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LIMA.- El congresista Alejandro Muñante, miembro de la bancada de Renovación Popular, exigió formalmente a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) la adopción de medidas correctivas urgentes tras la inscripción de una propiedad a nombre de una pareja homosexual casada en el extranjero.

Según el legislador, esta acción contradice la Constitución Política del Perú, el Código Civil y diversas sentencias del Tribunal Constitucional.

Mediante el Oficio n.° 018-2025-2026-AMB/CR, Muñante cuestionó la Resolución n.° 1868-2016-SUNARP-TR-L, mediante la cual el Tribunal de Registro ordenó la inscripción de la venta a favor de un matrimonio homosexual celebrado en Nueva York.

"He tomado nota de que dicha resolución ordenó la inaplicación del precedente contenido en la Resolución n.° 1987-2013-SUNARP-TR-L, que denegó una solicitud similar por no reconocer la validez de estos matrimonios en el Perú", indicó el congresista en el documento dirigido a la superintendencia.

El parlamentario también señaló que la decisión del Tribunal de Registro viola abiertamente los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional (TC) en los expedientes 02743-2021-AA-TC y 02643-2021-PA-TC, en los que el máximo órgano constitucional ratificó que los matrimonios homosexuales celebrados en el extranjero no tienen efectos legales en el país.

"No todo derecho adquirido fuera del Perú tiene que ser reconocido como válido en el Perú", cita una de las sentencias del TC que Muñante incluyó en su escrito.

Según el legislador, el registro realizado por la Sunarp contradice la noción de matrimonio definida en la Constitución y el Código Civil, que reconocen exclusivamente la unión entre un hombre y una mujer.

Muñante invocó las facultades que le otorgan los artículos 96 y 102 de la Constitución para solicitar formalmente a la Sunarp que informe sobre las medidas correctivas que ha implementado o planea implementar para evitar que se repitan decisiones similares.

"Le solicito que, a la mayor brevedad posible, envíe a mi despacho toda la información sobre las medidas correctivas que ha tomado o que tomará", declaró el congresista.

El legislador también solicitó que se respete la supremacía constitucional y que se garantice la coherencia de las resoluciones administrativas con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

"Este tipo de registro socava el marco jurídico nacional y sienta un grave precedente de desobediencia a la ley", advirtió Muñante.
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LIMA.- Con 21 votos a favor y tres en contra, la Comisión Permanente aprobó, en segunda votación, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3038 que promueve el enfoque de familia y su incorporación transversal en las políticas nacionales y sectoriales reconociendo el rol preferencial que cumple la familia en la formación de valores, el desarrollo integral de las personas y la cohesión social.

La presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, Jéssica Córdova Lobatón (RP), se encargó de la sustentación del dictamen de citada iniciativa, que es de autoría de la congresista Milagros Jáuregui (RP).

“Esta iniciativa busca reordenar prioridades desde el Estado para que las políticas públicas consideren a la familia como unidad social básica y no únicamente a la persona como individuo aislado”, dijo.

La legisladora refirió que, en la primera votación, se tomó en cuenta que la norma tiene múltiples aplicaciones, desde mejorar la permanencia de estudiantes beneficiarios del programa Beca 18 hasta acortar los plazos de adopción y promover la reintegración familiar de adultos mayores en abandono.

“Esta segunda votación es oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con el fortalecimiento de la familia, no como consigna sino como base para una política pública más coherente, más humana y más efectiva”, afirmó.

Cabe recordar que la propuesta legislativa fue aprobada con 70 votos a favor, siete en contra y siete abstenciones en la sesión del Pleno del 8 de mayo de 2025, en primera votación.
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LIMA.- Un grupo de legisladores identificados con la agenda proaborto arremetió contra la reciente decisión del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), que optó por eliminar la ampliación de causales en su guía de aborto terapéutico.

La congresista Ruth Luque, de tendencia izquierdista, encabezó la Moción N.º 18121 con la que rechazó esta medida al considerarla un “grave retroceso”.Servicios de maternidad

En su pronunciamiento, Luque alegó que la resolución aprobada por el INMP vulnera los derechos fundamentales de niñas víctimas de violencia sexual.

Además, sostuvo que esa guía brindaba un sustento médico y científico respecto a los impactos que generan los embarazos producto de violaciones.

Por ello, exhortó al Ministerio de Salud y al propio Instituto a reponer el documento anterior, aprobado mediante Resolución Directoral N.º 100-2024-DG-INMP/MINSA, bajo el argumento de que “garantizaba un enfoque de derechos humanos y salud pública”.

Sin embargo, desde el otro espectro político, voces como la del congresista Alejandro Muñante denunciaron que la guía eliminada “camuflaba el aborto legal”.

A través de su cuenta en X, el parlamentario señaló: “Congresistas PROABORTO acaban de presentar la Moción Nº 18121, donde rechazan la decisión del Instituto Nacional Materno Perinatal, tomada el 25 de junio, de eliminar causales inconstitucionales de la ‘Guía de Procedimiento de Aborto Terapéutico’ que venían utilizándose para camuflar el aborto legal”.

Muñante añadió que la guía actual se alinea con el artículo 119 del Código Penal, que permite el aborto terapéutico solo si existe riesgo real para la vida de la gestante o un daño grave y permanente en su salud. “No podemos permitir que el aborto terapéutico siga usándose como fachada para imponer el aborto libre”, advirtió.

En esa misma línea, la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, de Renovación Popular, celebró la derogación de la guía anterior. “Hoy reafirmamos que ninguna entidad pública puede estar por encima de la Constitución ni del derecho fundamental a la vida. ¡Defender la vida desde la concepción no es opcional, es un mandato constitucional!”, escribió en su red social.

Por otro lado, se alertó sobre el riesgo de banalizar el aborto en menores. El médico ginecobstetra Elard Koch, en una entrevista con el portal ACI Prensa, advirtió que “existe evidencia de que el aborto en niñas víctimas de violación agrava el trauma psicológico, en lugar de aliviarlo”.

La polémica sigue abierta en el Congreso, donde los grupos proaborto insisten en reinstalar una guía que operaba como un instrumento encubierto para legalizar prácticas prohibidas por la ley.
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LIMA.- El Instituto Nacional Materno Perinatal, conocido como la Maternidad de Lima, modificó su protocolo de aborto terapéutico y eliminó varias causales que anteriormente eran consideradas válidas para la interrupción del embarazo, asegura la congresista Milagros Jáuregui.

De acuerdo con información publicada en el portal institucional del Congreso, la congresista Milagros Jáuregui informó sobre estas modificaciones, señalando que las causales mencionadas no estarían contempladas en la guía nacional vigente del Ministerio de Salud. Por ese motivo, según su despacho, fueron retiradas del protocolo del Instituto Materno Perinatal.

¿Qué causales fueron retiradas del nuevo protocolo?
De acuerdo a lo expuesto por la legisladora de Renovación Popular, las condiciones retiradas del documento incluyen diagnósticos relacionados con la salud mental de la gestante, así como situaciones de malformaciones fetales o embarazos consecuencia de abuso sexual. El nuevo protocolo establece que solo se podrá proceder con el aborto terapéutico en casos que representen un riesgo directo para la vida o la salud física de la madre.

Según el comunicado del despacho congresal, la incorporación de esas causales en la guía anterior del Instituto habría sido irregular, al no estar formalmente reconocidas por el Ministerio de Salud.

Implicancias en la atención médica
El Instituto Materno Perinatal es un centro de referencia para miles de pacientes en el país. Con esta actualización, los profesionales de salud deberán guiarse únicamente por los criterios definidos en el nuevo protocolo.

Relevancia para el sistema de salud
La modificación se presenta como una adecuación a lo establecido en la Guía Nacional de Aborto Terapéutico, emitida por el Ministerio de Salud, indica en su comunicado Jáuregui.
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LIMA.- En Perú, las relaciones sexuales consentidas entre un adulto y un menor de hasta 14 años no están penalizadas, a pesar de que los menores no tienen la capacidad de discernimiento suficiente para tomar tales decisiones.

La Comisión de la Mujer del Congreso aprobó un dictamen que modifica los artículos 173 y 175 del Código Penal, elevando de 14 a 16 años la edad mínima para las relaciones sexuales consentidas, con el objetivo de proteger a las adolescentes del abuso sexual por parte de adultos.

La congresista Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular), autora del proyecto de ley, afirmó que «no es posible que en Perú se necesite tener 16 años para tener capacidad civil relativa para contratar, pero sí la edad para tener relaciones sexuales con un adulto».

Como se recuerda, en Perú, las relaciones sexuales consentidas entre un adulto y un menor de hasta 14 años no están penalizadas, a pesar de que estos menores no tienen la capacidad de discernimiento suficiente para tomar ese tipo de decisión. Por lo tanto, se decidió elevar este umbral a los 16 años.

La propuesta aplica el principio del interés superior del niño, ya que se encuentra más protegido al elevar la edad de 14 a 16 años; también señala que los menores de 14 años aún presentan inmadurez emocional y una capacidad limitada para consentir.

Además, la comisión argumentó que elevar la edad de consentimiento sexual a los 16 años previene la coerción, la manipulación y el abuso de poder para tener relaciones sexuales con menores.

Por otro lado, se mantiene la coherencia con otros umbrales de capacidad legal, como el Código Civil, lo que previene los embarazos adolescentes, reduce el riesgo de explotación sexual y visibiliza la desventaja que enfrentan los jóvenes de 14 y 15 años en comparación con los adultos.

«Muchos países han establecido la edad mínima para el consentimiento sexual en los 16 años, como Argelia, Andorra, España, Nicaragua, Puerto Rico, Bélgica, Países Bajos, Noruega, Reino Unido, EE. UU. (30 Estados), Nueva Zelanda, Canadá, Ucrania, Rusia y Suiza», mencionó Jáuregui de Aguayo.

La propuesta será presentada próximamente al pleno del Congreso para ser debatida y votada.
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LIMA.- La Comisión de Ética del Congreso aprobó iniciar una investigación contra la parlamentaria Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), tras declarar procedente una denuncia que la acusa de facilitar el uso de baños femeninos a hombres que se identifican como mujeres, durante un foro desarrollado en instalaciones parlamentarias.

Con ocho votos a favor, tres en contra y ninguna abstención, el grupo liderado por el legislador Alex Paredes (Bloque Magisterial) dio luz verde al informe de calificación que sustenta la acusación presentada por un bloque de 15 congresistas, encabezados por Milagros Jáuregui, de Renovación Popular.

Los denunciantes señalaron que la congresista actuó de forma indebida durante el evento “Diversidad y Derechos: Luchando por la Igualdad y Justicia”, organizado el 31 de marzo en la sala Héroes de la Democracia del Congreso.

A través de imágenes de las cámaras de seguridad, argumentaron que Paredes acompañó a un grupo de participantes hacia los servicios higiénicos femeninos, lo que —según indicaron— causó incomodidad entre trabajadores, visitantes y personal de prensa.

La acusación se sustenta en una posible infracción al Código de Ética Parlamentaria y a su reglamento, por lo que se solicita una sanción de suspensión de hasta 120 días sin goce de haber.
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LIMA.- La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, que preside el parlamentario Isaac Mita (Perú Libre), rechazó incluir a los Organismos No Gubernamentales (ONG) en el dictamen que establece el marco normativo para la protección de las personas defensoras de derechos ambientales.

La exclusión del tema que recae en los proyectos de Ley N.° 2069/2021-PE y 4686/2022-CR, presentados por el Poder Ejecutivo y por la congresista María Taipe Coronado, respectivamente, se hizo señalando que se hubiera camuflado a personas financiadas desde el extranjero que promueven el aborto y la agenda LGBTIQ+.

Cooperación internacional Según indicó el parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular), el texto original “fue desvirtuado en las comisiones de Justicia y de Pueblos Andinos, al introducir una definición ambiguamente ideologizada” sobre los defensores de derechos humanos.

“Es importante recordar que, bajo ese rótulo, se han promovido pseudoderechos como el aborto y la ideología de género, amparados en un ropaje de impunidad que se refleja en manuales e informes de entidades como la OEA y la CIDH –financiadas por fundaciones como Open Society de George Soros– que buscan imponer nuevos ‘derechos’ sin legitimidad ni consenso”, señaló el legislador en redes sociales.

Agregó que “primó la sensatez” en el debate político llevado a cabo en la Comisión de Justicia.
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LIMA.- El diputado Alejandro Muñante, vocero de Renovación Popular, criticó a su colega Susel Paredes por, dijo, recurrir a una narrativa de victimización ante su pobre desempeño parlamentario y la denuncia que enfrenta en la Comisión de Ética del Congreso. Muñante cuestionó duramente a la legisladora del Bloque Democrático Popular por acusar una supuesta persecución política tras organizar un evento en el que personas transgénero utilizaron los baños del Congreso.

La denuncia, presentada por Milagros Jáuregui de Aguayo y apoyada por 15 legisladores, motivó un informe de calificación que será debatido este lunes 12 de mayo a las 17:00 horas.

Paredes acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una medida cautelar, argumentando que sectores “ultraconservadores” del Parlamento buscan eliminarla de la vida política.

Sin embargo, Muñante, en diálogo con Expreso, rechazó esta versión y señaló que "los ciudadanos somos responsables de nuestras acciones y actuamos según las reglas de la democracia. Que su labor parlamentaria haya sido completamente fallida al no haber podido llevar adelante ninguna de sus agendas no se debe a que la quisieran eliminar políticamente, sino a que estas son las reglas de la democracia, y en democracia las decisiones las toma la mayoría y las decisiones las gana la mayoría".

El parlamentario enfatizó que la normativa del Congreso prohíbe utilizar instalaciones públicas para promover agendas personales. Permitió que las personas trans ingresaran a los baños de mujeres y niñas sin ninguna etiqueta que avalara su uso. Luego, justificó su decisión de que las personas transgénero no podían ingresar a los baños de hombres porque corrían el riesgo de ser violadas. Con esto, prácticamente etiquetó a la mitad del país como posibles violadores, manifestando una clara consigna discriminatoria contra los hombres, ya que no hizo ninguna distinción y los metió a todos en el mismo saco, lo cual es una declaración sexista y discriminatoria que no se puede permitir en una representante del pueblo», declaró Muñante.

Como es público, Susel en su momento defendió su actuar en declaraciones a la prensa: “Bueno, si ellos (sus invitados masculinos) hubieran entrado al baño de hombres, pudieron haber sido víctimas de agresión, porque los hombres al ver a mujeres transgénero creen que tienen derecho a violentarlas o faltarles el respeto”, y aseguró que seguirá permitiendo el uso de los baños de mujeres por parte de mujeres trans “siempre y cuando cierren la puerta”.

La polémica se produce en un contexto legislativo marcado por la posible sanción a Susel Paredes. Además, debido a la próxima promulgación del dictamen que refuerza el derecho a la compensación sexual de niñas, niños y adolescentes.

La norma, impulsada por Muñante, establece que los baños públicos deben usarse de acuerdo al sexo biológico, prohíbe la explotación sexual de menores y endurece las penas contra funcionarios (docentes o personal administrativo de una institución) que cometan actos obscenos en presencia de menores.

"No es una ley discriminatoria, sino una norma con tres disposiciones clave para proteger a la infancia. Quien diga lo contrario está omitiendo la verdad", afirmó Muñante para esta editorial.

Añadió: «El plazo para promulgar esta ley vence el martes. Digamos que aún estamos dentro del plazo: los 15 días hábiles para que la norma se promulgue. Esperamos que se promulgue, que se apruebe o, de otra manera, que se convierta en ley vigente en nuestro país».

Con esto, el congresista lamentó que Paredes haya intentado posicionarse como víctima de una posible censura, cuando -según indicó- su fracaso legislativo se debió más a la falta de apoyo en el Pleno. “La democracia no impide legislar; lo que pasa es que no convence”, concluyó.

EXPRESAR
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LIMA.- El Pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 7427 de autoría del congresista Jorge Montoya, que deja sin efecto el Decreto Supremo 013-2023-MIMP, que buscaba obligar la figura del "Oficial para la Igualdad" en todas las entidades públicas, con enfoque de género.

Asimismo, la norma deroga también el Decreto Supremo 010-2022-MIMP, que obligaba a funcionarios y servidores públicos a recibir capacitación en "enfoque de género" como requisito para ejercer su labor en la administración pública.

El decreto archivado del MIMP según ellos disponía la creación del cargo de oficiales de género para “promover una cultura institucional basada en el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades, así como la participación participar en reuniones sobre los mecanismos para la igualdad de género existentes en el país”.

La medida ya había sido cuestionada por el Congreso, que citó a la ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, para que sustente las razones detrás de esta disposición.

Por su parte, Carlos Linares líder del Movimiento Nacional Pro Familia saludó dicho archivamiento.
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LIMA.- 16 congresistas, presentó una denuncia ante la Comisión de Ética del Congreso contra la parlamentaria Susel Paredes, tras un foro sobre diversidad sexual realizado el 31 de marzo en el Palacio Legislativo.

El evento, titulado “Diversidad y Derechos: Luchando por la Igualdad y Justicia”, contó con la participación de alrededor de 30 personas transgénero, algunas de las cuales utilizaron los baños femeninos del Congreso.

Según la denuncia, esto generó malestar entre trabajadoras, periodistas y personal de seguridad, quienes habrían expresado su incomodidad.

Grupo de congresistas solicita sanción de 120 días para Susel Paredes.

Los legisladores denunciantes acusan a Paredes de promover públicamente que las personas trans usen los baños acordes a su identidad de género, lo que, según ellos, constituye una violación al Código de Ética Parlamentaria y podría haber comprometido la seguridad dentro del hemiciclo. Como consecuencia, los congresistas firmantes solicitaron que se imponga a Paredes una sanción de 120 días sin goce de haber, una de las medidas más severas que puede aplicar la Comisión de Ética. La congresista, reconocida por su defensa de los supuestos derechos LGTBIQ+, aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la denuncia, pero en el pasado según ella manifestó que el acceso a baños según la identidad de género es un derecho fundamental.

La declaración de la Congresista Susel Paredes es equivocada, pues la identidad de género no es un derecho fundamental en el Perú, pues no está reconocida en la constitución como tal, ni se le menciona. 
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LIMA.- El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anuló el artículo 1 de la Resolución Ministerial N.º 125-2025-MIMP, mediante un nuevo pronunciamiento oficial publicado el 4 de abril en el diario El Peruano.

A través de la Resolución Ministerial N.º 131-2025-MIMP, el sector dejó sin efecto la aprobación de la guía titulada “Si no me nombras, no existo. Promoviendo el uso del lenguaje inclusivo en las entidades públicas”. No obstante, el artículo 2 de la norma derogada continuará vigente, según se precisó.

Esta decisión se produjo en medio de una creciente controversia pública y política. Desde el Congreso, la legisladora Milagros Jáuregui de Aguayo, de Renovación Popular, celebró la medida y la atribuyó a las acciones de fiscalización emprendidas desde su despacho.

“¡Se hizo respetar la ley! Gracias a la gestión de fiscalización realizada desde mi despacho, el Ministerio de la Mujer ha dejado sin efecto la ‘Guía para el uso del lenguaje inclusivo’”, expresó en sus redes sociales.

La congresista recordó que aquella guía contravenía lo establecido en la Ley N.º 32003 —de su autoría— que garantiza el uso correcto del idioma castellano en documentos públicos y textos escolares. “¡Hoy se reafirma que la ley no se negocia! Seguiremos vigilantes para que se respete la educación y nuestro idioma”, resaltó.

Vale recordar que el 1 de abril, el MIMP había reactivado la guía del lenguaje inclusivo, pese a que el Congreso ya había establecido un marco legal que restringe el uso del desdoblamiento innecesario de palabras en comunicaciones oficiales.

La normativa busca preservar la claridad y economía del lenguaje, evitando redundancias como “los ciudadanos y las ciudadanas” o fórmulas similares que, según sus críticos, atentan contra la precisión del idioma.

Diversos sectores cuestionaron la resolución ahora parcialmente anulada, señalando que la insistencia en imponer un enfoque ideologizado del lenguaje responde más a agendas políticas que a necesidades reales de inclusión.

Además, advirtieron que estas prácticas fueron desestimadas en otros países por dificultar la comprensión lectora, especialmente en contextos educativos
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LIMA.- La reciente propuesta de evaluar la implementación de baños trans en el Congreso de la República, anunciada por el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, causó reacciones encontradas entre los legisladores.

La Mesa Directiva, según confirmó Salhuana, sostuvo conversaciones preliminares con la Oficialía Mayor para analizar la viabilidad técnica y normativa de la iniciativa.

“Estamos evaluando ello. Recuerden que cuando vino la OEA solicitó que en los espacios de reunión existiera un baño neutro. Vamos a analizar esa posibilidad”, explicó Salhuana, quien aclaró que la medida aún no cuenta con aprobación y requeriría modificaciones estructurales en el recinto legislativo.

Frente a este anuncio, varios parlamentarios expresaron abiertamente su oposición. La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, señaló que el tema no debe convertirse en una prioridad legislativa.

“Nosotros creemos que hay que respetar el derecho de las personas (...), pero creo que físicamente ni siquiera hay los espacios para baños de mujeres ni de hombres porque hay una carencia absoluta de servicios”, manifestó.

Además, la integrante de Fuerza Popular cuestionó la oportunidad del debate. “En este momento estamos bien como estamos. No tenemos la necesidad de instalar tipos de baños diferentes, que no vienen al caso. Tenemos temas más importantes que resolver”, remarcó.

En una posición más tajante, el congresista de Podemos Perú, Juan Burgos, se opuso desde otra postura. “Yo lo voy a hablar como yo lo pienso. La palabra de Dios dice: varón y hembra los creó”, declaró.

En contraste, María Acuña, parlamentaria de Alianza para el Progreso, respaldó la evaluación del proyecto. “Me parece una actitud atinada del presidente porque debemos tener un servicio neutro para no causar problemas a alguien”, afirmó.

El debate se reavivó luego de la incomodidad que provocó un acto organizado por la legisladora Susel Paredes durante la conmemoración del ‘Día de la Visibilidad Transgénero’.

Aquel evento incluyó simbología trans en instalaciones del Congreso, lo que causó diversas reacciones políticas. En ese contexto, el Poder Legislativo se encuentra dividido entre quienes abogan por avanzar en políticas trans y quienes consideran que existen otras prioridades institucionales.
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LIMA.- A pesar de que ley ordena que Estado use el castellano, MIMP “actualiza” guía con eufemismos sobre género.

En una actualización de la “Guía para el uso del lenguaje inclusivo. Si no me nombras, no existo”, la gestión de Fanny Montellanos en el Ministerio de la Mujer estaría incumpliendo su ley marco. Por ejemplo, la expresión “mujeres y hombres” aparece 42 veces.

A mediados del año pasado, por iniciativa de la congresista Milagros Jáuregui, se había modificado la Ley 28983, precisando que se debe seguir las normas del lenguaje castellano, y no alteraciones basadas en ideología.

Sin embargo, en la nueva guía, donde supuestamente se promueve el uso del lenguaje inclusivo en las entidades públicas, se apela a otra estrategia para no aplicar lo que dice la Real Academia de la Lengua, que los pronombres masculinos son inclusivos para ambos sexos.

Se indica que todos los funcionarios deben redactar documentos con parámetros que supuestamente no discriminen o excluyan a las mujeres. Se lee que, en vez de poner “integrantes de una comisión”, se coloque “quienes integran una comisión”.

Otro ejemplo de esta gestión de Montellanos es que no se diga “adultos mayores”, sino “personas adultas mayores”; o que en vez de poner “alimentados” a los niños, se use “con buena alimentación los niños aprenden mejor”.
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LIMA.- El Congreso de la República dio un paso importante en la protección de los menores al aprobar con 104 votos a favor una nueva ley que refuerza la seguridad y protección de los niños y adolescentes en espacios públicos.

El dictamen, correspondiente al Proyecto de Ley N° 8457, fue promovido por el legislador Alejandro Muñante y tiene como principal objetivo evitar la explotación sexual infantil y garantizar la indemnidad sexual de los menores en lugares de alta concurrencia.

Durante la sesión plenaria, el parlamentario de Renovación Popular, subrayó la importancia de proteger la dignidad de los menores y destacó que los niños no pueden ser objeto de contenidos que atenten contra su inocencia.

“Es nuestro deber proteger a los niños de toda forma de explotación y garantizar su seguridad en espacios de acceso público”, afirmó el congresista

La nueva norma establece varias medidas que buscan fortalecer la protección de los menores. Entre sus disposiciones más destacadas, se prohíbe la entrada a los baños públicos de personas cuyo sexo biológico no coincida con el sexo destinado por el establecimiento.

Con esta medida, se refuerza la seguridad de los niños y adolescentes, especialmente en lugares frecuentados por familias.

Además, se endureció las penas contra aquellos funcionarios y docentes que cometan actos obscenos en presencia de un menor.

El artículo 183 del Código Penal se modificará para imponer penas de entre 4 y 6 años de prisión a quienes infrinjan esta norma.

La norma también obliga al Estado a implementar protocolos interinstitucionales para la detección y atención de abusos sexuales o exposición a contenido sexual inapropiado.

Este trabajo coordinado entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio Público busca garantizar una respuesta eficaz ante cualquier denuncia de abuso o contenido perjudicial para los menores.

Con la aprobación de esta disposición, el Congreso reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, asegurando su protección frente a situaciones de abuso, explotación y contenidos inadecuados.
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LIMA.- La congresista Milagros Jáuregui presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 108-B del Código Penal. La iniciativa propone reemplazar el delito de feminicidio por el de asesinato de la pareja, como parte de un esfuerzo por garantizar la igualdad ante la ley.

Según Jáuregui, esta modificación tiene como fin evitar la discriminación de género en el marco judicial, y busca asegurar que todos los ciudadanos, sin importar su sexo, reciban el mismo trato en lo que respecta a la justicia penal.

En la propuesta de la congresista, se argumenta que la distinción que establece el Código Penal actual, al sancionar de manera más severa los homicidios cometidos contra mujeres, motiva una diferenciación innecesaria que puede llevar a situaciones de discriminación por género.

La modificación sugerida plantea la sustitución del término “feminicidio” por “asesinato de la pareja” con el objetivo de reducir esas disparidades y establecer un trato equitativo frente a la ley para hombres y mujeres.

En este sentido, la iniciativa también propone que el asesinato de la pareja se sancione con penas privativas de libertad no menores de 20 años, con agravantes que se aplicarán en situaciones específicas, como cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, o esté en estado de gestación.

La congresista remarcó que, según datos internacionales, más de 51,000 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en el año 2023, lo que subraya la magnitud de este fenómeno. A escala nacional, la Defensoría del Pueblo reportó que, en 2024, se registraron 170 feminicidios dentro del total de 2,037 homicidios.
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LIMA.- La congresista Milagros Jáuregui presentó un proyecto de ley que plantea la creación del Ministerio de la Familia, la cual busca la fusión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

En el documentos se subraya: “Declárese de interés nacional la creación del Ministerio de Familia, Desarrollo e Inclusión Social (MIFADIS) mediante la fusión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”.

La iniciativa de Milagros Jáuregui, legisladora de Renovación Popular, busca ampliar el enfoque de las políticas públicas y de apoyo social, abarcando no solo a las mujeres, sino también a todos los miembros de la familia en situación de vulnerabilidad, incluyendo niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

“En nuestro país existen dos Ministerios: El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que perfectamente pueden fusionarse para evitar el despilfarro de gasto corriente, principalmente atribuido a el pago de personal, contratos de servicios, alquileres y pago de servidos públicos”, se indica.

De acuerdo al proyecto de ley, dichos recursos podrían utilizarse en la construcción y mejora de infraestructura para proteger a poblaciones vulnerables.
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LIMA.- La presidente de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, afirmó que no permitirá que los escolares sean envenenados con mensajes de odio ni con ideologías de género que distorsionen la mente de los escolares en su desarrollo y formación en familia.

Al respecto precisó, “respetamos la identidad de género que quieran adoptar las personas, pero este debate no debe darse en los espacios educativos. No debemos permitir que confundan a los niños. Que quede claro: todos debemos estar en alerta”, dijo en tono reflexivo.

La mandataria resaltó que ella respeta el derecho que tienen todos a elegir su identidad y reconoció que corresponde al Congreso de la República hacer las leyes que les den un trato igualitario, pero que este tema no debe ser tratado en los colegios.

Agregó que la educación debe centrarse en valores, conocimientos y el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes, sin imposiciones ideológicas violentistas que generen división y confusión.

Estas declaraciones las brindó durante la reunión de trabajo que sostuvo con el gobernador regional de Ica, Jorge Carlos Hurtado Herrera, a quien le pidió su participación directa para supervisar la enseñanza en las escuelas de su región.

La mandataria le explicó al gobernador de Ica que es necesario trabajar unidos por la mejor formación de los niños en las escuelas y señaló que su gestión busca acabar con los años de olvido de nuestra educación y llevarla a un nivel muy superior, con una inversión sin precedentes en la historia de nuestra república.

En la cita estuvieron presentes los ministros de Economía y Finanzas, José Salardi Rodríguez; de Educación, Morgan Quero; Vivienda, Durich Whittembury y representantes del sector Salud.
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LIMA.- La Comisión de la Mujer y la Familia aprobó el PL N.° 8457, aprobó prohibir el ingreso de personas trans a servicios higiénicos que no correspondan a su sexo biológico, las exhibiciones obscenas delante de menores de edad, y la sexualización de niños y adolescentes.

El pasado 17 de febrero, la Comisión de la Mujer y la Familia aprobó el Proyecto de Ley n.° 8457, dictamen formulado por el congresista de la república, Alejandro Muñante. El proyecto busca la protección de la indemnidad sexual de los niños y los adolescentes mediante la prohibición de una serie de actos que podrían vulnerar la misma.

El proyecto, en gran medida, consta de tres prohibiciones que, a consideración de los miembros de dicha mesa de trabajo, vulnera la indemnidad sexual de los niños y los adolescentes. Como medida inicial, se prohíbe el ingreso de personas trans a servicios higiénicos que no correspondan a su sexo de nacimineto.

En segundo lugar, se prohíbe cualquier tipo de exhibición obscena delante de menores de edad o de personas con discapacidad, impidiendo así que personas tomen este tipo de conducta en manifestaciones que se realizan en la vía pública.

Finalmente, la norma prohíbe que los niños y los adolescentes, es decir, menores de edad, sean explotados y sexualizados a través de medios de comunicación y cualquier otra plataforma de difusión masiva de información.

Con su aprobación, el proyecto de ley pasará al Pleno, donde deberá ser debatido por los integrantes del Congreso de la República para, en caso se apruebe, sea finalmente remitido al Ejecutivo y luego promulgado.
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LIMA.- El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, presentó el Proyecto de Ley N.°10082/2024, con el cual busca interpretar el término "género" en el artículo 191 de la Constitución, estableciendo que este se refiere exclusivamente a hombres y mujeres.

Además, la iniciativa plantea modificaciones en los artículos 3 y 5 de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, con el propósito de garantizar su correcta aplicación en normativas y políticas públicas.

Muñante advirtió que diversas instituciones, como el Ministerio de la Mujer, emplearon el término "género" para introducir conceptos como "enfoque de género" y "equidad de género", con el supuesto objetivo de imponer agendas ideológicas y beneficiar a ONG afines. “No podemos seguir permitiendo que este término se utilice con fines ajenos a su verdadero significado”, enfatizó.

El legislador comparó su propuesta con las medidas impulsadas por el expresidente estadounidense Donald Trump, quien, durante su mandato, estableció que la política oficial del país solo reconocería dos géneros: masculino y femenino. En esa línea, Muñante afirmó que su proyecto busca eliminar interpretaciones ambiguas que que puedan distorsionar la aplicación del artículo 191 de la Carta Magna.

La propuesta también podría impactar en la implementación de políticas públicas que contemplan cuotas de representación de género en diversos ámbitos. Según Muñante, los porcentajes mínimos establecidos deben referirse únicamente a hombres y mujeres, sin dar cabida a otras interpretaciones. El debate sobre la iniciativa se perfila como un punto clave en la agenda legislativa, ya que podría redefinir la manera en que el término "género" es aplicado en las leyes y políticas públicas del país.

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LIMA.- La congresista Susel Paredes presentó el proyecto de ley N.º 8294/2023-CR en el que propone sancionar los crímenes de odio con penas privativas de la libertad que propone sancionar los crímenes de odio con penas privativas de la libertad que van desde los 20 hasta los 35 años.

La iniciativa busca modificar los artículos 46, 108, 121 y 122 del decreto legislativo N° 365 del Código Penal.

"Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años ni mayor de treinta y cinco años, el que mate a otro motivado por el odio basado en el prejuicio racial, étnico, condición de salud, religioso, político, orientación sexual, identidad de género o expresión de género" se lee en el documento.

De acuerdo a la propuesta legislativa, se tipificaría como un crimen de odio la acción de "ejecutar el delito motivado por intolerancia, discriminación u odio, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético,filiación edad, discapacidad, condición de salud, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, condición económica, o de cualquier otra índole"

Pero esta iniciativa causó el rechazo mayoritario de los usuarios de las redes sociales calificandola de ley mordaza. El líder del Movimiento Nacional Pro Familia Carlos Linares calificó la iniciativa de la congresista Susel Paredes como un proyecto que atenta contra los derechos fundamentales de los peruanos, pues atenta contra la libertad de expresión y religiosa que ampara nuestra constitución política señaló Linares.

La Comisión de Justicia y DD.HH fue obligado a postergar su sesión programado ayer por problemas técnicos y fue fijado para el viernes 13 de Diciembre a las 8:00 a.m.
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