LIMA.- Por fin se va a empezar a intervenir a la mafia de ONG que trafican con los intereses del pueblo y atentan contra el orden constitucional y la seguridad del Estado peruano.
La estupenda ley recién aprobada permite que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), junto a la Sunat y a la UIF, fiscalice el funcionamiento de organizaciones que han conformado una red de poder paralelo que atenta directamente contra el Estado de derecho y la institucionalidad republicana, en alianza abierta con intereses de potencias y grupos extranjeros, y hasta con la subversión terrorista.
Las ONG no son ilegales ni ilegítimas. El problema se plantea cuando, bajo el paraguas de la cooperación internacional, trafican con fondos de origen incierto (tipo Soros) y desarrollan programas que colisionan con el recto interés del Estado democrático.
La reciente intervención a la USAID ha demostrado, por ejemplo, que multimillonarios recursos tomados de los impuestos de ciudadanos estadounidenses servían para financiar proyectos absolutamente contraproducentes: desde el fortalecimiento de movimientos homosexuales alrededor del mundo hasta financiamiento para la banda palestina Hamás y sus atentados criminales contra Israel.
En cuanto al Perú, es evidente que se bancan agendas perversas: la difusión de la ideología de género, el globalismo, la Agenda 2030, la normalización de la transexualidad entre los niños, el empoderamiento de las abortistas, el impedimento del uso racional de los recursos naturales de nuestra Amazonía, la antiminería, las restricciones contra la pesca formal, el azuzamiento de la protesta social hasta extremos subversivos, el separatismo aymara, el desprestigio de las instituciones públicas como el Parlamento y la PNP, etc.
Un caso peligroso es el de IDL, que ha infiltrado todo el sistema de justicia, controlando a jueces y fiscales y fomentando el intervencionismo ilegítimo de instancias supranacionales como la CIDH. Ha cooptado, además, a periodistas y medios de comunicación para fines macabros, como el golpe de Estado de noviembre del 2020, además de perseguir judicialmente por décadas a militares y policías que enfrentaron al terrorismo de SL y el MRTA.
Con la nueva ley, las ONG serán fiscalizadas en sus programas y en la administración de sus fondos, lo cual es fundamental por transparencia; además, no podrán litigar judicial ni administrativamente contra el Estado.
¿Quiénes se oponen? Evidentemente, la mafia caviar que controla las ONG prosubversivas y países, sobre todo europeos, que harían mejor en no meterse en los actos propios de nuestra soberanía nacional.
Por: Hugo Guerra Arteaga
LA ABEJA
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