Según explicó Ana Conde, una de las principales activistas por esta causa en Puerto Rico y que llevó incluso al Gobierno de la isla hasta la Corte federal de Apelaciones, la legislación vigente establece que debían pasar veinte días que el pasado 26 de julio el Supremo emitió su decisión antes de ser de aplicación.
Ese plazo se cumplió anoche y de nada sirvió el recurso de urgencia interpuesto por un grupo de representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), el principal grupo opositor de la isla, intentado evitar que la decisión del Supremo de EE.UU. fuera de obligada aplicación en Puerto Rico.
Puerto Rico es lo que se conoce como un territorio no incorporado de EE.UU. que tiene el estatus de Estado Libre Asociado, por lo que goza de gran autonomía para la gestión de asuntos internos, pero sus ciudadanos tienen pasaporte estadounidense y la isla debe respetar las leyes de ámbito federal.
El jueves el Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo que no había lugar a la moción de auxilio de jurisdicción y el recurso de certificación intrajurisdiccional presentados por los demandantes, que alegaban que la decisión del máximo foro judicial estadounidense no aplicaba automáticamente a los territorios no incorporados a EE.UU.
"Puerto Rico no puede negarse a reconocer los matrimonios entre las personas del mismo sexo. Ese es el derecho vigente y, según el cual todos los tribunales, incluyendo esta Curia, deben regirse", se explica en el escrito del Supremo puertorriqueño.
Los legisladores del PNP querían que se detuviera la aplicación de la Orden Ejecutiva firmada por el gobernador, Alejandro García Padilla, el mismo 26 de junio ordenando que se realizaran todos los trámites necesarios para que se pudieran empezar a conceder licencias matrimoniales a las parejas homosexuales cuanto antes.
Al respecto, en otra parte del escrito se asegura que "cuando los funcionarios del Estado promueven una acción para negarles a sus ciudadanos las protecciones que dispensa la Constitución e impedirles el ejercicio de un derecho fundamental palmariamente reconocido al amparo de ésta, no cabe duda de que nuestro ordenamiento constitucional está bajo asedio".
"Más aún -añadía- cuando para ello esgrimen argumentos harto artificiosos que, a lo sumo, denotan un desconocimiento alarmante de las normas cardinales que rigen nuestro ordenamiento constitucional".
Mientras, en el Registro Demográfico aseguran haber expedido ya cerca de una decena de certificaciones de parejas del mismo sexo, para lo que hay que rellenar unos formularios que estaban disponibles desde el pasado lunes.
Con estas certificaciones, las parejas interesadas ya pueden celebrar sus enlaces civiles como cualquier futuro matrimonio heterosexual.
Además, ya se han empezado a reconocer en Puerto Rico los matrimonios homosexuales contraídos en otros estados.
"El derecho al matrimonio para LGBTTs llegó para quedarse. Punto. El amor siempre vence al odio... siempre", aseguraba hoy en sus cuentas de las redes sociales Pedro Julio Serrano, otro de los activistas de esta causa más conocidos de Puerto Rico.
El activista también celebraba hoy que se haya despejado el camino para que los homosexuales también puedan adoptar niños, gracias al reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
En esa misma línea se pronunciaban hoy las agrupaciones LGBT Puerto Rico y Haz lo Correcto por la Equidad de Derechos, que también reproducían las afirmaciones del reconocido comentarista local Jay Fonseca que, al informar sobre la decisión del jueves del Supremo sobre la demanda del PNP, decía: "Hace tiempo que no leía un 'tapaboca' tan duro".
Por su parte, los legisladores de PNP que habían presentado ese reclamo confirmaron hoy que desistirán de tratar de defender uno similar que habían interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para impugnar la citada Orden Ejecutiva.
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