LIMA.- Después de seis años de intentos, finalmente, los padres de familia podrán supervisae en la elaboración de textos escolares. Esto tras la aprobación del pleno del Congreso del proyecto de ley N° 904-2021, el cual ordena que el contenido de los materiales educativos pase por la revisión de determinadas organizaciones de padres.De no cumplirse ello, dice la iniciativa, habrá sanciones, destituciones y hasta la supresión de las páginas observadas de los libros.

El texto sustitutorio, que el último jueves recibió 88 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones, tiene como autor a Esdras Medina, de Renovación Popular, quien unió bajo esos mism apreciación a las bancadas de derecha e izquierda (RP, Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País, Acción Popular, APP).

Tras su aprobación, entidades como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la Defensoría del Pueblo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) alegaron que se trata de un grave retroceso en la implementación del enfoque de género en las escuelas, lo cual -en términos prácticos- apunta a construir relaciones equitativas entre hombres y mujeres, sin violencia ni discriminación. “Limita las competencias del Minedu para elaborar los materiales y la rectoría del MIMP en sus políticas de género”, dice la titular de la Mujer, Diana Miloslavich.

Esta norma plantea que los padres participen en el proceso de elaboración para las áreas de Personal Social; Desarrollo Personal, Ciudadanía y Educación Cívica; Ciencias Sociales; Descubrimiento del Mundo, y Ciencia y Tecnología no solo a través de las Apafa, sino también con asociaciones civiles constituidas e inscritas en Registros Públicos u otras instancias de representación.

Los padres, además, podrán impugnar los textos cuyo contenido vulnere los principios o donde no hayan participado. Al día siguiente, las escuelas deben suprimir el contenido de las páginas “observadas” de los libros y se prohibirá su uso en otras ediciones.

El Proyecto n° 904-2021, presentado en diciembre por Esdras Medina, señala que si un funcionario del sector Educación no consulta a los padres sobre el contenido de un texto escolar, podrá ser sancionado sin pago o, incluso, ser destituido.
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