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Lima, Perú. – El reciente anuncio del candidato presidencial Yonhy Lescano, difundido por el diario La República, en el que plantea promover un “marco jurídico” para reconocer la unión de parejas del mismo sexo, ha generado preocupación y sorpresa en amplios sectores ciudadanos.

El candidato, representante de Cooperación Popular, sostuvo que dichas parejas “son parte de la sociedad peruana” y deberían contar con reconocimiento legal. Sin embargo, esta postura contrasta con declaraciones anteriores en las que expresó su rechazo a este tipo de iniciativas, defendiendo una posición distinta respecto al modelo de familia y al marco constitucional vigente.

Este giro genera legítimas interrogantes en la ciudadanía. Resulta válido preguntar si este cambio responde a una reflexión jurídica profunda o si obedece a un cálculo político orientado a captar determinados sectores del electorado en el actual contexto electoral.

La Constitución reconoce a la familia como institución natural y fundamental de la sociedad, y cualquier modificación en su regulación requiere un debate serio, técnico y transparente. Propuestas de alto impacto no pueden presentarse como simples consignas de campaña ni utilizarse como instrumento electoral.

Lo que sí ha conseguido, más bien, el candidato Lescano con esta propuesta es generar un creciente rechazo a su candidatura por parte de un amplio sector del electorado que considera que este tipo de iniciativas no responde a las prioridades urgentes del país ni refleja coherencia en sus planteamientos anteriores.

Asimismo, cualquier reforma de esta naturaleza deberá debatirse en el Congreso de la República, donde corresponde evaluar sus implicancias constitucionales, sociales y legales en el Perú.

La ciudadanía merece coherencia, claridad y firmeza en las convicciones de quienes aspiran a conducir el país. Los cambios de postura en temas fundamentales deben explicarse con argumentos sólidos y no percibirse como decisiones coyunturales motivadas por intereses electorales.

ESTADOS UNIDOS.- En su más reciente discurso del Estado de la Unión 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó un segmento relevante de su intervención al debate sobre menores transgénero y la llamada atención de afirmación de género.

Durante su mensaje ante el Congreso, el mandatario expresó su preocupación por políticas estatales y escolares que, según afirmó, permitirían procesos de transición social en menores sin el consentimiento de los padres. En ese contexto, presentó el caso de una adolescente del estado de Virginia, utilizando su testimonio como ejemplo de lo que calificó como una problemática nacional que requiere acción legislativa inmediata.

El presidente instó al Congreso a prohibir cualquier procedimiento o medida relacionada con la transición de género en menores sin autorización parental, señalando que la protección de la patria potestad debe ser prioritaria. Asimismo, cuestionó regulaciones educativas que permiten el uso de nombres o pronombres distintos en el ámbito escolar sin notificación familiar.

Diversos sectores políticos y organizaciones civiles reaccionaron al discurso. Mientras algunos legisladores respaldaron la postura presidencial como una defensa de los derechos de los padres, grupos defensores de derechos civiles y organizaciones vinculadas a la comunidad LGBTQ+ manifestaron su desacuerdo, argumentando que la propuesta podría restringir el acceso a servicios médicos respaldados por asociaciones profesionales.

El debate sobre la atención de afirmación de género en menores continúa siendo uno de los temas más polémicos en la agenda política estadounidense. En los últimos años, varios estados han aprobado leyes que limitan o regulan este tipo de tratamientos, lo que ha generado controversias jurídicas y sociales a nivel nacional.

Se prevé que el tema forme parte del debate legislativo en los próximos meses, en un contexto preelectoral marcado por discusiones sobre familia, educación y derechos individuales.

BRASIL.- Diversas reclusas de la Penitenciaría de Mujeres de Colmeia, ubicada en Gama, en el Distrito Federal, Brasil, han presentado denuncias formales señalando la presencia de personas biológicamente masculinas alojadas en pabellones destinados a población femenina.

Según la información difundida por medios internacionales, el traslado de estos internos se habría realizado en aplicación de normativas que permiten la reclusión de personas privadas de libertad conforme a su identidad de género declarada, previa autorización judicial.

De acuerdo con los reportes, el número de internos identificados como mujeres trans en dicho centro penitenciario habría aumentado significativamente en los últimos años. Algunas reclusas han manifestado preocupación por la privacidad, la convivencia y las condiciones de seguridad dentro del establecimiento.

Asimismo, representantes sindicales del personal penitenciario habrían expresado inquietudes relacionadas con la gestión operativa y la protección tanto de las internas como del personal femenino. El caso ha generado debate público en torno a las políticas penitenciarias, los derechos de las personas privadas de libertad y las garantías de seguridad en centros diferenciados por sexo.

Se espera que las autoridades competentes del Distrito Federal brinden mayores precisiones sobre la situación y las medidas adoptadas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas involucradas.

Corrientes, Argentina. — El arzobispo de la Arquidiócesis de Corrientes ha declarado la nulidad de un matrimonio celebrado el pasado 28 de enero en una iglesia local, luego de determinar que no cumplía con los requisitos establecidos por el derecho canónico de la Iglesia Católica.

Según informó el portal InfoCatólica, la decisión se adoptó tras una revisión del caso, en la que se concluyó que la celebración no se ajustó a las disposiciones doctrinales vigentes sobre el sacramento del matrimonio.

De acuerdo con la enseñanza de la Iglesia Católica, el matrimonio sacramental es la unión entre un hombre y una mujer, orientada al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los hijos. Cuando se constata que no se cumplen las condiciones esenciales para su validez, la autoridad eclesiástica competente puede declarar su nulidad.

La declaración de nulidad implica que, desde el punto de vista canónico, el vínculo matrimonial no existió válidamente ante la Iglesia.

El caso ha generado diversas reacciones en el ámbito social y religioso, reavivando el debate sobre la aplicación del derecho canónico y la fidelidad a la doctrina católica en contextos contemporáneos.

ARGENTINA.- Gobierno de Javier Milei evalúa la elaboración de una normativa que permitiría sancionar con multas de hasta un millón de pesos a personas que circulen por la vía pública utilizando disfraces, máscaras o indumentaria asociada a la denominada comunidad “therian”. 

La medida, aún en fase de análisis, ha generado una fuerte polémica en todo Argentina, dividiendo opiniones entre quienes consideran que se trata de una acción necesaria para preservar el orden público y quienes la califican como una forma de censura o estigmatización juvenil.

¿Qué son los therians? 
El fenómeno therian se refiere a jóvenes que afirman identificarse espiritualmente con un animal. Algunos adoptan conductas simbólicas como caminar en cuatro patas, utilizar máscaras de lobo, zorro o gato, y organizar encuentros grupales denominados “manadas” en espacios públicos.

En los últimos meses, se han reportado reuniones de este tipo en plazas y parques de ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario e incluso en zonas de la Patagonia. Las imágenes compartidas en redes sociales han contribuido a viralizar el fenómeno, generando tanto curiosidad como preocupación en distintos sectores de la sociedad.

Incidentes que encendieron la alarma El debate se intensificó tras denuncias públicas sobre presuntos episodios de agresión. En la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, una madre denunció que su hija de 14 años habría sido perseguida y mordida en el tobillo por un grupo de jóvenes con máscaras de lobo. Días después, en el Barrio Chino de Buenos Aires, trascendió la detención de una adolescente que, según reportes preliminares, habría mordido a varios transeúntes.

Si bien las autoridades no han confirmado oficialmente que exista una organización estructurada detrás de estos hechos, los incidentes fueron suficientes para que sectores políticos comenzaran a exigir regulaciones más estrictas respecto al uso de disfraces o conductas consideradas perturbadoras en la vía pública.

El alcance de la posible normativa De acuerdo con versiones difundidas en medios y redes sociales, la iniciativa en estudio buscaría tipificar como infracción la circulación en espacios públicos con atuendos que dificulten la identificación de la persona o que generen alteración del orden. Las multas podrían alcanzar hasta un millón de pesos, dependiendo de la gravedad del hecho y si existiera reincidencia o daño a terceros.

Desde el oficialismo, algunos voceros sostienen que el objetivo no sería perseguir identidades personales, sino prevenir conductas que puedan derivar en situaciones de riesgo, especialmente cuando involucran a menores de edad.

Reacciones divididas 
La propuesta generó un intenso debate nacional. 
A favor: Quienes apoyan la medida argumentan que el Estado debe garantizar la seguridad y evitar comportamientos que puedan afectar la tranquilidad pública o derivar en agresiones. 
En contra: Organizaciones civiles y defensores de libertades individuales advierten que sancionar el uso de disfraces o expresiones simbólicas podría vulnerar derechos fundamentales y abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias.

Especialistas en adolescencia y cultura digital señalan que muchos de estos movimientos surgen como formas de expresión identitaria influenciadas por comunidades en línea, y recomiendan abordajes preventivos desde la educación y el acompañamiento familiar antes que respuestas exclusivamente punitivas.

Debate abierto Por el momento, no se ha oficializado ningún decreto ni proyecto de ley concreto. El tema continúa en análisis y promete ocupar un lugar central en la agenda pública en los próximos días. Mientras tanto, el fenómeno therian sigue generando conversación en redes sociales y espacios políticos, en un contexto donde la discusión sobre límites de la expresión, orden público y libertades individuales vuelve a colocarse en el centro del debate nacional.