En una iniciativa de reforma a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que será analizada por las comisiones unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, las legisladoras señalan que de acuerdo con el más reciente informe denominado Homofobia de Estado, hecho por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, por sus siglas en ingles), las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son ilegales en por lo menos 72 países de los cuales en doce pueden ser castigados con la muerte.
En Arabia Saudí, Irán, Yemen y Sudán y parte de Somalia, así como 12 estados de Nigeria recogen en sus leyes la pena capital para estas relaciones, indica la iniciativa.
Indicó que en Catar, Mauritania, Pakistán y Emiratos Árabes Unidos está la posibilidad de aplicarla; aunque no existe evidencia de ejecuciones en los últimos años.
A partir de 2009, refiere el texto, algunos Estados, entre ellos España, comenzaron a incluir en sus leyes nacionales en materia de asilo y refugio la persecución por identidad y orientación sexual como motivo para pedir asilo.
“Frente a esta situación, el Estado Mexicano con el afán de proteger y garantizar los derechos de la población refugiada, ha creado y hecho las reformas necesarias a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
“Además, México ha incluido en su legislación como quinta causal para el reconocimiento de la condición de refugiado la persecución por motivos de género, misma que ha sido invocada para fundamentar importantes decisiones que conciernen a personas LGBTI. No obstante, aún no considera la preferencia sexual como un motivo para pedir asilo”, señalan las senadoras.
De ahí que, añaden, el Estado Mexicano como promotor de los derechos humanos, y como parte de su compromiso con las personas refugiadas, debe contemplar en su legislación, además de las personas que son perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones, a las personas que son perseguidas por sus preferencias sexuales.
Las senadoras priistas señalan que la población con preferencias sexuales que difieren con los cánones imperantes pueden ser víctimas de discriminación, rechazo y violencia por parte de su comunidad y familia.
En muchos países, añaden, los gobiernos acosan, discriminan y detienen de forma arbitraria a las personas LGBTI, y en otros se encuentra como delito tipificado las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha expresado que puede considerarse que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales pertenecen a determinado grupo social, y bajo este tenor, las solicitudes de estatus de refugiado basadas en las preferencias sexuales también se pueden vincular a otros motivos que se encuentran en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, en particular las opiniones políticas y la religión, menciona el texto.
Las senadoras que impulsan la reforma son Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera.
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