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CANADA.- El debate público que se desarrolla en Canadá respecto a la eventual ampliación del programa de Asistencia Médica para Morir (MAID) a menores de edad ha generado preocupación en distintos sectores ciudadanos a nivel internacional.

Actualmente, la legislación canadiense permite el acceso al MAID a adultos que cumplen estrictos criterios médicos establecidos por ley. No obstante, en el ámbito académico y político se ha discutido la posibilidad de evaluar su aplicación en el caso de los llamados “menores maduros”, lo que ha abierto una discusión ética y jurídica de gran sensibilidad.

El tratamiento de este tema exige la mayor responsabilidad institucional, dado que involucra decisiones irreversibles y el análisis de la capacidad de consentimiento en personas que se encuentran en etapas de desarrollo físico, emocional y psicológico.

Especialistas en derecho, bioética y salud mental han señalado la necesidad de:

Priorizar el fortalecimiento de los sistemas de apoyo psicológico y psiquiátrico. Garantizar la participación responsable de los padres o tutores. Evaluar con rigor cualquier modificación normativa que involucre a menores. Asegurar que el enfoque principal sea la protección integral de la niñez.

El debate en el Parlamento de Canadá representa una discusión compleja que debe considerar no solo criterios médicos, sino también principios de protección, responsabilidad familiar y acompañamiento especializado.

Lima, Perú. – El reciente anuncio del candidato presidencial Yonhy Lescano, difundido por el diario La República, en el que plantea promover un “marco jurídico” para reconocer la unión de parejas del mismo sexo, ha generado preocupación y sorpresa en amplios sectores ciudadanos.

El candidato, representante de Cooperación Popular, sostuvo que dichas parejas “son parte de la sociedad peruana” y deberían contar con reconocimiento legal. Sin embargo, esta postura contrasta con declaraciones anteriores en las que expresó su rechazo a este tipo de iniciativas, defendiendo una posición distinta respecto al modelo de familia y al marco constitucional vigente.

Este giro genera legítimas interrogantes en la ciudadanía. Resulta válido preguntar si este cambio responde a una reflexión jurídica profunda o si obedece a un cálculo político orientado a captar determinados sectores del electorado en el actual contexto electoral.

La Constitución reconoce a la familia como institución natural y fundamental de la sociedad, y cualquier modificación en su regulación requiere un debate serio, técnico y transparente. Propuestas de alto impacto no pueden presentarse como simples consignas de campaña ni utilizarse como instrumento electoral.

Lo que sí ha conseguido, más bien, el candidato Lescano con esta propuesta es generar un creciente rechazo a su candidatura por parte de un amplio sector del electorado que considera que este tipo de iniciativas no responde a las prioridades urgentes del país ni refleja coherencia en sus planteamientos anteriores.

Asimismo, cualquier reforma de esta naturaleza deberá debatirse en el Congreso de la República, donde corresponde evaluar sus implicancias constitucionales, sociales y legales en el Perú.

La ciudadanía merece coherencia, claridad y firmeza en las convicciones de quienes aspiran a conducir el país. Los cambios de postura en temas fundamentales deben explicarse con argumentos sólidos y no percibirse como decisiones coyunturales motivadas por intereses electorales.

ESTADOS UNIDOS.- En su más reciente discurso del Estado de la Unión 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó un segmento relevante de su intervención al debate sobre menores transgénero y la llamada atención de afirmación de género.

Durante su mensaje ante el Congreso, el mandatario expresó su preocupación por políticas estatales y escolares que, según afirmó, permitirían procesos de transición social en menores sin el consentimiento de los padres. En ese contexto, presentó el caso de una adolescente del estado de Virginia, utilizando su testimonio como ejemplo de lo que calificó como una problemática nacional que requiere acción legislativa inmediata.

El presidente instó al Congreso a prohibir cualquier procedimiento o medida relacionada con la transición de género en menores sin autorización parental, señalando que la protección de la patria potestad debe ser prioritaria. Asimismo, cuestionó regulaciones educativas que permiten el uso de nombres o pronombres distintos en el ámbito escolar sin notificación familiar.

Diversos sectores políticos y organizaciones civiles reaccionaron al discurso. Mientras algunos legisladores respaldaron la postura presidencial como una defensa de los derechos de los padres, grupos defensores de derechos civiles y organizaciones vinculadas a la comunidad LGBTQ+ manifestaron su desacuerdo, argumentando que la propuesta podría restringir el acceso a servicios médicos respaldados por asociaciones profesionales.

El debate sobre la atención de afirmación de género en menores continúa siendo uno de los temas más polémicos en la agenda política estadounidense. En los últimos años, varios estados han aprobado leyes que limitan o regulan este tipo de tratamientos, lo que ha generado controversias jurídicas y sociales a nivel nacional.

Se prevé que el tema forme parte del debate legislativo en los próximos meses, en un contexto preelectoral marcado por discusiones sobre familia, educación y derechos individuales.

BRASIL.- Diversas reclusas de la Penitenciaría de Mujeres de Colmeia, ubicada en Gama, en el Distrito Federal, Brasil, han presentado denuncias formales señalando la presencia de personas biológicamente masculinas alojadas en pabellones destinados a población femenina.

Según la información difundida por medios internacionales, el traslado de estos internos se habría realizado en aplicación de normativas que permiten la reclusión de personas privadas de libertad conforme a su identidad de género declarada, previa autorización judicial.

De acuerdo con los reportes, el número de internos identificados como mujeres trans en dicho centro penitenciario habría aumentado significativamente en los últimos años. Algunas reclusas han manifestado preocupación por la privacidad, la convivencia y las condiciones de seguridad dentro del establecimiento.

Asimismo, representantes sindicales del personal penitenciario habrían expresado inquietudes relacionadas con la gestión operativa y la protección tanto de las internas como del personal femenino. El caso ha generado debate público en torno a las políticas penitenciarias, los derechos de las personas privadas de libertad y las garantías de seguridad en centros diferenciados por sexo.

Se espera que las autoridades competentes del Distrito Federal brinden mayores precisiones sobre la situación y las medidas adoptadas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas involucradas.

Corrientes, Argentina. — El arzobispo de la Arquidiócesis de Corrientes ha declarado la nulidad de un matrimonio celebrado el pasado 28 de enero en una iglesia local, luego de determinar que no cumplía con los requisitos establecidos por el derecho canónico de la Iglesia Católica.

Según informó el portal InfoCatólica, la decisión se adoptó tras una revisión del caso, en la que se concluyó que la celebración no se ajustó a las disposiciones doctrinales vigentes sobre el sacramento del matrimonio.

De acuerdo con la enseñanza de la Iglesia Católica, el matrimonio sacramental es la unión entre un hombre y una mujer, orientada al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los hijos. Cuando se constata que no se cumplen las condiciones esenciales para su validez, la autoridad eclesiástica competente puede declarar su nulidad.

La declaración de nulidad implica que, desde el punto de vista canónico, el vínculo matrimonial no existió válidamente ante la Iglesia.

El caso ha generado diversas reacciones en el ámbito social y religioso, reavivando el debate sobre la aplicación del derecho canónico y la fidelidad a la doctrina católica en contextos contemporáneos.