VENEZUELA.- Diversos sectores de la ciudadanía, organizaciones civiles y defensores de la familia, entre ellos el Movimiento Internacional Pro Familia, han manifestado su profunda preocupación tras las recientes declaraciones de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que elabore una doctrina que reconozca la diversidad sexual y política como un "derecho humano fundamental".
Las organizaciones firmantes consideran alarmante que desde los más altos niveles del poder político se pretenda utilizar el sistema judicial para promover reinterpretaciones ideológicas de los derechos humanos, sin un debate democrático amplio, transparente y participativo.
Señalaron que la defensa de los derechos humanos debe garantizar la dignidad y el respeto de todas las personas, pero advirtieron que esto no puede convertirse en un instrumento para imponer visiones ideológicas únicas ni limitar libertades fundamentales como la libertad de conciencia, la libertad religiosa y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos según sus valores y principios.
Asimismo, expresaron su preocupación por el uso ambiguo del concepto de "diversidad", advirtiendo que podría abrir la puerta a profundos cambios en instituciones fundamentales de la sociedad sin el apoyo directo de la ciudadanía ni procesos legítimos de consulta popular.
«Las transformaciones culturales y jurídicas de una nación deben surgir del debate libre, el consenso social y los auténticos mecanismos democráticos, no de decisiones promovidas por estructuras de poder político o judicial», afirmaron representantes de diversos sectores sociales.
Asimismo, advirtieron sobre el riesgo de que conceptos sensibles se utilicen con fines políticos o partidistas, debilitando el verdadero espíritu universal de los derechos humanos y generando una mayor polarización en la sociedad venezolana.
Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad internacional, las instituciones democráticas y la sociedad civil para que permanezcan vigilantes ante cualquier intento de instrumentalizar los derechos humanos para promover agendas ideológicas, reafirmando al mismo tiempo su compromiso con la defensa de la familia, la libertad y los valores fundamentales que sustentan a las naciones.
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