ESPAÑA.- El Pleno del Tribunal Constitucional, manoseado por el Gobierno socialista de España, ha respaldado la reforma de la ley del aborto que permite que chicas de 16 y 17 puedan abortar sin necesidad de consentimiento paterno mientras siguen necesitando de su autorización -por ejemplo- para hacer una salida escolar.
El Constitucional ha tumbado el recurso que presentó Vox con una votación de siete votos a favor y cuatro en contra, reflejando la misma división que el año pasado cuando el tribunal avaló la ley de plazos promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y la magistrada Concepción Espejel anunciaron votos particulares, mientras que el borrador de sentencia de la magistrada Laura Díez fue aprobado sin modificaciones.
Vox argumentaba que la norma vulneraba principios constitucionales como la libertad, pluralidad y legalidad, así como los derechos a la igualdad, vida y libertad ideológica. Medidas incluidas en la nueva ley
La normativa mantiene los plazos fijados en 2010, permitiendo el aborto libre durante las primeras 14 semanas de gestación. Después de este periodo, se permite acabar con la vida del no nacido «excepcionalmente hasta la semana 22 en casos de grave riesgo para la vida o salud de la embarazada, o por graves anomalías fetales».
Entre las nuevas medidas de la reforma, se incluye que las mujeres puedan someterse a un aborto voluntariamente a partir de los 16 años sin necesidad de consentimiento de los padres o de sus representantes legales, eliminando el requisito introducido en 2015 por el Gobierno del PP conocido como la ‘minireforma’ de Rajoy.
A pesar de la gran cantidad de médicos objetores de conciencia que no quieren ser cómplices ni- como diría Francisco- sicarios, la nueva ley dicta que los centros sanitarios públicos deben garantizar la prestación del aborto.
Además, este Gobierno totalitario eliminará la obligación de informar a las mujeres sobre prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad y el plazo de reflexión de tres días. Una medida especialmente demandada por los abortorios que se lucran a costa de acabar con fetos humanos.
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