Por eso es que su perfil contrasta con la sorprendente derogación, de un plumazo, de la Ley 28542, “Ley de fortalecimiento de la familia”, para reemplazarla por un decreto legislativo. Una decisión insólita, tanto por el fondo como por la forma; porque, entre otras cosas, un decreto legislativo, de menor rango, no puede derogar una ley. Esto último daría la razón a las observaciones constitucionales que hace al Gobierno, el jurista Enrique Bernales.
Al hacerlo, tal vez el Presidente no se ha dado cuenta que se ha cargado parte importante de las Apafas, porque la ley derogada exigía la “promoción de las Escuelas de Padres en instituciones públicas y privadas”. Asimismo, en esta ley se demandaba al Gobierno: “Orientación, apoyo y asistencia para el cumplimiento de los fines de la familia; atención prioritaria de las familias de extrema pobreza o riesgo social, así como de las familias jefaturadas por mujeres; promoción de las responsabilidades familiares compartidas entre el padre y la madre; promoción de la estabilidad de la familia basada en el respeto entre todos sus integrantes”, entre otros.
La citada Ley 28542 tenía por objeto “promover y fortalecer el desarrollo de la familia como fundamento de la sociedad y espacio fundamental para el desarrollo integral del ser humano”. ¿A quiénes les molesta esta propuesta? ¿Quiénes quisieran que la familia se destruya como institución fundamental para el crecimiento de las personas? ¿Acaso la corrupción, la delincuencia, el terrorismo y tantos delitos, no son consecuencia, en gran medida, de la falta de una educación en la familia y en la escuela?
A cambio de este concepto, el decreto legislativo firmado por Vizcarra y Villanueva, su ministro, quiere fortalecer la “familia democrática”, donde las decisiones las tomen “todos y todas”, trasladando conceptos eminentemente políticos al seno de una institución natural que está más allá de cualquier sistema y planteamiento ideológico. En otras palabras, este gobierno quiere que las familias se conviertan en un “Congreso”, una arena política, para el desmadre total.
Familias de “enfoques trasversales”, dice, y repite hasta dos veces, en el corte texto del decreto, la frase “igualdad de género”: ¡Ahí está el gato encerrado!, que salta porque no pueden esconderlo y tiene siete vidas. El lobby de Soros y otros ricachones –en los organismos internacionales y gobiernos descuidados, como el nuestro– que quieren manejarnos como si los peruanos fuéramos marionetas, sin una cultura y una civilización milenaria que siempre tuvo a la familia como su institución fundamental.
Que no lo confundan, Presidente, que no lo engañen, la “igualdad de género” no existe. Mujeres y varones no somos iguales: somos distintos y, además, complementarios. Valemos igual, como personas, pero somos distintos en todos los aspectos antropológicos, y no creo que haya que hacer una demostración muy sesuda al respecto, porque es a simple vista obvio. Comprenderlo es fundamental, porque evita injusticias, sobre todo contra la mujer; como evita incomprensiones que, muchas veces, pueden llegar a la violencia.
El Congreso de la República tiene la palabra, es necesario y urgente corregir este traspiés del Ejecutivo que –lejos de pretender terminar con la corrupción, como dice querer hacerlo a través de un referéndum–, atenta contra la institución primera y los padres de familia que son sujeto de derecho a la educación de sus hijos. ¡Salvemos entre todos la familia peruana!
Fabiola Morales
Expreso
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