ESTADOS UNIDOS.- Diversos países han expresado su respaldo a una iniciativa internacional orientada a promover la abolición de la gestación subrogada, también conocida como "vientres de alquiler", al considerar que esta práctica puede facilitar la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad y la mercantilización de los niños.
El debate se desarrolla en el ámbito de las Organización de las Naciones Unidas, donde representantes de distintos Estados y organizaciones han manifestado su preocupación por el incremento de esta práctica a nivel internacional y sus implicancias éticas, jurídicas y de derechos humanos.
Según los pronunciamientos difundidos, existe un llamado a fortalecer la protección de la dignidad de la mujer y del interés superior del niño.
Entre los principales argumentos expuestos se señala que, en numerosos casos, la gestación subrogada involucra a mujeres que aceptan estos acuerdos debido a necesidades económicas, lo que genera cuestionamientos sobre la existencia de un consentimiento plenamente libre. Asimismo, se advierte sobre el crecimiento del denominado "turismo reproductivo", impulsado por las diferencias legislativas entre países.
Los promotores de esta iniciativa sostienen que toda política pública debe garantizar la protección de la maternidad, la infancia y la dignidad humana, evitando cualquier forma de explotación o comercialización del cuerpo de la mujer y de los niños.
El debate continúa abierto en la comunidad internacional, donde existen posiciones divergentes: algunos países favorecen la prohibición de la gestación subrogada, mientras que otros optan por regularla bajo determinadas condiciones.
Entre los principales argumentos expuestos se señala que, en numerosos casos, la gestación subrogada involucra a mujeres que aceptan estos acuerdos debido a necesidades económicas, lo que genera cuestionamientos sobre la existencia de un consentimiento plenamente libre. Asimismo, se advierte sobre el crecimiento del denominado "turismo reproductivo", impulsado por las diferencias legislativas entre países.
Los promotores de esta iniciativa sostienen que toda política pública debe garantizar la protección de la maternidad, la infancia y la dignidad humana, evitando cualquier forma de explotación o comercialización del cuerpo de la mujer y de los niños.
El debate continúa abierto en la comunidad internacional, donde existen posiciones divergentes: algunos países favorecen la prohibición de la gestación subrogada, mientras que otros optan por regularla bajo determinadas condiciones.
