EE.UU.- ( AGENCIALAVOZ.ORG )“Pensilvania no es un país del tercer mundo,” insiste el gran jurado que investiga al abortista Kermit Gosnell. Sin embargo, la clínica que dirigía se parece más a los centros de exterminio de China con su política de un solo hijo, que a un centro médico de Estados Unidos.
De hecho la descripción de la operación de Gosnell, contenida en el informe del gran jurado me trajo a la memoria algunas de las clínicas de aborto que he visitado en China. Dice el informe: “La clínica apestaba a orines de animal, cortesía de los gatos que se les permitía deambular (y defecar) libremente. Los muebles y colchas estaban manchados con sangre. El instrumental no estaba debidamente esterilizado. Los suministros médicos desechables no fueron eliminados, más bien fueron usados una y otra vez. Equipo médico como el desfibrilador, el ecógrafo, el medidor de pulso, el tensiómetro, estaban prácticamente inservibles o aún cuando alguno de estos trabajaba, se notaba que no se utilizaba. La puerta de emergencia estaba clausurada. Y disperso en compartimentos del sótano dentro de congeladores había restos fetales en frascos, bolsas y jarras de plástico. Era un osario de bebés”.
Esta podría ser la descripción de las clínicas rurales en el sur de Hubei en el 2010. Con excepción de los gatos, puesto que allí se los comían. Fue en esas clínicas, donde se les ponía inyecciones letales en el útero a las madres acusadas de violar la política del hijo único o les inducían el parto y luego sus bebés asesinados al nacer. Los pisos estaban cubiertos con la sangre de los cuerpos de los bebés apilados. Algunos de los cadáveres fueron arrojados a los basureros locales, que usualmente eran encontrados por horrorizados transeúntes.
Todos en China saben que es inútil denunciar tales atrocidades a las autoridades. Después de todo, son ellos mismos los responsables de hacer cumplir la política del hijo único.
Presión abortista sobre autoridades para evitar controles
Una de las cosas que muestra el caso Gosnell es que puede ser igualmente infructuoso quejarse a las autoridades por abortos mal hecho, abortos tardíos e incluso el infanticidio en Estados Unidos, por los menos en algunos estados.
Tenga en cuenta que Gosnell abrió esta casa de horror en 1979 y realizó cientos de abortos tardíos ilegales en las décadas que siguieron. Muchos de estos bebés nacieron vivos después de inducido el parto y fueron asesinados por Gosnell. Les daría lo que llamó muy a la ligera “el tijeretazo”, que significaba que clavaría en sus espaldas unas tijeras y cortaría la médula espinar. Estos bebés tendrían sólo “un poco tiempo de vida (fuera del útero) sufriendo un dolor insoportable”, en términos del gran jurado.
Cuando sus esfuerzos para inducir al parto fracasaban, trataba de extraer al bebé pero con complicaciones desastrosas para las mujeres como cuellos uterinos rasgados, úteros perforados, intestinos reducidos. Gosnell enviaba un flujo constante de mujeres a las salas de emergencia de hospitales de la localidad.
Se presentaron numerosas denuncias por las prácticas de Gosnel tanto de pacientes, como por parientes e incluso en algunos casos por los mismos empleados de Gosnell. Estas fueron ignoradas por los funcionarios estatales, quienes eran presionados por los políticos y grupos que estaban a favor del aborto, a fin de no actuar en contra de las clínicas abortistas de mala calidad y corruptas. Solamente les importaba que no se violara el “derecho” al aborto.
Y aunque parezca increíble no fueron las brutales prácticas de aborto ni los daños a las mujeres los que finalmente terminaron con la carrera de Gosnell. Fue la investigación sobre denuncias de venta de OxyContin y otras sustancias restringidas. Los agentes federales y detectives de la oficina de la Fiscalía llevaron a cabo una redada en busca de recetas, y encontraron más bien jarras llenas de pies de bebé cercenados en todos los rincones de su oficina, junto a envases de leche y otros recipientes llenos de fetos abortados esparcidos por toda la clínica.
El gran jurado identificó una red de complicidad con Gosnell
¿Cómo logró Gosnell que tales horrores no se descubrieran por décadas? El Gran Jurado establece que varias agencias de Pensilvania comparten la culpa.
En primer lugar, el Departamento de Salud del Estado dejó de inspeccionar las instalaciones de abortos hace 15 años, después de la elección del Gobernador Tom Ridge. Como indicó Brad Mattes, “Los políticos de un gobernador que apoya el aborto dieron por finalizadas las inspecciones. Las clínicas abortistas tenían pase libre”.
Incluso una inspección superficial habría revelado que los registros de sus propios pacientes contenían pruebas suficientes para condenarlo por realizar abortos tardíos ilegales. Pero nadie se molestó en revisar.
En segundo lugar, el Departamento de Estado ignoró decenas de denuncias de mujeres, familiares y ex empleados sobre el comportamiento de Gosnell. “El departamento no intervino a pesar de la denuncia interna de un ex empleado de Gosnell, dispuesto a exponer todo el ámbito de su operación”.
A Gosnell se le debió haber despojado de su licencia para ejercer la medicina hace años. Pero, en su lugar, se le permitió continuar asesinando a los bebés y mutilando a las mujeres.
En tercer lugar, el Departamento de Salud Pública de Filadelfia no hizo cumplir su propio reglamento. El Departamento sabía que Gosnell estaba violando el reglamento de salud local. Sabía que no tenía un plan de desechos médicos. No podía ignorar el tema, ya que uno de los propios empleados de Gosnell había denunciado que los bebés abortados estaban siendo almacenados en el mismo refrigerador que los empleados utilizaban para guardar sus almuerzos.
Pudieron haber clausurado la clínica de Gosnell por cualquiera de estas violaciones. Sin embargo se hicieron los de la “vista gorda”.
En cuarto lugar, los hospitales locales no informaron, como se requería legalmente, el gran número de denuncias que siguieron por abortos mal practicados de Gosnell. El personal de las salas de Emergencia vieron de todo: pacientes con úteros rasgados e intestinos perforados; pacientes con sobredosis de medicamentos para el dolor; pacientes con partes de cuerpo de bebés aún dentro de ellos.
Ellos protegían a Gosnell, y por lo tanto, no le dieron ninguna protección a sus pacientes.
Clínicas abortistas gozan del “privilegio” de no tener ninguna supervisión
El informe del gran jurado también critica a la National Abortion Federation -NAF (Federación Nacional del Aborto) cuya representante describió el pequeño edificio de ladrillos en la esquina de la 38 y Lancaster en Pensilvania, como la peor instalación que jamás haya visto. Sin embargo, NAF no hizo nada y no lo informó, lo que confirma la denuncia de organizaciones que defienden la vida de que la industria del aborto es incapaz de vigilarse a sí misma. Lo dijeron siempre sin rodeos, cuando alguien está dispuestos a matar bebés con fines de lucro, ¿a qué más no estarían dispuestos?
Existe mucho dinero que se obtiene de los abortos. Solo basta citar a Planned Parenthood que amasa un par de cientos de millones al año por esta práctica. El gran jurado estimó que Gosnell ganaba cerca de US$ 1.8 millones al año, la mayoría en efectivo, sólo por los abortos realizados entre los períodos de primer y segundo trimestre de embarazo. Añádanle a esto, el dinero que obtuvo de los abortos en tercer trimestre, que son los más lucrativos e ilegales, los que realizaba los domingos en secreto con la asistencia de su esposa solamente. Y no olvidar los narcóticos que recetaba, que podría sumar otro par de cientos de miles.
Gosnell estaba guiado por la codicia y aún así los grupos defensores del aborto lo protegieron, de otra manera la regulación y supervisión médica ordinaria hubiera cerrado su negocio.
El Departamento de Salud de Pensilvania, al parecer, estaba de acuerdo. El gran jurado de Gosnell señaló que este “deliberadamente eligió no hacer cumplir las leyes que permitirían a los pacientes de las clínicas de aborto las mismas garantías y calidad de seguros de asistencia sanitaria como los pacientes de otros proveedores de servicio médico. Hasta los salones de manicura en Pensilvania son controlados más de cerca por la seguridad del cliente”.
Una pared completa de nuestras oficinas en Population Research Institute-PRI están cubierta de las regulaciones promulgadas por el Health and Human Services-HHS (Ministerio de Salud y Servicios Humanos) de Estados Unidos, Occupational Safety and Health Administration-OSHA (una agencia del Departamento de Trabajo) y el Department of Labor (Ministerio de Trabajo), lo que es obligatorio anunciar. No he ingresado a la llamada “Women´s Health Society”, así se llamaba la clínica de Gosnell pero me aventuraría a decir que sus paredes no tienen tales regulaciones.
Si el caso de Gosnell prueba algo es que a los abortistas angurrientos e inescrupulosos, de la profesión médica, les han otorgado las autorizaciones sanitarias y no ha habido ningún control por mucho tiempo. Ni la “National Abortion Federation” (Federación Nacional del Aborto) ni ningún abortista individual pueden ser de confianza para tener control sobre sí mismos.
Las autoridades deberían exigir a las clínicas de aborto que por lo menos presenten la debida documentación y tengan equipos adecuados. Y que las normas se cumplan rigurosamente. Los inspectores deberían aparecer en cada clínica abortista del país todas las semanas, o incluso todos los días por los riesgos que se han hecho evidentes. Cualquier violación, como sucede para cualquier otro negocio, debería ser motivo de clausura.
Los defensores del Aborto, NARAL y Planned Parenthood, seguramente protestarán. Han desarrollado toda una maquinaria para proteger a cualquier abortista y denunciarán cualquier control como si fuera una imposición de lo que ellos llaman leyes TRAP, que en inglés significa Targeted Regulation of Abortion Providers (Reglamento dirigido a los Proveedores de Aborto). Y lucharán duro para evitar que tales leyes, una vez aprobadas, sean cumplidas.
Ellos saben, como nosotros ahora, que la regulación médica razonable de las clínicas de aborto los pondrá al descubierto como los mataderos humanos que son, y amenazaría la legalidad del aborto a demanda.
Debido a los cargos del gran jurado, que constan de más de 200 páginas, Kermit Gosnell está ahora encerrado, sin derecho a fianza, acusado de la muerte de una paciente y de asesinar a siete bebés nacidos vivos en su sórdida clínica.
Pero cuántos Kemit Gosnell habrá en todo Estados Unidos desempeñando su oficio macabro, evadiendo controles sanitarios debido al lobby de grupos ideológicos y a la cobardía de las autoridades.
Y mientras tanto, mujeres y bebés continuaran muriendo.
CIPROFAM: Y pensar que algunos partidos politicos quieren legalizar el aborto por cualquier pretexto,pero nosotros sabemos que los pretextos no justifican el Aborto.
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