Bruselas, Bélgica. - Diversos sectores sociales, organizaciones civiles, comunidades religiosas, juristas y defensores de los derechos humanos han expresado serias preocupaciones y críticas frente a la reciente resolución aprobada por el Parlamento Europeo en respaldo a la iniciativa “My Voice, My Choice”, al considerar que dicha postura abre la puerta a una grave vulneración del derecho a la vida y a la soberanía de los Estados miembros.
1. No es una resolución neutral: promueve una agenda ideológica Aunque se presenta como un mecanismo de “solidaridad” y “salud”, la resolución es vista por muchos analistas como un acto político ideologizado, que busca normalizar y promover el aborto como un derecho humano, cuando no existe ningún tratado internacional vinculante que reconozca el aborto como tal.
Críticos señalan que el Parlamento Europeo excede su rol político, alineándose con una agenda cultural específica que ignora deliberadamente la protección del concebido, un principio reconocido en muchas constituciones nacionales y tradiciones jurídicas europeas.
2. Atenta contra la soberanía de los Estados miembros Uno de los cuestionamientos más reiterados es que, aunque la resolución no es formalmente vinculante, sí ejerce presión política y financiera sobre los Estados miembros que mantienen legislaciones protectoras de la vida desde la concepción.
El uso de fondos europeos comunes, financiados por todos los contribuyentes —incluidos aquellos de países donde el aborto está restringido— es considerado por muchos como una imposición indirecta que socava la soberanía nacional y el principio de subsidiariedad, pilares fundamentales de la Unión Europea.
3. Uso de recursos públicos para eliminar vidas humanas Organizaciones provida y expertos en bioética denuncian que esta iniciativa destinaría recursos públicos a la práctica del aborto, lo que implica, en términos reales, financiar la eliminación de seres humanos en su etapa más vulnerable.
Desde esta perspectiva, la medida es vista como éticamente inaceptable, ya que el Estado —o en este caso, una entidad supranacional— debería priorizar políticas de apoyo a la maternidad, a la familia y a la vida, en lugar de promover su eliminación como solución a problemas sociales o económicos.
4. Invisibiliza alternativas reales para las mujeres
Otra crítica central es que la resolución reduce el concepto de “salud y derechos reproductivos” casi exclusivamente al aborto, dejando en segundo plano alternativas fundamentales como:
Apoyo integral a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad Políticas de acompañamiento psicológico y social
Programas de adopción ágiles y humanos Protección laboral y económica a la maternidad Educación preventiva y responsable Para muchos críticos, esta visión empobrece el debate y presenta el aborto como una “salida fácil”, sin atender las causas estructurales que empujan a muchas mujeres a tomar esa decisión bajo presión.
5. Contradicción con el derecho humano más básico:
Apoyo integral a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad Políticas de acompañamiento psicológico y social
Programas de adopción ágiles y humanos Protección laboral y económica a la maternidad Educación preventiva y responsable Para muchos críticos, esta visión empobrece el debate y presenta el aborto como una “salida fácil”, sin atender las causas estructurales que empujan a muchas mujeres a tomar esa decisión bajo presión.
5. Contradicción con el derecho humano más básico:
El derecho a la vida
Juristas y defensores del derecho natural advierten que no puede hablarse coherentemente de derechos humanos mientras se niega el primero y más fundamental de ellos: el derecho a la vida.
Sostienen que ningún derecho puede construirse sobre la negación de otro ser humano, y que el lenguaje de “libertad” y “autonomía” utilizado en la resolución elude deliberadamente la existencia del niño por nacer, convirtiéndolo en el gran ausente del debate.
6. Profunda división social en Europa Lejos de generar consenso, esta resolución profundiza la polarización en Europa, enfrentando a pueblos, gobiernos y ciudadanos con visiones radicalmente distintas sobre la vida, la familia y la dignidad humana.
Sectores críticos advierten que imponer estas políticas desde instancias supranacionales desconecta a la Unión Europea de sus raíces culturales, humanistas y cristianas, y puede erosionar aún más la confianza ciudadana en las instituciones europeas.
Conclusión crítica
Para sus detractores, la resolución del Parlamento Europeo no representa un avance en derechos humanos, sino un retroceso ético y civilizatorio, al priorizar una agenda ideológica sobre la protección de la vida, la familia y la soberanía de los Estados.
Desde esta óptica, se hace un llamado urgente a defender la vida desde la concepción, fortalecer políticas de apoyo a la maternidad y a la familia, y respetar el derecho de los pueblos a decidir, conforme a sus valores y ordenamientos jurídicos, sobre asuntos tan trascendentales.
Sostienen que ningún derecho puede construirse sobre la negación de otro ser humano, y que el lenguaje de “libertad” y “autonomía” utilizado en la resolución elude deliberadamente la existencia del niño por nacer, convirtiéndolo en el gran ausente del debate.
6. Profunda división social en Europa Lejos de generar consenso, esta resolución profundiza la polarización en Europa, enfrentando a pueblos, gobiernos y ciudadanos con visiones radicalmente distintas sobre la vida, la familia y la dignidad humana.
Sectores críticos advierten que imponer estas políticas desde instancias supranacionales desconecta a la Unión Europea de sus raíces culturales, humanistas y cristianas, y puede erosionar aún más la confianza ciudadana en las instituciones europeas.
Conclusión crítica
Para sus detractores, la resolución del Parlamento Europeo no representa un avance en derechos humanos, sino un retroceso ético y civilizatorio, al priorizar una agenda ideológica sobre la protección de la vida, la familia y la soberanía de los Estados.
Desde esta óptica, se hace un llamado urgente a defender la vida desde la concepción, fortalecer políticas de apoyo a la maternidad y a la familia, y respetar el derecho de los pueblos a decidir, conforme a sus valores y ordenamientos jurídicos, sobre asuntos tan trascendentales.
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