LIMA.- La Comisión de la Mujer y Familia recibió, el pasado viernes, a la ministra del sector Nancy Tolentino Gamarra, para que explique los motivos de la dación del Decreto Supremo 013-2023- MIMP, que dispone la implementación de Oficiales para la Igualdad en todas las entidades públicas.
Tolentino Gamarra estuvo acompañada de la viceministra de la Mujer para responder las preguntas que había realizado la comisión con anterioridad.
Al respecto, dijo que el decreto supremo se dio en cumplimiento a la Ley 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, promulgada en el 2007.
Asimismo, mencionó que del/la Oficial para la Igualdad de cada entidad pública tiene como principal función coadyuvar en la supervisión del cumplimiento de la incorporación de los principios y roles establecidos en la Ley N.° 28983.
Y que, la aplicación de lo dispuesto en el decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de cada entidad, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Culminada la exposición de la ministra, la presidenta del grupo de trabajo, Milagros Jáuregui de Aguayo (RP), manifestó su preocupación por la creación de un fiscalizador del pensamiento propio, tratando de imponer temas ideológicos en todas las entidades del Estado y en las empresas privadas.
Asimismo, dijo que la norma resulta ilegal e inconstitucional por no contar con sustento normativo para su desarrollo. “No existe justificación alguna que sustente la implementación de estos oficiales de igualdad, ni desde el punto de vista constitucional ni legal”.
Por su parte, el congresista Alejandro Muñante Barrios (RP) dijo que a través de esta disposición las empresas van a poder incorporar políticas ideológicas con el beneplácito del Estado. Anunció que si no se elimina el decreto supremo que incorpora el oficial de la igualdad, “nosotros procederemos con la interpelación y la posible censura de la ministra”.
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