LIMA.- — Un intenso debate se produjo durante una audiencia del Tribunal Constitucional (TC) en torno al pedido de reconocimiento en el Perú de un matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en Estados Unidos.
El intercambio tuvo como protagonistas al abogado Samuel Abad y al magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, quienes expusieron interpretaciones contrapuestas sobre el alcance de la Constitución, el Código Civil y el concepto jurídico de matrimonio.
Durante la audiencia, Gutiérrez Ticse cuestionó que una autoridad extranjera pudiera generar efectos en el Perú respecto de una forma de matrimonio que, según la legislación nacional, no se encuentra contemplada.
El magistrado hizo referencia al artículo 4 de la Constitución y a la concepción jurídica tradicional del matrimonio en el ordenamiento peruano.
Por su parte, Samuel Abad sostuvo que la Constitución no establece expresamente que el matrimonio deba ser exclusivamente entre un hombre y una mujer y argumentó que negar el reconocimiento solicitado implicaría establecer un trato desigual entre parejas heterosexuales y parejas del mismo sexo.
El debate pone nuevamente sobre la mesa una cuestión de especial relevancia para el ordenamiento jurídico peruano: si corresponde reconocer en el país los efectos de un matrimonio celebrado válidamente en el extranjero cuando dicha institución no está regulada de la misma manera por la legislación peruana.
Desde una perspectiva de defensa de la familia, resulta fundamental que cualquier decisión del Tribunal Constitucional se adopte a partir de una interpretación integral de la Constitución y del marco legal peruano, respetando las competencias del Poder Legislativo y evitando que una decisión judicial termine modificando indirectamente instituciones fundamentales del ordenamiento jurídico.
Asimismo, el debate demuestra la importancia de que la sociedad peruana conozca los argumentos jurídicos que se encuentran en discusión y participe responsablemente en la defensa de las instituciones constitucionales y del interés de la familia.
La controversia queda ahora en manos del Tribunal Constitucional, que deberá evaluar los argumentos planteados y determinar los alcances jurídicos que correspondan conforme a la Constitución y las leyes peruanas.
