El hecho más reciente lo protagonizó Marcó Fidel Ramírez, autodenominado el 'concejal de la familia’, quien ha demostrado tener posturas conservadoras que no dan espacios para ver las cosas con matices.
Ante el Juzgado Quinto Administrativo de Bogotá el cabildante radicó una demanda de nulidad en contra de la circular 43 de noviembre 30 del 2012, que expidió la Secretaría Distrital de Salud. Esta establece los lineamientos técnicos para la interrupción voluntaria del embarazo y regula los procedimientos en los centros hospitalarios. Sin ella, los abortos no se podrían realizar.
En otras palabras, el concejal busca que el juez suspenda los procedimientos para que las mujeres puedan practicarse abortos en los tres casos establecidos en el fallo de la Corte: violación, malformación del feto y cuando la vida de la madre corra peligro.
Para Ramírez la Secretaría de Salud no tiene competencia para reglamentar y establecer lineamientos técnicos, así como tampoco para delimitar la valoración médica y la práctica del procedimiento para la interrupción del embarazo.
Además, él considera que la administración Distrital no tiene atribuciones para reglamentar el delicado tema de la objeción de conciencia de los médicos, quienes en algunos casos se rehúsan a realizar estas prácticas.
“La circular es abiertamente ilegal e inconstitucional. Esto significa que mientras ese tema no sea reglamentado, los abortos se deben prohibir en el Distrito Capital”, dijo el cabildante a Semana.com.
El tema es del todo trascendental porque si el juez acoge la solicitud de Ramírez, podría, si es el del caso, suspender los efectos de la circular y tanto los hospitales como las clínicas en la capital no podrían adelantar los procedimientos para la interrupción voluntaria del embarazo.
Este concejal se ha hecho visible por sus acostumbradas posiciones conservadoras. Se ha opuesto al día de Halloween al considerarlo diabólico. También le declaró la guerra a los dispensadores de condones y arremetió contra Canal Capital por contratar personal de la comunidad LGBTI y considerar que estaba despilfarrando los recursos públicos.
En este caso asegura que su demanda no tiene nada que ver con sus convicciones religiosas (es pastor evangélico) y sostiene que sus argumentos están atados a la Constitución y la ley. “Las razones están definidas en mi demanda”, concluye. Así las cosas, será el juez de la causa quien tome la decisión final de un tema que no deja de ser controvertido.
LA NACIÓN
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