TENDENCIA

Publicación reciente Publicación reciente
Ver más

Publicado el 0

LIMA.- Movimiento Nacional Pro Familia destaca años de trabajo y vigilancia en defensa del derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos.

El Movimiento Nacional Pro Familia recuerda que desde el año 2016 viene desarrollando una sostenida labor de información, denuncia y participación ciudadana frente a los contenidos y enfoques educativos que, a criterio de la organización, no deben imponerse sin la participación activa de los padres de familia.

Ha sido un camino largo, difícil y, en muchos momentos, tedioso. Desde el inicio advertimos que esta lucha tomaría años, y el tiempo nos ha dado la razón.

Durante este proceso, el Movimiento Nacional Pro Familia alzó su voz, presentó cuestionamientos, realizó acciones públicas y exigió cambios en las políticas y contenidos educativos.

Asimismo, cuestionó las decisiones adoptadas por distintas autoridades y gobiernos cuando consideró que estas afectaban el derecho de los padres a participar en la formación de sus hijos.

Hoy estamos muy cerca de que este esfuerzo pueda dar sus frutos. Frente al anuncio de una nueva currícula escolar, esperamos que lo señalado se concrete efectivamente y que los textos y materiales educativos sean revisados de manera responsable.

El Movimiento Nacional Pro Familia señala que no basta con los anuncios. 

Estaremos vigilantes para verificar que los contenidos educativos sean coherentes con lo anunciado, porque consideramos fundamental que los padres de familia conozcan y participen en el proceso educativo de sus hijos.

Después de años de perseverancia, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando por la familia peruana.

La educación de nuestros hijos y el derecho de los padres a participar en su formación son principios que seguiremos defendiendo.
Continuar leyendo

Publicado el 0

Lima.— El Movimiento Nacional Pro Familia (MNPF) saludó el anuncio realizado por la presidenta de la República, Sra. Keiko Fujimori Higuchi, respecto a que los padres de familia tendrán una participación activa y estarán debidamente informados sobre el proceso de aprendizaje y los contenidos educativos que recibirán sus hijos.

El comunicado emitido se identifica como plataforma ciudadana comprometida con la defensa de la familia y los derechos civiles de los padres, consideramos que la participación de la familia en la educación de los hijos es fundamental. Los padres son los primeros responsables de la formación de sus hijos y, por ello, tienen legítimo derecho a conocer, acompañar y participar en el proceso educativo.

El Movimiento Nacional Pro Familia considera especialmente importante que los padres puedan conocer los contenidos, enfoques y materiales que forman parte de la enseñanza escolar, promoviendo una educación transparente, respetuosa de sus convicciones y orientada al desarrollo integral de niños y adolescentes.

Asimismo, saludamos la disposición anunciada para fortalecer el vínculo entre familia, escuela y Estado, entendiendo que la educación de nuestros hijos no puede desarrollarse al margen de sus padres.

Desde el MNPF expresamos nuestro respaldo a toda medida que fortalezca la participación de los padres de familia y reafirmamos que estaremos atentos a la implementación de estos anuncios, promoviendo siempre el diálogo, la transparencia y el respeto al derecho de los padres a participar en la formación de sus hijos.

Y concluye el comunicado. La educación de nuestros hijos es una responsabilidad compartida, pero el derecho y deber de los padres de acompañarlos y participar en su formación debe ser plenamente respetado.
Continuar leyendo

Publicado el 0

Cali, Colombia.– La decisión de un juzgado de Cali de sancionar al documentalista mexicano Samuel Adrián, en el marco de un incidente de desacato, ha generado una intensa controversia en Colombia y otros países de América Latina.

El caso está relacionado con la difusión de grabaciones utilizadas en el documental “Colombia: Fábrica de Niños Trans”, producción que aborda los procedimientos y tratamientos relacionados con la transición de género en menores de edad.

De acuerdo con la información difundida sobre el proceso, la controversia judicial se originó después de que se ordenara retirar determinados contenidos audiovisuales vinculados con grabaciones realizadas durante la investigación. La defensa de Adrián sostiene que la medida constituye una afectación a su libertad de expresión y al ejercicio de su labor documental.

Por su parte, quienes promovieron las acciones judiciales cuestionan la utilización y divulgación de determinadas grabaciones y sostienen que deben protegerse derechos como la reserva de las comunicaciones, la intimidad y el buen nombre.

Según reportes publicados sobre el caso, la sanción comunicada contra Adrián contempla 10 días de arresto y una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, decisión que él ha cuestionado públicamente.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO? 
Más allá de las posiciones enfrentadas respecto de los tratamientos de transición de género en menores, el caso plantea una pregunta fundamental para cualquier sociedad democrática: ¿Hasta dónde puede llegar la justicia para impedir la difusión de información obtenida durante una investigación periodística o documental cuando el asunto abordado es de evidente interés público?

Y, al mismo tiempo: ¿Hasta dónde puede llegar un comunicador en la utilización y difusión de grabaciones cuando existen derechos de terceros y órdenes judiciales que establecen restricciones sobre determinado contenido?

La respuesta exige un análisis serio de ambos derechos y garantías, sin convertir el debate en una disputa ideológica que impida examinar los hechos.

INFORMACIÓN SOBRE MENORES: UN DEBATE QUE NO PUEDE SER SILENCIADO
El tema adquiere especial relevancia porque involucra niños y adolescentes y decisiones relacionadas con su desarrollo físico, psicológico y médico.

Precisamente por tratarse de menores de edad, la sociedad tiene derecho a exigir transparencia, evidencia científica, consentimiento informado, protocolos adecuados y mecanismos de protección que garanticen que cualquier intervención sea realizada bajo los más altos estándares de protección de la infancia.

El caso de Samuel Adrián ha conseguido colocar nuevamente esta discusión en el escenario público. Incluso en Colombia se han producido posteriormente nuevos debates legislativos sobre la regulación de intervenciones relacionadas con menores, a raíz de casos que han generado controversia pública.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN: UN PRINCIPIO QUE DEBE SER PROTEGIDO La libertad de expresión y de prensa constituye uno de los pilares de toda sociedad democrática.

Sin embargo, su defensa también debe ir acompañada del respeto a los derechos de terceros y al debido proceso. Por ello, resulta indispensable que cualquier restricción a contenidos periodísticos o documentales sea sometida a un escrutinio especialmente riguroso y que las decisiones judiciales sean públicas, motivadas y proporcionales.

El caso Samuel Adrián merece, por tanto, ser observado no solamente desde la controversia sobre la transición de género en menores, sino también desde una perspectiva más amplia:

¿Puede una democracia garantizar simultáneamente la protección de los menores, la privacidad de las personas involucradas y la libertad de investigar, informar y cuestionar asuntos de interés público? Esa es la discusión que Colombia y América Latina deben asumir con seriedad.

Porque cuando se trata de nuestros niños, la sociedad tiene derecho a preguntar, investigar y debatir. Y cuando se trata de libertad de expresión, ninguna democracia debería tener miedo a las preguntas difíciles.
Continuar leyendo

Publicado el 0

Lima, 13 de septiembre de 2026.– En el marco del Día de la Familia Peruana, que tradicionalmente se conmemora el segundo domingo de septiembre, hacemos un llamado a toda la sociedad peruana a recuperar el valor, la importancia y el papel fundamental de la familia como núcleo esencial de nuestra sociedad.

A pesar de que, lamentablemente, la Ley N.° 23466, que establecía la celebración del Día de la Familia Peruana el segundo domingo de septiembre, fue posteriormente derogada, esta fecha ha quedado marcada en la memoria y en la conciencia de miles de ciudadanos. 

Por tradición y por el reconocimiento de su importancia social, el Día de la Familia Peruana continúa siendo celebrado por gobiernos locales y regionales de distintas partes del país, demostrando que una fecha puede trascender una disposición legal cuando ha echado raíces en la sociedad.

Esta celebración representa una expresión de la voluntad de numerosas comunidades de reconocer y fortalecer a la familia como fundamento de nuestra sociedad, manteniendo viva una tradición que forma parte de nuestra cultura ciudadana.

El Día de la Familia Peruana constituye una oportunidad para que las autoridades, instituciones, organizaciones sociales y, especialmente, las familias peruanas, reflexionemos sobre la necesidad de fortalecer los vínculos familiares, promover una cultura de respeto y responsabilidad, y garantizar condiciones que permitan a las familias desarrollar su misión educativa, formativa y protectora.

La familia no es una institución del pasado. Es el presente y el futuro del Perú. En ella los hijos reciben sus primeras enseñanzas, aprenden valores, desarrollan su identidad y encuentran el espacio natural de protección, afecto y formación.

En momentos en que nuestra sociedad enfrenta profundos desafíos que afectan especialmente a niños y adolescentes, resulta indispensable colocar nuevamente a la familia en el centro de las políticas públicas. Los padres tienen un papel insustituible en la formación y educación de sus hijos, y el Estado debe respetar y fortalecer ese derecho, trabajando junto con las familias y no sustituyéndolas.

El Día de la Familia Peruana también debe servir para reconocer a miles de familias que, a pesar de las dificultades económicas, sociales y culturales, continúan esforzándose diariamente por sacar adelante a sus hijos y construir hogares donde prevalezcan el amor, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad.

Asimismo, hacemos un llamado a las municipalidades y gobiernos regionales de todo el país a continuar promoviendo actividades de fortalecimiento familiar y a mantener viva esta celebración, contribuyendo así a recuperar una verdadera cultura de familia en el Perú.

Hoy más que nunca necesitamos familias fortalecidas y una sociedad que las acompañe.

Porque cuando fortalecemos a la familia, fortalecemos al Perú.

¡Feliz Día de la Familia Peruana!

En Defensa de la Familia. Nuestros Hijos Son Primero.
Continuar leyendo

Publicado el 0

LIMA.- Ante la violencia sexual contra menores, el Estado debe proteger, prevenir y actuar. Pero combatir el abuso no puede convertirse en una excusa para relegar a los padres en la educación de sus propios hijos.

La violencia sexual contra niños y adolescentes es una tragedia que exige respuestas firmes. Nadie puede permanecer indiferente frente a esta realidad.

Pero precisamente por la gravedad del problema debemos atrevernos a formular preguntas incómodas:

¿Realmente estamos haciendo todo lo necesario para proteger a nuestros niños? ¿O estamos utilizando el drama del abuso para justificar una determinada visión de la educación sexual?

La discusión no puede limitarse a exigir que los colegios impartan más educación sexual. La verdadera discusión debe ser qué se enseña, cómo se enseña, a qué edad, con qué materiales, bajo qué enfoque y quién supervisa esos contenidos.

LOS PADRES NO PUEDEN SER CONSIDERADOS UN OBSTÁCULO Resulta preocupante que, en nombre de la educación y la prevención, pueda terminarse relegando a quienes tienen la primera responsabilidad en la formación de sus hijos: los padres. La escuela puede y debe colaborar con las familias, pero no puede reemplazarlas.

Los padres tienen derecho a conocer los contenidos que reciben sus hijos, participar en su formación y expresar legítimamente sus preocupaciones cuando consideran que determinados enfoques o materiales no corresponden a la edad o etapa de desarrollo de sus hijos.

Excluir a los padres del debate no fortalece la protección de la infancia. La debilita.

CONTRA EL ABUSO, PREVENCIÓN REAL Si realmente queremos proteger a nuestros niños, necesitamos mucho más que discursos.

Necesitamos docentes capacitados para detectar señales de abuso; protocolos eficaces; canales de denuncia accesibles y seguros; atención psicológica especializada; acompañamiento a las víctimas; investigación rápida de los casos y sanciones efectivas para los agresores.

Y, sobre todo, necesitamos enseñar a los niños —de manera apropiada a su edad— a reconocer situaciones peligrosas, establecer límites, pedir ayuda y comprender que nadie tiene derecho a vulnerar su integridad.

Eso es prevención. Eso es protección. Eso es poner a nuestros hijos primero.

EDUCACIÓN SÍ, IMPOSICIÓN NO 
Defender una educación responsable no significa negar la importancia de informar a niños y adolescentes. Significa exigir que esa educación sea apropiada para su edad, transparente, basada en evidencia y respetuosa del papel fundamental de la familia.

El Perú necesita dejar atrás las falsas dicotomías.No se trata de elegir entre educación o protección.

Se trata de educar para proteger, proteger sin ideologizar y trabajar con las familias, no contra ellas.

Porque cuando hablamos de nuestros niños, ninguna agenda, ninguna institución y ninguna política pública debería estar por encima de su bienestar.

Nuestros hijos no son un experimento. Nuestros hijos no son propiedad del Estado.

Nuestros hijos tienen derecho a ser protegidos y sus padres tienen derecho a participar en su formación.
Continuar leyendo
Suscribirse a: Entradas (Atom)