La institución defiende su derecho a negarse a practicar abortos en los centros de salud ligados a la Pontificia Universidad Católica, que otorgan cobertura a diferentes sectores de la población, pese a que la iniciativa del Gobierno determina que las instituciones no podrán negarse a realizar abortos invocando la objeción de conciencia.
“El médico podrá abstenerse de interrumpir el embarazo cuando haya manifestado, en forma escrita y previa, su objeción de conciencia, pero no podrá excusarse de realizar la interrupción cuando la mujer requiera la atención inmediata e impostergable y no exista otra persona que pueda realizarla. Igualmente, se establece la obligación del prestador de salud de reasignar a otro médico cirujano que no haya objetado en conciencia, a la mujer que requiera de la intervención”, señala el proyecto de ley del Gobierno que comenzará a ser discutido en marzo en el Congreso, después del receso legislativo de febrero.
“Desde luego, se trata de un derecho propio del médico que interviene, en cuanto persona natural”. “serán excomulgados”
El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, se ha opuesto al proyecto del Gobierno y ha anunciado que “si hay médicos de la Red UC disponibles para hacer abortos, deberán ir a trabajar a otros lugares”.
“En nuestra Red UC Christus no se harán abortos, nuestros principios y valores no van a cambiar por un determinado proyecto de ley. Esto es definitivo”, señaló la máxima autoridad de la casa de estudios, una de las más importantes del país. En la misma línea, el cardenal Ricardo Ezzati defendió la objeción de conciencia institucional e indicó: “No se nos puede obligar a un acto que no aceptamos posible realizar”.
La máxima autoridad de la Iglesia Católica también se refirió a los parlamentarios católicos que eventualmente legislen a favor del proyecto de ley de aborto del Gobierno: “Si soy católico y apruebo una doctrina contraria a mi fe, eso tiene una gravedad. No digo que sea excomunión en todos los casos ni automáticamente”, dijo Ezzati sobre las medidas que la Iglesia podría tomar en contra de los legisladores creyentes.
AGENCIALAVOZ
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