LIMA.- El Movimiento Nacional Pro Familia expresó su saludo institucional por la publicación, en el Diario Oficial El Peruano, de la Ley N.° 32535 – Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, una norma que marca un hito en la defensa del orden constitucional, la soberanía normativa del Estado peruano y el respeto a la verdad antropológica de la persona humana.
La nueva ley reafirma el sentido original de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a la Constitución Política del Perú, excluyendo de manera expresa la ideología de género del marco legal del Estado.
De este modo, se restituye un enfoque jurídico coherente con la realidad biológica, la dignidad humana y los principios que históricamente han sostenido la legislación peruana en materia de familia, educación y derechos fundamentales.
El Movimiento Nacional Pro Familia destaca el firme compromiso de la congresista Milagros Jáuregui, autora de esta iniciativa legislativa, quien ha demostrado valentía política y claridad de principios al impulsar una norma que responde al sentir mayoritario de la sociedad peruana y a la necesidad de preservar la neutralidad ideológica del Estado.
Alcances relevantes de la Ley N.° 32535 Entre los principales aspectos que contempla esta ley, se destacan los siguientes:
1. Igualdad desde su sentido constitucional original La norma promueve la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sin reinterpretaciones ideológicas, garantizando el respeto a la complementariedad entre ambos sexos y a la realidad biológica, en concordancia con el marco constitucional vigente.
2. Reforma del enfoque de la Educación Sexual Integral La ley reorienta la Educación Sexual Integral hacia una formación científica, biológica, ética y basada en valores, fortaleciendo el rol de la familia como primer agente educativo y protegiendo el derecho de los padres a decidir sobre la formación moral de sus hijos.
3. Salvaguarda de la independencia del sistema de justicia Se establece la restricción para que organizaciones no gubernamentales que mantengan litigios contra el Estado peruano capaciten a jueces y fiscales en materias vinculadas al enfoque de género, evitando conflictos de interés y garantizando la imparcialidad del sistema judicial.
Para el Movimiento Nacional Pro Familia, la promulgación de esta ley representa un avance significativo en la defensa de la familia como institución natural y fundamental de la sociedad, así como en la protección integral de la niñez y adolescencia frente a imposiciones ideológicas ajenas a nuestra cultura, historia y valores.
Esta norma fortalece la soberanía moral del Estado peruano, reafirma el principio de legalidad y contribuye a la construcción de políticas públicas centradas en la persona humana, el bien común y el respeto irrestricto a la Constitución señala el comunicado.
Añade el comunicado el Compromiso permanente del Movimiento Nacional Pro Familia en reafirma su compromiso de mantenerse vigilante, firme y unido, respaldando toda iniciativa legislativa, social o educativa que promueva el fortalecimiento de la familia peruana, la defensa de los derechos de los padres, la protección de la niñez y la preservación de los principios fundamentales que sostienen a la Nación.
De este modo, se restituye un enfoque jurídico coherente con la realidad biológica, la dignidad humana y los principios que históricamente han sostenido la legislación peruana en materia de familia, educación y derechos fundamentales.
El Movimiento Nacional Pro Familia destaca el firme compromiso de la congresista Milagros Jáuregui, autora de esta iniciativa legislativa, quien ha demostrado valentía política y claridad de principios al impulsar una norma que responde al sentir mayoritario de la sociedad peruana y a la necesidad de preservar la neutralidad ideológica del Estado.
Alcances relevantes de la Ley N.° 32535 Entre los principales aspectos que contempla esta ley, se destacan los siguientes:
1. Igualdad desde su sentido constitucional original La norma promueve la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sin reinterpretaciones ideológicas, garantizando el respeto a la complementariedad entre ambos sexos y a la realidad biológica, en concordancia con el marco constitucional vigente.
2. Reforma del enfoque de la Educación Sexual Integral La ley reorienta la Educación Sexual Integral hacia una formación científica, biológica, ética y basada en valores, fortaleciendo el rol de la familia como primer agente educativo y protegiendo el derecho de los padres a decidir sobre la formación moral de sus hijos.
3. Salvaguarda de la independencia del sistema de justicia Se establece la restricción para que organizaciones no gubernamentales que mantengan litigios contra el Estado peruano capaciten a jueces y fiscales en materias vinculadas al enfoque de género, evitando conflictos de interés y garantizando la imparcialidad del sistema judicial.
Para el Movimiento Nacional Pro Familia, la promulgación de esta ley representa un avance significativo en la defensa de la familia como institución natural y fundamental de la sociedad, así como en la protección integral de la niñez y adolescencia frente a imposiciones ideológicas ajenas a nuestra cultura, historia y valores.
Esta norma fortalece la soberanía moral del Estado peruano, reafirma el principio de legalidad y contribuye a la construcción de políticas públicas centradas en la persona humana, el bien común y el respeto irrestricto a la Constitución señala el comunicado.
Añade el comunicado el Compromiso permanente del Movimiento Nacional Pro Familia en reafirma su compromiso de mantenerse vigilante, firme y unido, respaldando toda iniciativa legislativa, social o educativa que promueva el fortalecimiento de la familia peruana, la defensa de los derechos de los padres, la protección de la niñez y la preservación de los principios fundamentales que sostienen a la Nación.
Finalmente agrega un llamado a la ciudadanía, a las instituciones públicas y privadas, y a los medios de comunicación, a informarse con objetividad sobre los alcances de esta ley y a trabajar de manera conjunta por un Perú que respete la dignidad humana, la familia y el orden constitucional.
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