Quito, Ecuador. — En una firme postura orientada a la protección integral de la infancia y los derechos de la familia, la asambleísta Diana Jácome Silva ha expresado su respaldo a medidas legales contundentes para frenar los procedimientos de cambio de sexo en niños y adolescentes.
Durante su reciente declaración, Jácome fue enfática al señalar:
"Cárcel a quien intente cambiar el sexo biológico de un niño y que pierda la patria potestad".
La legisladora argumenta que la integridad biológica de los menores debe ser resguardada frente a decisiones o intervenciones irreversibles durante la etapa de desarrollo infantil.
Con este planteamiento, busca endurecer las consecuencias legales contra los adultos o tutores legales que promuevan o faciliten estas intervenciones, sumando a las penas privativas de libertad la pérdida definitiva de la patria potestad.
Esta iniciativa refuerza el debate público e institucional dentro de la Asamblea Nacional sobre la protección de los menores de edad y el alcance de la autoridad parental frente a la identidad y salud de la niñez.
COLOMBIA.- Colombia se suma a una coalición internacional de más de 40 Estados que suscriben la Declaración del Consenso de Ginebra.
El Gobierno de Colombia se adhirió a la Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, según informó el embajador colombiano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez.
Con esta adhesión, Colombia se incorpora a una coalición internacional de países que comparten una declaración orientada a promover la salud de las mujeres, proteger la vida y reconocer la importancia de la familia.
Uno de los principios expresados en el documento sostiene que «no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación internacional de los Estados de financiarlo o facilitarlo», posición que forma parte de los planteamientos centrales del Consenso de Ginebra.
La adhesión colombiana vuelve a poner sobre la mesa el debate internacional acerca de la salud de la mujer, la protección de la vida, los derechos humanos y las responsabilidades de los Estados en materia de políticas públicas.
La Declaración del Consenso de Ginebra fue impulsada en 2020 como una iniciativa de cooperación internacional que aborda la salud de las mujeres, la protección de la vida y el fortalecimiento de la familia.
La decisión anunciada por Colombia se incorpora a una discusión que continúa generando posiciones diferentes entre los gobiernos y los organismos internacionales respecto del aborto, los derechos reproductivos y el alcance de las obligaciones internacionales de los Estados.
LIMA, PERÚ. La reactivación de la propuesta del Sistema Nacional de Cuidados abre un nuevo debate sobre el rumbo de las políticas públicas vinculadas a la familia, la responsabilidad del Estado y el papel de los hogares en el cuidado de sus integrantes.
Aunque atender a niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de dependencia constituye una necesidad legítima, resulta indispensable examinar con rigor el contenido, los objetivos y los mecanismos de implementación de esta iniciativa.
¿QUÉ HAY DETRÁS DEL SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS?
La preocupación no radica en brindar asistencia a quienes necesitan cuidados, sino en determinar qué orientación normativa e institucional tendrá el sistema, qué responsabilidades asignará al Estado y a las familias, y bajo qué principios se desarrollará.
La documentación oficial del Ministerio de la Mujer vincula la construcción del Sistema Nacional de Cuidados con la Política Nacional de Igualdad de Género aprobada en 2019. Entre sus objetivos figuran la corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado, la comunidad y las familias, así como la prestación de servicios de cuidado y la protección de quienes realizan estas labores.
Este antecedente hace necesario esclarecer cómo se adecuará la propuesta al nuevo marco legal. .
LA LEY N.° 32535 EXIGE UNA ADECUACIÓN NORMATIVA
La Ley N.° 32535, publicada el 24 de diciembre de 2025, establece el marco de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y dispone sustituir la Política Nacional de Igualdad de Género por una nueva política bajo esa denominación. También establece la adecuación de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de las instituciones públicas. .
En este contexto, corresponde preguntar a las autoridades:
- ¿Cuál es el estado actual del proyecto del Sistema Nacional de Cuidados y qué documento sustenta su nueva presentación?
- ¿Cómo se garantizará su adecuación a la Ley N.° 32535?
- ¿Qué disposiciones concretas regularán la participación del Estado, las familias y otros actores?
- ¿Qué presupuesto requerirá y cuáles serán sus mecanismos de supervisión y evaluación?
- ¿Se publicarán los documentos técnicos y se abrirá un espacio de participación ciudadana antes de adoptar decisiones?
Estas preguntas requieren respuestas documentadas, no simples declaraciones.
LA FAMILIA DEBE SER PARTE DE LA SOLUCIÓN
El cuidado de los integrantes de una familia demanda solidaridad, responsabilidad y, cuando sea necesario, servicios públicos adecuados. Sin embargo, cualquier política en esta materia debe reconocer el papel de las familias, respetar sus derechos y evitar imponer modelos únicos de organización familiar.
La corresponsabilidad no debe convertirse en una justificación para desconocer la autonomía familiar ni para introducir disposiciones que no hayan sido debidamente explicadas, debatidas y fundamentadas.
Por ello, es necesario distinguir entre la legítima atención a las personas dependientes y las decisiones ideológicas o normativas que pudieran incorporarse a través de su implementación.
EXIGENCIAS A LAS AUTORIDADES
Se requiere que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables:
1. Haga pública la documentación actualizada del proyecto, sus fundamentos y sus objetivos.
2. Explique su compatibilidad con la Ley N.° 32535 y las medidas adoptadas para cumplir sus disposiciones.
3. Garantice transparencia y participación ciudadana, incluyendo a las familias, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.
4. Precise los costos, responsabilidades y mecanismos de evaluación, para que la ciudadanía pueda fiscalizar sus resultados.
La discusión no debe reducirse a aceptar o rechazar el cuidado como necesidad social.
El debate fundamental consiste en conocer qué política se propone, cómo se aplicará y cuáles serán sus efectos jurídicos, sociales y familiares.
La protección de las personas vulnerables y el respeto a las familias no son objetivos incompatibles. Las políticas públicas deben demostrar, con normas claras, transparencia y resultados verificables, que pueden atender ambas responsabilidades.
¡Las familias peruanas tienen derecho a conocer qué decisiones se toman en su nombre!
BRASIL.— La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil coloca nuevamente en el centro del debate nacional factores que van más allá de la economía: la fe, los valores familiares, la seguridad, la identidad cultural y la visión de país.
La primera vuelta dejó un escenario altamente competitivo entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, evidenciando la profunda división política de la sociedad brasileña y la importancia que tendrán los electores que aún no han definido su decisión.
Uno de los elementos que adquiere especial relevancia es el papel de las comunidades evangélicas, particularmente por su creciente presencia social y política. La defensa de la familia, la protección de la vida, la libertad religiosa y otros valores conservadores forman parte del debate electoral y tienen una influencia significativa en diversos sectores de la población.
Sin embargo, el voto religioso no constituye un bloque uniforme. Las preocupaciones económicas, la seguridad ciudadana, el empleo y las condiciones de vida también serán determinantes para millones de brasileños al momento de acudir a las urnas.
El escenario brasileño trasciende sus fronteras. América Latina observa con atención una elección en la que fe, familia, economía y poder político convergen en una disputa que puede tener importantes repercusiones regionales.
Más allá de quién resulte vencedor, Brasil vuelve a mostrar que el elector no decide únicamente desde el bolsillo. También vota desde sus convicciones, sus valores, su identidad, sus preocupaciones familiares y su visión del futuro.
La experiencia brasileña representa, por ello, un importante llamado de atención para América Latina: la defensa de la familia, la libertad, la vida y los valores ciudadanos forman parte del debate democrático y de las decisiones que definirán el rumbo de nuestras sociedades.
BRASIL.– El exfutbolista de la selección brasileña Daniel Alves, quien en los últimos años ha desarrollado una faceta como predicador evangélico, hizo público su respaldo al candidato presidencial Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.
A través de un video difundido en sus redes sociales, Alves vinculó su decisión con una orientación de carácter religioso y afirmó que el nombre y el número de Flávio Bolsonaro habían sido puestos en su corazón por el “Espíritu Santo”.
“Estoy haciendo política, la política de la obediencia”, manifestó el exjugador, quien también hizo referencia a un pasaje bíblico sobre el gobierno de los justos y sostuvo que Brasil necesita un tiempo de “cambio” y “transformación”.
En su mensaje, Alves llamó además a los brasileños a mantenerse unidos para alcanzar la transformación que, según expresó, necesita el país. El exfutbolista ya había manifestado públicamente su respaldo a Jair Bolsonaro durante las elecciones presidenciales de 2022.
El pronunciamiento se produce luego de la primera vuelta de las elecciones de 2026, en la que Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva avanzaron a la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre.
El respaldo de Alves se suma a otras manifestaciones públicas de apoyo provenientes de figuras del ámbito religioso, deportivo y artístico durante la campaña electoral brasileña.
