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LIMA– El Movimiento Nacional Pro Familia manifestó su firme y público respaldo a la congresista de la República Milagros Jáuregui, destacando su labor perseverante y coherente en la defensa de la vida, la familia y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú.

A través de un comunicado oficial, la organización reconoció que durante su gestión parlamentaria, la congresista ha mantenido una posición clara en la protección de los niños, la mujer y la maternidad, promoviendo iniciativas orientadas al fortalecimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad peruana.

El Movimiento señaló que el trabajo legislativo de Jáuregui ha estado guiado por principios sólidos y por la convicción de que el bien común se construye sobre la base del respeto a la dignidad humana y al orden constitucional.

Asimismo, rechazó categóricamente toda campaña de desinformación, hostigamiento o intento de desacreditación que busque silenciar voces legítimas dentro del debate democrático. En ese sentido, enfatizó que el Perú necesita diálogo alturado, respeto y argumentos, y no ataques ni tergiversaciones.

Finalmente, el Movimiento Nacional Pro Familia reafirmó su respaldo a toda iniciativa legislativa que promueva el bien común, la protección de la vida desde la concepción y políticas públicas que fortalezcan la institución familiar, exhortando a la ciudadanía a mantenerse vigilante, informada y comprometida con la defensa de los valores que sostienen la nación.

FRANCIA.- La controversia internacional en torno a la medalla de oro en boxeo femenino obtenida en los Juegos Olímpicos de París 2024 ha suscitado una legítima preocupación sobre la protección de la categoría femenina en el deporte de alto rendimiento.


Informes publicados recientemente afirman que existiría un historial médico relacionado con la presencia de un cromosoma masculino en la atleta galardonada. De confirmarse estos datos, nos encontraríamos ante una situación que compromete directamente el principio de equidad biológica que sustenta las competiciones femeninas.

La categoría femenina no es una concesión simbólica, sino un espacio creado para garantizar la justicia deportiva basada en diferencias biológicas objetivas.

Permitir ambigüedades en este ámbito vulnera los derechos de las atletas que entrenan y compiten bajo reglas claras. Es fundamental que el Comité Olímpico Internacional (COI) emita una declaración oficial, transparente y técnicamente sólida. El silencio o la falta de claridad solo profundizan la desconfianza y debilitan la credibilidad del movimiento olímpico.

La comunidad deportiva internacional merece respuestas claras: ¿Qué criterios científicos se aplicaron? ¿Se han realizado evaluaciones previas según estándares uniformes? ¿Existen protocolos consistentes para todos los casos similares? La

integridad del Olimpismo. El deporte femenino no puede estar sujeto a interpretaciones cambiantes ni a presiones ideológicas. La justicia deportiva exige coherencia, transparencia y respeto a la igualdad de condiciones biológicas en la competición.

La integridad del Olimpismo está en juego. Es hora de actuar con responsabilidad y firmeza.

FRANCIA.- La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó recientemente una resolución que insta a los Estados miembros a condenar y prohibir las denominadas “prácticas de conversión”, medida que podría influir en las legislaciones de casi 50 países del continente europeo.

La resolución fue aprobada por mayoría y, aunque no tiene carácter vinculante, representa una fuerte presión política e ideológica para que los parlamentos nacionales adopten leyes que sancionen estas prácticas, bajo el argumento de protección de los derechos humanos.

Según el Consejo de Europa, las llamadas “prácticas de conversión” son definidas como cualquier intento de modificar, reprimir o desalentar la orientación sexual o la identidad de género de una persona.

Diversos organismos internacionales sostienen que estas prácticas carecen de sustento científico y pueden generar daños psicológicos. No obstante, distintos sectores sociales, religiosos y jurídicos han expresado su preocupación por el alcance ambiguo de estas resoluciones, advirtiendo que podrían afectar la libertad religiosa, la libertad de conciencia, el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y el ejercicio legítimo del acompañamiento espiritual, pastoral o psicológico voluntario.

Asimismo, especialistas señalan que este tipo de resoluciones internacionales suelen ser utilizadas como herramientas de presión para imponer marcos normativos ideológicos, incluso en países que no forman parte del Consejo de Europa, a través de organismos multilaterales y agendas globales.

Frente a este escenario, diversas organizaciones civiles reiteran la importancia de defender el enfoque de familia, las libertades fundamentales y el respeto al orden constitucional de cada país, promoviendo un debate amplio, democrático y respetuoso, sin criminalizar la fe, la opinión ni el acompañamiento voluntario entre adultos.

LIMA.– Las recientes declaraciones de la conductora y actriz peruana Johanna San Miguel han generado un intenso debate en la opinión pública, luego de expresar su rechazo a la denominada agenda “woke” y afirmar que, desde su punto de vista, “no existen chicas trans”, en referencia a la diferencia entre sexo biológico e identidad de género.

Las expresiones fueron difundidas a través de redes sociales y posteriormente recogidas por diversos medios de comunicación, provocando reacciones tanto de respaldo como de crítica. San Miguel sostuvo que su postura se basa en una visión biológica de la persona humana y defendió su derecho a expresar libremente su opinión, señalando que no se retractará de lo dicho.

Tras la difusión de sus comentarios, colectivos y activistas vinculados a la comunidad LGTBIQ+ manifestaron su rechazo, calificando las declaraciones como excluyentes y convocando a protestas públicas para exigir una rectificación. 

Por otro lado, un sector de la ciudadanía ha expresado su apoyo a la conductora, resaltando la importancia de la libertad de expresión y del debate abierto sobre temas sociales sensibles.

El caso ha reavivado la discusión nacional sobre identidad de género, sexo biológico, límites de la corrección política y pluralismo de ideas, evidenciando la polarización existente en torno a estos temas en el Perú y en otros países de la región.

Especialistas coinciden en que este tipo de controversias reflejan la necesidad de promover espacios de diálogo respetuoso, donde puedan coexistir distintas posturas sin recurrir a la censura ni a la descalificación persona

LIMA.- El Congreso de la República debatirá en los próximos días un proyecto de ley que propone excluir el llamado "enfoque de género" de las políticas públicas del Estado, proponiendo que las acciones gubernamentales se rijan por el principio constitucional de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.


La iniciativa legislativa busca eliminar términos y conceptos asociados al enfoque de género en normas, programas y documentos oficiales, y establecer una definición clara del término "género", limitada a la realidad biológica de hombres y mujeres, de conformidad con la Constitución Política del Perú.

Según el alcance del proyecto, las entidades estatales deben ajustar sus políticas públicas dentro de un plazo determinado, priorizando la igualdad ante la ley, sin introducir conceptos ideológicos que, según los promotores de la propuesta, no hayan sido aprobados democráticamente ni estén expresamente incluidos en el marco constitucional.

Asimismo, la propuesta propone ajustes normativos para que la lucha contra la discriminación y la violencia se lleve a cabo sin recurrir a enfoques ideológicos, garantizando la protección efectiva de todas las personas, especialmente de las mujeres, los niños, las niñas y las familias, desde un enfoque de derechos humanos y familiares.

Este debate legislativo se produce en un contexto de creciente debate nacional sobre el rol del Estado en la formulación de políticas públicas y la necesidad de respetar la neutralidad ideológica, así como el derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos.

Diversos sectores de la sociedad civil han señalado que este proyecto representa una oportunidad para reafirmar el enfoque familiar, fortalecer las instituciones democráticas y garantizar que las políticas públicas respondan a las verdaderas necesidades del país, sin imposiciones externas ni agendas ajenas a la realidad nacional.

El proyecto aún se encuentra en fase de debate y debe ser evaluado por las comisiones correspondientes y el Pleno del Congreso.