Las pautas emitidas en 2016, todavía con Obama al frente de la Oficina Oval, advertían a los estados que poner fin al financiamiento del programa Medicaid para Planned Parenthood u otros proveedores de servicios de salud que ofrecen abortos, “podría ser contrario a la ley federal”.
La administración de Obama argumentaba que la ley que sustentaba Medicaid solo permitía a los estados excluir a los proveedores del programa “si estos proveedores no podían realizar los servicios cubiertos o si no podían facturar esos servicios”, según informa el prestigioso sitio web de Washington, The Hill.
Con una carta, enviada a los directivos del Medicaid en cada Estado, la administración de Trump rescindió esta guía argumentando que “era parte de los esfuerzos del gobierno de Obama por favorecer el derecho al aborto”.
“Restablecer las normas anteriores a 2016 libera a los estados para decidir por sí mismos qué estándares razonables usen para proteger a los programas de Medicaid y sus beneficiarios”, dijo Charmaine Yoest, secretaria adjunta de asuntos públicos de Salud y Servicios Humanos, hoy durante la conferencia de prensa en la que se anunció la decisión del gobierno federal.
“Esto es parte del esfuerzo de la administración Trump para hacer retroceder las regulaciones que la administración de Obama lanzó para favorecer radicalmente el aborto”, subrayó Yoest. Algunos estados –como Texas—habían querido eliminar el financiamiento a centros de aborto favorecidos por el Medicaid, pero la guía establecida por el presidente Obama lo había impedido.
Los grupos que participan en la Marcha por la Vida y, en general, todos los grupos que se oponen al aborto, han visto con muy buenos ojos la decisión del gobierno de Trump, pues consideran que, con ella, los contribuyentes estadounidenses ya no tendrán que financiar el aborto, especialmente a Planned Parenthood.
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