BOLIVIA.- El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) firmó una sentencia mediante la cual ratifica la constitucionalidad del respeto a la vida desde la concepción y, en consecuencia, rechaza la despenalización del aborto en Bolivia, confirmó hoy en Sucre el magistrado de ese tribunal, Gualberto Cusi.

Dijo que, paralelamente, el TCP delega a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la responsabilidad de redactar y aprobar una ley para establecer una política pública sobre el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

"El razonamiento que se ha manejado es que se respeta la vida desde la concepción", afirmó Cusi, tras confirmar que ya firmó el fallo y que próximamente se informará sobre el detalle de su contenido.

Cuando se le consultó si éste implicaba paralelamente el rechazo a la despenalización del aborto, contestó: "Exacto, pero eso tampoco implica que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sean negados…en ese sentido debe ser la Asamblea Legislativa la que trabaje, mediante leyes o políticas públicas, la manera de proteger estos derechos que están reconocidos en la Constitución. Estamos delegando a la Asamblea Legislativa para que haga una ley apropiada y justa en este tema".

El presidenten del TCP, Ruddy Flores, confirmó a La Razón Digital que la sentencia ya fue aprobada, con votos disidentes, y anunció que el lunes se conocerá públicamente su contenido.

"Es una sentencia que nos ha llevado mucho tiempo y esfuerzo, pero creemos que se ha llegado a un fallo donde se está observando principalmente el interés de la sociedad en el marco de los principios, valores y la protección de los derechos que plantea la Constitución. Es un fallo que realmente va a marcar un análisis diferente respecto de la protección de los derechos de la mujer, los derechos sexuales reproductivos, y de cómo el Estado debe empezar a encarar el tratamniento del aborto en el país", afirmó.

El 6 de febrero ya se había informado que cuatro de los siete magistrados del TCP lograron un consenso para el fallo sobre el recurso contra la penalización del aborto y que la resolución sería “salomónica” y en apego a la Constitución Política del Estado (CPE).

La demanda fue aceptada por el TCP el 15 de marzo de 2012, cuando la diputada Patricia Mansilla (MAS) presentó una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos del Código de Procedimiento Penal que penalizan la práctica del aborto, lo que derivó en divergencias en el oficialismo y polémica en sectores. El mismo presidente Evo Morales afirmó que el aborto es un delito, pese a que algunos de sus ministros se expresaran en favor de la práctica quirúrgica.

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