BRASIL.-Con su fama de carnaval y vida de playa, Brasil puede parecer un bastión "liberal". Pero la inquietud sobre el deterioro de la economía y la seguridad pública, además de una reacción contra el reciente avance en los derechos de los gay, están impulsando un ascenso poderoso del poder conservador pro familia que dará forma al próximo gobierno, independientemente de quién gane la presidencia.

En las elecciones generales celebradas el 5 de octubre, una mayor proporción de los escaños del Congreso de Brasil terminó en manos de diversas bancadas conservadoras pro familia, que ahora controlan casi el 60 por ciento de los 513 asientos de la Cámara baja. Estas incluyen a legisladores evangélicos que se oponen al matrimonio gay o al aborto; a los "ruralistas'', cuyas posiciones a favor de la agricultura los enfrentan a los ambientalistas y a grupos indígenas; y una facción en favor de la aplicación de medidas policiales que exige una ofensiva contra el crimen.

De cara a la segunda vuelta presidencial del 26 de octubre no hay duda de que esos conservadores apoyan en mayor medida al opositor de centroderecha Aécio Neves por encima de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff. Pero también es claro que ninguno de los dos candidatos presidenciales es tan socialmente conservador como los grupos pro familia cada vez más poderosos del Congreso. "Brasil es uno de los muy pocos países latinoamericanos donde el Parlamento es más importante que el presidente en términos de poder global en el proceso de toma de decisiones'', señaló Thiago de Aragao, analista político de la consultora Arko Advice en Brasilia. "El Parlamento ganaría en una pulseada contra la presidencia, porque el arma principal del Parlamento es simplemente cruzarse de brazos y no votar sobre asuntos de gran interés para el gobierno''.

A pesar de su aspecto de liberalidad, Brasil es socialmente conservador, al igual que muchos países latinoamericanos predominantemente pro familia pro vida. En recientes encuestas de opinión, más del 80 por ciento se opone a relajar las restrictivas leyes sobre aborto o a legalizar la marihuana, y poco más de la mitad está en contra del matrimonio gay. Sin embargo, desde que Brasil regresó a la democracia en 1985, tanto los presidentes como el sistema judicial han hecho avanzar proyectos “progresistas”, como la protección de franjas de selva y reservas indígenas, o un fallo de la Corte Suprema que permite uniones civiles entre personas del mismo sexo. Algunos predicen que las crecientes fuerzas conservadoras pro familia pro vida podrían revertir esos cambios. La bancada evangélica pro familia vota al unísono sobre estas cuestiones controvertidas y está dispuesta a bloquear proyectos de la Presidencia, pues sabe que representa un segmento creciente del electorado. Aunque los católicos aún son mayoría en Brasil, desde 1970 esta religión se ha reducido de más de 90 por ciento a 65 por ciento, mientras que los protestantes han crecido de 5 a 22 por ciento, según el Centro de Investigación Pew.

Bloqueo exitoso
Durante el primer mandato de Rousseff, la bancada evangélica pro familia bloqueó su esfuerzo para promover la enseñanza de tolerancia a los homosexuales en las escuelas y logró que su legislador más abiertamente antigay, el diputado Marco Feliciano, fuera nombrado jefe de la Comisión de Derechos Humanos, una medida que provocó la condena de Amnistía Internacional. En las elecciones del 5 de octubre, Feliciano fue reelegido en San Pablo con casi el doble de los votos que sacó hace cuatro años.
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