ESPAÑA.- El Gobierno de España y la Comunidad de Madrid mantienen un abierto enfrentamiento por la aplicación de la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva, que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y obliga a todas las comunidades autónomas a crear un registro de médicos objetores de conciencia.
Según el Ministerio de Sanidad, este registro pretende "organizar la atención sanitaria en condiciones de equidad" y garantizar que las mujeres puedan acceder al aborto en el sistema público, respetando la objeción individual de los profesionales. El modelo se inspira en el ya existente para la eutanasia, también confidencial y protegido por la legislación sobre datos personales.
Durante el pleno de la Asamblea de Madrid del jueves, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, fue preguntada por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, sobre cómo su Gobierno garantizará el acceso al aborto en la sanidad pública y por qué no ha creado el registro de médicos objetores de conciencia que exige la ley. Ayuso respondió que este registro serviría para "señalar" a los profesionales sanitarios y, tras mencionar que en España se practican más de 106.000 abortos al año, añadió: "¿Les parece poco? Pues van a otro sitio a abortar", refiriéndose al número de interrupciones voluntarias del embarazo.
Ayuso sostiene que la norma vulnera el artículo 16 de la Constitución Española, que reconoce la libertad de conciencia, y afirma que el aborto "está garantizado en la Comunidad de Madrid" mediante convenios con centros privados acreditados.
Desde el Gobierno central, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Ana Redondo, advirtió que "la ley debe cumplirse en todas las comunidades" y que se utilizarán "todos los instrumentos legales disponibles" para hacerla efectiva. Por su parte, el Ministerio de Sanidad confirmó que ha enviado una comunicación formal a las comunidades que aún no han creado el registro (entre ellas Madrid, Islas Baleares, Aragón y Asturias) para exigir su implementación de acuerdo con la legislación vigente.
En caso de incumplimiento, el Ejecutivo está considerando recurrir al Tribunal Constitucional o a la vía contencioso-administrativa para garantizar la aplicación de la ley en todo el territorio nacional, de conformidad con el artículo 161 de la Constitución, que faculta al Gobierno para impugnar disposiciones autonómicas contrarias a la normativa estatal.
El Ministerio de la Presidencia trabaja actualmente en una propuesta para incluir el derecho al aborto en la Constitución Española, siguiendo el modelo francés, con el fin de reforzar su protección legal y evitar futuros retrocesos. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), El texto de la ley de 2023 reconoce el aborto como un servicio básico de salud y garantiza su acceso en los hospitales públicos antes de la semana 14 de embarazo.
Paralelamente, el Ayuntamiento de Madrid debatió recientemente una iniciativa sobre el llamado "síndrome postaborto", promovida por el grupo ultraderechista Vox. El alcalde José Luis Martínez-Almeida, del Partido Popular, aclaró que dicho síndrome "no está científicamente reconocido" y aseguró que no se difundirá información médica no avalada por organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Ministerio de Sanidad.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un plazo máximo de tres meses a las comunidades autónomas que aún no han creado el registro de objetores de conciencia para que cumplan con la Ley Orgánica 1/2023. La medida busca garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional.
Sánchez advirtió que el Ejecutivo utilizará "todos los mecanismos legales disponibles" si alguna comunidad mantiene su negativa. En declaraciones recientes, recalcó que el cumplimiento de la ley "no es una opción" y que "la objeción de conciencia no puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres".
El Gobierno está considerando activar mecanismos legales si, una vez transcurrido el plazo de tres meses, las comunidades no cumplen la ley. Entre las opciones que se barajan se encuentra el recurso ante el Tribunal Constitucional o la vía contencioso-administrativa para garantizar su aplicación en todo el territorio.
EuroNews
0 comments: