ESPAÑA.- El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles definitivamente la ley que modifica el Código Penal con el fin de castigar el denominado «acoso» (reunirse a rezar,orar informar, expresar la opinión) a las mujeres que acuden a las clínicas a que les practiquen un aborto, muchas veces empujadas por el entorno de determinados colectivos pro-abortistas o de las propias clínicas. El ahora delito «de rezo» estará penado con tres meses a un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad.
Con 154 votos a favor frente a los 105 en contra de PP y Vox, se ha aprobado el dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta sobre la proposición de ley del PSOE que incorpora un nuevo artículo al Código Penal (el 172 quater), de forma que quienes se concentren a las puertas de las clínicas abortiva estarán cometiendo un delito.
La norma culmina así su tramitación parlamentaria ya que en su paso por el Senado no ha experimentado ningún cambio respecto al texto al que dio luz verde el Congreso, al ser rechazados los vetos de VOX y PP y las enmiendas de este último grupo, además de las del grupo vasco y ERC-Bildu.
En el debate parlamentario, Vox y PP han defendido sus vetos y han esgrimido los mismos argumentos que ya dieron en el Congreso y es que a su juicio esta reforma del Código Penal va en contra de los derechos de expresión y reunión, además, ambos grupos han mantenido que las personas que se reúnen a las puertas de estas clínicas lo hacen para rezar y ayudar a las mujeres, y no para hostigar ni acosarlas.
El senador popular Fernando de Rosa ha insistido en que esta norma es otra ejemplo de «sectarismo» del PSOE y ha mencionado que incluso la secretaria de la Comisión de Justicia «ha puesto pegas» a la redacción del texto con un tipo penal, ha dicho, «difuso» que será complicado aplicar por parte de los jueces.
Fue el pasado 21 de septiembre cuando el Pleno del Congreso acordó la toma en consideración de la proposición de ley orgánica presentada por el PSOE para añadir un nuevo precepto en el Código Penal y castigar el acoso a las puertas de estas clínicas.
Vox y PP se opusieron y presentaron sendos vetos que fueron rechazados con lo que la iniciativa siguió con su tramitación.
En su paso por la Cámara Baja se incorporaron enmiendas para que las penas se extiendan también a quienes «acosen» a los sanitarios y directivos de las clínicas, así como al personal de la sanidad pública que interviene en los abortos.
También para que el «acoso» se persiga sin que sea necesaria una denuncia expresa de la mujer para que se inicie el procedimiento, lo cual conduce a un eventual laberinto de denuncias falasas y de inseguridad jurídica sin precedentes.
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