MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS.– Una fuerte controversia se ha desatado en Massachusetts tras la entrada en vigor de una nueva legislación que amplía las condiciones legales para practicar abortos después de las 24 semanas de embarazo, dejando la decisión al criterio profesional del médico.
La polémica ley, identificada como Capítulo 188 de las Actas de 2026 (House Bill 5595), fue firmada el pasado 10 de agosto por la gobernadora demócrata Maura Healey. La norma elimina las restricciones anteriores que permitían abortos después de las 24 semanas únicamente bajo determinadas circunstancias relacionadas con la vida o salud de la madre y diagnósticos fetales graves o letales.
Con la modificación, la legislación establece que un aborto puede realizarse después de ese periodo de gestación basándose en el criterio profesional del médico.
113,477 FIRMAS NO FUERON SUFICIENTES PARA DETENER SU APLICACIÓN
Uno de los aspectos más controversiales es que la Coalición por una Atención Compasiva (Compassionate Care Coalition), integrada por organizaciones como Massachusetts Citizens for Life y Massachusetts Family Action, consiguió reunir y presentar 113,477 firmas certificadas para impulsar la suspensión y derogación de la legislación.
Sin embargo, el 6 de noviembre, la gobernadora Maura Healey firmó una declaración de emergencia que permitió que la ley entrara en vigor inmediatamente, evitando que el mecanismo de recolección de firmas pudiera suspender su aplicación.
La medida generó fuertes críticas de los sectores provida, que consideran que se ha debilitado la protección de los niños por nacer y cuestionan que se haya utilizado un mecanismo de emergencia para impedir la suspensión temporal de la norma.
LA BATALLA LEGAL Y CIUDADANA CONTINÚA
Pese a la entrada en vigor de la legislación, sus opositores mantienen la campaña para conseguir que la ciudadanía pueda decidir sobre su derogación mediante un referéndum previsto para noviembre de 2028, sujeto al cumplimiento de los requisitos legales y la certificación correspondiente.
El caso de Massachusetts vuelve a colocar en el centro del debate internacional la protección de la vida desde la concepción, los límites de la legislación sobre el aborto y el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones que afectan a las futuras generaciones.


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