establece el régimen de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.

El acto de formalización contó con la presencia del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y de Bethany Kozma, funcionaria del Gobierno estadounidense. La incorporación de Argentina al Consenso ha generado críticas de organizaciones que defienden el aborto legal, mientras que sectores provida consideran que constituye una señal política relevante en favor de la soberanía nacional y del derecho de los Estados a legislar sobre esta materia.

El Consenso de Ginebra plantea, entre otros principios, que no existe un derecho internacional al aborto y que los Estados conservan la facultad de determinar sus propias políticas y leyes relacionadas con la salud, la maternidad y la protección de la vida.

La adhesión argentina abre así un nuevo capítulo en el debate internacional sobre el aborto y refuerza la presencia de países que sostienen que las decisiones sobre esta materia deben permanecer dentro de las competencias soberanas de cada Estado.

Argentina se suma al Consenso de Ginebra y reafirma que las políticas sobre el aborto deben ser determinadas soberanamente

Estados Unidos.– La organización provida estadounidense Live Action, fundada y presidida por Lila Rose, enfrenta una disputa legal luego de ser requerida para retirar contenidos en los que afirma que el aborto implica la muerte de un niño no nacido.

Según informó BibliaTodo, el pasado mes de julio el estudio jurídico Amplify Legal, brazo legal de Abortion in America, envió a Live Action una carta de cese y desistimiento en la que exigía retirar determinadas publicaciones y ofrecer una disculpa pública.

La firma calificó algunos contenidos de la organización como una campaña de “desinformación” y cuestionó expresiones utilizadas para describir el aborto.

La organización provida rechazó las exigencias. Su presidenta, Lila Rose, sostuvo públicamente que Live Action no modificará su postura ni utilizará un lenguaje que, según afirma, oculte la realidad que la organización denuncia.

“Nuestra respuesta es no”, expresó Rose, reafirmando que continuará calificando el aborto como un acto que termina con la vida de un ser humano no nacido.

DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Live Action cuenta con la representación legal de Thomas More Society, cuyos abogados sostienen que las expresiones cuestionadas están protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Peter Breen, vicepresidente ejecutivo y jefe de litigios de Thomas More Society, calificó la carta como un intento de silenciar el discurso provida y señaló que no se habría presentado una sentencia que prohíba utilizar el término “matar” al hablar públicamente sobre el aborto.

Hasta la información disponible, no existe una sentencia judicial contra Live Action; lo documentado es una carta de cese y desistimiento y la respuesta de la organización rechazando las exigencias.

“NO SEREMOS PRESIONADOS” Rose también defendió el derecho de los ciudadanos a hablar públicamente sobre la dignidad y protección de los niños no nacidos, argumentando que el lenguaje utilizado para describir el aborto forma parte del debate público sobre la vida y la dignidad humana.

La controversia vuelve a poner sobre la mesa el debate en Estados Unidos sobre los límites de la libertad de expresión, el activismo provida y la manera en que la sociedad describe el aborto.

Live Action ha anunciado que continuará difundiendo información y argumentos en defensa de la vida de los niños por nacer, pese a las presiones legales recibidas.

La organización sostiene que defender la vida también implica tener la libertad de hablar sobre ella con claridad, firmeza y sin temor a represalias legales.

Estados Unidos.– El evangelista Franklin Graham expresó su profunda preocupación y rechazo ante la nueva legislación aprobada en Massachusetts que amplía el acceso al aborto en etapas avanzadas del embarazo.

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, firmó la denominada Ley de Priorización del Acceso de los Pacientes a la Atención Médica, que elimina restricciones que anteriormente impedían realizar determinados abortos después de las 24 semanas de gestación. La norma está prevista para entrar en vigor el 8 de noviembre de 2026.

La medida ha generado una fuerte reacción entre organizaciones y líderes provida. Franklin Graham calificó la situación de extremadamente preocupante y cuestionó que se presente el aborto como una forma de atención médica.

“Esto me da escalofríos”, manifestó Graham al referirse a las imágenes de personas celebrando junto a la gobernadora la promulgación de la ley.

El reconocido evangelista fundamentó además su posición en sus convicciones cristianas y citó el pasaje bíblico de Isaías 5:20, que advierte sobre quienes llaman al mal bien y al bien mal.

PREOCUPACIÓN POR LOS ABORTOS EN ETAPAS AVANZADAS La organización provida Massachusetts Citizens for Life también cuestionó la legislación, señalando su preocupación por la posibilidad de realizar abortos electivos en etapas muy avanzadas del embarazo.

Por su parte, Lila Rose, presidenta de Live Action, calificó la ampliación del acceso al aborto como una medida extremadamente grave y sostuvo que la legislación podría permitir la interrupción de embarazos hasta momentos muy avanzados de la gestación.

La controversia vuelve a colocar en el centro del debate estadounidense una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto debe extenderse la protección legal de la vida humana antes del nacimiento?

UN DEBATE QUE TRASCIENDE LAS FRONTERAS El caso de Massachusetts vuelve a generar preocupación entre organizaciones provida que consideran que la protección de la vida del niño por nacer debe ocupar un lugar prioritario en las políticas públicas.

La discusión no se limita a Estados Unidos. Las decisiones adoptadas en distintos estados norteamericanos son observadas con atención en otros países, donde continúa el debate sobre la protección de la vida humana, los límites del aborto y la responsabilidad del Estado frente a los niños por nacer.

Fuente: CBN News / Mundo

BRASIL.- la Confederación Brasileña de Voleibol (CBV) de establecer nuevos criterios de elegibilidad para las competencias de la categoría femenina, priorizando la protección de esta categoría y la igualdad de condiciones en la competencia deportiva.

La CBV anunció el pasado 14 de agosto que las competencias femeninas estarán destinadas a atletas de sexo biológico femenino, incorporando mecanismos de verificación mediante la identificación del gen SRY y contemplando las excepciones previstas en su propia política.

La medida busca adecuar el voleibol brasileño a los criterios adoptados por organismos internacionales como el Comité Olímpico Internacional (COI), la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV).

PROTEGER EL DEPORTE FEMENINO Consideramos que las categorías deportivas cumplen una función fundamental: garantizar que las competencias se desarrollen bajo condiciones de igualdad y que las deportistas puedan competir dentro de una categoría específicamente creada para ellas.

La protección de la categoría femenina no debe interpretarse como un rechazo o una falta de respeto hacia ninguna persona. Toda persona merece dignidad y respeto, pero las reglas deportivas también deben establecer criterios objetivos que permitan preservar la finalidad de las categorías competitivas.

La decisión brasileña constituye, en ese sentido, un paso importante dentro del debate internacional sobre cómo garantizar la justicia competitiva y la protección del deporte femenino.

UNA DECISIÓN QUE MARCA PRECEDENTE El caso de la voleibolista Tifanny Abreu ha convertido esta discusión en uno de los temas más visibles del deporte brasileño. La nueva normativa tendrá consecuencias para su participación en determinadas competencias nacionales de la CBV, aunque el Campeonato Paulista mantiene por ahora sus reglas debido a que el torneo ya se encontraba en desarrollo cuando fue anunciada la nueva política.Más allá del caso individual, consideramos necesario que este debate se desarrolle con respeto, información y argumentos, evitando ataques personales y concentrándose en una pregunta fundamental:

¿Cómo garantizamos que las mujeres tengan categorías deportivas en las que puedan competir bajo condiciones justas?

UN LLAMADO A PROTEGER A LAS FUTURAS GENERACIONES Saludamos a las autoridades deportivas que toman decisiones orientadas a preservar la integridad de las competencias femeninas y alentamos a otras federaciones deportivas a establecer reglas claras, transparentes y coherentes.

El deporte femenino merece ser protegido. Defender la categoría femenina no significa atacar a nadie. Significa reconocer que las mujeres tienen derecho a competir en condiciones de igualdad y a contar con espacios deportivos específicamente destinados a ellas.

La decisión de Brasil abre nuevamente un debate internacional que debe ser abordado con serenidad, respeto y responsabilidad, colocando en el centro la justicia deportiva y la protección de las mujeres en el deporte.

LIMA.-.— La plataforma ciudadana Padres Peruanos lanzó una petición pública dirigida a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, para que dicha institución cumpla y aplique efectivamente la Ley N.° 32535, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

La iniciativa sostiene que la nueva legislación, promulgada el 24 de diciembre de 2025, estableció un nuevo marco normativo para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y dispuso la sustitución de la anterior Política Nacional de Igualdad de Género.

Padres Peruanos expresa su preocupación por las declaraciones públicas de la presidenta del Poder Judicial en las que continúa haciendo referencia al denominado “enfoque de género”. La propia petición cita una intervención realizada en febrero de 2026, durante el foro Democracia y Paridad, en la que Tello Gilardi se refirió a las dificultades que implicaría dejar de aplicar dicho enfoque.

La organización ciudadana considera que el debate no debe centrarse en las opiniones personales de una autoridad, sino en el cumplimiento de las normas vigentes por parte de las instituciones del Estado.

“Quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir las leyes deben ser los primeros en respetarlas”, señala la petición dirigida a la presidenta del Poder Judicial.

Piden transparencia y un cronograma público Entre las principales demandas formuladas se encuentra que el Poder Judicial informe públicamente cómo viene realizando el proceso de adecuación a la Ley N.° 32535 y establezca un cronograma transparente para la modificación de sus políticas, protocolos, capacitaciones, documentos y actividades institucionales.

La Ley N.° 32535 establece que las entidades públicas de los distintos niveles de gobierno deben adecuar sus políticas, estrategias, planes, programas, acciones y proyectos a sus disposiciones dentro del plazo establecido por la propia norma.

Asimismo, la legislación establece que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debe sustituir la Política Nacional de Igualdad de Género por la nueva Política Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. “La igualdad ante la ley comienza por quienes tienen la responsabilidad de administrarla”

Padres Peruanos sostiene que el Poder Judicial, por su propia naturaleza institucional, debe ser especialmente riguroso en el respeto y aplicación de las leyes aprobadas democráticamente. La petición también reclama que madres, padres y todos los ciudadanos reciban iguales garantías ante la administración de justicia, sin discriminación por razón de sexo y dentro del marco establecido por la legislación peruana.

La campaña invita a los ciudadanos a conocer el contenido de la petición y sumarse a ella mediante la plataforma Padres Peruanos, que al momento de la consulta registraba 148 firmas y tenía como meta alcanzar 1,500.

La exigencia central es clara: que el Poder Judicial cumpla la ley, informe a la ciudadanía sobre el proceso de adecuación y garantice que sus políticas institucionales se encuentren alineadas con el marco legal vigente.