LIMA.- El debate sobre el matrimonio homosexual ha vuelto a reactivarse con fuerza en la agenda internacional, luego de recientes acciones judiciales en Estados Unidos y otros países occidentales que buscan revisar o incluso revertir fallos que, en la última década, redefinieron el concepto tradicional de matrimonio.
Esta situación ha generado preocupación en amplios sectores sociales, jurídicos y académicos, que advierten sobre los riesgos de continuar imponiendo cambios estructurales sin respaldo democrático ni consenso social.
Diversos analistas señalan que la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en varios países no fue resultado de procesos participativos, referéndums o amplios debates legislativos, sino de sentencias judiciales que modificaron el sentido histórico, jurídico y antropológico del matrimonio, institución reconocida desde siempre como la unión entre un hombre y una mujer, orientada a la formación y protección de la familia.
En este contexto, se ha advertido que el uso del activismo judicial para redefinir instituciones fundamentales debilita la separación de poderes, erosiona la soberanía de los Estados y limita el derecho de los pueblos a decidir sobre asuntos de alto impacto cultural y social. Especialistas en derecho constitucional sostienen que ninguna corte debería reemplazar la voluntad popular ni imponer transformaciones profundas bajo el argumento de interpretaciones expansivas de los derechos humanos.
Situación en el Perú En el Perú, el matrimonio homosexual no es legal. La Constitución Política del Perú y el Código Civil reconocen el matrimonio como la unión entre un varón y una mujer, fundamento esencial de la familia y de la organización social. En reiteradas oportunidades, iniciativas orientadas a modificar este marco legal han sido rechazadas, archivadas o declaradas improcedentes, reflejando una posición clara del ordenamiento jurídico nacional y del sentir mayoritario de la ciudadanía.
Organizaciones civiles recuerdan que el Perú es un Estado soberano, con una identidad cultural, jurídica y social propia, y que no puede ser obligado a adoptar modelos legales extranjeros que no responden a su realidad ni a la voluntad de su población.
Impacto social y educativo El debate sobre el matrimonio homosexual no se limita a una cuestión de reconocimiento legal, sino que tiene consecuencias directas en múltiples ámbitos, como la educación, las políticas públicas, la libertad de expresión, la libertad religiosa y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y culturales. Experiencias internacionales muestran que, tras la redefinición del matrimonio, se han impulsado cambios obligatorios en los sistemas educativos, sanciones a personas e instituciones que disienten por motivos de conciencia, y restricciones a la libre expresión de opiniones basadas en principios religiosos, científicos o filosóficos.
Llamado al respeto democrático “El verdadero debate no gira en torno a la discriminación, sino al respeto de instituciones fundamentales para el bien común. La igualdad ante la ley no significa eliminar las diferencias naturales ni redefinir conceptos esenciales por presión ideológica o judicial”, señalaron voceros del Movimiento Nacional Pro Familia.
Ante el renovado impulso internacional para imponer el matrimonio homosexual, organizaciones sociales exhortan a las autoridades peruanas a defender la Constitución, respetar la soberanía jurídica del país y garantizar que cualquier discusión sobre temas de esta magnitud se realice mediante mecanismos democráticos, transparentes y participativos.
El Movimiento Nacional Pro Familia reafirma su compromiso con la defensa de la familia, la vida, la libertad y el orden constitucional, promoviendo un debate informado, respetuoso y plural, sin imposiciones externas ni activismo judicial, en defensa del futuro del Perú.
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