LIMA.- La Defensoría del Pueblo recomendó implementar políticas públicas para garantizar y proteger los derechos de personas gays, lesbianas, bisexuales, intersex y trans en el documento “Derechos humanos de las personas LGTBI: Necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú”. En dicho texto, según la Defensoría señala que la falta de una política pública ha provocado que las pocas iniciativas que se han promovido no cuenten con recursos, sostenibilidad ni generen el impacto esperado.

 “Esta situación se hubiera podido empezar a superar con su inclusión en el Plan Nacional de Derechos Humanos, del cual fueron inexplicablemente excluidos en años anteriores”, sostuvo el defensor César Cárdenas Lizarbe.

De la misma forma, explicó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como el Ministerio Público han identificado 38 muertes violentas de integrantes de este sector durante los años 2012-2014. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala en su último monitoreo sobre la violencia contra las personas LGBTI, entre enero de 2013 y marzo de 2014 se registraron 17 asesinatos y 7 afectaciones a su integridad.

Cárdenas Lizarbe, sostuvo que también existen barreras para el ejercicio y disfrute de los derechos a la identidad y la salud. “Sobre el primero, las personas trans afrontan serias dificultades para que sus documentos de identidad reflejen su propia identidad.

El cambio de nombre y/o sexo de una persona trans forma parte de su derecho a la identidad, por lo que debe ser reconocida y facilitada por el Estado”, dijo. En la misma línea, indicó que las personas LGBTI padecen dificultades para el acceso, oportunidad y calidad en los servicios de salud.

“Diversos testimonios dan cuenta que al acudir a los servicios de salud se les estigmatiza y no se visibilizan las enfermedades que requieren de atención prioritaria, como la salud sexual, reproductiva y mental.

Es importante que el sistema de salud pública incorpore plenamente en sus prácticas un trato adecuado y respetuoso de ese colectivo”, señaló. Recordó que la atención de salud por parte del Estado está enfocada en la prevención y tratamiento del VIH/Sida y las ITS, sin existir protocolos que tomen en cuenta la orientación sexual y la identidad de género de las personas en los diversos niveles de atención.

Por estas razones, el defensor del Pueblo saliente recomendó al Congreso de la República la aprobación de una ley que reconozca la identidad de género de las personas trans y la modificación del Código Penal para incluir la orientación sexual e identidad de género como categorías prohibidas de discriminación.

Asimismo, se ha recomendado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se les incorpore en el próximo Plan Nacional de Derechos Humanos. En salud, se ha sugerido al Ministerio de Salud incrementar el presupuesto de la estrategia de VIH/Sida para fortalecer las acciones destinadas a favor de las poblaciones más afectadas por esta epidemia, así como implementar servicios específicos en salud sexual, reproductiva y mental. Además, se ha recomendado al INEI incorporar la temática de orientación sexual e identidad de género en encuestas y censos para contar con información que permita desarrollar políticas públicas a su favor.

De igual modo, se aconsejó desarrollar acciones de capacitación para policías, fiscales y jueces en materia de igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género, producir datos estadísticos para conoces sus necesidades, entre otras.
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