TENDENCIA


URUGUAY.- El pasado martes 15 de octubre, el Senado uruguayo aprobó la "Ley de Muerte Digna", convirtiendo al país en el primero de Latinoamérica en legalizar la eutanasia mediante una decisión parlamentaria.


La iniciativa, impulsada por la coalición de izquierda Frente Amplio, despenaliza la muerte asistida bajo condiciones específicas, tras años de debate público y legislativo. La ley fue aprobada con 20 votos a favor y 11 en contra.

La norma permitirá a los mayores de 18 años, nacionales o residentes legales, que padezcan enfermedades incurables, terminales o con un sufrimiento intolerable y una drástica pérdida de calidad de vida, solicitar la eutanasia voluntariamente, por escrito y con el aval de al menos dos médicos y testigos.

Los cristianos evangélicos y la Iglesia Católica expresaron su rechazo a la medida. El Consejo Representativo Evangélico del Uruguay (CREU), miembro de la Alianza Evangélica Latina, expresó: "La vida es un don de Dios y decimos categóricamente no a la eutanasia, no a acelerar el proceso de la muerte, incluso si las personas sufren", declaró el pastor Louder Garabedian, presidente del CREU.

Garabedian enfatizó: "Desde la concepción de la vida hasta la muerte natural, Dios conoce los días que viviremos. Nuestra postura se basa en la Biblia: la vida pertenece a Dios y acelerar la muerte es moralmente incorrecto".

El pastor relató el caso de su propio padre, quien requirió cuidados paliativos, y defendió que "el sufrimiento requiere atención y acompañamiento, no la eliminación de la vida".

El proyecto aprobado contempla el derecho a la objeción de conciencia para los profesionales de la salud y la posibilidad de retirarse en cualquier momento antes del procedimiento. El Dr. Garabedian recordó: "En la Facultad de Medicina nos preparan para curar y aliviar, nunca para matar".

Las organizaciones provida también han advertido sobre los riesgos de la ley, advirtiendo sobre precedentes potencialmente peligrosos y el debilitamiento de la protección de las personas vulnerables en la sociedad.

El presidente electo Yamandú Orsi ha expresado su apoyo a la ley, que se encuentra en proceso de promulgación, convirtiendo así a Uruguay en el primer país latinoamericano en regular la eutanasia mediante legislación.

Este es un llamado a reafirmar la esperanza en el valor sagrado de la vida, la soberanía de Dios sobre el nacimiento y la muerte, y la compasión. El acompañamiento a quienes sufren, sin recurrir a soluciones que contradigan el mandato bíblico de defender la vida y la dignidad humana.

URUGUAY.- El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal del Uruguay expresó su preocupación por la aprobación de la ley que habilita la eutanasia, reafirmando el valor y la dignidad de toda vida humana. Los prelados invitan a promover una cultura del cuidado y del acompañamiento, en lugar de la “búsqueda de la muerte”. Sebastián Sansón Ferrari - Ciudad del Vaticano

La Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) expresó su profunda preocupación tras la aprobación, este miércoles 15 de octubre, de la ley que permite la eutanasia en el país. En un comunicado firmado por el Consejo Permanente, los obispos reiteran su defensa de la vida humana en todas sus etapas y circunstancias, advirtiendo que esta legislación “fomenta la cultura de la muerte”. La norma fue titulada “Muerte Digna”.

“En un país con una alta tasa de suicidios, con serias dificultades para abordar el tema de la salud mental, esta ley va en contra del valor y la dignidad de la vida humana”, señalan los prelados. Según los obispos, la nueva norma coloca a la sociedad “en un riesgoso camino de naturalizar la búsqueda de la muerte como solución a situaciones de la vida que se pueden enfrentar de otra manera”.

El mensaje retoma lo ya expresado por el episcopado en junio de este año sobre el valor de la vida humana: “Cuando hablamos de dignidad humana, nos referimos al valor incomparable de cada ser humano concreto. Cada vida humana aparece ante nosotros como algo único, irrepetible e insustituible”.

Asimismo, los pastores recordaban entonces que “morir con dignidad significa morir sin dolor u otros síntomas mal controlados; morir a su tiempo natural, sin que se acorte o se prolongue de forma innecesaria la vida; morir rodeado del cariño de la familia y los amigos; (…) y morir con la ayuda espiritual que precise”.

Desde esta perspectiva, la Iglesia que peregrina en Uruguay reafirma su compromiso de “seguir trabajando a favor del cuidado de la vida y de su dignidad”, recordando que este principio está reconocido por la Constitución y por los tratados internacionales firmados por el país.

Finalmente, los obispos subrayan que los momentos de mayor fragilidad pueden convertirse en una oportunidad para redescubrir el sentido profundo de la existencia: “Estamos convencidos que compartir los momentos humanos de mayor debilidad se puede transformar en la gran oportunidad para encontrar juntos el sentido trascendente y profundo de nuestra vida.”

El comunicado lleva la firma de monseñor Milton Tróccoli, obispo de Maldonado-Punta del Este-Minas y presidente de la CEU; el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo y vicepresidente; y monseñor Heriberto Bodeant, obispo de Canelones y secretario general.

Desde que el proyecto fue presentado en el Parlamento, el Episcopado publicó diversos documentos invitando a la reflexión, ofreciendo orientaciones pastorales para el discernimiento de los fieles.

ESPAÑA.- El Gobierno de España y la Comunidad de Madrid mantienen un abierto enfrentamiento por la aplicación de la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva, que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y obliga a todas las comunidades autónomas a crear un registro de médicos objetores de conciencia.


Según el Ministerio de Sanidad, este registro pretende "organizar la atención sanitaria en condiciones de equidad" y garantizar que las mujeres puedan acceder al aborto en el sistema público, respetando la objeción individual de los profesionales. El modelo se inspira en el ya existente para la eutanasia, también confidencial y protegido por la legislación sobre datos personales.

Durante el pleno de la Asamblea de Madrid del jueves, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, fue preguntada por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, sobre cómo su Gobierno garantizará el acceso al aborto en la sanidad pública y por qué no ha creado el registro de médicos objetores de conciencia que exige la ley. Ayuso respondió que este registro serviría para "señalar" a los profesionales sanitarios y, tras mencionar que en España se practican más de 106.000 abortos al año, añadió: "¿Les parece poco? Pues van a otro sitio a abortar", refiriéndose al número de interrupciones voluntarias del embarazo.

Ayuso sostiene que la norma vulnera el artículo 16 de la Constitución Española, que reconoce la libertad de conciencia, y afirma que el aborto "está garantizado en la Comunidad de Madrid" mediante convenios con centros privados acreditados.

Desde el Gobierno central, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Ana Redondo, advirtió que "la ley debe cumplirse en todas las comunidades" y que se utilizarán "todos los instrumentos legales disponibles" para hacerla efectiva. Por su parte, el Ministerio de Sanidad confirmó que ha enviado una comunicación formal a las comunidades que aún no han creado el registro (entre ellas Madrid, Islas Baleares, Aragón y Asturias) para exigir su implementación de acuerdo con la legislación vigente.

En caso de incumplimiento, el Ejecutivo está considerando recurrir al Tribunal Constitucional o a la vía contencioso-administrativa para garantizar la aplicación de la ley en todo el territorio nacional, de conformidad con el artículo 161 de la Constitución, que faculta al Gobierno para impugnar disposiciones autonómicas contrarias a la normativa estatal.

El Ministerio de la Presidencia trabaja actualmente en una propuesta para incluir el derecho al aborto en la Constitución Española, siguiendo el modelo francés, con el fin de reforzar su protección legal y evitar futuros retrocesos. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), El texto de la ley de 2023 reconoce el aborto como un servicio básico de salud y garantiza su acceso en los hospitales públicos antes de la semana 14 de embarazo.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Madrid debatió recientemente una iniciativa sobre el llamado "síndrome postaborto", promovida por el grupo ultraderechista Vox. El alcalde José Luis Martínez-Almeida, del Partido Popular, aclaró que dicho síndrome "no está científicamente reconocido" y aseguró que no se difundirá información médica no avalada por organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Ministerio de Sanidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un plazo máximo de tres meses a las comunidades autónomas que aún no han creado el registro de objetores de conciencia para que cumplan con la Ley Orgánica 1/2023. La medida busca garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional.

Sánchez advirtió que el Ejecutivo utilizará "todos los mecanismos legales disponibles" si alguna comunidad mantiene su negativa. En declaraciones recientes, recalcó que el cumplimiento de la ley "no es una opción" y que "la objeción de conciencia no puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres".

El Gobierno está considerando activar mecanismos legales si, una vez transcurrido el plazo de tres meses, las comunidades no cumplen la ley. Entre las opciones que se barajan se encuentra el recurso ante el Tribunal Constitucional o la vía contencioso-administrativa para garantizar su aplicación en todo el territorio.

EuroNews

ESTADOS UNIDOS.- El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió a las ciudades del estado que se exponen a perder fondos estatales si mantienen o aprueban cruces peatonales pintados con los colores del arcoíris, símbolo de la comunidad LGBTQ, en plazas y calles públicas.

La advertencia de Abbott fue publicada el 8 de octubre de 2025 y dirigida a alcaldes, concejales y funcionarios municipales de San Antonio, Dallas, Austin, El Paso y otras ciudades donde se han instalado pasos peatonales “Pride” desde 2018.

Según el Dallas Morning News y otras fuentes regionales, Abbott considera que estos símbolos constituyen “activismo político” en espacios financiados por el Estado, algo que, en su opinión, no debe permitirse con fondos públicos.

El mandatario republicano sostuvo en X (antes Twitter): “Nuestras calles y aceras no deben ser pizarras para promover causas políticas o ideológicas. Cualquier ciudad en Texas que viole esta política arriesga subsidios estatales esenciales”.

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) recibió la instrucción de Abbott para notificar a todas las jurisdicciones que deben ceñirse a las directrices estatales y eliminar del espacio público símbolos, banderas o arte urbano asociados con movimientos sociopolíticos.

La reacción no se hizo esperar. Defensores LGBTQ, como Ricardo Martinez de Equality Texas, denunciaron la medida como “un ataque directo a la inclusión” y un retroceso en la batalla por la visibilidad y los derechos civiles en el estado.

Las ciudades de Dallas y Austin defendieron los pasos peatonales como homenajes a la diversidad local y espacios de memoria contra la discriminación. “Reflejan la pluralidad y el respeto que caracteriza nuestra comunidad”, declaró la alcaldesa de Dallas, Pauline Medrano.

En El Paso, la noticia amenaza con la desaparición del emblemático “Cruce Pride” del centro, inaugurado tras varios crímenes de odio y una oleada de violencia homofóbica. Líderes sociales locales ven la medida como una escalada del conflicto cultural texano.

Usuarios en redes sociales han compartido mensajes bajo el hashtag #SaveTheRainbowCrosswalk, argumentando que estos pasos son “más que decoración: son símbolo de lucha y dignidad frente al odio”.

Voceros conservadores y activistas cristianos han aplaudido la instrucción de Abbott, señalando que “el espacio cívico es de todos” y que “ni el Estado ni las ciudades deben promover agendas ideológicas que contradigan valores bíblicos o la neutralidad institucional”.

Citan Romanos 12:2 (“No os conforméis a este siglo…”), defendiendo que es legítimo proteger el testimonio en el espacio público y evitar la institucionalización de símbolos que, según su visión, “promueven estilos de vida contrarios al diseño de Dios revelado en la Biblia”.

LIMA.- Ernesto Julio Álvarez Miranda, nacido en Lima el 21 de mayo de 1961, es abogado constitucionalista y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres desde 2014. Fue nombrado Presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de José Jerí. Su nombramiento lo coloca al frente del Gabinete Ministerial, en reemplazo de Eduardo Arana Ysa. Para asumir este cargo,


Álvarez Miranda solicitó licencia a su partido, el Partido Popular Cristiano (PPC), del cual milita desde 1984.

SU POSICIÓN SOBRE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO. 
Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional del Perú, ha intervenido en diversos foros sobre la ideología de género y el enfoque familiar. En sus declaraciones públicas, ha argumentado que la ideología de género distorsiona la naturaleza biológica del ser humano, promoviendo una visión cultural o subjetiva del sexo.

Ha criticado su inclusión obligatoria en la educación pública peruana, señalando que vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. También ha advertido que esta ideología se utiliza como herramienta política para imponer cambios legales en materia de matrimonio, familia y educación, sin consenso social.

Desde su página oficial de Facebook, el Movimiento Nacional Pro Familia celebró su nombramiento y abogó por permitirle aplicar el enfoque de familia como política pública. 

"El flamante primer ministro se opone a la ideología de género y rechazó la enseñanza del enfoque de género en las escuelas. Esperemos que se le permita ejecutar e implementar el enfoque familiar que ya es ley. Estaremos muy atentos a cualquier avance a favor de la familia desde el Poder Ejecutivo". #EnDefensaDeLaFamilia #MNPF