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COREA DEL SUR.- La diputada, activista y cantautora Jang Hye-yeong, del Partido de la Justicia, ha sido la principal promotora de este proyecto de ley para su país. Este miércoles, los legisladores surcoreanos lanzaron el primer proyecto de ley de matrimonio homosexual del país.

Aunque hay pocas probabilidades de que el proyecto sea aprobado. El proyecto de ley fue promovido por la diputada de la Asamblea Nacional de Corea del Sur Jang Hye-yeong, miembro del Partido de la Justicia, un bloque opositor de izquierdas con representación menor en el Parlamento pero muy activo en la promoción de reformas.

En esta línea, la propuesta se enmarca en un trío de proyectos de ley relacionados con la ampliación de derechos sociales. Los otros están relacionados con uniones civiles y la fecundación in vitro para mujeres solteras.

"La familia es la unidad más básica que existe y forma una comunidad más grande: la sociedad", dijo Jang a 'The Guardian' a la salida de la Asamblea Nacional el miércoles. "Es un momento histórico, pero esto solo acaba de comenzar. Los proyectos de ley deben ser discutidos por la Asamblea de forma inmediata", añadió el abogado del grupo cívico Marriage Equiality Korea, Ryu Min-hee.

No es la primera vez que Corea del Sur intenta las uniones de parejas homosexuales, frente a una sociedad que se opone.

En febrero, un fallo reconoció que las parejas del mismo sexo tenían derecho al seguro nacional de salud. Aquello fue el primer paso para construir la propuesta de ley que este miércoles ha llegado a la Asamblea Nacional.

En julio de 2020 ya lanzó un proyecto de ley contra la discriminación que fue recibido por los conservadores y muchos sectores de la sociedad civil al matrimonio homosexual. 

Jang Hye-yeong.

El proyecto de Jang buscaba prohibir cualquier trato de favor basado en el sexo, la raza, la edad, la orientación sexual, la discapacidad o la religión, así como varios criterios más inusuales, como antecedentes penales, apariencia física o antecedentes académicos.

La diputada lanza ahora este nuevo intento después de que, en los últimos 16 años, hayan fracasado seis conatos de aprobar leyes contra cualquier tipo de discriminación en Corea del Sur, un país que, a pesar de sus avances económicos, sigue siendo socialmente conservadora: Human Rights Watch dice que la discriminación contra las mujeres y las minorías está muy extendida.

Alrededor del 40% del Parlamento es protestante, según las Iglesias Cristianas Unidas de Corea, y pocos políticos están dispuestos a desafiar al lobby conservador.

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EE.UU. - El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, declaró este lunes que su Gobierno consideraría restricciones de visas contra funcionarios y otros ciudadanos de Uganda por lo que considera "abusos de los derechos humanos", después de que el país africano promulgara una ley contra la homosexualidad que permite castigar a los infractores hasta con pena de muerte.

Blinken anunció haber dado instrucciones al Departamento de Estado para que actualice las recomendaciones de viaje al país para ciudadanos y empresas estadounidenses, así como considerar "las restricciones de visa existentes contra funcionarios de Uganda y otras personas por abuso de los derechos humanos universales".

La declaración de Blinken viene después de que el presidente Joe Biden condenara la nueva ley ugandesa contra la homosexualidad. Biden advirtió que Washington podría imponer "sanciones y restricción de entrada a EE.UU. contra cualquier persona implicada en graves abusos de derechos humanos o corrupción" en la nación africana, así como evaluaría las implicaciones de la ley "en todos los aspectos del compromiso de EE.UU. con Uganda".
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ESTADOS UNIDOS.- Desde que el Tribunal Constitucional revocó el caso Roe contra Wade, 19 estados han luchado para salvar la vida de los aún no nacidos dentro de un mes, la derogación del derecho al aborto en Estados Unidos, conocido como el caso Roe contra Wade (1973), cumplirá un año. Esta decisión histórica no revocó la práctica de acabar con la vida de los bebés, pero si eliminó su blindaje constitucional y le permitió a cada estado legislar según sus principios.

Poco después de que se conociese el fallo del Tribunal Constitucional, firmado por el magistrado Samuel Alito, Misuri, Wisconsin, Utah, Kentucky, Luisiana, Dakota del Sur, Oklahoma, Arkansas y Alabama decidieron acabar con el aborto. Los meses siguientes se fueron sumando territorios. Actualmente, son 19 los que han optado por dar una oportunidad a la vida. Es decir, casi un 40 %.

La gran parte de los estados ya habían aprobado con anterioridad estas llamadas «leyes gatillo» destinadas a prohibir el aborto, según el Instituto Guttmacher, pero fue el gobernador de Texas el primero en luchar por la vida de todos los niños. Este territorio, que tiene 29,53 millones de habitantes, ha conseguido reducir en un 99 por ciento los abortos.

De hecho, siete meses después de la derogación sólo se produjeron tres abortos, todos ellos «médicamente necesarios», en comparación con los 2.596 del inicio del verano, según las estadísticas de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas.

Oklahoma prohíbe cualquier aborto
La Cámara Baja del estado de Oklahoma ratificó antes de la sentencia una ley que prohíbe cualquier tipo de infanticidio desde el momento de la fecundación. Esta decisión no pillo por sorpresa a los ciudadanos, ya que el republicano Kevin Stitt avisó que firmaría cualquier ley provida, puesto que la vida comienza desde la concepción y tenemos la responsabilidad como seres humanos de «hacer todo lo posible para proteger la vida de ese bebé y la de la madre».

La ley prohíbe cualquier aborto, excepto cuando la vida de la madre se encuentra en peligro, o cuando el embarazo es resultado de una violación o de incesto. Además, permitirá emprender procesos penales contra aquella persona que ayude a una mujer a abortar. Además, el estado posee una ley que prohíbe los abortos después de las seis semanas de embarazo.

Por otro lado, Wyoming el menos poblado de Estados Unidos, con 91.362 habitantes, fue el primer territorio en prohibir las píldoras abortivas. Esto sucedió gracias al impulso que supuso la derogación del derecho al aborto en 2022.

El gobernador de Wyoming, Mark Gordon, además de ser el encargado de prohibir la ingesta de pastillas abortivas, también aprobó un proyecto de ley para restringir los abortos –salvo en casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre corre peligro–. Idaho prohíbe ayudar a abortar.

El gobernador de Idaho, Brad Little, comunicó el pasado mes de abril que creará una ley que penalice y castigue a todas aquellas personas que ayuden a menores de edad a abortar o que les faciliten el acceso a la mifepristona (píldora). Además, al igual que pasa con Texas, Wyoming y Oklahoma, el aborto quedó prohibido desde la semana seis de gestación desde el fallo del Constitucional. Sin embargo, el 25 de agosto de 2022 el Gobierno anunció la prohibición total de esta controvertida práctica. Nebraska apuesta por la vida.

La legislatura estatal de Nebraska votó el pasado 20 de mayo a favor de promulgar una ley para penalizar el aborto a partir de la semana 12 de gestación. Después de la votación que se produjo en el parlamento estatal, el gobernador Jim Pillen, del partido republicano, tienen el poder, ya que debería firmarla para que se convierta en ley.

Al igual que los otros 18 estados, Nebraska apuesta por la vida y prohibirá los abortos después de las 12 semanas de gestación, con excepciones para las violaciones, el incesto y las «emergencias médicas».
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LIMA.- La congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, rechazó la observación planteada por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley que reconoce los derechos al concebido.

De acuerdo con un documento, el referido poder del Estado, el cual representa Dina Boluarte, desconoce todo ello hasta la semana 24 de embarazo. Para Jáuregui, la respuesta avalada por la mandataria va en contra de millones de compatriotas que defienden la vida.

“En la página 2, ellos observan: ‘Producida la implantación, no podemos hablar aún de persona en los términos que la conceptualizamos hoy en día (…) Las investigaciones conocidas llevaron al Parlamento inglés establecer que la viabilidad fetal ocurre en las 24 semanas de gestación, o sea, en seis meses’.

¡Rechazo totalmente la observación del Poder Ejecutivo, que pretende que se reconozcan los derechos del concebido a los seis meses!”, manifiesta la legisladora en un video, publicado en sus redes sociales.

Oenegés abortistas podrían estar detrás de observación

Jáuregui de Aguayo adujo que la objeción del Ejecutivo podría ser de autoría de oenegés abortistas, dado que se contrapone al campo “científico” y “natural”.

“Usted (Dina Boluarte) está poniendo en peligro la vida de millones de peruanos que tienen el derecho de nacer. ¿Cómo es posible que haya firmado una observación a una ley que está totalmente en nuestra Constitución?”, dijo.

Vale indicar que el documento en el que se observa el proyecto de ley que reconoce los derechos al concebido está refrendado por la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola.
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ESTADOS UNIDOS.- La Administración Biden ahora está presionando a los países para que adopten el matrimonio homosexual como un derecho humano. Este nuevo desarrollo se produce durante los últimos ciclos del Examen Periódico Universal de la ONU, informa C-Fam.

El Examen Periódico Universal es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos para revisar el historial de derechos humanos de cada país de forma continua. La característica distintiva del proceso es que permite que otros países comenten sobre el país bajo revisión.

Funcionarios estadounidenses pidieron al gobierno de Serbia que “legalice las uniones entre personas del mismo sexo” la semana pasada durante la última ronda del proceso en la que los gobiernos se critican entre sí sobre cuestiones de derechos humanos. La Administración Biden también pidió a Corea y Japón que “brindaran reconocimiento legal al matrimonio entre personas del mismo sexo”.

La Administración Biden afirma que el matrimonio o las uniones homosexuales están obligados por la ley de derechos humanos “para garantizar la igualdad de protección ante la ley para los miembros de parejas del mismo sexo”.

La promoción del matrimonio homosexual en el extranjero no tiene precedentes en ninguna administración estadounidense. Incluso la administración Obama, bajo la secretaria Hillary Clinton, que declaró que los temas LGBT eran una prioridad en la política exterior de los EE.UU., no promovió el matrimonio homosexual como un derecho humano. 

En teoría, los países bajo revisión solo deberían ser responsables de las obligaciones de derechos humanos que existen en los tratados acordados y que los gobiernos han aceptado.

Pero, inevitablemente, el proceso se ha politizado a medida que los países intentan promover sus políticas preferidas como obligaciones de derechos humanos.

Presionar a los países para que adopten el matrimonio homosexual es especialmente controvertido porque está más allá del alcance de cualquier obligación de derechos humanos. Ningún tratado internacional de derechos humanos exige que los países ratifiquen los matrimonios homosexuales, y mucho menos menciona las relaciones homosexuales. Los países tradicionales verán la presión del gobierno de los EE.UU. sobre un tema que no es reconocido internacionalmente, como una intrusión injustificada en sus asuntos nacionales y un esfuerzo por politizar los derechos humanos.

La presión sobre el matrimonio homosexual en el Examen Periódico Universal es parte de una estrategia más amplia para promover el tema homosexual/trans en la política exterior de los Estados Unidos. O sea, la agenda LGTBI.

La Administración Biden también agregó el matrimonio homosexual en el Informe de Derechos Humanos 2022 del Departamento de Estado de EE.UU., por primera vez. El informe anual ampliamente leído revisa el historial de derechos humanos de países individuales desde la perspectiva de los Estados Unidos.

El gobierno de EE.UU. también presiona a los países e informa sobre sus esfuerzos para despenalizar la conducta homosexual, adoptar leyes sobre delitos de odio y discurso de odio, permitir que las personas que se identifican como transgénero cambien de sexo en función de la autoidentificación subjetiva y prohibir cualquier tipo de terapia psicológica para ayudar a las personas a hacer frente o superar la atracción hacia personas del mismo sexo y la disforia de género, generalmente denominada “terapia de conversión”.

La promoción de la Administración Biden de los temas LGBT en el extranjero también está invadiendo las fuentes de financiación establecidas, como la financiación del VIH/SIDA, el elemento de salud más grande en el presupuesto de ayuda exterior de EEUU con más de 5.000 millones de dólares anuales. Según los datos disponibles públicamente, USAID (la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional) apoyó el lanzamiento de la primera clínica transgénero en India dirigida por y para personas transgénero.
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