LIMA.- La reciente decisión del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) de impulsar acciones dirigidas específicamente a organizaciones de la comunidad LGTBIQ+ genera preocupación y merece un amplio debate público.
Si bien el Estado tiene el deber de garantizar que ninguna persona sea discriminada y que todos los ciudadanos tengan acceso a las mismas oportunidades laborales, ello no debe traducirse en la promoción de agendas ideológicas desde las instituciones públicas.
En un contexto en el que millones de peruanos enfrentan el desempleo, la informalidad, los bajos salarios y la falta de oportunidades, resulta prioritario que el Ministerio de Trabajo concentre sus esfuerzos y recursos en atender estos problemas que afectan a toda la población, sin establecer privilegios o políticas focalizadas basadas en la identidad o la orientación sexual.
Las políticas públicas deben orientarse al bien común, respetando el principio de igualdad ante la ley y garantizando que los recursos del Estado beneficien a todos los peruanos por igual.
Finalmente, se exhorta a las autoridades a priorizar medidas que fortalezcan el empleo formal, impulsen la reactivación económica y respondan a las verdaderas necesidades de las familias peruanas, promoviendo el respeto a la diversidad de opiniones y al marco constitucional.
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