PUERTO RICO.- La Universidad de Puerto Rico (UPR) ha iniciado un proceso d4e revisión y derogación de diversas políticas internas relacionadas con la identidad de género y la inclusión estudiantil, en un contexto marcado por advertencias sobre la posible pérdida de fondos federales de Estados Unidos.
Según información difundida por organizaciones civiles, entre las medidas modificadas se encuentra la eliminación de la política de baños inclusivos, que permitía a estudiantes trans y personas no binarias utilizar los servicios sanitarios según su identidad de género.
Asimismo, se habría derogado el llamado Plan de Trabajo para Estudiantes Trans y No Binarios, instrumento que establecía directrices institucionales dirigidas a garantizar el acceso, la no discriminación y el apoyo académico para este sector de la población estudiantil. Otra disposición que se habría modificado es el Protocolo de Reconocimiento de Nombre, un mecanismo mediante el cual los estudiantes podían ser registrados y tratados administrativamente según su nombre social y pronombres declarados, independientemente de su documentación legal.
Contexto federal y condicionamiento de los fondos. Diversos sectores atribuyen estos cambios al clima político generado tras el regreso de Donald Trump a la presidencia y a la orientación de su administración respecto a las políticas de identidad de género en las instituciones educativas. Durante su primer mandato (2017-2021), hubo revisiones en la interpretación de la normativa federal vinculada al Título IX y la protección de la identidad de género en el ámbito educativo.
En este nuevo escenario, las universidades públicas y los sistemas educativos estatales estarían evaluando su normativa interna ante la advertencia de que el incumplimiento de los lineamientos federales podría poner en riesgo el financiamiento esencial para su funcionamiento
. Señalan que estas políticas se implementaron en administraciones anteriores con el objetivo de reducir situaciones de acoso escolar, exclusión y deserción escolar, particularmente en poblaciones vulnerables.
Por su parte, los sectores que apoyan las modificaciones sostienen que las instituciones educativas deben ajustarse estrictamente al marco federal vigente y evitar interpretaciones que puedan generar conflictos legales o financieros. También argumentan que corresponde a cada universidad revisar sus protocolos de acuerdo con los lineamientos nacionales.
Debate nacional. La situación en Puerto Rico forma parte de un debate más amplio que recorre Estados Unidos y sus territorios, donde se discute el alcance de las políticas de identidad de género en espacios públicos, la autonomía universitaria y el condicionamiento de los fondos federales a ciertas prácticas administrativas. Los analistas creen que este proceso podría extenderse a otras jurisdicciones si se consolidan las nuevas directrices federales sobre educación. Mientras tanto, la comunidad académica de la UPR enfrenta un período de transición regulatoria que podría redefinir el enfoque institucional hacia los temas de diversidad, inclusión y derechos estudiantiles.
