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ARGENTINA.- Gobierno de Javier Milei evalúa la elaboración de una normativa que permitiría sancionar con multas de hasta un millón de pesos a personas que circulen por la vía pública utilizando disfraces, máscaras o indumentaria asociada a la denominada comunidad “therian”. 

La medida, aún en fase de análisis, ha generado una fuerte polémica en todo Argentina, dividiendo opiniones entre quienes consideran que se trata de una acción necesaria para preservar el orden público y quienes la califican como una forma de censura o estigmatización juvenil.

¿Qué son los therians? 
El fenómeno therian se refiere a jóvenes que afirman identificarse espiritualmente con un animal. Algunos adoptan conductas simbólicas como caminar en cuatro patas, utilizar máscaras de lobo, zorro o gato, y organizar encuentros grupales denominados “manadas” en espacios públicos.

En los últimos meses, se han reportado reuniones de este tipo en plazas y parques de ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario e incluso en zonas de la Patagonia. Las imágenes compartidas en redes sociales han contribuido a viralizar el fenómeno, generando tanto curiosidad como preocupación en distintos sectores de la sociedad.

Incidentes que encendieron la alarma El debate se intensificó tras denuncias públicas sobre presuntos episodios de agresión. En la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, una madre denunció que su hija de 14 años habría sido perseguida y mordida en el tobillo por un grupo de jóvenes con máscaras de lobo. Días después, en el Barrio Chino de Buenos Aires, trascendió la detención de una adolescente que, según reportes preliminares, habría mordido a varios transeúntes.

Si bien las autoridades no han confirmado oficialmente que exista una organización estructurada detrás de estos hechos, los incidentes fueron suficientes para que sectores políticos comenzaran a exigir regulaciones más estrictas respecto al uso de disfraces o conductas consideradas perturbadoras en la vía pública.

El alcance de la posible normativa De acuerdo con versiones difundidas en medios y redes sociales, la iniciativa en estudio buscaría tipificar como infracción la circulación en espacios públicos con atuendos que dificulten la identificación de la persona o que generen alteración del orden. Las multas podrían alcanzar hasta un millón de pesos, dependiendo de la gravedad del hecho y si existiera reincidencia o daño a terceros.

Desde el oficialismo, algunos voceros sostienen que el objetivo no sería perseguir identidades personales, sino prevenir conductas que puedan derivar en situaciones de riesgo, especialmente cuando involucran a menores de edad.

Reacciones divididas 
La propuesta generó un intenso debate nacional. 
A favor: Quienes apoyan la medida argumentan que el Estado debe garantizar la seguridad y evitar comportamientos que puedan afectar la tranquilidad pública o derivar en agresiones. 
En contra: Organizaciones civiles y defensores de libertades individuales advierten que sancionar el uso de disfraces o expresiones simbólicas podría vulnerar derechos fundamentales y abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias.

Especialistas en adolescencia y cultura digital señalan que muchos de estos movimientos surgen como formas de expresión identitaria influenciadas por comunidades en línea, y recomiendan abordajes preventivos desde la educación y el acompañamiento familiar antes que respuestas exclusivamente punitivas.

Debate abierto Por el momento, no se ha oficializado ningún decreto ni proyecto de ley concreto. El tema continúa en análisis y promete ocupar un lugar central en la agenda pública en los próximos días. Mientras tanto, el fenómeno therian sigue generando conversación en redes sociales y espacios políticos, en un contexto donde la discusión sobre límites de la expresión, orden público y libertades individuales vuelve a colocarse en el centro del debate nacional.

Moscú.– El gobierno de Rusia ha incorporado oficialmente al denominado “movimiento social internacional LGBT” en su registro de organizaciones extremistas y terroristas, una medida que refuerza la línea política adoptada por las autoridades rusas en los últimos años en materia de orientación sexual e identidad de género.

La decisión se fundamenta en el fallo emitido en noviembre de 2023 por el Tribunal Supremo de Rusia, que declaró “extremista” al movimiento en cuestión. La sentencia se produjo en el contexto de las reformas y políticas promovidas por el presidente Vladimir Putin, orientadas —según el discurso oficial— a la protección de los valores tradicionales y la soberanía cultural del país.

Registro y consecuencias legales La lista de organizaciones extremistas es administrada por Rosfinmonitoring, el organismo federal encargado del monitoreo financiero. Esta entidad tiene la facultad de congelar cuentas bancarias, bloquear activos y aplicar sanciones económicas a personas u organizaciones incluidas en el registro. Según informó la agencia estatal RIA Novosti, la inclusión se refiere específicamente al “movimiento social internacional LGBT y sus unidades estructurales”. 

La medida fue posteriormente confirmada por la agencia internacional Reuters, lo que generó amplia repercusión en medios globales. Expertos señalan que la designación como organización extremista puede acarrear consecuencias penales para quienes participen, financien o promuevan actividades vinculadas a dicho movimiento dentro del territorio ruso.

Contexto normativo y político 
En los últimos años, Rusia ha aprobado una serie de normativas orientadas a restringir la difusión pública de contenidos relacionados con diversidad sexual y de género. Entre ellas, se encuentran leyes que amplían las prohibiciones sobre lo que el Estado denomina “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales”, aplicables tanto a menores como a adultos.

Las autoridades rusas han sostenido que estas disposiciones buscan preservar la identidad cultural, los valores familiares tradicionales y la estabilidad social. No obstante, organismos internacionales y asociaciones de derechos humanos han cuestionado dichas medidas, argumentando que podrían vulnerar principios fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación y la igualdad ante la ley.

Reacciones internacionales 
Tras conocerse la inclusión del movimiento en la lista de organizaciones extremistas, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos manifestaron preocupación por el posible impacto en activistas, organizaciones civiles y ciudadanos que se identifiquen o participen en iniciativas vinculadas a la causa LGBT.

Analistas internacionales advierten que esta decisión podría intensificar el debate diplomático entre Rusia y países occidentales, donde las políticas públicas en materia de identidad de género y orientación sexual han seguido un rumbo distinto en los últimos años.

Implicancias futuras 
La medida refuerza la postura oficial del Estado ruso frente a organizaciones y movimientos que considera contrarios a su marco normativo y visión cultural. Asimismo, abre un nuevo capítulo en el debate global sobre la relación entre soberanía nacional, políticas de valores tradicionales y estándares internacionales de derechos humanos.

La evolución de este caso será observada de cerca por la comunidad internacional, dado que sus efectos podrían extenderse tanto al ámbito jurídico interno como al escenario geopolítico.

BRUSELAS.- El Parlamento Europeo aprobó una resolución que reconoce explícitamente que las mujeres trans son mujeres, en el marco de las recomendaciones que la Unión Europea presentará durante el 70º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, que se realizará próximamente en Nueva York.

La resolución fue aprobada con 340 votos a favor, 141 en contra y 68 abstenciones. El texto sostiene que el pleno reconocimiento de las mujeres trans es fundamental para que las políticas de igualdad de género y prevención de la violencia sean efectivas. Asimismo, insta a garantizar el acceso igualitario a servicios de protección y apoyo.

El documento incluye referencias a las personas LGBTIQ+ en diversos apartados, entre ellos el monitoreo de retrocesos democráticos, la preocupación por los llamados “movimientos antigénero” y los recortes de financiamiento a organizaciones sociales. En materia de salud, resalta la importancia de servicios de salud mental con enfoque de género para mujeres jóvenes y personas LGBTIQ+.

Además, la resolución señala que la política exterior de la Unión Europea debe priorizar la protección de mujeres y defensores de derechos humanos LGBTIQ+ en el ámbito internacional.

Si bien el pronunciamiento no es jurídicamente vinculante, se espera que influya en la posición oficial de la Unión Europea durante las deliberaciones en la comisión de la ONU. Desde el escenario internacional, diversas voces han advertido que esta postura podría generar tensiones diplomáticas, particularmente con Estados Unidos, cuya actual administración federal ha adoptado posiciones más restrictivas respecto al reconocimiento legal de las personas trans.

El debate sobre igualdad de género, derechos humanos y reconocimiento de identidades vuelve así a ocupar un lugar central en la agenda global, en un contexto de marcadas diferencias políticas entre distintos bloques internacionales.

ESTADOS UNIDOS.- United States House of Representatives aprobó el proyecto denominado Protect Children’s Innocence Act, iniciativa legislativa que propone prohibir y establecer sanciones a nivel federal para determinados tratamientos médicos relacionados con la transición de género en menores de 18 años. La votación se desarrolló en un ambiente de marcada división política, con respaldo mayoritario del Partido Republicano y oposición de legisladores demócratas. 

Con esta aprobación, el proyecto avanza ahora al United States Senate, donde deberá ser debatido y sometido a votación antes de convertirse en ley. En caso de obtener luz verde en ambas cámaras, requeriría además la promulgación presidencial.

La propuesta contempla restricciones sobre el uso de bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales y procedimientos quirúrgicos en menores de edad. Sus promotores sostienen que la medida busca proteger a niños y adolescentes de intervenciones médicas que consideran irreversibles y de potencial impacto a largo plazo.

Por otro lado, asociaciones médicas y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por los posibles efectos de la norma en la salud mental y el bienestar de jóvenes transgénero, así como por las implicancias en la autonomía familiar y el criterio profesional de los especialistas de la salud.

El debate en torno a esta iniciativa refleja la profunda polarización política y social que existe en Estados Unidos respecto a las políticas públicas vinculadas a identidad de género, salud y derechos civiles. El futuro del proyecto dependerá ahora del trámite legislativo en el Senado, donde se anticipa una discusión igualmente intensa.

PUERTO RICO.- La Universidad de Puerto Rico (UPR) ha iniciado un proceso d4e revisión y derogación de diversas políticas internas relacionadas con la identidad de género y la inclusión estudiantil, en un contexto marcado por advertencias sobre la posible pérdida de fondos federales de Estados Unidos.


Según información difundida por organizaciones civiles, entre las medidas modificadas se encuentra la eliminación de la política de baños inclusivos, que permitía a estudiantes trans y personas no binarias utilizar los servicios sanitarios según su identidad de género.

Asimismo, se habría derogado el llamado Plan de Trabajo para Estudiantes Trans y No Binarios, instrumento que establecía directrices institucionales dirigidas a garantizar el acceso, la no discriminación y el apoyo académico para este sector de la población estudiantil. Otra disposición que se habría modificado es el Protocolo de Reconocimiento de Nombre, un mecanismo mediante el cual los estudiantes podían ser registrados y tratados administrativamente según su nombre social y pronombres declarados, independientemente de su documentación legal.

Contexto federal y condicionamiento de los fondos. Diversos sectores atribuyen estos cambios al clima político generado tras el regreso de Donald Trump a la presidencia y a la orientación de su administración respecto a las políticas de identidad de género en las instituciones educativas. Durante su primer mandato (2017-2021), hubo revisiones en la interpretación de la normativa federal vinculada al Título IX y la protección de la identidad de género en el ámbito educativo.

En este nuevo escenario, las universidades públicas y los sistemas educativos estatales estarían evaluando su normativa interna ante la advertencia de que el incumplimiento de los lineamientos federales podría poner en riesgo el financiamiento esencial para su funcionamiento

. Señalan que estas políticas se implementaron en administraciones anteriores con el objetivo de reducir situaciones de acoso escolar, exclusión y deserción escolar, particularmente en poblaciones vulnerables.

Por su parte, los sectores que apoyan las modificaciones sostienen que las instituciones educativas deben ajustarse estrictamente al marco federal vigente y evitar interpretaciones que puedan generar conflictos legales o financieros. También argumentan que corresponde a cada universidad revisar sus protocolos de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Debate nacional. La situación en Puerto Rico forma parte de un debate más amplio que recorre Estados Unidos y sus territorios, donde se discute el alcance de las políticas de identidad de género en espacios públicos, la autonomía universitaria y el condicionamiento de los fondos federales a ciertas prácticas administrativas. Los analistas creen que este proceso podría extenderse a otras jurisdicciones si se consolidan las nuevas directrices federales sobre educación. Mientras tanto, la comunidad académica de la UPR enfrenta un período de transición regulatoria que podría redefinir el enfoque institucional hacia los temas de diversidad, inclusión y derechos estudiantiles.