Este manual, según dice procura impulsar y fortalecer las conductas de respeto y protección de los derechos humanos en las funciones y actividades que realiza la PNP, también busca establecer las técnicas y procedimientos que permitan minimizar los riesgos hacia la integridad o la vida de los participantes en una intervención policial, haciendo énfasis en el uso diferenciado y proporcional de la fuerza.
Establece también la resolución que la PNP, a través de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, incluya los contenidos del presente manual en el desarrollo de las actividades educativas relacionadas a los temas de derechos humanos y uso de la fuerza en los programas académicos de pregrado y posgrado, así como en los cursos de capacitación, especialización, integración y actualización de la Policía Nacional.
Pero lo que resalta el documento es que considera a las personas LGBTI como "una población de vulnerabilidad" donde señala una serie de indicaciones específicas para el accionar policial cuando se trata de personas LGTBI.
El punto número seis hace referencia a los "Grupos en situación de vulnerabilidad" se refiere según documento luchar contra los "prejuicios, estereotipos y estigmas" que llevan a que personas gays, lesbianas, trans, bisexuales, intersexuales y demás miembros de esta comunidad "sufran" de discriminación.
Para evitar que se piense que la resolución se trata solo para dar preferencia a los grupos LGTBI (Aunque a todas luces se trata de un trato preferencial) se escudan de otros grupos sociales que son realmente de vulnerabilidad como las "mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y poblaciones indígenas".
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