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ESTADOS UNIDOS.- United States House of Representatives aprobó el proyecto denominado Protect Children’s Innocence Act, iniciativa legislativa que propone prohibir y establecer sanciones a nivel federal para determinados tratamientos médicos relacionados con la transición de género en menores de 18 años. La votación se desarrolló en un ambiente de marcada división política, con respaldo mayoritario del Partido Republicano y oposición de legisladores demócratas. 

Con esta aprobación, el proyecto avanza ahora al United States Senate, donde deberá ser debatido y sometido a votación antes de convertirse en ley. En caso de obtener luz verde en ambas cámaras, requeriría además la promulgación presidencial.

La propuesta contempla restricciones sobre el uso de bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales y procedimientos quirúrgicos en menores de edad. Sus promotores sostienen que la medida busca proteger a niños y adolescentes de intervenciones médicas que consideran irreversibles y de potencial impacto a largo plazo.

Por otro lado, asociaciones médicas y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por los posibles efectos de la norma en la salud mental y el bienestar de jóvenes transgénero, así como por las implicancias en la autonomía familiar y el criterio profesional de los especialistas de la salud.

El debate en torno a esta iniciativa refleja la profunda polarización política y social que existe en Estados Unidos respecto a las políticas públicas vinculadas a identidad de género, salud y derechos civiles. El futuro del proyecto dependerá ahora del trámite legislativo en el Senado, donde se anticipa una discusión igualmente intensa.

PUERTO RICO.- La Universidad de Puerto Rico (UPR) ha iniciado un proceso d4e revisión y derogación de diversas políticas internas relacionadas con la identidad de género y la inclusión estudiantil, en un contexto marcado por advertencias sobre la posible pérdida de fondos federales de Estados Unidos.


Según información difundida por organizaciones civiles, entre las medidas modificadas se encuentra la eliminación de la política de baños inclusivos, que permitía a estudiantes trans y personas no binarias utilizar los servicios sanitarios según su identidad de género.

Asimismo, se habría derogado el llamado Plan de Trabajo para Estudiantes Trans y No Binarios, instrumento que establecía directrices institucionales dirigidas a garantizar el acceso, la no discriminación y el apoyo académico para este sector de la población estudiantil. Otra disposición que se habría modificado es el Protocolo de Reconocimiento de Nombre, un mecanismo mediante el cual los estudiantes podían ser registrados y tratados administrativamente según su nombre social y pronombres declarados, independientemente de su documentación legal.

Contexto federal y condicionamiento de los fondos. Diversos sectores atribuyen estos cambios al clima político generado tras el regreso de Donald Trump a la presidencia y a la orientación de su administración respecto a las políticas de identidad de género en las instituciones educativas. Durante su primer mandato (2017-2021), hubo revisiones en la interpretación de la normativa federal vinculada al Título IX y la protección de la identidad de género en el ámbito educativo.

En este nuevo escenario, las universidades públicas y los sistemas educativos estatales estarían evaluando su normativa interna ante la advertencia de que el incumplimiento de los lineamientos federales podría poner en riesgo el financiamiento esencial para su funcionamiento

. Señalan que estas políticas se implementaron en administraciones anteriores con el objetivo de reducir situaciones de acoso escolar, exclusión y deserción escolar, particularmente en poblaciones vulnerables.

Por su parte, los sectores que apoyan las modificaciones sostienen que las instituciones educativas deben ajustarse estrictamente al marco federal vigente y evitar interpretaciones que puedan generar conflictos legales o financieros. También argumentan que corresponde a cada universidad revisar sus protocolos de acuerdo con los lineamientos nacionales.

Debate nacional. La situación en Puerto Rico forma parte de un debate más amplio que recorre Estados Unidos y sus territorios, donde se discute el alcance de las políticas de identidad de género en espacios públicos, la autonomía universitaria y el condicionamiento de los fondos federales a ciertas prácticas administrativas. Los analistas creen que este proceso podría extenderse a otras jurisdicciones si se consolidan las nuevas directrices federales sobre educación. Mientras tanto, la comunidad académica de la UPR enfrenta un período de transición regulatoria que podría redefinir el enfoque institucional hacia los temas de diversidad, inclusión y derechos estudiantiles.

LIMA.- En vista de la reciente información difundida por el diario Perú21, se confirma que un atleta transgénero no podrá competir en el Sudamericano de Clubes de Voleibol, debido a que no se ha completado el proceso de regularización requerido ante el Comité de Elegibilidad de Género de la Federación Internacional de Voleibol.

Esta decisión se ajusta estrictamente a la normativa internacional vigente, que establece los procedimientos técnicos y administrativos obligatorios para la participación en competiciones oficiales organizadas bajo la jurisdicción de la FIVB.

El atleta, miembro del club brasileño Osasco Voleibol Clube, acompañó a su equipo al torneo; sin embargo, no podrá intervenir en reuniones oficiales hasta que su situación se formalice ante el organismo correspondiente.

Este hecho resalta la importancia de respetar los marcos regulatorios establecidos por las federaciones internacionales, garantizando que las competiciones deportivas se desarrollen bajo criterios regulatorios claros, transparentes y previamente definidos.

Las organizaciones deportivas reiteran que toda participación en torneos internacionales debe cumplir con las disposiciones técnicas vigentes, que buscan asegurar el orden institucional y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

LIMA - Ante la información difundida por La República sobre la demanda interpuesta contra la Municipalidad de Miraflores por no autorizar bodas simbólicas en el Parque del Amor el 14 de febrero, la Municipalidad reafirmó que la administración de los espacios públicos responde a criterios técnicos, de seguridad y orden, especialmente en fechas de alta concurrencia.


Las decisiones tomadas por la administración del alcalde Carlos Canales se encuentran dentro de sus facultades legales y buscan garantizar el acceso equitativo y el bienestar de todos los residentes y visitantes del distrito.

La Municipalidad invoca el diálogo constructivo como principal mecanismo para resolver cualquier discrepancia, evitando confrontaciones innecesarias y priorizando el interés general sobre las posiciones particulares. 

En una sociedad democrática, el respeto a las normas y a las autoridades electas es esencial para preservar la convivencia pacífica.

Finalmente, se exhortó a todas las organizaciones y grupos a coordinarse oportunamente con las autoridades municipales correspondientes para encontrar alternativas viables que permitan el desarrollo de actividades en un marco de orden público y respeto mutuo.

LIMA.- La controversia en torno al anuncio de la celebración de "matrimonios simbólicos" entre personas del mismo sexo en el Parque del Amor continúa, luego de que la Municipalidad de Miraflores informara que no había otorgado la autorización para este evento.


A pesar de la negativa, los colectivos LGBTQ+ han indicado públicamente que realizarán su actividad el viernes 14 de febrero, con o sin autorización municipal, reafirmando que se trata de una manifestación simbólica en defensa de lo que consideran derechos iguales. Este anuncio ha generado preocupación en diversos sectores de la ciudadanía, quienes consideran que el respeto a las decisiones administrativas y al orden público es fundamental para la convivencia democrática. Marco legal vigente

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En Perú, el matrimonio civil está regulado por el Código Civil como la unión entre un hombre y una mujer. Hasta la fecha, el Congreso de la República no ha aprobado una reforma legal que reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sectores críticos sostienen que la celebración de "matrimonios simbólicos" en espacios públicos podría generar confusión respecto al marco legal vigente.

Llamamiento ciudadano paralelo. 
Paralelamente, un grupo de ciudadanos ha convocado para mañana viernes una actividad denominada "Heterotáton", bajo el lema "Ven a defender el amor", como una manifestación alternativa en defensa del modelo familiar tradicional.

Los organizadores señalan que su objetivo es expresar pacíficamente su postura y reafirmar su visión sobre el matrimonio y la familia, también en el espacio público.

Llamamiento a la prudencia. Ante este escenario, diversas voces han instado a todas las partes a actuar con responsabilidad, evitando enfrentamientos y priorizando el respeto mutuo y el orden público.

El debate sobre el matrimonio y las políticas vinculadas a la familia sigue siendo un tema de debate en la agenda nacional y debe resolverse dentro de los cauces democráticos e institucionales correspondientes.