Es esta situación la que busca revertir el proyecto de ordenanza de la Municipalidad de Lima presentado por el regidor Augusto Rey y que cuenta con el apoyo de otros 10 concejales de diferentes bancadas.
En el año 2006, la Municipalidad de Magdalena del Mar fue la primera de Lima en aprobar una ordenanza que estableció como causal de revocatoria de licencia de funcionamiento las prácticas discriminatorias.
Desde entonces únicamente se han aprobado ordenanzas similares en Jesús María (2008), Villa El Salvador (2009), Lince (2010), Chaclacayo (2012), San Juan de Lurigancho (2012), Pueblo Libre (2012), Ancón (2013), Pachacamac (2013), San Borja (2013), Santa María del Mar (2014), Surco (2014), San Miguel (2014), Miraflores (2015), San Isidro (2015) y Santa Anita (2015).
En los distintos restantes, hasta la fecha no hay mecanismos de prevención y lucha contra este problema social.
PROYECTO PARA CERCADO DE LIMA
La propuesta de Rey, denominada "La Ordenanza a Favor de la Igualdad y Contra Todo Tipo de Discriminación", establece una escala de multas y sanciones administrativas ante la exclusión, restricción o trato de forma diferenciado hacia una persona por su raza, color de piel, sexo, orientación sexual, posición política, religión, edad, apellido, discapacidad y otros.
La novedad es que no solo se aplicaría en los establecimientos públicos y privados ubicados en el Cercado de Lima, sino también en las unidades de transporte público autorizadas por la GTU, y en espacios administrados por la comuna metropolitana como los parques zonales y Hospitales de la Solidaridad.
Asimismo, establece sanciones para cualquier funcionario público que cometa actos discriminatorios. Estos correctivos van desde una amonestación, suspensión, resolución de contrato, hasta el despido de su centro de labores, según la gravedad de los hechos.
La norma también prohíbe, en establecimientos públicos y privados, la instalación de carteles y anuncios que consignen frases racistas o discriminatorias tales como “nos reservamos el derecho de admisión”, “se requiere servicios de personal de buena presencia” u otras similares.
La ordenanza propone que todos los establecimientos comerciales abiertos al público, oficinas públicas, centros educativos y de salud, coloquen en un lugar visible un cartel que señale claramente que se prohíbe todo tipo de discriminación.
MULTAS Y SANCIONES
El proyecto de ordenanza contra la discriminación establece que si la falta se produce por primera vez en un establecimiento comercial, industrial o de servicios, centros de salud y colegios, la multa será de 1 UIT (3.850 soles) más la clausura del local por siete días.
Pero si la falta ocurre por segunda oportunidad, la sanción será de 2 UIT (7.700 soles) más el cierre del establecimiento por 30 días. Esta sanción se elevará a 4 UIT y la clausura definitiva del local si la falta ocurre por tercera vez.
Para el transporte público, la primera sanción sería 1 UIT (3.850), por la segunda sanción sería 2 UIT (7.700 soles) y la tercera, 4 UIT (15.400 soles).
¿CUÁNDO SERÍA APROBADA?
El regidor Augusto Rey, promotor de la iniciativa, informó a El Comercio que el proyecto de ordenanza se encuentra en la comisión de Asuntos Legales a la espera de ser aprobada. Rey estima que este proceso dure aproximadamente un mes pues existe un “contexto favorable”.
Asimismo, precisó que como la norma propone que sea la Gerencia de Defensa del Ciudadano de la Municipalidad de Lima la encargada de acoger las denuncias y transmitirla a la Gerencia de Fiscalización y Control o a la de Transporte Urbano, no implica el aumento del gasto público.
“No crea una gerencia nueva sino un procedimiento, un canal formal que respete el debido proceso, con derecho a defensa y que se le pueda hacer seguimiento”, detalló.
COMERCIO
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