ESTADOS UNIDOS.- La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este martes los argumentos sobre la constitucionalidad de la ley de Colorado que prohíbe a profesionales licenciados ofrecer terapia de “cambio de orientación sexual” o ayudar a menores con confusión de género a aceptar su sexo biológico.
El caso, Kaley Chiles v. Patty Salazar, enfrentó a la terapeuta cristiana Kaley Chiles contra el estado de Colorado, con el respaldo legal de Alliance Defending Freedom, alegando que la ley viola su libertad de expresión y de ejercicio religioso bajo la Primera Enmienda.
James Campbell, abogado de Chiles, argumentó que la prohibición censura “opiniones ampliamente sostenidas” sobre cuestiones morales, religiosas y científicas en debate, y que no existen otras restricciones similares sobre el discurso profesional en Colorado.
Campbell enfatizó el peligro de un “creíble riesgo de ser sancionada”, ya que se han presentado denuncias anónimas y la terapeuta está bajo investigación estatal por presunta violación de la ley.
La jueza Sonia Sotomayor cuestionó la urgencia del caso, señalando que en seis años no ha habido ningún profesional procesado, pero Campbell insistió en el efecto inhibidor y el potencial de censura a futuro.
Durante el debate, la jueza Ketanji Brown Jackson preguntó por la evidencia científica detrás de la prohibición. Campbell respondió que los estudios citados por el estado son “defectuosos”, pues mezclan enfoques de conversación con prácticas médicas extremas como electroshock.
Por su parte, la procuradora general Shannon Stevenson defendió la ley, asegurando que “protege a los menores de tratamientos considerados perjudiciales”, limitando solo la intervención clínica de profesionales licenciados, no la expresión de ideas personales o religiosas.
Stevenson precisó que consejeros religiosos, ministerios independientes y “life coaches” no están sujetos a la ley, pues no tienen licencia estatal y manejan expectativas y estándares jurídicos diferentes.
En 2019, Colorado aprobó la ley tras años de debate legislativo, acogiendo el clamor de grupos como One Colorado, quienes celebran el avance en protección de jóvenes LGBTQ y la garantía de tratamientos “éticos y afirmativos”.
Chiles presentó la demanda en 2022, alegando violación a la libertad de expresión y religión. Un panel de la Corte de Apelaciones del 10° Circuito falló en su contra en 2023, validando la postura estatal y diferenciando la libertad de expresión en el contexto profesional.
El juez Harris Hartz disintió, advirtiendo que la sentencia “ofrece menos protección a la terapia conversacional que al discurso general”, lo que considera opuesto a precedentes recientes de la propia Corte Suprema sobre libertad profesional.
En marzo 2025, la Corte Suprema aceptó revisar el caso, sentando un precedente clave para la futura relación entre la libertad moral y religiosa, la práctica profesional regulada y el derecho de los padres y menores a buscar asesoría conforme a sus convicciones.
El avance de leyes que prohíben toda ayuda profesional para quienes enfrentan luchas de orientación sexual representa un serio desafío a la libertad de consciencia, la misión pastoral y el derecho a proclamar el diseño de Dios para la sexualidad humana.
La Biblia enseña que el consejo y la exhortación deben responder a la verdad bíblica y nunca ser censurados por el Estado (Romanos 1:26-27, 1 Corintios 6:9-11). Limitar la ayuda profesional cristiana equivale a restringir el derecho de los creyentes a recibir apoyo conforme a su fe.
El caso Chiles v. Colorado marcará el debate nacional sobre el equilibrio entre protección a los menores y la defensa de la libertad religiosa y de expresión en la esfera pública, estamos llamados a orar y actuar con convicción y compasión en medio de la controversia.
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