Un grupo de representantes de Iglesias Evangélicas Unidas dio a conocer su posición frente al artículo 88 del Código Penal en un breve contacto con la prensa en plaza Murillo, frente a Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa. Allí difundieron un comunicado en el que exigen “la abrogación total del Código del Sistema Penal”.
Puntualmente, observan que el artículo que cuestionan atenta contra su labor "especialmente en la ayuda al necesitado y en la restauración de hogares disfuncionales; afecta además a su labor de captar, acoger y ayudar a personas presas en vicios tales como alcoholismo y la drogadicción”.
La persona vinculada en trata de personas, según la nueva norma, "será sancionada con prisión de siete (7) a doce (12) años y reparación económica la persona que, por sí o por terceros, capte, transporte, traslade, prive de libertad, acoja o reciba personas" en casos como el "reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o en organizaciones religiosas o de culto".
El pastor Miguel Machaca Monroy, presidente de la Iglesias Evangélicas de La Paz, considera que con la vigencia de ese articulado no podrán predicar y evangelizar.
La Razón (Bolivia)
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