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ESTADOS UNIDOS.- El Gobierno de Estados Unidos formalizó el retorno al marco regulatorio del Título IX de 2020, al rescindir oficialmente la regulación aprobada durante la administración de Joe Biden en 2024.

El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció que la nueva regulación elimina del Código de Regulaciones Federales las disposiciones introducidas en 2024 y restablece el texto reglamentario de 2020. La medida fue suscrita por la secretaria de Educación, Linda McMahon.

La normativa de 2024 había establecido que la discriminación por sexo comprendía, entre otros aspectos, la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, el 9 de enero de 2025, un tribunal federal anuló la regulación de 2024 en su totalidad, por lo que dejó de estar vigente en todo Estados Unidos.

A partir de esa decisión judicial, el Departamento de Educación comenzó a aplicar nuevamente las regulaciones correspondientes a 2020. En febrero de 2025, la Oficina de Derechos Civiles confirmó oficialmente que su aplicación del Título IX se realizaría bajo las disposiciones de 2020.

Con la decisión anunciada el 28 de septiembre de 2026, el Gobierno de Donald Trump da ahora un paso adicional: formaliza en la normativa federal el retorno al texto reglamentario de 2020.

¿QUÉ CAMBIA? 
El Título IX, aprobado en 1972, prohíbe la discriminación por razón de sexo en los programas y actividades educativas que reciben asistencia financiera federal.

La regulación de 2020 estableció un marco específico para la aplicación de esta protección, mientras que la regulación de 2024 amplió expresamente el concepto de discriminación por sexo para incluir la orientación sexual y la identidad de género.

La administración Trump sostiene que el retorno al marco de 2020 busca restablecer una interpretación del Título IX centrada en la protección basada en el sexo. Esa es la posición oficial expresada por el Departamento de Educación.

UNA DECISIÓN QUE REABRE EL DEBATE EDUCATIVO 
La decisión estadounidense vuelve a colocar en el centro del debate internacional la forma en que los Estados regulan la protección contra la discriminación en los centros educativos y el alcance que deben tener conceptos como sexo, orientación sexual e identidad de género dentro de las políticas educativas.

El cambio también constituye un nuevo capítulo en la disputa jurídica y política que se inició con la regulación de 2024 y que posteriormente fue objeto de múltiples procesos judiciales.

Fuente: U.S. Department of Education / Federal Register.
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LIMA.- Las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido Cívico Obras presentaron una moción de interpelación contra el ministro de Educación, José Antonio Chang, para que responda ante el Pleno de la Cámara de Diputados un pliego de 44 preguntas relacionadas con diversas decisiones y actuaciones de su gestión. La moción fue presentada el 21 de septiembre y cuenta con la firma de 24 parlamentarios.

Entre los temas incluidos figuran las designaciones de funcionarios y exparlamentarias en organismos vinculados al sector Educación. El documento solicita explicaciones sobre los criterios utilizados para la designación de Tania Ramírez como representante del Ministerio de Educación ante el directorio de la Derrama Magisterial —cargo al que posteriormente renunció— y sobre el nombramiento de Diana Gonzáles como directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

EL CAMBIO CURRICULAR, UNO DE LOS PUNTOS DE MAYOR DEBATE 
La moción también aborda los cambios anunciados para el currículo y los textos educativos. El ministro Chang ha planteado retirar del currículo nacional contenidos que considere de carácter ideológico y ha señalado la necesidad de reforzar áreas como historia, educación cívica, valores, comprensión lectora, matemáticas, inglés y educación financiera.

En este contexto, el debate incluye específicamente las decisiones relacionadas con el enfoque de género en los textos educativos, por lo que la interpelación podría convertirse en un espacio para que el ministro explique públicamente los fundamentos, alcances y criterios pedagógicos de las modificaciones planteadas.

SUNEDU Y UNIVERSIDADES TAMBIÉN EN EL PLIEGO 
Otro bloque de preguntas está relacionado con la gestión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), incluyendo decisiones administrativas y el tratamiento de una denuncia por presunto hostigamiento sexual contra su superintendente, Vicente Paul Espinoza Santillán.

Asimismo, el pliego contempla interrogantes sobre la situación institucional de la Universidad Nacional de Ucayali, además de otros asuntos relacionados con universidades y organismos adscritos al sector Educación.

CONTROL POLÍTICO Y RESPUESTAS DEL MINISTRO 
La interpelación constituye un mecanismo de control político mediante el cual los parlamentarios buscan que el titular del sector explique ante el Pleno las decisiones adoptadas durante su gestión. El propio ministro José Antonio Chang ha señalado que la interpelación forma parte de las facultades del Parlamento, aunque consideró que el pedido resulta apresurado debido al corto tiempo que lleva al frente del Ministerio de Educación.

El proceso parlamentario pondrá sobre la mesa no solo las decisiones administrativas cuestionadas por los promotores de la moción, sino también el rumbo que el Gobierno pretende imprimir a la educación nacional, particularmente respecto de los contenidos curriculares, el papel de los padres de familia y la orientación de los textos escolares.

La eventual presentación del ministro ante el Pleno permitirá que estas cuestiones sean discutidas públicamente y que Chang exponga los fundamentos de las decisiones adoptadas por su despacho.
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LIMA.- La reciente posición asumida por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y el respaldo público expresado por presidentes de diversas Cortes Superiores vuelven a abrir un debate que trasciende una diferencia política coyuntural: ¿hasta qué punto una institución llamada a impartir justicia con absoluta imparcialidad puede incorporar una determinada perspectiva ideológica en su actuación institucional?

La discusión adquiere especial relevancia luego del pronunciamiento difundido por los titulares de las Cortes Superiores en respaldo de Janet Tello. 

El documento utiliza expresiones como “las presidentas y los presidentes” y “los jueces y juezas”, pese a que la Ley N.º 32003 establece que el uso del lenguaje inclusivo no implica desdoblar el lenguaje cuando existe un término genérico que comprende tanto a mujeres como a hombres. Expreso ha cuestionado precisamente este punto.

Pero el problema de fondo es mayor. 

El propio Poder Judicial reconoce institucionalmente la denominada “perspectiva de género”. 

En julio de 2026, su portal oficial difundió declaraciones de Janet Tello señalando que dicha perspectiva “ha permitido transformar la justicia con igualdad y sin discriminación”, en el marco de las actividades de su Comisión de Justicia de Género.

La pregunta que corresponde formular, entonces, es sencilla:

¿Puede una institución encargada de administrar justicia asumir como política institucional una determinada perspectiva ideológica y, al mismo tiempo, garantizar ante todos los ciudadanos que sus decisiones estarán completamente libres de sesgos?

La defensa de la igualdad ante la ley es incuestionable. Nadie debería ser discriminado por razón de sexo. Sin embargo, una cosa es garantizar derechos y otra diferente es convertir una determinada concepción sobre el género en una política transversal de una institución del Estado.

La ley también debe cumplirse dentro del Poder Judicial Hay un elemento especialmente significativo que no debería pasar inadvertido.

En setiembre de 2025, el propio Consejo Ejecutivo del Poder Judicial observó un documento institucional por el uso de expresiones como “juezas, jueces” y “servidores/as”, recordando expresamente que la Ley N.º 32003 no permite el desdoblamiento cuando existe un término genérico que comprende ambos géneros. Por ello, resulta legítimo preguntar por qué un criterio que fue reconocido y aplicado institucionalmente por el propio Poder Judicial ahora parece quedar relegado cuando se trata de un pronunciamiento público de sus máximas autoridades.

La coherencia institucional también forma parte del Estado de derecho. Independencia judicial no significa independencia frente a la ley El Poder Judicial tiene derecho —y obligación— de defender su independencia. La propia Janet Tello ha señalado que la independencia judicial constituye una garantía para la sociedad y que no debe confundirse con un privilegio corporativo.

Pero precisamente por tratarse de uno de los poderes del Estado, su independencia no puede interpretarse como una autorización para apartarse de las normas aprobadas por el ordenamiento jurídico.

Una institución independiente debe ser también una institución imparcial, objetiva y respetuosa de la ley. La ciudadanía tiene derecho a preguntarse si determinadas políticas institucionales, capacitaciones, comisiones y discursos vinculados con la denominada perspectiva de género corresponden estrictamente a una política de igualdad ante la ley o si, progresivamente, están incorporando una determinada concepción ideológica dentro de la administración de justicia.

La familia y los padres también merecen ser escuchados Este debate tampoco puede ignorar a millones de ciudadanos que consideran que las políticas públicas relacionadas con sexo, género, educación y familia deben respetar las convicciones de los padres y el derecho de las familias a participar en las decisiones que afectan a sus hijos.

El Estado tiene la obligación de proteger los derechos de todos, incluyendo a quienes discrepan de determinadas corrientes ideológicas. Por eso, la perspectiva de género no puede convertirse en una perspectiva obligatoria que silencie otras visiones legítimas de la sociedad.

La justicia debe escuchar a todos. No puede existir una justicia para quienes comparten una determinada visión ideológica y otra para quienes discrepan de ella.

El Poder Judicial debe dar explicaciones El debate generado por el pronunciamiento de los presidentes de las Cortes Superiores debería servir para que el Poder Judicial explique públicamente cuál es el alcance de sus políticas de género, cómo garantiza la neutralidad ideológica de sus decisiones y cómo asegura el cumplimiento de la Ley N.º 32003.

No se trata de cuestionar la independencia judicial. Se trata de exigir que esa independencia vaya acompañada de imparcialidad, transparencia, respeto a la ley y neutralidad institucional.

Porque en una democracia, ninguna institución del Estado debería colocarse por encima del debate ciudadano. El Poder Judicial está llamado a impartir justicia, no a imponer una determinada visión ideológica de la sociedad.

Y cuando se trata de asuntos tan sensibles como la familia, la educación, el sexo y el género, la sociedad peruana tiene derecho a participar del debate y a exigir que todas las posiciones sean escuchadas.

La justicia debe ser para todos. La ley debe ser para todos. Y la imparcialidad también debe ser para todos.
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Monterrey, México.— El creador de contenido y documentalista mexicano Samuel Adrián González regresó a Monterrey luego de permanecer durante diez días privado de su libertad en Colombia, tras la ejecución de una orden judicial relacionada con su documental “Colombia: Fábrica de niños trans”.

Samuel Adrián había sido detenido el pasado 13 de septiembre en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Según los reportes publicados sobre el caso, la medida estuvo relacionada con un proceso judicial por desacato derivado de una decisión que ordenaba retirar o modificar determinados contenidos difundidos en internet.

El caso generó un amplio debate público en Colombia y otros países de la región, especialmente alrededor de la libertad de expresión, los límites de las decisiones judiciales sobre contenidos publicados en internet y la discusión sobre los tratamientos relacionados con la afirmación de género en menores de edad.

El documental, publicado en mayo de 2026, presenta una mirada crítica sobre determinados tratamientos y procedimientos de afirmación de género en niños y adolescentes y recoge testimonios y entrevistas vinculados con estas prácticas. La producción continúa disponible en YouTube en una versión modificada, según la información publicada por MILENIO.

A su regreso a Monterrey, Samuel Adrián expresó su satisfacción por volver a casa y agradeció el respaldo recibido durante los días que permaneció detenido. También sostuvo que, más allá de su situación personal, el tema que motivó su investigación continúa generando conversación entre familias y ciudadanos.

UN DEBATE QUE TRASPASÓ LAS FRONTERAS 
La detención de Samuel Adrián convirtió su documental en el centro de una discusión que trascendió las fronteras de Colombia. El caso puso sobre la mesa preguntas relacionadas con la libertad de expresión, el derecho a la información, la protección de los derechos individuales y el papel de los padres frente a decisiones que pueden involucrar a sus hijos.

Al mismo tiempo, existen posiciones contrapuestas sobre el contenido del documental y sobre las circunstancias que dieron origen al proceso judicial. Reportes periodísticos señalan que el caso se inició a partir de una acción de tutela presentada por un médico que cuestionó el uso de su imagen, voz y datos personales en el material difundido. Por ello, el caso continúa siendo objeto de debate público y jurídico.

SAMUEL ADRIÁN: “EL TEMA CONTINÚA” Tras cumplir los diez días de privación de libertad, el documentalista mexicano regresó a su ciudad y manifestó que continuará con sus proyectos y con la difusión de sus investigaciones.

El caso deja abierta una discusión que involucra a padres de familia, profesionales, autoridades, comunicadores y sociedad civil: ¿cómo garantizar la protección de los niños y adolescentes y, al mismo tiempo, asegurar que exista un debate público abierto sobre las decisiones que pueden afectar su vida y su futuro?

Más allá de las posiciones que cada persona pueda adoptar, el caso de Samuel Adrián ha colocado nuevamente en la agenda pública la importancia de que las familias puedan acceder a información, conocer distintas perspectivas y participar en las conversaciones que involucran directamente el bienestar de sus hijos.

Samuel Adrián ya está nuevamente en Monterrey. El debate, sin embargo, continúa.
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ESTADOS UNIDOS.- Durante su intervención ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó fuertes cuestionamientos contra organismos de la ONU y defendió la soberanía de las naciones frente a lo que calificó como intentos de establecer estructuras de control global.

Uno de los momentos centrales de su discurso fue su cuestionamiento a la atención que, según sostuvo, organismos internacionales prestan a las políticas estadounidenses relacionadas con menores y a las medidas de su administración frente a tratamientos de transición de género en niños y adolescentes.

Trump sostuvo además que resulta inaceptable que funcionarios vinculados a los derechos humanos cuestionen las políticas de Estados Unidos mientras, a su juicio, existe una insuficiente respuesta internacional frente a la persecución que sufren cristianos en diferentes partes del mundo.

“NO HAY UN GOBIERNO GLOBAL” 
Otro de los ejes de su intervención fue la defensa de la soberanía nacional. Trump afirmó categóricamente que “no hay un gobierno global” y manifestó su oposición a la creación de mecanismos internacionales que, según su posición, puedan limitar la capacidad de los Estados para tomar sus propias decisiones.

Asimismo, rechazó la posibilidad de establecer impuestos globales y cuestionó el funcionamiento de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional.

LA PERSECUCIÓN DE CRISTIANOS EN EL CENTRO DEL DEBATE 
Trump también puso sobre la mesa la situación de los cristianos perseguidos en distintas regiones del mundo, reclamando mayor atención internacional frente a estos casos.

Su intervención vuelve a colocar la libertad religiosa y la protección de las comunidades cristianas dentro de un debate internacional que trasciende las fronteras de Estados Unidos.

UN DEBATE QUE TRASCIENDE LAS FRONTERAS 
Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen en un contexto internacional marcado por fuertes controversias sobre las políticas educativas, los derechos de los padres, los tratamientos relacionados con la transición de género en menores y el alcance de las instituciones internacionales.

La discusión también continúa dentro de Estados Unidos. Associated Press informó esta semana que al menos seis grandes hospitales han alcanzado acuerdos con el Departamento de Justicia estadounidense para dejar de proporcionar determinados tratamientos de afirmación de género a menores, en medio de un intenso debate político, jurídico y médico.

Más allá de las posiciones enfrentadas, el discurso ante la ONU vuelve a colocar una pregunta fundamental en el escenario internacional: ¿hasta dónde pueden llegar los organismos internacionales en asuntos que involucran la soberanía de los Estados, la educación, la familia y las decisiones relacionadas con los menores?
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