Colombia. El comunicador e influencer mexicano Samuel Adrián anunció que la Clínica de Género para Niños y Adolescentes de la Fundación Valle del Lili, en Colombia, habría dejado de brindar este tipo de atención especializada a menores de edad.

El anuncio se produce después de meses de controversia en torno al documental “Colombia: Fábrica de Niños Trans”, producido por Samuel Adrián junto a Somos Fundamento, en el que se cuestionan los tratamientos de transición de género aplicados a niños y adolescentes y se exponen testimonios y denuncias sobre sus posibles consecuencias.

El documental, estrenado inicialmente en diciembre de 2025 y posteriormente difundido de manera abierta, generó un intenso debate público en Colombia sobre la protección de los menores, el consentimiento, la responsabilidad médica y los límites de las intervenciones irreversibles durante la infancia.

UN DEBATE QUE LLEGÓ AL CONGRESO 
La controversia también ha trascendido al ámbito legislativo. El pasado 26 de agosto de 2026, una bancada provida del Congreso colombiano presentó el proyecto “Laura: niños no experimento”, denominado también “Ley Laura”, que busca prohibir las cirugías de cambio de sexo en menores de edad.

Los promotores de la iniciativa argumentan que el Estado debe reforzar la protección de niños y adolescentes frente a procedimientos que consideran irreversibles y cuestionan la suficiencia de la evidencia científica disponible.

SAMUEL ADRIÁN: “NO PODEMOS CALLAR” Samuel Adrián ha sostenido que su investigación busca poner en el centro del debate la protección de los menores y el derecho de los padres a conocer los riesgos asociados a determinados tratamientos.

Su activismo le ha generado además una controversia judicial en Colombia. En mayo de 2026, el comunicador denunció públicamente una orden de arresto y una multa relacionadas con el caso, mientras su defensa anunciaba acciones legales para responder a las acusaciones.

El anuncio del presunto cierre de la clínica vuelve a colocar en el centro de la discusión nacional una pregunta fundamental: ¿hasta dónde debe llegar la intervención médica en menores de edad cuando están en juego decisiones con posibles consecuencias permanentes?

El caso continúa generando posiciones encontradas y promete mantener abierto el debate sobre la protección de la niñez, la libertad de expresión, la responsabilidad médica y los derechos de los padres en Colombia.
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