LIMA.- Un reciente fallo de la Corte Suprema del Perú ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad, luego de declarar inconstitucional el Decreto Supremo N.º 009-2024-SA, norma que incluía la identidad trans dentro de categorías vinculadas a trastornos mentales.
La decisión judicial sostiene que dicha clasificación resultaba “estigmatizante” y contraria al derecho a la salud en igualdad de condiciones, anulando así la medida adoptada por el Estado.
Sin embargo, esta resolución viene siendo cuestionada por especialistas y sectores sociales que consideran que el fallo deja vacíos importantes en el abordaje integral de la salud mental y abre un debate de fondo sobre el rol del Estado frente a realidades complejas que requieren atención médica, psicológica y social.
Preocupación por el enfoque adoptado
Diversas voces críticas advierten que eliminar toda referencia clínica podría dificultar el diseño de políticas públicas adecuadas, especialmente en materia de salud mental, donde se requiere diagnóstico, acompañamiento profesional y protocolos claros.
Asimismo, señalan que el Estado no puede renunciar a establecer criterios técnicos en el ámbito sanitario, ya que esto podría debilitar la capacidad de atención y prevención en poblaciones vulnerables.
Debate sobre ciencia, derecho y políticas públicas
Debate sobre ciencia, derecho y políticas públicas
El fallo reabre una discusión nacional sobre los límites entre el reconocimiento de derechos individuales y la necesidad de mantener criterios científicos en las políticas públicas.
Algunos sectores sostienen que la decisión judicial responde más a presiones ideológicas que a un análisis integral de la realidad, lo que podría generar precedentes en otras áreas sensibles del ordenamiento jurídico.
Llamado a un debate amplio Frente a este escenario, se hace un llamado a promover un debate serio, técnico y plural, donde participen profesionales de la salud, juristas, académicos y la sociedad civil, con el objetivo de garantizar políticas equilibradas que respeten la dignidad humana sin descuidar el rigor científico ni el interés general.
Llamado a un debate amplio Frente a este escenario, se hace un llamado a promover un debate serio, técnico y plural, donde participen profesionales de la salud, juristas, académicos y la sociedad civil, con el objetivo de garantizar políticas equilibradas que respeten la dignidad humana sin descuidar el rigor científico ni el interés general.
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