LIMA, PERÚ. La reactivación de la propuesta del Sistema Nacional de Cuidados abre un nuevo debate sobre el rumbo de las políticas públicas vinculadas a la familia, la responsabilidad del Estado y el papel de los hogares en el cuidado de sus integrantes.
Aunque atender a niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de dependencia constituye una necesidad legítima, resulta indispensable examinar con rigor el contenido, los objetivos y los mecanismos de implementación de esta iniciativa.
¿QUÉ HAY DETRÁS DEL SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS?
La preocupación no radica en brindar asistencia a quienes necesitan cuidados, sino en determinar qué orientación normativa e institucional tendrá el sistema, qué responsabilidades asignará al Estado y a las familias, y bajo qué principios se desarrollará.
La documentación oficial del Ministerio de la Mujer vincula la construcción del Sistema Nacional de Cuidados con la Política Nacional de Igualdad de Género aprobada en 2019. Entre sus objetivos figuran la corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado, la comunidad y las familias, así como la prestación de servicios de cuidado y la protección de quienes realizan estas labores.
Este antecedente hace necesario esclarecer cómo se adecuará la propuesta al nuevo marco legal. .
LA LEY N.° 32535 EXIGE UNA ADECUACIÓN NORMATIVA
La Ley N.° 32535, publicada el 24 de diciembre de 2025, establece el marco de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y dispone sustituir la Política Nacional de Igualdad de Género por una nueva política bajo esa denominación. También establece la adecuación de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de las instituciones públicas. .
En este contexto, corresponde preguntar a las autoridades:
- ¿Cuál es el estado actual del proyecto del Sistema Nacional de Cuidados y qué documento sustenta su nueva presentación? - ¿Cómo se garantizará su adecuación a la Ley N.° 32535?
- ¿Qué disposiciones concretas regularán la participación del Estado, las familias y otros actores?
- ¿Qué presupuesto requerirá y cuáles serán sus mecanismos de supervisión y evaluación?
- ¿Se publicarán los documentos técnicos y se abrirá un espacio de participación ciudadana antes de adoptar decisiones?
Estas preguntas requieren respuestas documentadas, no simples declaraciones.
LA FAMILIA DEBE SER PARTE DE LA SOLUCIÓN
El cuidado de los integrantes de una familia demanda solidaridad, responsabilidad y, cuando sea necesario, servicios públicos adecuados. Sin embargo, cualquier política en esta materia debe reconocer el papel de las familias, respetar sus derechos y evitar imponer modelos únicos de organización familiar.
La corresponsabilidad no debe convertirse en una justificación para desconocer la autonomía familiar ni para introducir disposiciones que no hayan sido debidamente explicadas, debatidas y fundamentadas.
Por ello, es necesario distinguir entre la legítima atención a las personas dependientes y las decisiones ideológicas o normativas que pudieran incorporarse a través de su implementación.
EXIGENCIAS A LAS AUTORIDADES
Se requiere que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables:
1. Haga pública la documentación actualizada del proyecto, sus fundamentos y sus objetivos.
Estas preguntas requieren respuestas documentadas, no simples declaraciones.
LA FAMILIA DEBE SER PARTE DE LA SOLUCIÓN
El cuidado de los integrantes de una familia demanda solidaridad, responsabilidad y, cuando sea necesario, servicios públicos adecuados. Sin embargo, cualquier política en esta materia debe reconocer el papel de las familias, respetar sus derechos y evitar imponer modelos únicos de organización familiar.
La corresponsabilidad no debe convertirse en una justificación para desconocer la autonomía familiar ni para introducir disposiciones que no hayan sido debidamente explicadas, debatidas y fundamentadas.
Por ello, es necesario distinguir entre la legítima atención a las personas dependientes y las decisiones ideológicas o normativas que pudieran incorporarse a través de su implementación.
EXIGENCIAS A LAS AUTORIDADES
Se requiere que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables:
1. Haga pública la documentación actualizada del proyecto, sus fundamentos y sus objetivos.
2. Explique su compatibilidad con la Ley N.° 32535 y las medidas adoptadas para cumplir sus disposiciones.
3. Garantice transparencia y participación ciudadana, incluyendo a las familias, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.
4. Precise los costos, responsabilidades y mecanismos de evaluación, para que la ciudadanía pueda fiscalizar sus resultados.
La discusión no debe reducirse a aceptar o rechazar el cuidado como necesidad social.
La discusión no debe reducirse a aceptar o rechazar el cuidado como necesidad social.
El debate fundamental consiste en conocer qué política se propone, cómo se aplicará y cuáles serán sus efectos jurídicos, sociales y familiares.
La protección de las personas vulnerables y el respeto a las familias no son objetivos incompatibles. Las políticas públicas deben demostrar, con normas claras, transparencia y resultados verificables, que pueden atender ambas responsabilidades.
¡Las familias peruanas tienen derecho a conocer qué decisiones se toman en su nombre!
La protección de las personas vulnerables y el respeto a las familias no son objetivos incompatibles. Las políticas públicas deben demostrar, con normas claras, transparencia y resultados verificables, que pueden atender ambas responsabilidades.
¡Las familias peruanas tienen derecho a conocer qué decisiones se toman en su nombre!
