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ESTADOS UNIDOS.- La Asociación de Tenis Femenino (WTA) ha implementado una nueva política de elegibilidad que exige a las jugadoras del circuito profesional someterse, una sola vez, a una prueba genética del gen SRY como parte del proceso para competir en la categoría femenina.

La nueva normativa entró en vigor el pasado 21 de julio de 2026 y establece que la elegibilidad para participar en los torneos de la WTA será confirmada mediante este procedimiento. La prueba puede realizarse mediante una muestra de sangre o un hisopado, y busca determinar la presencia del gen SRY, asociado al desarrollo sexual masculino.

La WTA señala que el objetivo de la política es preservar la integridad del tenis profesional femenino y mantener condiciones de competencia justa para todas las participantes. Asimismo, la organización afirma que la normativa distingue entre sexo biológico e identidad de género únicamente para establecer los criterios de participación deportiva.

La aplicación de esta medida ya comenzó. La tenista Jessica Pegula confirmó en agosto que las pruebas genéticas empezaron durante el torneo de Cincinnati.

UN DEBATE QUE TRASCIENDE EL TENIS La decisión de la WTA ha generado un intenso debate internacional. Mientras algunas deportistas y sectores defensores de la categoría femenina consideran que establecer criterios biológicos contribuye a proteger la igualdad competitiva, organizaciones de derechos humanos y grupos vinculados a la defensa de personas trans han cuestionado la medida y solicitado su reconsideración.

La controversia se produce en un contexto más amplio de cambios en las políticas deportivas internacionales sobre la participación en categorías femeninas. La medida de la WTA se suma a políticas similares adoptadas recientemente por otros organismos deportivos.

La nueva política coloca nuevamente en el centro del debate una pregunta fundamental para el deporte femenino: cómo garantizar categorías de competencia basadas en criterios objetivos que permitan preservar la igualdad de oportunidades y la integridad de las competiciones.

Georgia, Estados Unidos. — El estado de Georgia mantiene en su legislación el reconocimiento de los niños por nacer como personas naturales, otorgándoles reconocimiento jurídico y determinadas protecciones legales durante su desarrollo en el vientre materno.

La legislación de Georgia establece expresamente que una persona natural comprende a todo ser humano, incluido un niño por nacer, y define al niño no nacido como un miembro de la especie humana en cualquier etapa de su desarrollo mientras se encuentre en el vientre materno.

Esta normativa forma parte de la Living Infants Fairness and Equality (LIFE) Act, aprobada en 2019. La legislación señala como política del estado reconocer a los niños por nacer como personas naturales y contempla, entre otros aspectos, su consideración en determinadas determinaciones poblacionales y tributarias.

El marco legal de Georgia también establece restricciones al aborto y contempla excepciones específicas, entre ellas los casos de embarazo ectópico y la extracción de un niño por nacer que haya fallecido espontáneamente.

UN MENSAJE QUE TRASCIENDE FRONTERAS El caso de Georgia vuelve a colocar en el debate público una pregunta fundamental: ¿qué protección jurídica debe recibir la vida humana antes del nacimiento?

Para quienes defienden la vida desde la concepción, este tipo de legislación representa un avance hacia el reconocimiento de que la dignidad y protección de la persona no deberían depender de su edad, tamaño o etapa de desarrollo.

La defensa de la vida comienza por reconocer que cada niño por nacer merece protección y una oportunidad para nacer.

Washington, D.C. – Valerie Huber, presidenta y directora ejecutiva del Instituto para la Salud de la Mujer y exfuncionaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, plantea la creación de un “Core Group” internacional provida y profamilia dentro de los espacios multilaterales de las Naciones Unidas.

La propuesta busca fortalecer la coordinación entre países que comparten compromisos relacionados con la defensa de la vida, la familia y la soberanía nacional. Huber sostiene que ya existe una base para esta iniciativa: la Declaración de Consenso de Ginebra, suscrita inicialmente en 2020.

Según Huber, actualmente 41 naciones, que representan aproximadamente 2.000 millones de personas, forman parte de esta coalición, con Estados Unidos ejerciendo actualmente la secretaría. Los países participantes son diversos en materia religiosa, cultural y económica, pero coinciden en cuatro compromisos: mejorar la salud de mujeres y niñas, afirmar que no existe un derecho internacional al aborto, fortalecer a la familia como unidad fundamental de la sociedad y defender la soberanía de cada nación para establecer sus propias políticas sanitarias.

La iniciativa pretende convertir esos compromisos compartidos en una estrategia diplomática coordinada, especialmente durante las negociaciones internacionales. Huber considera que una actuación conjunta permitiría a los países defender sus posiciones con mayor preparación y evitar que cada nación tenga que afrontar individualmente las presiones en los organismos multilaterales.

La propuesta también contempla el marco denominado Protego, orientado a trasladar los compromisos del Consenso de Ginebra a cuatro áreas: salud, educación, derecho y diplomacia. Entre las acciones planteadas figuran consultas previas entre los países, posiciones comunes, declaraciones conjuntas y preparación coordinada antes de negociaciones bilaterales y multilaterales.

Huber considera que el momento es oportuno para avanzar, argumentando que la coalición ya existe y que el desafío principal ahora es transformar ese consenso en una coordinación política y diplomática sostenida.

La propuesta podría marcar un nuevo escenario en los debates internacionales sobre vida, familia y políticas públicas, al buscar una mayor articulación entre los Estados que comparten estos principios.

Chicago, Estados Unidos. — El exjugador de la NBA Enes Kanter Freedom fue expulsado de un partido de la WNBA entre las Chicago Sky y las Indiana Fever, luego de protagonizar un altercado con la jugadora Natasha Cloud.

Kanter Freedom se encontraba sentado junto a la cancha vistiendo una camiseta negra con el mensaje en inglés: “WOMAN: noun, adult human female”, cuya traducción es: “Mujer: sustantivo, ser humano adulto de sexo femenino”.

Durante el tercer cuarto, Cloud se acercó al exjugador y ambos intercambiaron palabras. Kanter Freedom se puso de pie y avanzó hacia la cancha, por lo que el personal de seguridad intervino y lo escoltó fuera del estadio. Posteriormente, el exbasquetbolista afirmó en redes sociales que había sido expulsado por “apoyar a las mujeres”.

El incidente se produce en medio del creciente debate en el baloncesto estadounidense sobre la participación de atletas transgénero en el deporte femenino. Kanter Freedom ha cuestionado públicamente las actuales reglas de elegibilidad de la WNBA y recientemente anunció, de manera provocadora, su intención de presentarse al Draft de la WNBA de 2027.

Las actuales normas de elegibilidad de la WNBA establecen que únicamente las mujeres pueden jugar en la liga, aunque el convenio colectivo no establece una definición específica de “mujer” ni detalla una política particular sobre atletas transgénero.

El caso ha reavivado la discusión sobre sexo biológico, identidad de género y las condiciones de participación en el deporte femenino, convirtiéndose en uno de los episodios más recientes de una controversia que continúa generando posiciones enfrentadas en Estados Unidos.

Washington D. C. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una fuerte advertencia a las escuelas públicas del país respecto de la manera en que se aborda la identidad de género con los menores.

Durante un acto de regreso a clases realizado en la Casa Blanca, Trump afirmó que las escuelas públicas estadounidenses estarán “sobre aviso” y sostuvo que decirle a un niño que está “atrapado en el cuerpo equivocado” constituye, en sus palabras, “abuso infantil”.

La declaración se suma a una política más amplia de la administración Trump orientada a limitar lo que denomina “ideología de género” en las instituciones educativas y a reforzar el papel de los padres en las decisiones relacionadas con sus hijos.

El pronunciamiento ocurre en un contexto de nuevas medidas federales. En agosto, la administración estadounidense finalizó una regulación que busca impedir el uso de fondos federales de Medicaid y del programa CHIP para determinados tratamientos de afirmación de género en menores; la norma está prevista para entrar en vigor el 13 de octubre de 2026, aunque enfrenta posibles desafíos judiciales.

Para sectores que respaldan la política de Trump, estas medidas representan un intento de proteger a los niños y fortalecer la autoridad de los padres frente a decisiones relacionadas con la identidad y los tratamientos médicos de menores. Sus críticos, en cambio, sostienen que las restricciones pueden limitar el acceso de jóvenes transgénero a servicios de salud.

El debate vuelve a colocar en el centro de la discusión internacional el derecho de los padres a participar en la educación y formación de sus hijos, así como los límites que deben tener las instituciones educativas en asuntos relacionados con la identidad de los menores.