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Lima, Perú.– Diversos padres de familia han expresado su profunda preocupación tras la difusión de información sobre la inclusión de material con contenido considerado inapropiado dentro del plan lector de instituciones educativas.

Según denuncias recientes, el libro “Cuentos pa’ kemarse” habría sido incorporado en espacios escolares, generando cuestionamientos sobre la pertinencia de ciertos contenidos para menores de edad.

En ese contexto, representantes de la sociedad civil han solicitado a las autoridades educativas una revisión inmediata de los criterios utilizados para la selección de textos en el sistema educativo.

La organización Padres Peruanos manifestó que es fundamental garantizar que los materiales educativos respeten la formación integral de los estudiantes, acorde con su edad y el derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos.

Asimismo, hicieron un llamado al Ministerio de Educación para que transparente los procesos de evaluación y selección de obras incluidas en el plan lector, priorizando siempre el bienestar de los escolares.

“Los padres no pueden ser excluidos de decisiones que impactan directamente en la formación de sus hijos. Es necesario actuar con responsabilidad y asegurar contenidos adecuados”, señalaron voceros.

Finalmente, se exhorta a abrir un espacio de diálogo entre autoridades, docentes y familias, con el fin de fortalecer la confianza en el sistema educativo y garantizar una educación de calidad.

KAJAKISTAN.- Diversos sectores han expresado su reconocimiento a la reciente decisión del Estado de Kazajistán de aprobar una normativa orientada a regular la difusión de contenidos relacionados con orientaciones sexuales en espacios públicos, medios de comunicación y plataformas digitales.

La ley, promulgada por el presidente Kassym-Jomart Tokayev a fines de 2025, ha sido interpretada por algunos sectores como un acto soberano en defensa de los valores culturales, sociales y educativos del país. Quienes respaldan esta medida sostienen que representa un esfuerzo por establecer límites claros en la exposición de contenidos sensibles, especialmente en ámbitos donde podrían influir en menores de edad, así como en la formación de principios dentro de la sociedad.

Asimismo, se destaca que decisiones como esta reafirman el derecho de cada nación a definir sus propias políticas públicas conforme a su identidad cultural y marco jurídico, en un contexto internacional donde estos temas generan amplio debate.

No obstante, la medida también ha suscitado reacciones críticas por parte de organizaciones internacionales, lo que evidencia la necesidad de continuar promoviendo espacios de diálogo que permitan abordar estas diferencias desde el respeto y la convivencia pacífica.

Este escenario pone nuevamente en discusión el equilibrio entre soberanía nacional, libertad de expresión y protección de valores sociales, un debate vigente en múltiples regiones del mundo.


ESTADOS UNIDOS.- Diversos sectores sociales y líderes de opinión han levantado su voz de alerta frente a lo que califican como una preocupante deriva ideológica promovida desde la Organización de las Naciones Unidas, en relación con iniciativas sobre el denominado “discurso de odio”.

Según denuncian, bajo el argumento de combatir la discriminación, se estaría intentando instalar marcos conceptuales ambiguos que podrían ser utilizados para silenciar posturas legítimas, especialmente aquellas vinculadas a la defensa de la vida, la familia y principios biológicos básicos.

Críticos de estas iniciativas advierten que no se trata únicamente de una discusión técnica, sino de un intento de redefinir los límites de lo que se puede pensar, decir y creer, lo cual representa —afirman— una seria amenaza para la libertad de expresión, de conciencia y de religión.

Asimismo se ha señalado con firmeza que organismos internacionales no electos pretenden influir en legislaciones nacionales, pasando por encima de la soberanía de los Estados y de la voluntad democrática de sus pueblos. 

Juristas han advertido también sobre el peligro de distorsionar conceptos jurídicos de extrema gravedad, como los “crímenes de lesa humanidad”, definidos en el ámbito de la Corte Penal Internacional, al pretender asociarlos indirectamente con opiniones o convicciones, lo que constituiría una grave manipulación del derecho internacional.

Frente a este escenario, se exige a los gobiernos de Hispanoamérica rechazar cualquier intento de imposición ideológica que atente contra las libertades fundamentales, y asumir una defensa firme de los derechos ciudadanos.

Finalmente, los pronunciamientos concluyen con una advertencia clara: la defensa de la libertad no puede ceder ante presiones globales, y cualquier intento de censura encubierta debe ser enfrentado con decisión en todos los espacios democráticos.

CHILE.- Diversos sectores han manifestado su apoyo a la decisión del gobierno chileno de eliminar un diploma orientado a temas LGBT en la formación de funcionarios públicos.


La medida ha sido aclamada como un paso importante hacia la reorientación de las políticas de formación del Estado, priorizando enfoques que, según sus defensores, buscan fortalecer la institucionalidad, la neutralidad del Estado y el enfoque en el servicio a toda la ciudadanía sin sesgos ideológicos.

Los oradores que apoyan esta decisión enfatizan que la formación de funcionarios públicos debe centrarse en principios generales como el respeto, la igualdad ante la ley y el cumplimiento de las funciones propias del Estado, evitando —como señalan— la incorporación de contenidos que puedan generar divisiones o interpretaciones ideológicas dentro del servicio público.

Asimismo, consideran que esta medida abre un espacio para revisar los programas de formación y adaptarlos a las realidades y prioridades nacionales, reafirmando la soberanía de cada país en la definición de sus políticas públicas.

El debate continúa tanto a nivel interno como internacional, donde diferentes organizaciones han expresado posiciones contradictorias sobre el alcance de esta decisión.

MÉXICO.- La Marcha por la Vida en Ciudad de México 2026 congregó a más de 2 mil personas este sábado 25 de abril en la Ciudad de México, en una manifestación organizada por la Pasos por la Vida, que reafirmó el compromiso ciudadano en defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

La movilización partió desde el Monumento a la Revolución y culminó en el Congreso capitalino, donde los participantes expresaron su rechazo al aborto y a la eutanasia, bajo el lema “La vida es victoria”.

Durante el recorrido, los asistentes —provenientes de al menos 20 ciudades del país— portaron mensajes como “Si quieres la paz, defiende la vida” y “Somos la voz de los no nacidos”, en una jornada que también buscó visibilizar la necesidad de políticas públicas en favor de la maternidad y el acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad.

La directora del movimiento, Luisa Jimena Argueta, destacó que esta movilización representa “15 años de constancia” en la defensa de la vida, y advirtió sobre la normalización de la violencia en la sociedad. Asimismo, señaló que el aborto refleja problemáticas como el abandono y la falta de apoyo a las mujeres.

Como parte de la jornada, las organizaciones entregaron un pliego petitorio en el que exigen: 

Protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural 

Políticas públicas de apoyo a la maternidad Mayor inversión en salud mental, adopción y cuidados paliativos 

Respeto a la objeción de conciencia del personal médico Además, reiteraron su rechazo a la eutanasia, señalando que “la respuesta al dolor no es la muerte, sino el cuidado y la cercanía”.

La manifestación se realizó en el contexto de los 19 años de la despenalización del aborto en la capital mexicana, y en un escenario político donde estos temas continúan siendo objeto de debate público y legislativo.

Diversos sectores, incluyendo representantes políticos y organizaciones civiles, hicieron un llamado a fortalecer una cultura de respeto a la vida y a promover alternativas que brinden apoyo integral a las personas más vulnerables.