EE.UU.- Kim Davis, la empleada pública del condado de Rowan en Kentucky que saltó a los medios de comunicación al anteponer sus creencias al cumplimiento de la ley validada por la Corte Suprema,ha dejado claro es su primer día en la oficina que no se interpondrá pero aclaró que ninguna licencia de matrimonio “será autorizada por mí” y pidió que se “retire mi nombre y título” de dichos documentos.
“Si alguno de ellos (funcionarios) siente que debe otorgar una licencia no autorizada para evitar ser enviado a la cárcel, entiendo su dificultad y no actuaré contra ellos“, especificó Davis.
“Sin embargo -continúo la funcionaria- ninguna de las licencias no autorizadas llevará mi nombre, mi cargo o mi autoridad. Las licencias dirán que son ofrecidas por orden de una corte federal“.
De esta manera, la polémica continúa, ya que no está clara la validez de estos documentos. La misma Davis mostró “grandes dudas” al cuestionar la legalidad de este procedimiento.
Antes de las ocho de mañana ET, y con una voz quebrada en algunos momentos, Kim solicitó que se busque una solución para “acomodar mis convicciones“.
Davis, que se ha convertido en un símbolo para los conservadores que defienden el matrimonio tradicional, fue encarcelada durante cinco días por negar licencias de matrimonio a gais. Su salida de la cárcel el pasado martes se convirtió en un espectáculo entre las alabanzas, cruces y cánticos de un grupo de manifestantes, a los que se unieron los precandidatos presidenciales republicanos Mike Huckabee y Ted Cruz.
La empleada pública dejó de emitir cualquier licencia de matrimonio a homosexuales y heterosexuales tras la decisión del Tribunal Supremo y ahora, al volver al trabajo, quiere que su nombre se elimine de los documentos que tendrán que emitir cinco de las seis personas bajo su mando.
Según el dictamen del juez de la Corte del distrito Este de Kentucky, los cinco funcionarios tendrán que entregar al juzgado informes cada 14 días para informar de cómo se están distribuyendo las licencias de matrimonio en el pequeño condado de Rowan, en el sureño estado de Kentucky.
Aunque algunos funcionarios expresaron su oposición a la decisión del Supremo, esta fue primera vez que uno de ellos es encarcelado por negar a parejas del mismo sexo su derecho a casarse, un tema que sigue dividiendo a la sociedad estadounidense a pesar del creciente apoyo que ha ganado el matrimonio gay en los últimos años.
©Univision.com
“Si alguno de ellos (funcionarios) siente que debe otorgar una licencia no autorizada para evitar ser enviado a la cárcel, entiendo su dificultad y no actuaré contra ellos“, especificó Davis.
“Sin embargo -continúo la funcionaria- ninguna de las licencias no autorizadas llevará mi nombre, mi cargo o mi autoridad. Las licencias dirán que son ofrecidas por orden de una corte federal“.
De esta manera, la polémica continúa, ya que no está clara la validez de estos documentos. La misma Davis mostró “grandes dudas” al cuestionar la legalidad de este procedimiento.
Antes de las ocho de mañana ET, y con una voz quebrada en algunos momentos, Kim solicitó que se busque una solución para “acomodar mis convicciones“.
Davis, que se ha convertido en un símbolo para los conservadores que defienden el matrimonio tradicional, fue encarcelada durante cinco días por negar licencias de matrimonio a gais. Su salida de la cárcel el pasado martes se convirtió en un espectáculo entre las alabanzas, cruces y cánticos de un grupo de manifestantes, a los que se unieron los precandidatos presidenciales republicanos Mike Huckabee y Ted Cruz.
La empleada pública dejó de emitir cualquier licencia de matrimonio a homosexuales y heterosexuales tras la decisión del Tribunal Supremo y ahora, al volver al trabajo, quiere que su nombre se elimine de los documentos que tendrán que emitir cinco de las seis personas bajo su mando.
Según el dictamen del juez de la Corte del distrito Este de Kentucky, los cinco funcionarios tendrán que entregar al juzgado informes cada 14 días para informar de cómo se están distribuyendo las licencias de matrimonio en el pequeño condado de Rowan, en el sureño estado de Kentucky.
Aunque algunos funcionarios expresaron su oposición a la decisión del Supremo, esta fue primera vez que uno de ellos es encarcelado por negar a parejas del mismo sexo su derecho a casarse, un tema que sigue dividiendo a la sociedad estadounidense a pesar del creciente apoyo que ha ganado el matrimonio gay en los últimos años.
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