¿De dónde provendrá la mayor eficiencia de la justicia con esta JNJ? Los magistrados de la JNJ, ahora, tendrán que abrir su secreto bancario. ¿Hará eso que un juicio se resuelva en uno en vez de siete años?
No hay una sola medida en la ley que impacte en una mayor eficiencia del sistema de justicia.
La confianza en la administración de justicia, por otro lado, no se va a recobrar por esta ley.
Entre otras cosas, ahora un miembro de un partido político podrá ser magistrado de la JNJ con solo pedir licencia a su organización. ¿Con esto recobraremos la confianza en la transparencia?
El presidente Vizcarra cree que hay razones para aplaudir la ley. Aunque tiene derecho, no tiene razón.
Hay, más bien, razones para celebrar, que no están en la ley. No se aprobó el principio de paridad de género, por ejemplo. Para mí esto debe celebrarse.
El principio de paridad, incluido en el proyecto del Ejecutivo, indicaba que debía elegirse por mandato de la ley a tres mujeres, al menos, como miembros de la Junta.
La paridad es un cuento. Es el cuento de decir: hay tres mujeres en la Junta, por lo tanto, se defienden mejor los derechos de las mujeres; por lo tanto, se reduce el número de feminicidios; por lo tanto, cesa la violencia contra la mujer.
Hacer de la ley una bandera política o, peor, electoral, es la degradación máxima de la legislación. Esta ley tenía que dar pautas de selección, organización y toma de decisiones de la Junta.
La Junta se encarga de nombrar, ratificar o destituir a jueces y fiscales. Con tres mujeres en este organismo, ¿se garantiza que las mujeres jueces y fiscales sean tratadas según sus méritos y con respeto de la ley?
Si ese es el criterio, no se entiende por qué no se pide que la Junta sea solo de mujeres. ¿O el supuesto es que los hombres votan a favor de los hombres y las mujeres, a favor de las mujeres?
Detrás de esta bandera no hay sino discriminación contra la mujer. Este prejuicio en contra de la mujer nos dice: las mujeres no tienen méritos suficientes, así es que, mejor, ponemos unas mujeres en el proceso de selección.
La mujer necesita una “ayudadita” de otra mujer. Este es el presupuesto sexista que se revela al quitarle la careta al llamado principio de paridad.
Retirada la máscara, otras cosas se revelan: que las mujeres magistradas serán suficientemente parciales como para favorecer a una congénere en caso de desigualdad.
“No”, se me dirá, “la idea es que impida que desconozcan sus méritos”.
Esto supone que los magistrados hombres no son capaces de reconocer los méritos de una mujer por sobre los de un varón. Supone, además, que esa magistrada está ahí no por su capacidad, sino para ser funcionaria de la “paridad”.
Este supuesto principio habría echado por tierra el criterio de la meritocracia, elegido para la JNJ. Se ha diseñado esta reforma para que puedan acceder a la carrera de justicia los que tengan los méritos suficientes.
Si los mecanismos no son buenos para que alcance la calificación el que tiene mayores méritos, deben ser cambiados. O sea, si una mujer tiene méritos y el mecanismo no lo reconoce, debe ser cambiado el sistema de control.
Elegimos por mérito o elegimos por género. A mí me daría vergüenza ser elegido por mi género (que no es fruto de mi esfuerzo) en vez de mis méritos (que son el fruto de mi esfuerzo).
Lo más grave es favorecer un postulado que rompe con la igualdad ante la ley. Este es un principio fundamental, de rango constitucional.
No soy un entusiasta de esta reforma. Sin embargo, creo que se ha evitado la legalización, no de un principio, sino del antiprincipio de la paridad.
Federico Zalazar
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