Los resultados de la investigación identifican una serie de indicios de responsabilidad política, administrativa y penal en las gestiones investigadas, así como en la vulneración de diversos derechos tanto de los padres de familia como de los hijos.
Con respecto al delito de omisión y retardo de funciones en la falta de revisión e implementación de medidas correctivas de los libros, en el caso de las publicaciones obscenas, se encuentran como autoras a la ministra de Educación, Flor Pablo; la viceministra de Gestión Pedagógica, Ana Patricia Andrade Pacora; la viceministra de Gestión Pedagógica, Susana Helfer Llerena; María Ysable Curay Criollo, directora de Educación Secundaria, y Cecilia Pilar Carrión Rueda, asesora del viceministerio de Gestión Pedagógica.
Sobre el delito de publicaciones obscenas agravadas por inclusión de ‘links’ con contenido sexual inapropiado en libros escolares, se precisó como presuntas responsables en su calidad de coautoras a Ariella Villafana Pino, responsable de la revisión técnico pedagógico, y Rossana María Zurita Silva, responsable del área de asesoría pedagógica.
En el delito de apología al aborto por inclusión de ‘links’ con contenido inapropiado en libros se encontró como autora a Ariela Villafana Pino.
En cuanto a la vulneración del derecho de los padres en la educación de sus hijos, en consonancia con compromisos internacionales, durante el periodo de Patricia Salas se han detectado infracciones en los textos concernientes a la Persona, Familia y Relaciones Humanas para primero de secundaria; 2da edición 2012; Persona, Familia y Relaciones Humanas, 2do de Secundaria, 2da edición 2012, y propuesta para la formación de docentes en educación sexual integral en 2012.
A Jaime Saavedra se le encontró por dichas vulneraciones en la Guía de la Educación Sexual Integral para docentes de nivel primaria en el 2014.
En la gestión de Daniel Alfaro también se encontraron infracciones en los textos de Desarrollo personal, ciudadanía y cívica, 3ro de Secundaria, edición diciembre 2018; Desarrollo personal, ciudadanía y cívica del 3ro y 4to de Secundaria, edición diciembre 2018.
NORMAS CONSTITUCIONALES
Sobre la trasgresión de diversas normas constitucionales, en la administración de Patricia Salas se han evidenciado en la Propuesta para la formación de docentes en educación sexual integral 2012.
Respecto de Jaime Saavedra, se le encontró responsabilidad en la Guía de Educación Sexual Integral para docentes de nivel primaria 2014.
En cuanto a Daniel Alfaro, ello queda demostrado en el Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 2do de Secundaria, edición diciembre de 2018, así como en el de desarrollo personal, ciudadanía y cívica del 3ro de Secundaria, edición diciembre de 2018.
CONCEPTO DE GÉNERO
La vulneración de la libertad de enseñanza con la aplicación del concepto de género queda evidenciada en el texto Persona, familia y relaciones humanas del 1ro de Secundaria, 2da edición, y propuestas para la formación de docentes en educación sexual integral 2012, con responsabilidad de Patricia Salas.
Jaime Saavedra es, además, responsabilizado en irregularidades en el Currículo Nacional de Educación Básica Regular 2016 y Daniel Alfaro en el texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica – 2do de Secundaria, edición diciembre de 2018.
La vulneración al derecho a información adecuada en el tratamiento del terrorismo en el Perú se puede detectar en el caso de Jaime Saavedra en los siguientes textos: “Campo de conocimiento: Humanidades – Guía para el estudiante N° 4 – Ciclo Avanzado. Segunda edición junio 2014. Segunda reimpresión mayo 2016. Historia, Geografía y Economía, 5to grado de secundaria. Editorial Santillana, primera edición 2015”.
Y en Daniel Alfaro se denota lo mismo en la “Historia reciente del Perú. De 1960 al Bicentenario. Cartilla de Ciencias Sociales. Primera edición diciembre de 2016”.
SIN IMPLEMENTAR
El informe señala que el principal resultado del trabajo de investigación sobre materiales educativos ha evidenciado que, durante el período de julio de 2011 a la fecha, el sistema contemplado en la Ley General de Educación no ha implementado la Política Pedagógica Nacional en las diferentes gestiones ministeriales investigadas.
La carencia de la Política Pedagógica ha ocasionado descoordinaciones y falta de control entre quienes formulan dichas políticas y quienes las implementan, deviniendo en una gestión meramente operativa y sin responder a los fundamentos del sistema educativo del país, añade el informe de la comisión investigadora presidida por la legisladora Milagros Salazar (FP).
“Se ha podido constatar que las irregularidades presentadas en los textos escolares desde la gestión de la exministra Patricia Salas, hasta la del exministro Daniel Alfaro (al cierre de este informe el exministro Daniel Alfaro fue el último en elaborar y adquirir textos escolares), abarcan desde errores tipográficos y pedagógicos, hasta contenidos inapropiados de naturaleza sexual e ideológica”, se indica.
Además, enfatiza en las serias evidencias de que estos cuestionables contenidos guardarían relación con el perfil personal de algunos funcionarios con alto protagonismo dentro del Ministerio de Educación.
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