ESPAÑA.- El Consejo de Ministros Español aprobó la «ley trans», la cual le permite a jóvenes desde los 16 años cambiar su género biológico desde el registro legal sin autorización de sus padres.

“Ahora lideramos el camino en la defensa de los derechos de las personas LGTBI y transgénero”, dijo la ministra de Igualdad, Irene Montero, y manifestó que ahora todos ya pueden sentirse orgullosos de esa ley.

Según el gobierno, el objetivo de la ley “es avanzar en la despatologización de la transexualidad y la autodeterminación de género”, lo que a la vez le quita toda potestad de los padres a los hijos con este tipo de reglamentos que dejan de lado la autoridades familiares.

La propuesta aprobada por el Consejo, detalla que los menores de 12 años no pueden cambiar su identificación sin tener autorización judicial, quienes evaluarán su madurez y estabilidad del joven; a partir de los 16 años, se solicitará apoyo de tutores legales o los mismos padres si hay desacuerdos y no se pedirán pruebas de testigos o declaraciones además de informes psiquiátricos ni terapias hormonales.

A los tres meses del cambio serán sometidos a evaluaciones, y si la persona se arrepiente del mismo el proceso se revertirá después de seis meses, además de no presentar cambios en sus derechos y obligaciones legales por el género escogido.

Asimismo, ya se condenaron las terapias de conversión, la cual ofrece asesoramiento a las personas que quieren cambiar su orientación sexual, dándoles así acceso a todos los protocolos sanitarios a las personas trans y una inclusión total a tratamientos de reproducción asistida.

“La vida LGTBI no necesita cura”, dijo Montero al respecto expresando que incluirán la diversidad en la educación y así presentarlo en todos los planes educativos.

Para quienes no acaten las normativas, hay sanciones que van desde leves hasta graves con multas desde los 100 mil euros, esto específicamente con quienes cometan cualquier tipo de discriminación, incluyendo los educativos.

La comunidad cristiana desde 202 manifestó su oposición a dicha ley «que pone en riesgo a mujeres y menores de edad con una propuesta que ignora la medicina y la ciencia».

Quienes están en contra manifiestan que de aprobarse completamente la ley solo desencadenaría problemas sociales, como la restricción de la libertad de conciencia y la libertad de expresión dejando de lado la sociedad y la familia.
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