MÉXICO.- Diversas organizaciones civiles de la región han expresado su profunda preocupación ante las recientes decisiones y pronunciamientos judiciales en México que podrían dar pie a la imposición del llamado "lenguaje inclusivo" en el ámbito educativo, sin el consentimiento de los padres.
Según información difundida por plataformas ciudadanas, sectores del poder judicial estarían cuestionando las disposiciones adoptadas por las autoridades locales que buscan preservar el uso del español conforme a sus reglas gramaticales tradicionales en las instituciones educativas. Esta situación ha generado un amplio debate público sobre los límites del Estado en materia educativa y el respeto al derecho preferente de los padres a decidir sobre la formación moral y lingüística de sus hijos.
Especialistas en educación y lingüística recuerdan que el llamado lenguaje inclusivo no forma parte del español estándar, como ha señalado reiteradamente la Real Academia Española, y que su introducción obligatoria en las aulas podría causar confusión en el proceso de aprendizaje, especialmente en niños y adolescentes.
Asimismo, organizaciones pro familia advierten que ninguna autoridad judicial o administrativa debe imponer enfoques ideológicos en la educación sin un amplio debate democrático y sin considerar la opinión de las familias, principales responsables de la educación de sus hijos.
"Este no es solo un debate lingüístico, sino un debate sobre libertades fundamentales. Defender la lengua y el derecho de los padres no es discriminar, es proteger la educación y el desarrollo integral de los menores", declararon portavoces de la sociedad civil.
Finalmente, se hizo un llamado a las autoridades de la región para que respeten el principio de neutralidad ideológica en la educación, garanticen la participación de los padres en las decisiones educativas y eviten imponer agendas que no cuenten con consenso social.
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