TENDENCIA


SANTIAGO DE CHILE. El Gobierno del presidente José Antonio Kast decidió que Chile no se adhiera a la declaración promovida por el Grupo Núcleo LGBTIQ+ ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), marcando una diferencia respecto de la posición adoptada por anteriores administraciones chilenas.

La determinación se produjo durante la primera sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA bajo la nueva administración, en marzo de 2026. La Cancillería chilena explicó que el documento, en los términos en que había sido presentado, podía generar divisiones en lugar de contribuir a la unidad regional.

UNA DECISIÓN BASADA EN EL CONSENSO

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se informó que Chile intentó promover modificaciones al texto para facilitar una eventual adhesión; sin embargo, por cuestiones procedimentales de la negociación, ya no fue posible introducir los cambios solicitados.

La posición del Ejecutivo plantea la importancia de que los pronunciamientos internacionales sean construidos mediante el diálogo, el entendimiento y la búsqueda de consensos entre los países participantes.

EL GOBIERNO ACLARA SU POSICIÓN SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

La representante alterna de Chile ante la OEA, Ana María Saldías, precisó que la decisión de no adherirse a esta declaración no significa abandonar los compromisos internacionales de Chile en materia de derechos humanos.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Estado chileno con la protección de la dignidad humana, la no discriminación y el respeto a todas las personas.

UN DEBATE SOBRE EL ALCANCE DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES

La decisión del Gobierno de Kast ha generado distintas reacciones entre organizaciones civiles y representantes vinculados a la promoción de los derechos LGBTIQ+. Mientras algunas organizaciones expresaron su preocupación, la Cancillería sostuvo que el contenido y la redacción de los documentos multilaterales deben contribuir a la unidad y no profundizar las diferencias entre los países.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa un debate importante: cómo los Estados pueden definir sus posiciones diplomáticas, examinar el lenguaje de las declaraciones internacionales y defender sus prioridades nacionales dentro de los organismos multilaterales.

SAN SALVADOR.– El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha consolidado una línea política que marca distancia con diversas iniciativas vinculadas a la perspectiva de género y a la agenda de las organizaciones LGTBIQ, especialmente en el ámbito educativo y en las políticas institucionales del Estado.

Sus decisiones han generado reacciones tanto de respaldo como de rechazo dentro y fuera de El Salvador. Mientras organizaciones vinculadas a la diversidad sexual cuestionan el rumbo de estas políticas, otros sectores consideran que las decisiones del mandatario responden a una demanda de mayor participación de los padres de familia en la educación de sus hijos y de claridad respecto a los contenidos que se imparten en las escuelas.

EDUCACIÓN SIN IDEOLOGÍA DE GÉNERO

Uno de los pronunciamientos más importantes de Bukele se produjo en febrero de 2024, cuando manifestó durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Estados Unidos, que su Gobierno no permitiría la incorporación de la denominada ideología de género en las escuelas públicas.

El mandatario también sostuvo que los padres de familia deben estar informados y tener voz y voto sobre aquello que aprenden sus hijos.

Posteriormente, en octubre de 2025, el Ministerio de Educación anunció una disposición nacional para prohibir el denominado lenguaje inclusivo en los centros educativos públicos y las dependencias de esa institución.

La medida incluyó expresiones como «amigue», «compañere», «niñe» y otras formas de escritura utilizadas por determinados colectivos para promover cambios en el lenguaje tradicional.

El Gobierno argumentó que la disposición busca garantizar el uso del idioma español en los materiales educativos y evitar injerencias ideológicas en la formación de niños y adolescentes.

CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Otro aspecto de la gestión de Bukele ha sido la reorganización de las instituciones estatales vinculadas a las políticas de inclusión social y diversidad sexual.

Durante su primer mandato se eliminó la Secretaría de Inclusión Social y sus funciones relacionadas con la población LGTBIQ dejaron de contar con una estructura institucional equivalente.

Asimismo, en febrero de 2024 se reportaron modificaciones en documentos y protocolos del Ministerio de Salud respecto de determinadas categorías relacionadas con orientación sexual e identidad de género.

Estas decisiones forman parte de una orientación política que ha generado un intenso debate sobre el alcance de las políticas de diversidad sexual dentro del aparato estatal.

UN DEBATE QUE TRASCIENDE LAS FRONTERAS

El artículo publicado el 21 de octubre de 2026 por GatoEncerrado, titulado «El modelo Bukele y las disidencias sexuales salvadoreñas», cuestiona duramente estas decisiones y presenta una interpretación crítica de sus consecuencias institucionales.

Sin embargo, sus planteamientos también permiten identificar cuáles son las medidas concretas que han colocado a El Salvador en el centro de un debate latinoamericano sobre educación, familia, políticas públicas y diversidad sexual.

La discusión no se limita a El Salvador. Otros países de la región también debaten sobre la participación de los padres en la educación, el contenido de los programas escolares, el lenguaje institucional y el alcance de las políticas de género.

LA FAMILIA Y LA EDUCACIÓN EN EL CENTRO DEL DEBATE

Las decisiones del Gobierno salvadoreño ponen de manifiesto una discusión de especial importancia para las familias latinoamericanas: ¿quién debe tener la principal responsabilidad en la orientación educativa de los menores y cuáles son los límites de la intervención del Estado en esta materia?

El debate continúa abierto y enfrenta posiciones diferentes sobre la igualdad, la libertad, la educación, los derechos civiles y la participación de las familias.

El caso salvadoreño seguirá siendo observado por distintos sectores políticos y sociales de América Latina, especialmente por aquellos que defienden una mayor participación de los padres en la formación de sus hijos y cuestionan la incorporación de determinadas perspectivas ideológicas en la educación pública.

ROMA. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, mantiene una posición firme frente a la inclusión de contenidos relacionados con la homosexualidad y la diversidad LGBT en dibujos animados y series dirigidas al público infantil.

Meloni sostiene que los programas destinados a los más pequeños no deberían incorporar contenidos que busquen normalizar estos temas, considerando que la infancia requiere especial protección y que corresponde a los padres desempeñar un papel fundamental en la formación de sus hijos.

Su postura vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de los límites de los contenidos audiovisuales infantiles y la responsabilidad de quienes producen y difunden programas dirigidos a menores de edad.

Mientras algunos sectores defienden la incorporación de estos contenidos bajo el argumento de la diversidad y la inclusión, otros consideran que la programación infantil debe respetar la edad de los niños, el derecho de los padres a educar a sus hijos y los valores familiares.

Para Meloni, la protección de la infancia y la preservación de la familia tradicional constituyen aspectos fundamentales que deben ser considerados en este debate.

Quito, Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asumió el compromiso de impedir la inclusión de la llamada «ideología de género» en los textos educativos y de no permitir cambios de sexo en menores de edad.

La iniciativa plantea garantizar el derecho de los padres de familia a educar a sus hijos de acuerdo con sus creencias, valores y convicciones, reivindicando su papel fundamental en la formación de los menores y en las decisiones relacionadas con su educación.

Entre los compromisos señalados figura la exclusión de contenidos que el Gobierno considera imposiciones ideológicas en los materiales y las instituciones educativas, así como la prohibición de intervenciones orientadas al cambio de sexo en personas menores de edad.

Esta posición pone en el centro del debate el derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos y el papel del Estado en la definición de los contenidos educativos y las políticas relacionadas con los menores.

La medida representa un pronunciamiento relevante dentro del debate latinoamericano sobre la educación, la patria potestad y la participación de las familias en las políticas públicas.

SANTIAGO.- Una decisión que abre el debate sobre las prioridades del gasto público y el rumbo de las políticas de género en Chile.

La propuesta presupuestaria de Chile para 2027 ha generado un importante debate tras contemplar cambios en el financiamiento de programas vinculados a las políticas de género y la eliminación de la metodología de presupuestación con perspectiva de género.

La decisión representa un cambio en los criterios utilizados para identificar y clasificar el gasto público, una herramienta que durante el Gobierno anterior permitía etiquetar partidas presupuestarias según su contribución a la igualdad de género.

Desde una perspectiva favorable a la defensa de la familia, esta medida puede interpretarse como una oportunidad para revisar las prioridades del Estado, evaluar la eficacia de los programas públicos y garantizar que los recursos de todos los ciudadanos se administren con transparencia, responsabilidad y resultados verificables.

POR UNA POLÍTICA PÚBLICA CENTRADA EN LAS NECESIDADES REALES DE LAS FAMILIAS

El debate sobre el presupuesto nacional debe permitir que los recursos públicos se orienten a atender las necesidades concretas de las personas, fortalecer a las familias, proteger a la niñez y promover la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

Asimismo, resulta fundamental que cada programa financiado con fondos públicos esté sujeto a evaluaciones objetivas, criterios transparentes y me³canismos de rendición de cuentas.

La discusión presupuestaria chilena también plantea la necesidad de distinguir entre la protección de los derechos de las mujeres y la continuidad de determinadas metodologías o programas gubernamentales, que deben ser evaluados por sus resultados y su impacto social.

UNA DECISIÓN QUE DEBERÁ DEFINIRSE EN EL CONGRESO

Cabe precisar que las medidas forman parte de la propuesta de presupuesto para 2027 y que su alcance definitivo dependerá de la tramitación legislativa correspondiente. Por ello, será necesario seguir de cerca las decisiones que adopte el Congreso chileno.