BRASIL.- El reciente fallo judicial en Brasil ha generado preocupación en amplios sectores ciudadanos y defensores de la libertad de expresión, luego de que el diputado federal Nikolas Ferreira fuera condenado al pago de una indemnización por “daños morales” tras expresar públicamente que una persona biológicamente masculina, aunque se identifique como mujer, sigue siendo un hombre.
La sentencia, emitida por un tribunal brasileño, ordena al parlamentario el pago de 40 mil reales, al considerar que sus declaraciones constituyeron una ofensa a la identidad de género de una persona trans. El caso no se trata de un delito penal, sino de una sanción civil por presunto daño moral.
No obstante, el fallo ha sido presentado por diversos medios como si se tratara de un “crimen” llamar hombre a un hombre, lo cual no es exacto jurídicamente.
En Brasil no existe una ley que criminalice de forma general la expresión de opiniones basadas en la biología o la ciencia, sino que se trata de una interpretación judicial específica aplicada a este caso concreto. Este precedente judicial ha reavivado el debate sobre los límites entre la lucha contra la discriminación y la libertad de conciencia, pensamiento y expresión, especialmente cuando se sanciona a un representante electo por expresar una postura compartida por millones de ciudadanos.
Diversos analistas advierten que este tipo de decisiones judiciales podrían abrir la puerta a la censura de opiniones legítimas, afectando el debate democrático y el derecho a expresar convicciones basadas en la ciencia, la fe o la razón.
Desde distintos espacios se recuerda que la verdad biológica no puede ser anulada por resoluciones judiciales, y que sancionar opiniones constituye un serio riesgo para las libertades fundamentales en cualquier democracia.
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