
LIMA.-Todo estaba coordinado. A los tres días que se diera a conocer de la falsa “sanción” del CEDAW al Estado Peruano hubo una conferencia de prensa en la sede del Colegio Médico del Perú (CMP). Estuvieron presentes el decano del CMP, Dr. Ciro Maguiña, el presidente de una comisión creada por el mismo CMP bautizada pomposamente como “Comisión de Alto Nivel de Salud Sexual y Reproductiva”, en este caso el Dr. Miguel Gutiérrez, y Rossina Guerrero, actual directora de PROMSEX, que reemplaza a Susana Chávez mientras ésta se encuentre infiltrada en el Ministerio de Salud. También estuvo el abogado de la familia de la menor L.C.
Como señala La República del 11 de noviembre, todos aplaudían la “sanción” y señalaban, erróneamente, de la “obligación” del Estado Peruano de implementar el Protocolo del Aborto Terapéutico (PAT). Todos tenían el mismo discurso. Pocos días después, en la misma sede, se juntaron para otra conferencia de prensa Maguiña y Gutiérrez, ya no con PROMSEX, sino ahora con el director de INPPARES, Daniel Aspilcueta, para promover a través del Tribunal Constitucional despenalizar las relaciones sexuales entre adolescentes.
Dos conferencias de las autoridades del CMP, primero con PROMSEX y luego con INPPARES, dos ONG´ cuyos objetivos han sido promover el aborto detrás de la máscara de los “derechos sexuales y reproductivos”, en menos de 10 días.
El aviso pagado del CMP y el “irrestricto respeto”
Para completar la faena, el CMP publica el 11 de noviembre en varios medios locales (uno de ellos La República), una carta dirigida al Presidente Humala donde señalan que el protocolo del aborto terapéutico (PAT) es uno de los puntos a tomar en cuenta “para mejorar de manera sustantiva la salud de la población peruana”. Para ello cita en el punto 4 de su comunicado la sanción del CEDAW, la recomendación de la Defensoría del Pueblo y que el PAT está dentro del “irrestricto respeto de los derechos reproductivos de las ciudadanas de nuestro país”. (ver comunicado)
¿Irrestricto respeto de los derechos reproductivos? El CMP actúa en toda forma como una ONG pro aborto.
Por otro lado, responde también a la estrategia abortista de colocar como un problema de salud pública el tema del aborto.
¿A qué se debe esta efervescencia activista del CMP? La razón, como veremos en los demás posts es que ahora con el MIMDES infiltrado, el MINSA infiltrado, y una serie de congresistas pro aborto como Rosa Mavila y Javier Diez Canseco presionando al Ejecutivo y al Congreso, consideran que tienen la tormenta perfecta para sacar adelante el protocolo de aborto terapéutico y con el que piensan introducir además el aborto por violación como el eugenésico. Tres en uno. Es decir, a la larga legalizar el aborto en el Perú.
Un grosero y público conflicto de intereses
Miguel Gutierrez de Pathfinder, Daniel Aspilcueta de INPPARES, en conflicto de intereses cuando representan al CMP
Con este panorama abortista, los actuales dirigentes del CMP se sacan la careta y actualizan su militancia pro aborto, su alianza con ONG´s feministas y de género, no obstante el conflicto evidente de recibir sueldos de ONG´s y al mismo tiempo representar al Colegio Médico con aires de imparcialidad y de opiniones científicas.
Por ejemplo tenemos el caso de Miguel Gutiérrez, que es el actual representante para el Perú y Ecuador de la ONG pro aborto Pathfinder y como habíamos señalado, se presenta en las dos conferencias de prensa del como representante de la Comisión de Alto Nivel de Derechos Sexuales y Reproductivos. Precisamente Pathfinder en su boletín de mayo 2010 titulado “A time for action. Abortion advocacy in Brazil and Perú” (Un tiempo para la acción. Promoción o defensa del aborto en Brasil y Perú), que se puede ver aquí o aquí, se lee lo siguiente:
Creyendo firmemente que las mujeres en América Latina deberían disfrutar de los mismos derechos y libertades que mujeres en otro las partes del mundo, Pathfinder dedicó fondos privados para iniciar un proyecto de promoción del aborto en Brasil y Perú en 2008. Cimentada sobre relaciones de muchos años con proveedores de asistencia médica, representantes gubernamentales, y activistas en ambos países, el proyecto procuró capitalizar sobre el ímpetu generado por la histórica decisión del 2007 de legisladores en el Distrito Federal de la ciudad de México para eliminar muchas restricciones de aborto. Situada en la misma región donde el aborto provoca gran controversia política y religiosa, esta decisión sienta un importante precedente en apoyo de la libertad reproductiva. Para estimular un cambio de ideas, Pathfinder patrocinó una delegación de varios de sus compañeros claves brasileños y peruanos y aliados a la decisión de Ciudad de México. El objetivo: aprender directamente de sus colegas mexicanos como obtuvieron satisfactoriamente cambios de la ley de aborto, y encender e informar el activismo a favor del aborto dentro del núcleo de abogados comprometidos en Brasil y Perú.
Es decir, por un lado Gutiérrez recibe un sueldo por promover el aborto en nuestro país en Pathfinder, y luego con la anuencia del CMP, se presenta como miembro de una comisión “científica”. Un conflicto de intereses claro que fue mucho más patente cuando se presentó a dar declaraciones como representante del Colegio Médico del Perú.
También tenemos el caso de Daniel Aspilcueta, que funge como actual director ejecutivo de INPPARES, filial de la mayor transnacional abortista del mundo, la International Planned Parenthood Federation, más conocida como IPPF. Al igual que Gutiérrez, Aspilcueta también es miembro de la Comisión de Alto Nivel de Derechos Sexuales.
La IPPF ha señalado en su documento “Marco Estratégico 2005-2015” (ver aquí) que tiene como una de sus metas:
El reconocimiento universal del derecho de la mujer a elegir y tener acceso al aborto seguro, y la reducción en la incidencia del aborto inseguro.
Objetivos
1. Fortalecer el compromiso público y político con el derecho a elegir y tener acceso al aborto seguro.
2. Aumentar el acceso al aborto seguro.
3. Ampliar la provisión de servicios relacionados con el aborto como una parte integral de los servicios de salud sexual y reproductiva.
4. Crear conciencia entre el público general, las personas encargadas de formular políticas y entre grupos profesionales relevantes, sobre el impacto del aborto inseguro en la salud pública y la justicia social.Por lo tanto, en Aspilcueta se da el mismo problema de conflictos de intereses sólo que con más agravantes. Si INPPARES está en contra de la penalización de las relaciones sexuales entre adolescentes, no puede al mismo tiempo estar vendiendo medicamentos contra el embarazo con fines lucrativos tal cual lo señala la página de la IPPF, y que dice:
INPPARES ha establecido un negocio lucrativo, PROPATER, que vende productos farmacéuticos y colabora con la farmacéutica Leiras, una empresa finlandesa, con el mercado del anticonceptivo Norplant en el país.Un dato adicional: INPPARES ejecutó sólo en las ayudas recibidas del extranjero en el 2009 más de 3 millones de dólares.
Fuente: AGENCIALAVOZ
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