ARGENTINA.- El Gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, anunció la prohibición de tratamientos hormonales y cirugías de cambio de sexo en menores de 18 años.
La medida revierte una disposición incluida en la Ley de Identidad de Género aprobada en 2012, que permitía estos trámites con autorización de los padres o mediante intervención judicial.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la decisión en conferencia de prensa y destacó que la reforma busca proteger la salud de los menores.
“El Gobierno decidió modificar la ley de identidad de género y prohibir los tratamientos hormonales y las cirugías de adaptación corporal en menores de 18 años”, declaró Adorni.
La normativa vigente hasta ahora permitía a los menores acceder a tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos con el visto bueno de sus padres o, en caso de negativa, con la autorización de un juez.
Según el Gobierno, esta disposición ponía en riesgo la salud física y mental de los niños y adolescentes.
“Estas intervenciones a las que se exponen los niños suponen un grave riesgo para su salud, tanto física como mental, ya que suponen una interrupción en su proceso madurativo”.
Además, en muchos casos, los efectos de estos tratamientos y cirugías son irreversibles", ha asegurado Adorni.
El portavoz también ha argumentado que la decisión sigue una tendencia internacional, mencionando que "los países pioneros del cambio de sexo, como Reino Unido, Suecia, Finlandia y hasta hace poco Estados Unidos, están dando marcha atrás, prohibiendo a los menores someterse a estos procesos por considerarlos irreversibles y con consecuencias devastadoras a largo plazo".
En un comunicado oficial, el Gobierno ha defendido la prohibición como una medida que protege a los menores y previene los abusos.
"Lejos de afectar a un sector en particular, esta medida pretende garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores", ha señalado el documento.
Asimismo, el Ejecutivo ha considerado que "la ideología de género llevada al extremo y aplicada a los niños por la fuerza o la coacción psicológica constituye abuso infantil".
El comunicado también ha alertado sobre los riesgos de estos procedimientos sobre los menores, apuntando que "los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procesos irreversibles que en muchos casos implican la mutilación de órganos sanos, y que probablemente causen infertilidad, problemas cardiovasculares y consecuencias catastróficas para la salud mental".
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