ESTADOS UNIDOS.- La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo de EE.UU. se mostraron escépticos este miércoles durante una audiencia sobre si una ley federal puede proteger la vida de las personas embarazadas cuando están en riesgo de morir o si, por el contrario, deben prevalecer las legislaciones estatales que prohíben por completo el aborto.
Desde que en junio de 2022 el máximo tribunal estadounidense eliminó la protección federal al aborto al anular el fallo ‘Roe contra Wade’, decenas de estados han llevado a cabo un ataque frontal contra los derechos de las mujeres al implementar restrictivas leyes contra el aborto.
Ese mismo año, la Administración del actual presidente estadounidense, Joe Biden, demandó al estado de Idaho -donde el aborto está prohibido en todas las etapas del embarazo- alegando que las restricciones a este procedimiento, en parte, están reguladas por la ley federal y que no se pueden interponer cuando se trata de salvar la vida a las personas embarazadas.
Para defender esta postura, se invocó la Ley de Tratamiento Médico y Trabajo de Urgencia (EMTALA), de 40 años de antigüedad, que obliga a los hospitales que reciben fondos federales a prestar atención médica de emergencia a cualquier persona, también por cuestiones reproductivas.
Sin embargo, esta interpretación de la EMTALA fue rechazada por los jueces, que constituyen la mayoría del tribunal, al considerar que el Gobierno federal no puede obligar a hospitales privados que reciben fondos federales a violar la ley propia de un estado.
Por otro lado, los tres jueces progresistas sí respaldaron que la ley de atención de urgencias prevalece sobre la prohibición de Idaho en aquellos casos en que está en juego la vida de las gestantes.
Así pues, después de escuchar los alegatos orales durante casi dos horas, el Tribunal Supremo deberá decidir hasta qué punto pueden extenderse las prohibiciones de los estados en casos de emergencia médica, y se espera que comunique su decisión en junio.
En pleno año electoral, el aborto se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre demócratas y republicanos y son más de una las batallas legales sobre su acceso sobre las que existen interrogantes, puesto que en junio también se espera sentencia sobre el futuro del uso de la píldora abortiva en el país.
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