jueves, 3 de mayo de 2018

ARGENTINA: Los "trans" buscan mayores privilegios exigiendo cupo al sector privado

ARGENTINA.- En 2012 se aprobó en Argentina la “Ley de Identidad de Género”, mediante la cual los travestis pudieron acceder al cambio de sexo en el documento de identidad, como también el acceso al sistema de salud pública sin restricciones con la nueva elección sexual, que dejaba de rotularlos como hombres para reconocerlos como mujeres. Poco tiempo después de la victoria legislativa, las agrupaciones afines comenzaron a discutir la necesidad de cupos en el sector público y privado.

La iniciativa aprobada hace seis años ya comenzó a darle dolores de cabeza al sistema jubilatorio nacional, ya que como las mujeres tienen el derecho de pasar a retiro a una edad más temprana que los hombres, ya se registraron casos de personas que han decidido cambiar de sexo solo para acceder a su jubilación y dejar de trabajar de forma anticipada.

Pero a pesar de que las leyes “de género” comienzan a traer estas complicaciones, lejos se está de discutirlas con seriedad, y las únicas propuestas vigentes giran alrededor de un “incremento de derechos”.

Ahora, agrupaciones LGTB, en coincidencia con áreas gubernamentales que trabajan en la materia, buscan conseguir una normativa legal que establezca incrementar el porcentual de contratación a personas “trans” dentro del sector privado. Mientras algunos proponen “incentivos fiscales”, otras propuestas directamente solicitan el cupo legal.

Cabe destacar que en la provincia de Buenos Aires, mediante un proyecto impulsado por una legisladora kirchnerista, se aprobó un cupo del 1 % para la administración pública, lo que ahora busca replicarse en otros distritos y ampliarse al sector privado. La demora en la Gobernadora María Eugenia Vidal hizo que agrupaciones de izquierda la acusen de buscar “cajonear” el proyecto aprobado por la legislatura.

En las manifestaciones en el Congreso, una columna de las organizaciones que llevan adelante la agenda de género pedirá por el cupo a nivel nacional para contrataciones en el sector privado, propuesta que de a poco gana adeptos, incluso en los organismos oficiales.

María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, se mostró a favor de llevar a todo el territorio nacional el cupo en la administración pública y generar incentivos impositivos para que las empresas tengan más intención de contratar a transgéneros.

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