Washington D.C.– Planned Parenthood International informó el despido de cerca de mil trabajadores como consecuencia del retiro de financiamiento público estadounidense, una medida impulsada durante la administración del expresidente Donald Trump.
El recorte presupuestal afectó directamente a clínicas y programas vinculados a la práctica del aborto, generando una reducción significativa en la operatividad de la organización tanto en Estados Unidos como en el ámbito internacional.
Según reportes institucionales, la falta de fondos obligó al cierre de servicios y a la reestructuración interna de personal.
La decisión de retirar recursos estatales a Planned Parenthood se enmarca dentro de una política más amplia orientada a evitar que fondos públicos sean destinados a entidades relacionadas con el aborto. Esta línea de acción fue una de las prioridades del movimiento provida durante la administración Trump y formó parte de una agenda que buscó reforzar la protección de la vida desde la concepción. Diversos sectores han señalado que el uso de recursos públicos debe responder al interés general y al respeto de principios éticos fundamentales, especialmente en lo referente a la defensa de la vida humana y el fortalecimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad. Este escenario reabre el debate internacional sobre el destino del financiamiento estatal, el rol de las organizaciones privadas en temas de salud reproductiva y los límites del apoyo público a prácticas que generan una profunda división social.
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