LIMA.- En noviembre de 2021, la congresista Aguayo presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 1 del Código Civil para que se garantice el desarrollo del feto en el útero de las personas gestantes.
Mediante este proyecto de ley, la parlamentaria busca que los concebidos sean sujetos de derecho tal como lo establece la constitución.
Recordemos con respecto a los derechos del concebido, la sesgada Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió que los concebidos no pueden tener derechos absolutos porque sino estarían vulnerándose los derechos de las mujeres. Mediante la sentencia del caso Artavio Murillo versus el Estado de Costa Rica, la Corte IDH determinó que el derecho a la vida es gradual, según el desarrollo del concebido.
En el Perú, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional el caso es contrario pues reconocen el derecho del concebido.
Aguayo también propone que si las personas gestantes y los concebidos se encuentran en peligro, los cónyuges, convivientes o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad podrán decidir qué se hará con la salud de las mujer, no podrían decidir si interrumpir o no la gestación.
Según INFOBAE Durante la semana de representación de octubre, la congresista organizó una mesa de trabajo, en la que participaron los médicos Enrique Gil y Carlos Riva; así como los abogados Gonzalo Gálvez y Óscar Herrera.
En la exposición, el médico Carlos Riva aseguró que la vida humana inicia en la concepción y que el Estado peruano reconoce la dignidad del concebido.
El especialista indicó que ya existen leyes que protegen a las personas gestantes y al feto, como la Ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto; así como la Ley que protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y prolonga su periodo de descanso.
Tras reunirse con estos médicos y abogados, el proyecto de ley de la parlamentaria de Renovación Popular fue agendado para ser debatido en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso el pasado 9 de noviembre.
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