ECUADOR.- La discusión en el órgano legislativo de Ecuador del tema del aborto mantiene dividida hoy a la sociedad entre quienes respaldan esa práctica tras una violación y los que abogan por su penalización absoluta.
La legislación vigente permite esta posibilidad en una mujer demente o idiota, o sea con discapacidad mental, sin embargo el resto de las féminas está limitada de decidir sobre su reproducción aunque no tenga las condiciones socio-económicas para asumir la maternidad.
El nuevo Código Penal Integral por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional plantea la inimputabilidad de la interrupción del embarazo luego de un embarazo violento y también en caso de que peligre la vida o la salud de la mujer.
Ramiro Rivadeneira, Defensor del pueblo, se pronunció en el Parlamento porque no sean sancionadas con prisión a aquellas mujeres que interrumpan su estado de gestación cuando fueron obligadas a una relación sexual.
Señaló que en Ecuador es una realidad el hecho de que miles de mujeres pierdan la vida a causa de haberse realizado un aborto de forma clandestina, y opinó que si ellas no pueden elegir, las autoridades no tendrán a quién reclamarle la atención de esos hijos.
Por su parte el grupo Provida rechaza esa posibilidad al argumentar que la violación se convertiría en un pretexto para decidir si se procrea un hijo o no.
También se alega que aceptar esa práctica irrespeta el artículo 45 de la Constitución que garantiza la vida desde la concepción.
Cifras del Ministerio de Inclusión Económica y Social, citadas por el portal digital Ecuadorinmediato, precisan que de enero a mayo del 2012 se registraron 251 casos de violación, en su mayoría cometidos en el ámbito familiar.
Otras estadísticas indican que una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia sexual en este país suramericano, donde tres mil 684 niñas son madres a los 10 años.
Quienes defienden la posibilidad del aborto señalan que un número importante de esas menores de edad no pudieron decidir o controlar esa relación sexual, y en no pocos casos fueron violadas tras ser víctimas de la violencia.
Incluso, alegan, la mayoría de estas agresiones físicas y sexuales se producen dentro de los entornos familiares de las niñas, muchas de ellas bajo el cuidado de sus abuelos, tíos o tutores tras la emigración de sus padres.
Verónica Vera, del Frente de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, consideró que se debe encontrar una ley plural que incluya a las dos posturas en base a la diversidad y expresó que el tema debe ser despenalizado para evitar que las mujeres sean señaladas por la sociedad.
Los temores se acrecientan debido a que varios sectores feministas señalan que proseguirán la lucha hasta que sea legalizada la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, siempre y cuando la mujer decida si continúa o no su gestación, como parte de un derecho reproductivo. Entre otros acápites, el nuevo Código Penal incluye la privación de libertad de tres a seis años para quienes ingieran alimentos, bebidas o medicamentos para abortar, y de uno a cinco años cuando se ha premeditado un hecho violento para malograr la gestación.
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