FRANCIA.- La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó recientemente una resolución que insta a los Estados miembros a condenar y prohibir las denominadas “prácticas de conversión”, medida que podría influir en las legislaciones de casi 50 países del continente europeo.
La resolución fue aprobada por mayoría y, aunque no tiene carácter vinculante, representa una fuerte presión política e ideológica para que los parlamentos nacionales adopten leyes que sancionen estas prácticas, bajo el argumento de protección de los derechos humanos.
Según el Consejo de Europa, las llamadas “prácticas de conversión” son definidas como cualquier intento de modificar, reprimir o desalentar la orientación sexual o la identidad de género de una persona.
Diversos organismos internacionales sostienen que estas prácticas carecen de sustento científico y pueden generar daños psicológicos. No obstante, distintos sectores sociales, religiosos y jurídicos han expresado su preocupación por el alcance ambiguo de estas resoluciones, advirtiendo que podrían afectar la libertad religiosa, la libertad de conciencia, el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y el ejercicio legítimo del acompañamiento espiritual, pastoral o psicológico voluntario.
Asimismo, especialistas señalan que este tipo de resoluciones internacionales suelen ser utilizadas como herramientas de presión para imponer marcos normativos ideológicos, incluso en países que no forman parte del Consejo de Europa, a través de organismos multilaterales y agendas globales.
Frente a este escenario, diversas organizaciones civiles reiteran la importancia de defender el enfoque de familia, las libertades fundamentales y el respeto al orden constitucional de cada país, promoviendo un debate amplio, democrático y respetuoso, sin criminalizar la fe, la opinión ni el acompañamiento voluntario entre adultos.
