ESTADOS UNIDOS.- Kim Davis se negó a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo en 2015, argumentando motivos religiosos. Este caso se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos civiles y generó un intenso debate en todo el país. Aunque Kim Davis ya no ocupa el cargo de secretaria del condado, el legado de este caso sigue siendo relevante en la discusión sobre la igualdad y la libertad religiosa en Estados Unidos.
El magistrado de distrito de los Estados Unidos, David L. Bunning, del magistrado de Kentucky, realizo una carta de opinión y una orden, la semana pasada, otorgando una petición alta de dinero $246.026,40 en retribución de abogados $14.058,30;en gastos.
Por lo tanto, se espera que las partes cumplan con el acuerdo establecido. Es fundamental que ambas partes acaten las condiciones finales para garantizar la resolución efectiva del litigio y preservar la integridad del proceso legal. El tribunal confía en que ambas partes honrarán los compromisos acordados para así finalizar este caso de manera justa y equitativa.
“El Tribunal es consciente de que en este caso los demandantes no solo prevalecieron, sino que obtuvieron el resultado buscado. Buscaban reivindicar su derecho fundamental a casarse y obtener licencias matrimoniales; y así lo hicieron”, escribió Bunning.
«El Tribunal ha revisado las presentaciones de los demandantes y determina que las horas empleadas y las tarifas cobradas son razonables».
Para Liberty Counsel, esta decisión representa un obstáculo significativo en su defensa de los intereses de Davis. La posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos indica su determinación para agotar todos los recursos legales disponibles en la búsqueda de un resultado favorable. Este caso continúa generando un intenso debate sobre los límites de la libertad religiosa y los derechos individuales, y es probable que su resolución tenga repercusiones significativas en futuros litigios similares.
El bufete de abogados de tendencia conservadora indicó que en diciembre de 2015, Matt Bevin, quien en ese momento era gobernador, promulgó una orden ejecutiva que concedía dispensas religiosas a todos los trabajadores del estado.
«Este caso está lejos de terminar», dijo el fundador y presidente de Liberty Counsel, Mat Staver, citado en el anuncio. “Gracias a Kim Davis, todos los empleados de Kentucky ahora tienen la libertad de desempeñarse como funcionarios electos sin comprometer sus convicciones religiosas ni su conciencia”.
«Este caso tiene el potencial de extender las mismas protecciones de la libertad religiosa más allá de Kentucky y de anular Obergefell v. Hodges, que se decidió erróneamente y debería ser anulado».
En el año 2015, luego que la Corte Suprema de Estados Unidos cancelara las prohibiciones oficiales acerca del matrimonio homosexual, en el dictamente de Obergefell por 5 a 4, el entonces secretario del condado de Rowan, Davis, se negó a expedir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo.
Kim Davis, quien fue brevemente encarcelada por su negativa a emitir licencias de matrimonio, enfrentó una demanda legal por parte de David Ermold y David Moore. Esta pareja del mismo sexo fue una de las a quienes Davis se negó a otorgar una licencia de matrimonio
En septiembre anterior, Ermold y David Moore recibieron una compensación de 50.000 dólares cada uno por daños y perjuicios en su demanda contra Kim Davis, según dictaminó un jurado federal. Esta cantidad se suma a los 260.000 dólares que el juez Bunning había ordenado previamente que Davis pagara.
El año pasado, Joe Buckles, quien actuó como representante legal de Moore y Ermold, compartió sus pensamientos en una entrevista con la Radio Pública Nacional «emocionado» por la decisión del jurado y que sus clientes estaban «completamente reivindicados».
«La Corte Suprema dice que mis clientes tienen el derecho constitucional a casarse según la 14ª Enmienda», continuó Buckles. «Pero este caso no se trata realmente de la religión [de Davis]. El caso no se trata realmente del derecho de nuestros clientes a casarse. El caso se trata de una funcionaria del gobierno que simplemente se negó a hacer su trabajo. Es un caso bastante simple.»
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